El inicio del juicio del caso Las Torres volvió a postergarse porque aún el tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que lo resolverá no está definido. En este caso están involucrados altos exfuncionarios de Estado, entre ellos Pablo Celi, ex contralor subrogante y Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, y 11 personas más que han sido acusadas por supuesta delincuencia organizada.

La mañana de este jueves, 3 de marzo, la audiencia se suspendió menos de dos horas después. El juez ponente Walter Macías anunció la decisión que tomó junto con los magistrados Adrián Rojas y Carlos Pazos, después del reclamo de las defensas de los involucrados respecto a la conformación de ese tribunal.

Pazos se presentó en la audiencia como reemplazo de la jueza Daniella Camacho. La magistrada se excusó en participar, pero también la Fiscalía solicitó la recusación de la jueza por considerarla cercana a Celi. La Corte hizo un sorteo para designar a un nuevo magistrado, que se llevó a cabo ayer, 2 de marzo, después de que fuera aceptada la recusación de la Fiscalía.

En este sorteo, el conjuez Javier de la Cadena fue designado como el reemplazo de Camacho. Pero De la Cadena está encargado del despacho de la conjueza Mercedes Caicedo Aldaz, quien está con licencia. A su vez, el despacho del conjuez de la Cadena fue encargado al conjuez Pazos, quien hoy se presentó como parte del tribunal para este juicio.

La audiencia de juicio se convocó para las 08:30, pero se suspendió dos horas después. Celi y los otros procesados estuvieron presentes. Foto: Corte Nacional de Justicia

El juez ponente Macías anunció que debido a esos inconvenientes no instaló la audiencia porque Pazos está solo encargado del despacho del magistrado De la Cadena, pero no de la causa. Con el fin de tener un tribunal conformado de forma legal, Macías informó que solicitará un nuevo sorteo para definir el tercer juez que conformará el tribunal que resolverá la situación de Celi y los demás procesados.

“Si igual va a salir en libertad el doctor Pablo Celi, ¿por qué apresurarnos en una audiencia?”, reclamó antes Pablo Encalada, abogado de Pablo Flores, quien pidió a los jueces que conformen bien el tribunal y que notifiquen a las partes. Encalada se refirió a que el 13 de abril caducará la prisión preventiva de Celi y si no hay sentencia hasta esa fecha deberá salir de la cárcel 4, donde está detenido. Pero Celi también está próximo a cumplir 65 años, una edad que le permite solicitar arresto domiciliario.

Encalada adelantó que la audiencia se tendrá que parar cuando él se excuse de acudir por el parto de su esposa. Y aseguró que no se trataba de “una estrategia”, pues Flores no puede quedarse sin su abogado de confianza.

“Este tribunal de juicio no busca celeridad para cumplir con algún fin que no sea administrar justicia de forma correcta”, respondió el juez Macías a las críticas de Encalada. Dijo que tampoco ese tribunal puede asumir las responsabilidades de las decisiones administrativas relacionadas con la conformación del tribunal. Y explicó que en caso de que se hayan agotado los conjueces de la sala de lo penal, la Corte tendrá que buscar un magistrado de salas afines.

Un juicio que se posterga en tres ocasiones

La jueza Daniella Camacho presentó su excusa para participar en el tribunal de juicio del caso Las Torres el pasado 4 de febrero. Argumentó tener “amistad íntima con el procesado Pablo Celi De la Torre”. Pero su excusa fue rechazada. Celi desconoció esa amistad y que solo había “relaciones interinstitucionales entre las funciones de Contralor del Estado y las de la señora Jueza de la Corte Nacional”. Esto lo citó la Fiscalía en su pedido de recusación, que finalmente fue aceptado el 2 de marzo, un día antes del inicio del juicio.

Pero esta no es la primera vez que se posterga la audiencia. Estaba previsto que inicie el 15 de febrero, pero la defensa de Flores solicitó el diferimiento de la audiencia, un pedido al que se sumó Natalia Cárdenas Samofalova por considerar que el plazo de la convocatoria de la audiencia es “sumamente corto y que la resolución del llamamiento a juicio está llena de incongruencias que se adecuan a una nulidad procesal, por lo que pide tiempo para la revisión de todo el expediente”. Cárdenas fue asesora en Petroecuador durante la gerencia de Flores.

El juez aceptó la solicitud y fijó la audiencia para el 21 de febrero. Pero tres días antes, Pablo Celi pidió un nuevo diferimiento de la audiencia porque su abogado había sido convocado para ese mismo día a otra audiencia. Asimismo, demandó la recusación del conjuez Rojas Calle lo que impidió que se instale la audiencia y esta se convocó para el 3 de marzo.

Más de 300 testigos y peritos convocados

Para este juicio, la Fiscalía, Petroecuador y la Procuraduría han llamado a 169 testigos y 64 peritos, mientras que los demandados han convocado a 127 testigos y tres peritos. Es decir, se prevé que 363 testigos y peritos participen en esta audiencia.

ablo Celi, excontralor, y Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, han sido acusados por la Fiscalía de liderar una organización que buscaba beneficiarse a través del desvanecimiento de glosas. Foto: Corte Nacional de Justicia

La Fiscalía acusó a Celi y Flores como supuestos líderes de una organización delincuencial, que incluía a funcionarios de gobierno de alto nivel y varios colaboradores (públicos y privados), y que planificaron obtener beneficios económicos, a través del desvanecimiento de glosas.

Mientras que Luis Agusto Briones, hermano del ex secretario de la Presidencia de la República; Esteban Celi, hermano del excontralor; Silvia López, Ángelo Rodríguez, Andrés Luque, Marco Flores, Roy Calero, Álvaro de Guzmán, Pedro Saona, Martha Barrezueta, cónyuge del empresario Roberto Barrera –quien fue detenido y condenado en Estados Unidos por participar en una red de corrupción en Petroecuador–; y, Daniel Orellana, exgerente de Refinación de Petroecuador, habrían cumplido actividades de colaboradores dentro de dicha estructura, según la Fiscalía.

Este grupo, sostiene la Fiscalía, operó entre 2017 y 2020, en Quito, y se formó a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a Petroecuador, Contraloría General del Estado y Secretaría Nacional de la Presidencia de la República, que –valiéndose de sus relaciones de amistad, confianza y parentesco– planificaron obtener beneficios económicos.

Este grupo, sostiene la Fiscalía, operó entre 2017 y 2020, en Quito,y se formó a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a Petroecuador, Contraloría General del Estado y Secretaría Nacional de la Presidencia de la República, que –valiéndose de sus relaciones de amistad, confianza y parentesco– planificaron obtener beneficios económicos.

Entre las pruebas se encuentran conversaciones obtenidas de los teléfonos de los imputados que evidencian, según la Fiscalía, la forma en la que operaba la estructura criminal, tanto con empresarios –a quienes solicitaba dinero–, como con colaboradores –con quienes se coordinaba la gestión de esos recursos–.

Celi, su hermano Esteban, y Agusto están en prisión preventiva desde el 14 de abril de 2021.

La Fiscalía llamó a este caso “Las Torres”, en alusión a un sobrino de Celi quien fue detenido y condenado en Estados Unidos cuando intentaba ingresar con 250.000 dólares en efectivo. José Raúl de la Torre Prado, con quién Celi siempre negó tener una relación cercana, admitió que lavaba sobornos en el sistema financiero de Estados Unidos. Al momento de su detención en el aeropuerto de Miami, el sobrino de Celi estaba acompañado por dos policías ecuatorianos, que, según dijo la exministra de Gobierno, María Paula Romo, estaban “de vacaciones”. Esta historia fue publicada en PlanV el 2 de febrero de 2020. 

Dentro de las investigaciones de este caso, la Asamblea censuró a Celi por incumplimiento de funciones. Durante su juicio político, por ejemplo, se conoció que Celi desvaneció seis glosas de la empresa Nolimit por un monto de USD 13 millones, entre el 2017 y el 2020. Para lo cual, su hermano, Esteban Celi, solicitaba y recibía dinero de esta empresa.