Lea la primera parte: Un usuario ‘fantasma’ operó durante tres años en el sistema informático judicial

El 7 de julio de 2021, una funcionaria ingresó una solicitud en el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) como un procedimiento “verbal sumario”, relacionado a otro caso que se ventilaba desde el año 2017. Este último proceso correspondía a una acción de protección que había presentado Jorge Yunda contra directivos de El Nacional, antes de que fuera elegido como alcalde de Quito, en 2019.

Pero ese “verbal sumario” no tenía nada que ver con esa causa contra el club deportivo. En realidad, era un pedido de medidas cautelares que Yunda había solicitado contra los concejales de la capital que, un mes antes, lo habían destituido como burgomaestre de la ciudad. Es decir, era una nueva causa. La funcionaria que recibió el documento hizo un sorteo irregular, según el Consejo de la Judicatura, y para ello utilizó una opción en el sistema llamada ingreso directo.

El ingreso directo es una función del Satje que sirve exclusivamente para incidentes que deben ser sustanciados por el mismo juez que conoció y resolvió una causa principal. Esto no se cumplió en el caso de Yunda y el trámite de las medidas cautelares recayó en el juez Carlos Enrique Soto Jiménez, de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia de Iñaquito, en Quito.

La Judicatura aseguró que Soto, pese a que “tuvo conocimiento de la presunta irregularidad en el sorteo de la mencionada causa”, siguió con el trámite de la misma. Es más, con su usuario cambió el tipo de proceso de “verbal sumario” a “garantías constitucionales”. “Cuando lo correcto es que la misma, por su naturaleza, haya sido sorteada entre todos los jueces de primer nivel del cantón donde fue presentada la acción”, explicó el organismo que finalmente destituyó al juez el 6 de octubre de 2021.

Este caso, según una fuente reservada consultada por Plan V, evidenció una serie de irregularidades que funcionarios judiciales comenten en el Satje y que la Contraloría ha confirmado en una reciente auditoría al sistema informático judicial. En ese examen, el organismo de control analizó el sorteo de causas que se hizo en esa plataforma desde el 1 de abril de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021. En una primera parte de esa serie se detalló la existencia de un ‘usuario’ fantasma que tenía acceso a la base de datos del Satje.

Ahora, otra de las observaciones que hace es al ingreso de causas constitucionales bajo opciones del Satje que no corresponden a este tipo de trámites. La Contraloría identificó que 1.095 causas constitucionales fueron registradas a través del ingreso directo, pero también por medio de las opciones ‘flagrancias’ -exclusivo para delitos penales- e ‘ingreso histórico’ -orientado solo a situaciones excepcionales-. Ninguna de ellas contempla el sorteo e ingreso de este tipo de causas, afirma la Contraloría.

En el caso de ingreso directo, servidores judiciales de la Dirección Provincial de Pichincha -que habían usado esta opción- aseguraron a la Contraloría que no fueron los autores del ingreso de sus causas porque las firmas del acta de sorteo no les correspondía. Estos ingresos, agregaron, se habían hecho en dependencias judiciales de otros lugares. Además, dijeron que “no conocían quien solicitó la autorización de acceso al Satje para que con sus usuarios se realicen los ingresos señalados” y “que se mal utilizó su clave y contraseña”.

La feria de las flagrancias

Las causas constitucionales pueden ser tramitadas por cualquier juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos, según el artículo 7 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Cuando en un lugar hubiere varios jueces competentes, la demanda se sorteará entre ellos. Y cuando la solicitud se presente en feriados o fuera del horario laboral, los jueces de turno serán los competentes.

Pero la Contraloría detectó que, en esas 1.095 causas, 284 ingresaron a través del módulo de flagrancias en horario laborable cuando pudieron ingresar por la vía ordinaria de sorteos. La opción flagrancias es exclusiva para infracciones penales que se comenten en presencia de una o más personas o cuando a la persona se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión. Hasta antes de 2022, esta opción solo era viable cuando la causa llegaba fuera del horario laboral.

Eso debió ocurrir con la acción de protección que interpusiera Yunda, el 18 de junio de 2021, para frenar su destitución. En ese recurso, que presentó tres semanas antes de las medidas cautelares, también hubo irregularidades, según la Judicatura.

Ese día, un hombre alto y joven, vestido con terno y con maletín, llegó a la Unidad de Violencia contra la Mujer y Familia, del Complejo Judicial Sur Quitumbe. Faltaban dos minutos para las 17:00 cuando solicitó que se le ingresara una acción de protección. La funcionaria que estaba en la ventanilla le dijo que no podía recibirle el documento porque había terminado la jornada laboral. Pero el hombre le respondió a gritos: “¡Usted no me puede violentar mi derecho constitucional!, ¡debe de ingresar esta causa en este momento!”.

La funcionaria de la ventilla recibió el escrito y lo ingresó al Satje. Previamente, ella había recibido órdenes -a través de otra funcionaria- de la jueza María Belén Domínguez. La magistrada había dispuesto, según la Fiscalía, que esa causa sea ingresada como un proceso de violencia contra la mujer y como un acto urgente. Pero en realidad era la acción de protección de Yunda. Domínguez, quien falló a favor de Yunda, está llamada a juicio por presunto tráfico de influencias.

La causa de Yunda, por ejemplo, debió ser ingresada en la Unidad de Delitos Flagrantes de Quito porque se encontraba fuera de los horarios laborales y sorteada entre los 331 jueces competentes que existen en Pichincha. Pero al ser presentada en la Unidad de Violencia contra la Mujer de Quitumbe, el número de jueces se redujo a cuatro.

Según la auditoría de la Contraloría, 789 causas constitucionales ingresaron fuera del horario laboral, es decir, el 72%. De este grupo, 754 fueron registradas a través del módulo de flagrancias. Esto se mejoró el 3 de mayo de 2022, cuando la Judicatura hizo cambios al Satje para que el sorteo de las causas constitucionales, que se presentan fuera del horario laboral, se realice de forma automática, entre los jueces con turno de flagrancia. Antes el sorteo era manual.

La Contraloría observó que los Directores Nacionales de Gestión Procesal, encargados y titulares durante el periodo de análisis, “a pesar de las peticiones efectuadas por la Dirección Provincial de Pichincha, no propusieron directrices en relación al sorteo de causas de acciones constitucionales en días feriados o fuera del horario de atención de las oficinas de sorteos, como medida alternativa ante la falta de una funcionalidad para los efectos”.

Pero una fuente que prefirió la reserva explicó que el módulo de ‘flagrancias’ no estuvo diseñado para sorteos, pues este tipo de causas deben ser tramitadas por los jueces de turno, es decir los que les toca atender fuera del horario laboral. En la mayoría de ciudades del país, existe entre uno o dos jueces; solo en Quito y Guayaquil hay unidades de flagrancia con 13 magistrados cada una.

Internamente, en la Judicatura, se había discutido la necesidad de turnos específicos para tramitar las causas constitucionales fuera de horario. El proyecto tenía como objetivo hacer un piloto en Quito. Este consistía en que el 10% de los 331 jueces competentes de la ciudad tengan turnos semanales para recibir estos casos. Pero la propuesta no tuvo acogida. 

En la Unidad de Flagrancia en Quito solo se debería ingresar las causas constitucionales que se presentan fuera del horario laboral. Pero hubo casos que llegaron el horario normal. Foto: Fiscalía General del Estado

Hasta causas penitenciarias ingresaron por flagrancia

Por flagrancia no solo ingresaron causas constitucionales, sino también civiles, laborales, de inquilinato, de la familia y niñez y garantías penitenciarias. La Contraloría encontró 179 causas de este tipo ingresadas de esa manera. El organismo de control analizó una muestra sobre los casos en la materia de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en Pichincha.

Al ser consultados los servidores judiciales responsables, informaron que el ingreso de dichas causas se debió a un error involuntario, que luego fue corregido por los jueces que llevaron adelante su trámite. Una de ellas era la Gestora de Archivo, quien manifestó que la opción ‘flagrancias’ estuvo habilitada en su usuario, aunque no era su competencia. La Contraloría la cuestionó por usar ese módulo y por no haberlo reportado al área de sistemas.

Otro cuestionamiento que hizo Contraloría tiene que ver con que la funcionalidad ‘flagrancias’ no permitiera realizar sorteos automáticos. Esto pasó en al menos 396.089 causas ingresadas en el Satje, donde se pudo conocer la identidad de los jueces previo a su designación, debido a que el sistema desplegó el listado completo de los jueces hábiles de las Unidades Judiciales de Flagrancia para su selección. Un total de169.301 causas fueron asignadas a jueces que no estuvieron de turno.

Estos hechos, para la Contraloría, ocasionaron que no se garantice el principio de transparencia en la asignación del juez y que se afecten los principios de celeridad y debida diligencia en el ingreso de causas con materias que no corresponden a flagrancia.