Actualizado al 10 de agosto con la detención del juez Molina y su arresto domiciliario.

El nuevo habeas corpus con el que se buscó la libertad al exvicepresidente Jorge Glas se conecta con personajes que han buscado beneficiar a procesados por crimen organizado. En el pedido de este recurso apareció el ciudadano Jonathan Roberto Aguinda Shiguango, quien compareció en la audiencia, del pasado viernes, en representación de los intereses de Glas -quien no saldrá de la cárcel por inconsistencias en su boleta de excarcelación- como tercero interesado.

Aguinda es la misma persona que también presentó un habeas corpus a favor de Leandro Norero, procesado por lavado de activos e investigado por narcotráfico. Ese pedido llegó a la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, el pasado 3 de agosto de 2022. Ese fue el tercer habeas corpus que presentó Norero. Los dos primeros se solicitaron el pasado 25 de julio, a las 17:28 y a las 17:30.

En las tres solicitudes, Norero argumentó que se ha “desnaturalizado” la detención con fines investigativos y por lo tanto fue aprehendido de manera “arbitraria, ilegal e ilegítima”. 

La Corte de Cotopaxi dispuso que se acumulen las tres causas en un solo proceso con el número 05102-2022-00012. Esta decisión la tomó el pasado 5 de agosto, el mismo día que el juez Banny Rubén Molina, de Portoviejo, aceptó el recurso a favor de Jorge Glas.

En ese caso ya se realizó una primera audiencia, el pasado 28 de julio, que se suspendió para que un perito presente un informe. Esa diligencia se reinstalará el próximo 7 de septiembre, a las 14:30.

Aguinda presentó este último habeas corpus a favor de Norero primero ante la Corte Provincial del Guayas, que lo inadmitió porque el procesado está detenido en la cárcel de Latacunga. La solicitud la hizo en conjunto con el abogado Royman Édison Litardo Gordillo contra Lidia Yazmín Sarabia, fiscal de la Unidad de Lavado de Activos, y contra el juez Ubaldo Eladio Macías, quien dictó la prisión preventiva contra Norero y sus hermanos.

En los registros de ese caso consta la respuesta que da la Corte del Guayas al jurista Royman Litardo, donde rechaza “la velada amenaza que hace el solicitante, puesto que las providencias que dicta este tribunal tienen fundamentación fáctica y jurídica suficiente” en referencia a la inadmisión del habeas corpus. Por eso, envió un oficio al Consejo de la Judicatura para que proceda con las investigaciones contra esa defensa porque en el sistema Satje consta que el mismo solicitante ha presentado varias acciones constitucionales a favor de Norero.

De estudiante a defensor de Norero y su familia

Los registros sobre quién es Aguinda Shiguango son escasos. Pero a su nombre, el sistema judicial registra seis solicitudes de habeas corpus y dos acciones de protección. En uno de ellos se los describe como un estudiante, domiciliado en Santo Domingo de los Tsáchilas. Justamente una de sus demandas fue contra el rector de la Universidad Nacional de Chimborazo, contra la directora de la Escuela de Derecho y hasta contra el procurador Íñigo Salvador.

Aguinda sostuvo que esas autoridades no le asignaron un cupo para la realización de prácticas pre-profesionales y así poder acceder a su título como abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador. Hasta el momento no registra un título como tal en la Secretaría de Educación Superior.

Pero, en recientes procesos, aparece como abogado. Por ejemplo, Aguinda consta como peticionario de un habeas corpus para Johanna Maribel Zambrano Tigua, familiar de Norero y también procesada por lavado de activos. En esa causa, la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Cotopaxi envió un oficio a Aguinda y lo describió como la defensa técnica del accionante.

En los registros se lee la molestia de este juzgado porque la defensa de Zambrano no retiraba los documentos. Los mismo sucedió el 22 de julio cuando la secretaría de la Sala pidió a Aguinda y al abogado Hugo Alexander Lara Olmos que retiren los oficios para que se practique exámenes médicos a la procesada dentro de la prueba solicitada por el tribunal. Zambrano y su médico sostuvieron que ella tenía síntomas de cervicitis, que incluyen el sangrando entre los períodos menstruales, entre otros. Lara se presentó como abogado de Daniel Salcedo ante el juez de Portoviejo, el pasado viernes. El magistrado también dictó la libertad para Salcedo involucrado en la trama de corrupción de insumos hospitalarios.

El 2 de agosto, la Corte aceptó parcialmente el pedido de habeas corpus y exigió a la cárcel de mujeres y al SNAI que garanticen la atención médica para Zambrano Tigua, pero no dispuso su libertad. Este lunes, 8 de agosto, la procesada ingresó una apelación a esa decisión a través de sus abogados.

En ese proceso consta un recibido firmado por el “Ab. Jonathan Aguinda Shiguango” junto con su número de cédula. Fuentes cercanas al sistema penitenciario contaron a PlanV que Aguinda no es abogado, pero trabaja con el grupo legal que defiende a Norero. Este medio también envió un correo para pedir una entrevista a Aguinda, pero hasta el cierre de esta edición no llegó una respuesta.

Aguinda además presentó un habeas corpus, junto con William Bladimir Cantos Méndez, para conocer el paradero de las mascotas de la pareja de Norero, Lina Paola R., después del allanamiento del 25 de mayo pasado a la casa donde habitaban en la Urbanización Riberas del Batán, en Samborondón. Esa demanda fue contra Fernando Villacís Cadena, titular de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar.

“Dichos animales que son sujetos de derechos, desde el 25 de mayo del 2022, no han recibido la alimentación ni el cuidado que les corresponde; es más ha llegado a nuestro conocimiento el día de ayer 30 de mayo del 2022, por vecinos del sector que los animales han sido trasladados por parte del (sic) funcionarios de Inmobiliar a otro lugar del que se encontraban; sin conocer hasta la actualidad su paradero”. Pero el juez negó ese pedido. La misma defensa quiso apelar ese fallo, pero de nuevo no fue aceptada.

Aguinda presentó informe médico de Glas

En la diligencia del pasado viernes, Aguinda como representante de Glas alegó que, el 31 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó una resolución en la cual otorgó medidas cautelares a favor del exvicepresidente porque se encuentra en una situación de gravedad y de riesgo irreparable de sus derechos.

El ciudadano dijo que Glas padece de enfermedades “catastróficas” e “incurables” tales como hipertensión arterial, espondilitis anquilosante, fibromialgias, rinitis alérgica, faringitis crónica, gastritis crónica, trastornos de ansiedad y estrés postraumático.

Aguinda presentó como prueba un informe del 22 de julio del 2022 suscrito por Luis Alberto Amaya González, médico del centro de salud de Cotocollao, según dice el acta de la audiencia. En ese documento, el galeno establece que Glas no acudió a una atención de traumatología porque estaba en una cita psiquiátrica.

El médico mencionó, en el informe, la historia clínica de Glas sobre sus “múltiples comorbilidades” crónicas que genera que el exvicepresidente reciba alrededor de 21 medicamentos distintos de manera continua. Agregó que “no existen insumos como saturador, tensiómetro, termómetro y otoscopio que son elementales para una atención médica, que hay insumos médicos mal calibrados, que no hay medicamentos en primer nivel ni en el nivel hospitalario; que las personas de los centros de privación de libertad tienen radicales limitaciones para adquirir medicamentos por su propia cuenta; que hay PPL que tienen diagnósticos que escapan de la capacidad resolutiva de medicina general”.

Según Aguinda, el doctor concluye que ni el SNAI ni el Ministerio de Salud Pública pueden garantizar una atención adecuada al paciente. Esa es la razón por la que pidió la inmediata libertad de Glas. Aguinda para fundamentar aún más su pedido citó sentencias de la Corte Constitucional sobre el habeas corpus.

El ciudadano mostró, dice la misma acta, fotografías de redes sociales que muestran al personal del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito mientras presuntamente niegan asistencia médica a Glas y otras imágenes donde “se evidencia que se alerta del estado de gravidez del ingeniero Jorge David Glas Espinel (sic)”.

Daniel Salcedo dice que no hay papel higiénico en la cárcel 4

En la misma diligencia del viernes pasado, Daniel Salcedo aseguró que en la cárcel N.4 donde está recluido junto a Glas y Christian Eduardo Araujo Salgado, otro interno que resultó favorecido por el juez Molina, los servicios de agua potable y las instalaciones higiénicas son deplorables. Aseguró que hay focos de infección y que casi nunca hay papel higiénico, detergente o jabón. También reclamó que no hay medidas de bioseguridad, ni insumos como como gel antiséptico.

“Todas estas circunstancias son esenciales para garantizar el derecho a la salud pública”, dijo en la audiencia. Su defensa aseguró que Salcedo no se ha realizado los controles indispensables para su rehabilitación física con el fin de recuperar la correcta movilidad de sus huesos y pulmones afectados tras el accidente aéreo que sufrió el 9 de junio de 2020, cuando intentó escapar de la justicia.

A su favor, exhibió las sentencias constitucionales en las cuales se declaró la vulneración de sus derechos a la salud e integridad física. Salcedo también ha intentado salir de la cárcel con un habeas corpus. Pero el 18 de enero pasado, la Corte Provincial del Guayas le negó ese pedido.

Otra prueba que presentó fue el informe de la visita que hiciera a esa cárcel la Defensoría del Pueblo, el pasado 28 de febrero, que habría sostenido que no se permite el ingreso inmediato del equipo del Ministerio de Salud.

Inconsistencias en las boletas evitan la salida de Glas y Salcedo

El SNAI informó que en las boletas de excarcelación emitidas por el juez Molina a favor de Glas, Salcedo y Araujo hay inconsistencias. Informó que este 8 de agosto se emitió una nueva boleta de excarcelación a favor del exvicepresidente “cuyo formato, sellos y demás características propias del documento, difieren completamente del documento inicialmente emitido por el juzgador”. Este hecho fue calificado como “extraño” por el SNAI.

El SNAI solicitó el pronunciamiento acerca de la validez de dichas boletas de excarcelación, como lo establece el artículo 21 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Mientras tanto, la Fiscalía abrió una investigación previa por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas contra el juez Molina luego de recibir una denuncia presentada por el Director del Consejo de la Judicatura.

Según la denuncia, el magistrado habría cometido el delito al emitir las tres boletas de excarcelación, a las 16:46 del 5 de agosto, cuando ya se encontraba inhabilitado, debido a que fue llamado a juicio en otra causa, a las 13:00 de ese día.

Molina, quien enfrenta un proceso por prevaricato, fue detenido la noche de este martes, 9 de agosto, a las 22:48, según informó el ministro del Interior, Patricio Carrillo. La detención se dio en San Jacinto, cantón Sucre, en Manabí.

Policía Nacional ejecuta boleta de detención de ciudadano Banny M. pic.twitter.com/FtDDZ2cAzb

— Patricio Carrillo (@CarrilloRosero) August 10, 2022

La Fiscalía explicó que se detuvo a la Molina para fines investigativos. El detenido se encuentra a órdenes de ese entidad, que recaba elementos de convicción que permitan determinar la existencia o no del presunto delito y la responsabilidad del denunciado. La tarde este miércoles, a Molina se le dictó prohibición de salida del país y arresto domiciliario con vigilancia electrónica.

#URGENTE | #Manabí: #FiscalíaEc inicia proceso penal por presunta usurpación y simulación de funciones públicas contra juez Banny M. Se le dictó prohibición de salida del país, arresto domiciliario y que se oficie al SNAI para colocación de dispositivo de vigilancia electrónico. pic.twitter.com/AQ4bmCTWnB

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 11, 2022