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19 de Mayo del 2023
Historias
Lectura: 14 minutos
19 de Mayo del 2023
Redacción Plan V
El caso Calo: acusado de violación se parapeta en los derechos culturales
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Peter Calo, ex asambleísta, guarda prisión acusado de violación.  La Asamblea y sus socios político del correísmo y el PSC, así como la facción de PK vinculada a Leonidas Iza, intentaron justificar su acción al decir que fue una trampa del gobierno para quitarle votos al juicio político.  Documentos en manos de Plan V demuestran que hubo violación, por el examen médico legal. Foto: Archivo Asamblea Nacional

 

Peter Calo, ahora detenido, presentó en su defensa un certificado de honorabilidad, que dijo era de identidad étnica, por parte de la organización indígena que pertenece. Así trató de evadir la acusación y la flagrancia en un presunto caso de violación, pues dijo que se le debió leer sus derechos en kichwa, al momento de su detención.


“Usted, señor Calo Caisalitín Peter Fernando, de nacionalidad ecuatoriana, se encuentra aprehendido por una presunta infracción flagrante y tiene derecho a solicitar la presencia de un abogado”. Con esas palabras, un agente del Estado, detuvo al ex asambleísta de Pachakutik —aliado del correísmo en la Asamblea e interpelante en el juicio político a Guillermo Lasso— en flagrancia, dentro de un hostal cercano a la sede de la Asamblea, acusado de violar a una mujer de 19 años.  Fue su abogado defensor quien cuestionó esas palabras, pues no fueron dichas en kichwa, la lengua materna del entonces legislador. Él es del movimiento Runakunapac tunco yurimuy, dijo, y mostró un papel donde se le otorgaba esa certificación de pureza identitaria firmado por alguien de esa organización. Citó el Art. 77, numerales 3 y 4, de la Constitución, los cuales disponen que toda persona al ser detenida debe ser informada "en lenguaje claro y sencillo" de las razones de su detención. El numeral 7, que no fue citado en ese momento por el abogado de Calo, habla de que toda persona, tiene derecho a "ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo...". El abogado reclamó que los agentes lo detuvieran en castellano. 

Ante este reclamo, la jueza de Garantías Penales preguntó a la fiscal si se había solicitado un intérprete kichwa-español. Le preguntó a la defensa de Calo si tenía un intérprete de confianza, y luego se dirigió al detenido para recordarle que en la audiencia de testimonio anticipado, ante la no comparecencia de sus abogados, se dirigió a él en español para explicarle la necesidad de la designación de un defensor público, lo cual él entendió y aceptó perfectamente. También, le recordó, que es de conocimiento público que Calo ejerce funciones de asambleísta en idioma castellano, por lo que se ha verificado que entiende y es inteligente en ese idioma. El legislador Calo contestó en kichwa. Y su abogado agregó: el señor habla español pero no entiende de la terminología (jurídica). Calo dijo al respecto: "yo hablo de treinta a cuarenta por ciento, tampoco entiendo de forma integral, mi lengua materna es el kichwa y de tal forma (que) no me han leído mis derechos en mi lengua materna que es el kichwa, gracias señora juez". Y sí, requería de un intérprete para entender el desarrollo del proceso en su contra.

la jueza  preguntó a la defensa de Calo si tenía un intérprete de confianza, y luego se dirigió al detenido para recordarle que en la audiencia de testimonio anticipado, ante la no comparecencia de sus abogados, se dirigió a él en español.

Pese a que se verificó que el detenido hablaba en español, entendía el idioma y se desempeñaba en español en sus actividades laborales, la jueza ordenó que se busque un intérprete. Esto para evitar que luego no se aleguen nulidades procesales o vulneración del derecho al debido proceso, y para precautelar la validez de la causa y garantizar los derechos que se habían puesto en duda. La jueza suspendió la audiencia, con prohibición de abandonar la sala, hasta que los equipos de Fiscalía o de la defensa del acusado, consigan un intérprete del idioma kichwa. La defensa de Calo presentó un intérprete, que se posesionó de inmediato. Se le tomó el juramento de interpretar con fidelidad todo lo dicho en la audiencia y también mantenerlo en reserva.

Peter Calo fue detenido en flagrancia el 26 de abril del 2023 acusado de presunta violación. La jueza que conoció su caso no le impuso prisión preventiva, alegando que el acusado era asambleísta y que eso era una prueba de arraigo y que no huiría. Le impuso el uso de un grillete y la presentación periódica ante la jueza. Días después Calo dejó de presentare, se arrancó el grillete, lo echó en un basurero y huyó. Fue detenido por la Policía, como consta en la gráfica.

Luego de eso, a todos los actores les tocó repetir los alegatos y presentaciones en español traducido al kichwa. En sus primeras palabras, la defensora de la víctima recordó también que el acusado había rendido su primera versión de los hechos en español. El defensor de Calo se agarró del tema para reclamar que el ex legislador rindió su primera versión sin presencia de un abogado. La defensora de la víctima respondió ante la jueza que el victimario tenía derechos, pero también la víctima. 

Calo, el que logró la censura de Patricio Carrillo en la Asamblea

El parte policial del 26 de abril del 2023, elaborado por un sargento y un cabo de la Policía, miembros del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), dice que ese día, cerca de las 11:30, en la calle Asencio Gándara y avenida Gran Colombia, en el hostal Sisas, habitación número 6, detuvieron a Peter Fernando Calo Caisalitín "en situación de flagrancia". Señalaron los agentes que acudieron al lugar por disposición del sistema ECU 911, ante una llamada de auxilio a una mujer quien dijo haber sido violada. Los agentes contactaron a la víctima en la recepción, una chica de 19 años de edad, que dijo haber sido violada por Calo, asambleísta de Pachakutik, denunciante de Guillermo Lasso en el juicio político e interpelante del entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo. La Asamblea destituyó a este secretario de Estado en un juicio político, acusado de incumplimiento de funciones en el caso del femicidio de la abogada María Belén Bernal, en la escuela de formación de cadetes de la Policía y por su gestión durante el último paro nacional de junio del 2022.

Calo Caisalitín se encontraba aún en el interior del hostal, en la habitación que había rentado, donde presuntamente ocurrió la violación. Los agentes fueron conducidos por el administrador del lugar. Cuando entraron, le preguntaron si era Peter Calo. Luego leyeron sus derechos, que el ex asambleísta dijo haber comprendido (y que su defensa dijo luego que debió haber sido en kichwa) y lo detuvieron. El abogado de Calo citó un juicio de la Corte Nacional de Justicia, que refiere precisamente a "la importancia constitucional acerca de la comunicación en la lengua propia de una persona estriba en la garantía de conservación y promoción de la diversidad cultural, como parte esencial de un Estado Plurinacional e intercultural. En este sentido, resulta de vital importancia que en cualquier procedimiento, en el que se esté privando de la libertad de una persona cuya lengua propia en razón de su etnia no es el castellano, sea comunicada en su idioma propio, solo así se podrá garantizar efectivamente el derecho al debido proceso, más allá de cualquier formalidad procedimental". Y citó nuevamente la "certificación" presentada otorgada "por el movimiento Runakunapac tunco yurimuy, que el señor Peter Fernando Calo Caisalitín, es perteneciente del pueblo kichwa panzaleo".

El abogado también citó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU y las reglas determinadas por parte de la CEDAW. El Pacto, dijo, menciona que nadie puede ser privado de la libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. El abogado defensor de Calo citó paradójicamente las normas de la CEDAW en defensa del presunto violador. Esta es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

La fiscal general replicó que la Constitución de la República en el artículo 2, inciso segundo, establece al castellano como idioma oficial en el Ecuador. El kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Pero, dijo, los idiomas ancestrales son de uso para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. En el caso que nos ocupa, señaló la fiscal, el delito se realizó en la ciudad de Quito, no en su entorno cultural, destacando que el idioma oficial de la víctima no es el kichwa panzaleo. El acusado contactó a la víctima y la llevó al hostal en el idioma español (para eso sí entiende, con quien no tuvo ningún problema de comunicación, al momento en que la violentó, dijo la fiscal).

La Constitución, dijo la fiscal, establece ese derecho siempre que el procesado no entienda. "El señor claramente entiende y comprende, más aún desarrolla sus actividades y función de asambleísta y (en) todas las intervenciones que realiza entiende y comprende, más aún que desarrolle sus actividades y todas las intervenciones que realiza ante la Asamblea Nacional las realiza en el idioma castellano y por tanto, además es clara y comprensible la forma como él interviene", manifestó la fiscal. Por tanto, la fiscal solicitó a la jueza que ese alegato sea descartado. 

La Fiscalía hizo notar, además, que el certificado presentado por el abogado de Calo es de honorabilidad. El texto dice que Peter Calo Caisalitín es miembro de la comunidad Chambapongo, filial de la Organización Segundo Grado, Federación de Comunidades y Organizaciones pertenecientes al Pueblo Kichwa. El certificado está redactado en castellano, no en kichwa panzaleo, como ha hecho referencia que solo eso puede entender. Además, sostuvo la fiscal, no era un certificado del idioma oficial sino de honorabilidad. “Puedo mencionar que el compañero antes mencionado ha demostrado honorabilidad, honradez y responsabilidad comprobada”, leyó el certificado la fiscal y continuó:  “cualidades que le han hecho acreedor al aprecio y consideración de los Pueblos Nacionalidades de la provincia de Cotopaxi por su abnegada contribución a la atención de las necesidades más sentidas de nuestros territorios”. Además mencionó que se trataba de un documento privado, cuya firma no ha sido reconocida.

El examen médico legal decía que la víctima es una persona de 19 años de edad con un embarazo de ocho semanas. El examen médico legal confirmó que la mujer fue golpeada durante la agresión sexual. Además, su cuerpo tenía laceraciones. 

La víctima testimonió que conoció a Peter Calo en la campaña política, hace dos años y que como ahora necesitaba trabajo le escribió porque tenía el número y le dijo “don Peter no sé si usted me puede ayudar con trabajo” y él respondió por Whatsapp que “sí” que “le podía ayudar”. Luego le dijo que “vaya a la Asamblea y que ahí la iba a esperar en la puerta para hablar precisamente del trabajo”. El día pactado ella llegó a la calle que da para el hospital Eugenio Espejo, allí se encontraron y él le invitó a un lugar más privado. Caminaron por la Maternidad y entraron al hostal. El recepcionista le  preguntó qué edad tenía y ella le contestó 19 años. Calo le dijo que solo íban a conversar. Le pidió a ella la cédula y no tenía. Finalmente entraron a la habitación, en el primer piso, donde había una cama, un televisor, un velador y el baño. No había ventanas.

En ese momento, la víctima narró que "Don Peter" la tomó por la fuerza de los brazos y le quitó el pantalón. Él hizo lo mismo. "Cuando terminó yo estaba llorando, cogí mi ropa, me metí al baño, abrí la ducha solo para que no oiga, ahí llamé desde mi celular al 911 y les dije que acababa de ser víctima de violación y que estaba con el agresor. Me dijeron que esté tranquila, que ya mandaban una unidad, me pidieron la dirección donde estaba ubicado el hotel de ahí solamente salí de la habitación y el señor se había metido a bañar. El de la recepción me vio que estaba mal, me preguntó qué había pasado y en ese momento llegó la Policía”.

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