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21 de Junio del 2023
Historias
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21 de Junio del 2023
El Estado ganó con los helicópteros Dhruv y otros argumentos polémicos del juez Luis Rivera
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El pasado 19 de junio, el juez Luis Rivera emitió su resolución sobre los helicópteros Dhruv. La fiscal Diana Salazar estuvo presente vía telemática. Foto: Cortesía CNJ

 

Al juez Luis Rivera, de la Corte Nacional de Justicia, le tomó más de 10 meses para emitir su resolución en el caso de los helicópteros Dhruv. Finalmente, resolvió sobreseer a todos los involucrados porque, según él, el Estado ecuatoriano no fue perjudicado con esa compra. ¿Pero cuáles fueron sus otros argumentos? Plan V contrasta las posiciones del magistrado y de la Fiscalía.


La sentencia del juez Luis Rivera Velasco, Garantía Penales de la Corte Nacional de Justicia, sobre el caso de los helicópteros Dhruv causó sorpresa el pasado lunes, 19 de junio. Para él, no hubo delito en la adquisición de las siete aeronaves de la empresa india Hindustan Aeronautics Limited (HAL), a través de un contrato firmado el 5 de agosto de 2008 con el Ministerio de Defensa. Por eso, dictó el sobreseimiento de todos los involucrados, es decir 18 personas. Entre ellos, están Wellington Sandoval y Javier Ponce, exministros de Defensa, y tres generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Las reacciones a su polémico fallo no tardaron. “No me sorprendió el dictamen, yo lo había advertido y más cuando en su hoja de vida (la del juez) leo que ha sido abogado investigador de la Secretaría de Transparencia y Gestión”, dijo Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, durante una entrevista con radio Sucesos.

Gabela, quien fue comandante de la FAE, denunció irregularidades en la compra de estos helicópteros. La noche del 19 de diciembre de 2010 fue asesinado cerca de su casa. Para Ochoa, este crimen no fue producto de la delincuencia común, sino que estuvo relacionado con sus incómodas denuncias. De igual manera, el perito Roberto Meza, que investiga la muerte del general, se mostró sorprendido por este fallo en una entrevista con Plan V.

La fiscal Diana Salazar apeló, en la misma audiencia, la sentencia del juez y con esto la causa aún no se cierra. Estos fueron los argumentos más importantes del magistrado para asegurar que no hubo peculado.

En la sala de la CNJ, solo estuvieron los abogados de los involucrados (foto) y los representantes de la Procuraduría. Foto: CNJ

1. Un contrato en regla. Para el juez, el contrato de los 7 helicópteros Dhruv cumplió con el marco jurídico nacional. La Fiscalía, sin embargo, sostiene lo contrario. Dice que, en febrero de 2008, se levantaron los respectivos documentos precontractuales en donde se establecieron las especificaciones técnicas de los helicópteros. Estos documentos debieron ser presentados para su aprobación en el Comité de Contrataciones de la FAE, según lo dispone el Reglamento Único de Contrataciones de las Fuerzas Armadas y la Ley de Contratación Pública, según la Fiscalía. Pero esto cambió por pedido de Wellington Sandoval, entonces ministro de Defensa del gobierno de Rafael Correa.

Antes de llegar a la CNJ, Luis Rivera fue juez penal en Los Ríos y, en 2017, Gustavo Jalkh, expresidente del Consejo de la Judicatura, lo nombró como director provincial de esa entidad en Los Ríos. Fue, además, asesor jurídico de César Litardo, expresidente de la Asamblea Nacional. Foto: Diario La Hora

La Fiscalía aseguró que esta compra tomó un “direccionamiento político” motivado por el ataque colombiano a Angostura, que se había producido el 1 de marzo de 2008. El 20 de ese mes, argumentó la Fiscalía, Sandoval promovió una resolución del Plenario de la Honorable Junta de Defensa Nacional para que la compra de esos helicópteros sea declarada como una “emergencia”. Esto con finalidad “de transgredir los principios de la contratación pública” para que la compra se realice a la empresa HAL.

El general Jorge Gabela fue asesinado en 2010. Su familia sostiene que su crimen tiene que ver con sus denuncias sobre los helicópteros Dhruv.

En la sesión del 20 de marzo estuvo presente el general Jorge Gabela, comandante de la FAE. Ramiro Aguilar, exasambleísta que siguió el caso, transcribió en un artículo lo que Gabela dijo textualmente en esa reunión: “Permiso, señor Presidente, aquí tengo una duda, en la próxima semana entra al Comité de Contrataciones y en seguida sale a concurso, para el concurso son 30 días aproximadamente, ¿entre ese proceso que estamos siguiendo y la situación de emergencia, qué es lo que cambia?, Qué es lo que gano en tiempo. Porque yo veo que hay un problema, el problema es que hay muchos oferentes que están esperando al concurso y en este caso la Fuerza Aérea va a escoger uno a dedo. ¿Cómo lo escoges? (sic)”.

Sandoval le responde: “Dadas las características técnicas, el precio etc.”, según el relato de Aguilar. El general Gabela renunció el 9 de abril de 2008.

El juez Rivera dice, en cambio, que el proceso se llevó a cabo bajo el Reglamento para contrataciones de la Honorable Junta de Defensa Nacional y que, desde el inicio, hubo una declaratoria de emergencia. Según el magistrado, la Fiscalía confunde este reglamento con el de las Fuerzas Armadas, así como con otras normas.

Los helicópteros Dhruv no cumplieron con las especificaciones técnicas y llegaron en partes, según la Fiscalía. Foto: Archivo

2. Nadie cometió un delito. A criterio del juez, la Fiscalía confundió las diferentes fases del proceso de contratación y los roles de los diferentes participantes. Por lo que, según él, “no se evidencian conductas penalmente relevantes”, sino acciones que correspondieron a las funciones de los servidores públicos involucrados.

La Fiscalía ha cuestionado este contrato porque asegura que no se justificó de manera técnica el número de helicópteros a comprarse y también porque en los documentos precontractuales se suprimió y eliminó requerimientos técnicos establecidos en las bases.

Los oficiales y técnicos que participaron en este proceso, según Fiscalía, direccionaron la compra con la compañía HAL, pese a que previamente se habían declarado desiertos los concursos donde esta empresa había participado. Asimismo, sostuvo que HAL no contaba con las certificaciones de aeronavegabilidad FAR o JAR, que entregan las asociaciones aéreas de EEUU y de la Unión Europea, respectivamente.

Pero una vez que se firmó el contrato, la FAE recibió “aeronaves desintegradas”. “Para hacerme entender señor juez, en el contrato se sostiene que se van adquirir siete helicópteros y resulta que reciben partes de la máquina sin que sean operativos estos helicópteros (...) ¿por qué no se preocuparon de que los helicópteros ya vengan armados y que estén en las condiciones necesarias para comenzar a operar?”, dijo la fiscal Diana Salazar al juez Rivera en la audiencia de formulación de cargos del 6 de octubre de 2021.

El contrato, dijo Salazar, no garantiza la operatividad de estas aeronaves en todo el territorio nacional y menos estaban en capacidad de cumplir con misiones de búsqueda o rescates, las 24 horas del día.

Los oficiales y técnicos que participaron en este proceso, según Fiscalía, direccionaron la compra con la compañía HAL, pese a que previamente se habían declarado desiertos los concursos donde esta empresa había participado.

3. La Contraloría tampoco acusó. El juez se basa en que la Contraloría General del Estado ha realizado tres exámenes especiales al proceso precontractual, contractual, de ejecución y de pago por la adquisición de los siete helicópteros. En especial, cita el examen No. DA3-0047-2012 que, según él, “establece en sus conclusiones meras recomendaciones a las diversas entidades públicas que participaron en el proceso de contratación”.

Este informe de la Contraloría fue uno de los documentos que ha usado la defensa de los involucrados. Por ejemplo, el abogado de Javier Ponce, exministro de Defensa que suscribió el contrato, sostiene que este ratificó la inexistencia de un delito y por lo tanto no hubo responsabilidad penal.

El juez Rivera se refirió a estos informes como “simples recomendaciones” y que la Fiscalía no ha presentado una sola reflexión sobre la existencia del dolo en ese contrato.

4. El Estado salió ganando económicamente. Rivera asegura que en este caso no hubo “abuso” de dinero o bienes públicos, como lo establece el delito de peculado en el COIP, y más bien afirmó que el Estado ecuatoriano recuperó más dinero del invertido en la compra de los helicópteros. Para sustentar este argumento utiliza las siguientes cifras:

● La partida presupuestaria para la contratación de los helicópteros fue por un monto aproximado de $67 millones. Mientras que la contratación de los 7 helicópteros se realizó por $45 millones. Es decir, para el juez se pagó menos de lo estimado en el presupuesto.

● La segunda cifra que utiliza se refiere a los seguros. Por los 4 de los 7 helicópteros que se accidentaron, Seguros Sucre S.A pagó $53 millones, dijo el juez y citó el memorándum del 15 de diciembre del 2021 donde Seguros Sucre informa sobre esa cancelación.

● Adicionalmente, dijo el juez, existen 3 aeronaves que siguen operativas, valoradas en $6 millones.

Entonces, para el magistrado, la diferencia entre lo pagado por el seguro versus el valor del contrato, dejó al Estado un saldo favorable de $8 millones. A esto, suma el valor de los tres helicópteros que aún existen. “El Estado Ecuatoriano recuperó más del 100% del dinero invertido en las 7 aeronaves únicamente con los seguros cobrados por los 4 helicópteros accidentados”, dijo el juez.

Según la Fiscalía, exministros, exjefes de la FAE, exdirectores y exmiembros de las comisiones de contratación hicieron uso de sus funciones para “erogar” recursos del Estado en beneficio de la empresa HAL por $63.159.152,17. Esta cifra salió de una experticia contable, que realizó el perito Marcelo Guzmán Chiriboga. Él determinó los costos de inversión estatal en la operatividad y funcionamiento de los helicópteros. La fiscal dijo, en ese momento, que estos costos seguían aumentando porque la FAE aún paga por los seguros vigentes de las tres aeronaves que no están operativas por riesgos técnicos.

El juez Rivera cuestionó el informe del perito Guzmán y dijo que se trata de un análisis de las inversiones, más no de un cálculo de perjuicios. “No hay el perjuicio económico que ha señalado la Fiscalía General del Estado que hace mención a $66 millones que corresponden a la partida presupuestaria”, manifestó Rivera. El magistrado dijo que la Fiscalía no ha logrado determinar dónde están los $66 millones o quiénes se beneficiaron.

De los siete helicópteros adquiridos para el Ala de Combate No. 22 de la FAE, cuatro se accidentaron y dejaron como resultado tres fallecidos.

El 27 de octubre de 2009, un helicóptero Dhruv se estrelló en el antiguo aeropuerto de Quito, mientras se conmemoraba el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Este fue solo uno de los cuatro accidentes de estas aeronaves. Foto: Fiscalía

Cronología del caso 

23 de diciembre de 2009. la Fiscalía inicia una indagación previa contra Javier Ponce y otros involucrados en la compra de siete helicópteros Dhruv.

2016. El fiscal Galo Chiriboga, desestima la investigación y la archiva.

23 de diciembre de 2020. El juez nacional Iván León acepta el pedido de Fiscalía de reabrir la investigación previa por el presunto cometimiento de un delito de peculado.

07 de octubre de 2021. La Fiscalía formuló cargos contra 15 personas, entre ellas Wellington Sandoval y Ponce, exministros de Defensa.

12 de enero de 2022. La Fiscalía vincula a tres personas más a la instrucción fiscal. Ellos fueron el representante legal de HAL, el exjefe del Comando de Operaciones Aéreas y Defensa de la FAE y el jefe del proyecto de adquisición de los helicópteros.

25 de julio de 2022. Inicia la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 18 personas por presunto peculado.

27 de julio de 2022. La Fiscalía presenta su dictamen acusatorio contra 16 personas en calidad de autores y 2 como cómplices de la infracción.

30 de julio de 2022. Al final de la audiencia preparatoria de juicio por presunto peculado, el juez Luis Rivera señala que informará nueva fecha y hora para comunicar su resolución.

19 de junio de 2023. El juez Luis Rivera emite su resolución después de más de 10 meses de concluida la audiencia preparatoria de juicio.

 

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