Ecuador está a poco más de tres meses de tener por primera vez un grupo de jueces especializados en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Hasta el momento, 113 candidatos siguen en el concurso para conseguir una de esas 14 plazas. De ese grupo, 105 aspirantes han sido funcionarios públicos y de ellos, el 84% son fiscales, jueces o funcionarios judiciales, como lo reveló PlanV en un reportaje anterior.

El Consejo de la Judicatura (CJ) busca que estos lugares sean ocupados por las personas más idóneas y mejor calificadas. Sin embargo, dentro del concurso no está previsto revisar las actuaciones de los jueces y fiscales participantes sobre las causas que han tenido a su cargo. Los datos que levantó este portal demuestran que, de los 20 jueces postulantes, por lo menos 16 son magistrados de tribunales o salas penales. También hay 30 fiscales que buscan convertirse en jueces anticorrupción.

Según los registros públicos que revisó PlanV, en el concurso participa una fiscal que se abstuvo de acusar a tres magistrados que dejaron libre a la esposa de alias Gerald, mejor conocido como el ‘Pablo Escobar’ ecuatoriano. También está una jueza denunciada por la fiscal General, Diana Salazar, por supuestamente entorpecer el avance del proceso en el caso del hospital de Pedernales.

Santiago Peñaherrera, director general del CJ, afirmó que la institución no puede hacer un análisis más allá del que le corresponde. “Nosotros como Consejo de la Judicatura estamos inhabilitados constitucionalmente a pronunciarnos sobre las decisiones judiciales que estas personas han tenido”, dijo en un conversatorio con medios, el pasado 7 de julio.

Esa limitación se encuentra en la sentencia 3-19-CN/20 de la Corte Constitucional, que establece dos requisitos previos para que el CJ inicie un sumario administrativo contra un juez, fiscal o defensor público por error inexcusable, negligencia manifiesta o dolo. Estos son: una denuncia disciplinaria y una declaratoria de juez o jueces superiores.

“Es decir, mientras un juez no se haya pronunciado sobre la decisión de un juez o fiscal, el CJ -aunque sea triste o lamentable- no puede iniciar un procedimiento de oficio. Y tampoco puede descalificar a un juez de un concurso”, manifestó Peñaherrera.

Aunque los casos mencionados por PlanV generan preocupación al CJ, Peñaherrera dijo que la Constitución consagra el derecho a la participación de los postulantes que no han sido destituidos o han cometido alguna infracción contemplada en la ley.

Santiago Peñaherrera, director general de la Judicatura, prevé que a finales de octubre inicien sus labores los jueces anticorrupción. Foto: Luis Argüello. PlanV

El funcionario informó, sin embargo, que han pedido a la Corte Constitucional que se vuelva a analizar la sentencia 3-19-CN/20 y que, al menos, en lo referente al error inexcusable -considerada como una falta grave- la Judicatura no debería esperar una denuncia. “Sino de oficio solicitar a los jueces superiores que declaren el error inexcusable”. Lamentó que algunos jueces hagan “espíritu de cuerpo” y no “cumplan a cabalidad con la facultad correctiva”.

¿Vamos a tener jueces o fiscales con resoluciones polémicas al final del concurso?, consultó PlanV a Peñaherrera. Dijo que efectivamente puede darse el escenario de que avance en el concurso un juez o fiscal que genere preocupación, pero no tiene un causal para excluirlo.

Entre los requisitos que la Judicatura solicitó a los aspirantes está un certificado de no haber sido sancionado disciplinariamente. Tampoco pueden participar funcionarios destituidos por ese organismo. Asimismo, solicitaron información a la Contraloría acerca de posibles sanciones administrativas o indicios de responsabilidad penal durante sus cargos, así como las declaraciones juramentadas de los servidores judiciales participantes. Esos fueron los primeros filtros que aplicó el CJ en el concurso. Ahora espera que un segundo control se haga en la fase de impugnación.

El pasado 7 de julio, hubo un conversatorio de medios con las autoridades de la Judicatura a cargo del concurso de los jueces anticorrupción. Foto: Luis Argüello. PlanV

1.200 para los candidatos

La impugnación es la última etapa del concurso. Las quejas deberán estar acompañadas de las pruebas correspondientes. Una persona puede impugnar la probidad, la trayectoria personal éticamente irreprochable, la falta de cumplimiento de requisitos, la falsedad en la información otorgada por la persona postulante o inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución o la ley. 

“La impugnación puede ser un disparador de un procedimiento disciplinario”, dijo Peñaherrera en el conversatorio con medios. Pero reconoció que ese procedimiento demora y que finalmente un funcionario cuestionado puede llegar a ser nombrado. Alentó, sin embargo, a la ciudadanía a participar en esta etapa para denunciar posibles inhabilidades de un postulante.

En la actualidad, los 113 aspirantes rindieron las pruebas psicológicas cuyos resultados se conocerán el próximo 20 de julio. El CJ aseguró que han seleccionado a los mejores profesionales en esa área para que puedan evaluar los concursantes según estándares internacionales. Estas pruebas no tienen puntuación.

Después, empezará la fase de oposición y méritos donde los candidatos darán pruebas teóricas y prácticas. Se otorgarán tres días para la presentación de las impugnaciones desde la publicación de la lista de postulantes que superaron la fase de oposición.

En esta fase los postulantes responderán 100 preguntas, 80 serán sobre conocimientos específicos y 20 sobre cultura general. Un grupo de 18 expertos crearon entre 67 y 68 preguntas, cada uno, para completar un banco total de 1.200 interrogantes.

Los expertos firmaron acuerdos de confidencialidad. El CJ invitó a catedráticos de universidades y fueron seleccionados, según su experiencia en materia penal. Los expertos subieron las preguntas en las computadoras asignadas por el Consejo de la Judicatura. Este proceso se realizó durante los días del paro y la institución aseguró que un notario público dio fe de que los equipos no tenían contenido previo.

Los técnicos, que estuvieron en el conversatorio, afirmaron que las computadoras fueron configuradas para que no se pueda ingresar ningún dispositivo externo como un flash o un CD. Los expertos, según el CJ, cargaron las preguntas durante 12 días y las escribieron -de memoria- directamente en los equipos asignados.

El 5 de julio, el Notario 54 del Cantón Quito, Jorge Valarezo, dio fe pública de que las 1000 preguntas específicas y 200 preguntas generales para la fase de oposición se encuentran cargadas en el sistema informático del concurso. Foto: Consejo de la Judicatura

Los equipos, que no tuvieron conexión a internet, tienen discos cifrados y fueron monitoreados. Solo disponían de un editor de texto. “Vulnerabilidad interna bloqueada totalmente”, dijo la directora de la dirección de Tecnología de la Judicatura. El CJ garantiza que los expertos no se quedaron con ninguna copia de las preguntas.

En las pruebas, el sistema designará aleatoriamente las preguntas a los aspirantes del banco de 1.200 interrogantes. Al momento, los expertos se encuentran desarrollando los casos que se utilizarán para las pruebas prácticas. Cada experto construirá 5 casos.

Con la prueba teórica, se evaluará el nivel de conocimientos técnicos, la habilidad para resolver conflictos y la capacidad analítica que poseen los postulantes a jueces.

El CJ cuenta con sistema, denominado SITFJHU, a través del cual se está llevando a cabo la totalidad del concurso. Dicho sistema cuenta con todas las seguridades.

Después del concurso, los postulantes irán a un curso de formación inicial, que durará 52 días. Será impartido por catedráticos especializados nacionales e internacionales. Quienes aprueben el curso con mínimo 80 puntos pasarán a formar parte del banco de elegibles para jueces anticorrupción. Los 14 postulantes con el mayor puntaje obtendrá una plaza en estas unidades especializadas, que podrían funcionar a finales de octubre.

Otros datos del concurso

Seguridad. Un experto de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL, sus siglas en inglés) trabajará en un protocolo de seguridad para los jueces anticorrupción y sus equipos de apoyo. Junto con el Ministerio del Interior, el CJ busca el lugar donde podrían funcionar estas unidades. Hay tres inmuebles disponibles. 

Presupuesto. Para la ejecución del concurso hay un presupuesto de USD 352.292. Mientras que para el pago del talento humano se destinará USD 1,5 millones anuales. El costo para las adecuaciones físicas de las instalaciones (sistema arquitectónico - electrónico – seguridad) es de USD 86.028,86 y lo obtendrán de la cooperación internacional.

Veedores.  El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social seleccionó a los siete veedores que vigilan el concurso. Su vocero es Erick Salomón Morán Jacho, quien afirmó que el proceso se desarrolla con normalidad. Hasta el momento han llegado apelaciones a las calificaciones en la fase de méritos. Morán dijo que no ha llegado ningún otro tipo de denuncia al concurso. Al final de la veeduría, deberán presentar un informe.

Notarios. Siete notarios del cantón Quito darán fe pública de la evaluación psicológica, así como las pruebas teórica y práctica de la Fase de Méritos del Concurso. La participación de los notarios se da en cumplimiento de lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial y es una de las medidas a través de las cuales el CJ garantiza la transparencia del proceso.