El pasado 16 de agosto, llegó al Servicio nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) una carta con 10 firmas. Era un grupo de asambleístas, de UNES, que después de visitar la cárcel N. 4, envió un requerimiento de la información a la entidad que maneja las cárceles en el país. En ese centro se encuentra el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por el caso Odebrecht, quien ha buscado salir de prisión con diversos recursos legales como el reciente habeas corpus que le concedió el juez Banny Rubén Molina.

Carta enviada por los 10 asambleístas de UNES al SNAI.

En la carta, los legisladores preguntan sobre quién es el médico de cabecera de Glas, los registros de atenciones, sobre el director de la cárcel N.4, el régimen de visitas y supuestas disposiciones para la restricción de visitas de la defensa del exfuncionario. Está firmada por los legisladores Luisa González, Sofía Espín, Pamela Aguirre, Rosa Mayorga, Patricia Núñez, Jahiren Noriega, Lenín Mera, Gustavo Mateus Acosta, María Fernanda Astudillo y José Agualsaca.

En la visita a la cárcel, el grupo dijo que Glas no tenía médico y que se había dejado sin director a ese centro para evitar la salida de Glas. Ese mismo día, por la noche, el expresidente Rafael Correa lanzó por su cuenta de Twitter una campaña con el hashtag #JorgeSecuestrado.

Absurdos subterfugios y abiertas mentiras para tener secuestrado a Jorge Glas.
Ni en DICTADURA se han visto esto impensables abusos.
Cinismo sin límites, pero han sido las prácticas que hemos sufrido los últimos cinco años y que han destrozado #LosCorruptosSiempreFueronEllos pic.twitter.com/jKhJcmOdSR

— Rafael Correa (@MashiRafael) August 17, 2022

Pero en el escrito, además, cuestionan: “¿Ha sido notificado el Director del Centro de Privación de Libertad número 4 con la boleta de excarcelación de Jorge Glas? ¿Por qué esta no ha sido ejecutada? (sic)”.  Esa ha sido la pregunta que los correístas han llevado a, al menos, tres instancias, como el SNAI, para presionar la salida de Glas de la cárcel tras el polémico fallo del juez Molina.

Justamente, el viernes 19 de agosto, la Comisión Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social llamó a comparecer a Molina. El juez se conectó desde su casa -donde permanece con arresto domiciliario- a la sesión de la Comisión, donde siete de sus nueve integrantes pertenecen a la bancada de UNES. Uno de ellos es Humberto Alvarado, quien pidió la palabra solo para expresar su respeto y admiración al juez por su “valentía”.

La cercanía del correísmo con el juez se hizo evidente también cuando Molina contó que había enviado toda la información de su caso al asambleísta Ricardo Ulcuango, otro miembro de la Comisión. Entre esos documentos estuvo la carta del Consejo de la Judicatura con la notificación de su suspensión. Molina dijo que ese escrito le llegó el pasado 10 de agosto a su correo personal, después de la audiencia de habeas corpus y de la emisión de las boletas de excarcelación para Glas, Salcedo y Christian Araujo, otro privado de libertad.

A la izquierda, están las tres boletas que emitió el juez Molina de forma manual. Al final de se encuentra la boleta cambiada de Jorge Glas, que tampoco tenía el formato de una boleta electrónica, según el SNAI. Ver PDF

“Actué en plena competencia y jurisdicción en dicho habeas corpus”, dijo el magistrado quien ha sido acusado por usurpación de funciones. Según la Fiscalía, Molina emitió tres boletas de excarcelación después de ser llamado a juicio por un presunto delito de prevaricato, y por lo tanto estaba inhabilitado.

En la reunión también estuvo la asambleísta Sofía Espín (UNES), quien hizo las preguntas al juez para que explicara su acción y resolución a favor de los procesados. Fue la oportunidad para que Molina abogara abiertamente por la libertad de Glas. Según él, el exvicepresidente y los otros debieron ser liberados de manera inmediata indistintamente de la notificación por escrito de la sentencia. Afirmó que un error de forma -como el número incorrecto en la cédula de Glas- no debió un impedimento para que no se cumpla con la excarcelación. “El propio SNAI ha validado mi sentencia por el solo hecho de haberla apelado”, dijo y agregó que, si había inconsistencias, el SNAI pudo pedir al juez encargado de su despacho que remita una nueva boleta. Manifestó que las partes tienen derecho a apelar una resolución, “pero la sentencia es de cumplimiento inmediato”.

Además del SNAI y la Asamblea, el correísmo se activó también en la justicia. Ese mismo viernes, 19 de agosto, se dio la audiencia de apelación al habeas corpus en la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Manabí. Los jueces Hugo Velasco, Teddy Ponce y Celia García suspendieron la audiencia tras escuchar a las partes y anunciaron que su decisión la harán pública en los próximos días.

En esa audiencia, Glas llegó con un amplio despliegue legal. Tuvo como abogado a Edwin Zambrano, pero también aparecieron los abogados de Rafael Correa como amicus curiae, Carlos Alvear y Fasto Jarrín. Este último habló de “querer embarrar de formalismos” respecto a las inconsistencias de las boletas de excarcelación que ha denunciado el SNAI y se refirió a Glas como una víctima de la “judicialización de la política”.

Mientras que Alvear habló del estado de salud de Glas y de las medicinas que supuestamente no le estarían administrando. Sostuvo que no liberar a Glas sería “una afectación a todo el sistema jurídico nacional”.

A los tres abogados se sumó Sonia Vera, del equipo de defensa internacional de Glas. Ella ha sostenido que el exmandatario ha estado encerrado en condiciones crueles y degradantes que afectan a su salud. Ella ha impulsado a escala internacional el argumento de que Glas es un “secuestrado político”. El mayor espaldarazo que tuvo el correísmo vino de Diego García Sayán, Relator Especial para la Independencia Judicial de Naciones Unidas (ONU), el pasado 10 de agosto. García manifestó que “una orden judicial firme debe ser cumplida”, pero aclaró que el procedimiento judicial debe desarrollarse “conforme a derecho”.

#Ecuador. Como Relator de la ONU sobre Independencia Judicial, sigo de cerca la situación de una orden judicial de excarcelación del expresidente Jorge Glass que no estaría siendo acatada ni ejecutada por las autoridades del ejecutivo.

— Diego García-Sayán (@UNIndepJudges) August 10, 2022

Salcedo y el cruce de abogados

Pero el correísmo no ha sido el único en presionar por la salida de los procesados. Dos días después de la misiva de los asambleístas correístas, el 18 de agosto, Dalo Bucaram se presentó en el edificio de la entidad, en Quito. El excandidato presidencial quiso abogar por la liberación de su amigo Daniel Salcedo, quien tiene procesos por delincuencia organizada y otros delitos. Bucaram se presentó dos veces en el SNAI para hablar con las autoridades de la entidad. Salcedo está en la misma cárcel donde permanece Glas y los intentos de ambos por salir de prisión se juntaron en el habeas corpus que concedió el juez Molina.

En esa visita a Quito, Bucaram estuvo acompañado del jurista Alfredo Arboleda, que defendió a Abdalá Bucaram Ortiz padre, en 2020, durante las investigaciones que se le abrieron al expresidente por tráfico de bienes patrimoniales, tráfico ilícito de armas de fuego y delincuencia organizada. Ese día, Arboleda se presentó como abogado de Salcedo y dejó un pedido para que su cliente sea liberado de manera inmediata. Argumentó que el secretario había “dado fe” de que la sentencia fue suscrita por el juez Molina y notificada a las partes.

El abogado Alfredo Arboleda cambió de cliente en una semana. Primera fue defensor de Daniel Salcedo y después de Christian Araujo. Arboleda ha sido abogado de los Bucaram. Captura de Video de la Audiencia

Pero en la audiencia del pasado viernes, hubo movimientos de los abogados de Salcedo que llamaron la atención. Arboleda no se presentó como abogado de Salcedo sino de Christian Araujo, quien fue el solicitante principal del habeas corpus al que se sumaron Glas y Salcedo. Por Araujo nadie había solicitado al SNAI que se ejecute la boleta de excarcelación hasta el viernes pasado.

“Ya estamos al nivel de la locura”, dijo Arboleda después de cuestionar al SNAI por no dar cumplimiento a la sentencia del juez y acusó a esa entidad de supuesto fraude procesal. “La acción constitucional fue resuelta, sea bien o sea mal”, añadió y pidió a los jueces que cumplan con la sentencia del juez Molina. Los magistrados le respondieron que ellos no eran un Tribunal de Ejecución sino de Apelación. Por Salcedo se presentaron los abogados José Moreno Arévalo y Steven Carvajal.

Versiones contradictorias sobre las boletas

El juez Molina dijo, el pasado viernes, que dispuso al actuario de su despacho, es decir al secretario, que elabore las boletas de excarcelación de los tres procesados de manera manual debido a las “inconsistencias del sistema Satje (Sistema Informático de Trámite Judicial)”. Los jueces pueden emitir boletas manuales solo cuando el sistema tiene fallas, según el Plan de Contingencia del Satje. 

Pero la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura (CJ) confirmó al SNAI que el 5 de agosto, cuando se dio la audiencia de habeas corpus, y el 8 de agosto, cuando se emitieron las boletas de excarcelación, no hubo problemas en el Satje. El mismo secretario de Molina, Darío García, aseguró que la emisión de esas boletas en el Satje es una facultad que solo la tienen los jueces. “Por lo que en mi calidad de secretario del despacho no tengo conocimiento de los motivos por el cual el señor juez no las elaboró digitalmente”.

El Satje tiene varios módulos y uno de ellos es para la emisión de boletas de encarcelamiento, excarcela miento o de apremio. Están atados a la tramitación de las causas. Allí los jueces ingresan los datos y el sistema emite la boleta, que es firmada por el juzgador de forma electrónica. El documento es enviado a los casilleros judiciales de las partes, incluido el centro penitenciario, de manera automática.

Pero cuando el sistema falla, el juez debe solicitar una autorización para la aplicación del Plan de Contingencia, explica Paulo Haro, de la Dirección de Gestión Procesal del CJ, que es el departamento que emite la autorización. La aprobación o no se da después de que la Dirección de Tecnología confirma un incidente en el sistema. En el caso del juez Molina, el CJ no tiene un pedido de la aplicación de este Plan.

Además del abogado que representó a Glas en la audiencia, participaron como amicus curiae tres juristas más, entre ellos los abogados de Rafael Correa. Captura de pantalla

El juez penal Christian Quito confirmó que solo el magistrado, con su clave, puede emitir la boleta. Cree que el juez Molina hizo este procedimiento manual porque quien accionó el recurso constitucional fue Christian Araujo. El sistema entonces solo permite emitir una sola boleta para el accionante. Al haberse adicionado dos personas, en este caso Glas y Salcedo, al juez se le complicó usar el sistema digital.

Haro explicó que la boleta electrónica tiene la misma validez que una emitida de forma manual mientras el juez está en funciones. Molina negó que haya tratado de tomar decisiones judiciales sin competencia y dijo que esos cuestionamientos son falsos.

Pero el SNAI ha observado más inconsistencias. El general Pablo Ramírez, director SNAI, contó a la Comisión de Participación Ciudadana que el juez Molina hizo extensivo el beneficio del habeas corpus para Glas y Salcedo después de que la audiencia terminara a las 12:10 del 5 de agosto. Las defensas de Glas y Salcedo ingresaron un escrito, cada uno, a las 15:16 y 15:25, según consta en el sistema. Y a las 16:46, Molina emitió la sentencia por escrito favorable para los tres procesados.

Después, el lunes, 8 de agosto, entre las 08:23 y 08:26 aparecieron tres oficios en el sistema Satje con la notificación de la emisión de las boletas. El 9 de agosto, a las 08:39, los abogados Edison Loaiza, Hugo Alexander Lara Olmos y Jonathan Aguinda presentaron las boletas impresas en la cárcel N. 4, de Quito, dijo Ramírez. Lara y Aguinda son parte de la defensa de Leandro Norero, procesado por lavado de activos e investigado por narcotráfico.

Ramírez relató que las boletas no cumplían con el formato que estableció el CJ para ese tipo de documentos, ni tenían el código QR y ni fechas de registro. Eso lo confirmó también el CJ al asegurar que no encontraron registros de esas boletas en el sistema. La boleta de Glas además tenía un error en el número de cédula por lo que Aguinda presentó, más tarde, una nueva boleta de excarcelación escaneada, que tampoco cumplía con el formato y tenía dos fechas distintas. En el sistema Satje no consta ninguna razón sobre si se deja sin efecto la primera y se crea una nueva, dijo Ramírez ante la Comisión.

El SNAI ha pedido a Édison González, el juez que reemplazó a Molina, que se pronuncie sobre la validez de las boletas. González solicitó, el 17 agosto, a la Judicatura que certifique si Molina solicitó autorización para aplicar el Plan de Contingencia. El magistrado aún no se pronuncia.