El general de la Policía, Pablo Ramírez, actual director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), se presentó con escasas novedades en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización en el Salón de la Libertad del Palacio Legislativo. Insistió en el diagnóstico: el secular abandono del sistema penitenciario y la  necesidad de reformas.

Ramírez explicó que el SNAI es una entidad de derecho público que depende del Ejecutivo, se encuentra a cargo de los centros de privación de libertad, pero no es un ministerio, aunque ejerce rectoría de las políticas públicas a su cargo. Esto quiere decir que a no ser que los sentenciados ocupen un grillete el SNAI no está a cargo de la vigilancia operativa de las personas. Más adelante los ministro de Gobierno e Interior también evitaría asumir la responsabilidad de la vigilancia operativa en estos casos.

Dentro de las responsabilidades del SNAI está intervenir en los procesos de los reclusos tanto en ejecución de penas como en garantías constitucionales, o sea habeas corpus o acciones de protección. Según la institución carcelaria entre 2021 y 2022 se concedieron 528 habeas corpus de 1312 presentados por presos. Entre las principales razones están salud, hacinamiento y seguridad. Según el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, hay unos 10 mil presos con enfermedades catastróficas.

Jorge Glas había presentado tres habeas corpus antes de este fin de semana. El primero fue en 2018, donde se le concedió un cuidado constante, dieta, medicación y seguridad de agentes penitenciarios, según Ramírez aquí ya hubo un antecedente de suicidio. Luego de los habeas corpus establecidos en 2018, estaba en una celda unipersonal, con dos agentes, dos policías permanentes y con protocolo anti-suicidio.

Jorge Glas emprendió una caravana hacia Guayaquil para reunirse con sus simpatizantes. Antes hizo una para en Santo Domingo donde también saludó a los correístas. Foto: Twitter @BancadaUNESec

En 2020 se presentó un nuevo recurso de habeas corpus, se declaró la caducidad de la prisión preventiva y se dispuso la libertad en una de las causas. En mayo de 2020 hubo otro habeas corpus que fue negado, y el último aceptó  su liberación.

El general Ramírez narró la sucesión de este fin de semana sobre los hechos previos a la liberación de Glas. El viernes 8 de abril hubo una primera audiencia fallida en donde no estuvo el abogado del SNAI porque “no le permitieron ingresar al zoom”. El abogado viajó de madrugada a Santa Elena para poder asistir a la audiencia el sábado.

Se instaló la audiencia de habeas corpus y el juez dio la resolución al medio día. En horas de la noche se remite al penal de  Cotopaxi la boleta de excarcelación. El domingo el penal  dió trámite y Jorge Glas sale cerca de las 11:30. Según el SNAI, ese mismo día apelaron la decisión judicial. El director del SNAI confirmó que el abogado de la cárcel de Cotopaxi manifestó inconsistencias en las horas de la notificaciones y horas de las audiencias.

Sin embargo, lo más importante tenía que ver con el por qué se abstuvieron de objetar los argumentos relativos al estado de salud de Jorge Glas. Ramírez declaró que era el Ministerio de Salud quien debía objetar sobre los argumentos médicos ya que son los funcionarios de esa institución los que avalan los informes médicos. Ramírez dijo que Salud ni siquiera fue convocado a la audiencia.

Se le solicitó al SNAI que entregue esos informes médicos, Ramírez dijo que los solicitaría aunque advirtió que hay confidencialidad. Los informes médicos habrían sido elaborados por médicos privados y avalados por funcionarios del Ministerio de Salud. Según el SNAI en los centros penitenciarios solo hay psicólogos por lo que deben avalar los informes con psiquiatras del Ministerio de Salud.

Adicional al recurso de apelación al fallo judicial, el SNAI emitió un oficio al Ministerio del Interior para ejecutar medidas de prohibición de salida del país y presentación periódica. “La acción de habeas corpus es procedente cuando se impone a favor de una persona con sentencia condenatoria” mencionó Ramírez.

El asambleísta Fernando Villavicencio cuestionó por qué el director del SNAI no asistió a la audiencia,  y general Ramírez indicó que no era su competencia y que delegó a un abogado del penal de Cotopaxi. Glas estaba desde octubre de 2018 en el centro de Latacunga, desde esa fecha había sido movido internamente “unas cuatro veces”, según el SNAI. Según el general Ramírez, el juez debió inhibirse de oficio. El argumento de la apelación del SNAI es por la competencia del juez, la jurisdicción y el sorteo.

Fernando Villavicencio es el presidente de la Comisión de Fiscalización. El asambleísta dirigió una sesión que tomó alrededor de cuatro horas.

Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, también asistió a la comisión. Indicó que las competencias del Gobierno en el asunto “eran pocas”. Con el argumento de la no interferencia del Ejecutivo, el ministro de Gobierno dijo que no fueron parte procesal de la audiencia, “solo nos convocaron para un aspecto operativo de traslado a Manglaralto”, sin embargo, Glas compareció vía zoom desde Cotopaxi.

El nuevo ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, compareció en la Comisión de Fiscalización y respondió preguntas de los asambleístas.

Según Jiménez, “resulta particular que la audiencia se lleve a cabo en un lugar recóndito del país, que se haga una primera convocatoria a las 12 de la noche y en fin de semana. En Manglaralto hubo una sombra de irregularidad” afirmó el ministro de Gobierno.

Una nueva discusión política enmarcó las preguntas hacia el director del SNAI y el ministro de Gobierno. Roberto Cuero de UNES, atacó contra Villavicencio y le dijo que en ningún otro caso había actuado con tanta eficacia. Del lado del oficialismo, Juan Fernando Flores (CREO), acérrimo negador del pacto, recordó los antecedentes de fuga de funcionarios en la administración de Correa para argumentar sobre los cuestionamientos a la seguridad y el paradero de Glas.

Los asambleístas Soledad Diab y Bruno Segovia hicieron preguntas a las autoridades que comparecieron en el Salón José Mejía Lequerica.

También asistió el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Entre los ministerios del Interior y de Gobierno también se repartieron responsabilidades respecto a la vigilancia de Glas. Se le consultó a Carrillo sobre cuánto le costará al Estado financiar la vigilancia de Glas, según el ministro esos datos tampoco son de su competencia.

Patricio Carrillo, el nuevo ministro del Interior, también se presentó para responder a las dudas de los asambleístas.