“Le voy a contar una anécdota. Me fui hace un mes a San Clemente, Manabí. Un candidato a alcalde contrató una mega promoción, con tarimas, la mejor orquesta, cantantes, bailes”, relata Medardo Oleas, jurista y ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que advierte el nulo control a los procesos democráticos y de campaña en el país.

“Ni siquiera se había convocado el proceso electoral. Ya gastó en un pequeño pueblo más de USD 80 mil. Si usted analiza todos los espectáculos públicos en campaña, se da cuenta fácilmente que no coincide con lo que los partidos declaran”, agrega Oleas, quien estuvo en la directiva del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 1992. Antes de la Constitución de 2008, el TSE tenía dos funciones: organizar los procesos electorales y administrar justicia en la materia. Pero se decidió dividir esas dos competencias entre dos instancias: el Consejo Nacional Electoral (CNE) que organiza y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que tiene funciones jurisdiccionales. 

El TCE es el órgano que administra la justicia electoral para casos como los que relata el jurista Oleas. El Tribunal afrontará un nuevo proceso electoral de cara a las seccionales de 2023. Los nuevos conflictos, disputas y quejas en materia electoral deberán ser resueltos en este órgano de justicia especializada.

Medardo Oleas fue vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de 1992 a 1995. También fue asesor del Banco Popular. Foto: Luis Argüello. PlanV

Según el actual presidente del TCE, Arturo Cabrera, para 2023 serán más de 864 procesos de elección internos, 11 mil dignidades, 276 agrupaciones políticas registradas y más de 90 candidaturas en disputa. De este nuevo proceso electoral emanarán nuevas disputas, que deberán ser resueltas en el Tribunal, y se sumarán a las más de 1400 causas pendientes de procesos electorales pasados. 

La falta de control a los procesos electorales y democráticos dentro de los partidos incide en las causas que luego ingresan al TCE. “La Constitución dice que los partidos deben tener afiliados, pero en la última reforma al Código de la Democracia se inventaron la figura de los adherentes ocasionales o definitivos. Que son los que regalan firmas, no hay registros ni archivos de eso. Si un partido no tiene afiliados es imposible que se practiquen procesos de democracia interna”, relata Oleas.

El abogado critica los procesos de “supuesta” democracia indirecta, con delegados que “nadie sabe quién mandó, al final 10 personas resuelven sobre la denominación de candidatos”, menciona Oleas. Para el jurista los partidos se venden y se alquilan en el Ecuador, y lo explica con varios ejemplos: “Lo que hizo el correísmo, se compraron partidos; Alianza País, UNES y ahora tienen otros nombres. Se debe a que no hay un control de los afiliados. El PSC va 24 años consecutivos con el mismo director o CREO que estuvo 12 años con el mismo director nacional”.

Los partidos políticos son la principal forma de representación de la ciudadanía. Son figuras de derecho público que, en teoría, no son propiedad de nadie. Reciben fondos del Estado para garantizar que existan procesos democráticos a la interna. Pero según el análisis de Oleas esto no es así, “si hacemos que la democracia interna sea por votos se acabarían los padrinazgos”. 

Más del 90% de las causas que llegan al TCE son por infracciones electorales, como inscripciones o calificaciones de candidaturas. Pero también llegan a este Tribunal recursos subjetivos, acciones de queja, consultas sobre procesos de remoción en GADs, recursos excepcionales de revisión, entre otros

¿Cómo funciona el tribunal?

El TCE tiene cuatro escalas jerárquicas. El pleno del tribunal es la máxima instancia, que delega la presidencia a uno de los cinco magistrados. Un peldaño más abajo están la coordinación de investigación, la secretaría que recibe las causas y los administradores de justicia. En la siguiente escala están las direcciones de auditoría interna, jurídica, planificación y comunicación. Por último, hay una dirección administrativa financiera. En total son 97 funcionarios.

La actual conformación del TCE es herencia del CPCCS-T de Julio César Trujillo, que removió a tres de los cinco vocales de la corte electoral y en su lugar, colocó a tres nuevos integrantes.

Los cinco titulares actuales son: Arturo Cabrera, presidente y uno de los dos únicos vocales que sobrevivieron a los reemplazos del CPCCS-T. Ha sido vinculado al correísmo por ser ex asesor de Virgilio Hernández, Patricia Guaicha-vicepresidenta que también sobrevivió al Transitorio, Joaquín Viteri, Ángel Torres y Fernando Muñoz.

La sede del Tribunal Contencioso Electoral ubicada en El Batán, al norte de Quito. A la ubicación han llegado movilizaciones para protestar por las decisiones que se toman dentro del tribunal.

Cabrera y Guaicha llevan en el cargo desde 2016 y 2018 respectivamente. Este martes 7 de junio se dará una reunión en el pleno para designar un nuevo mandato presidencial. Cabrera podría optar a la reelección. Pero hay presiones para que eso no sea así, como la acción planteada por el colectivo Acción Jurídica Popular frente a la Corte Constitucional que reclaman que las funciones de los magistrados ya fenecieron.

Todas las causas llegan a los cinco magistrados. Uno de ellos lleva el caso por sorteo y lo pone a resolución del pleno como borrador. Luego se requiere mayoría de tres votos para aprobar la resolución. Los jueces pueden apoyar o emitir un voto salvado.

En febrero de 2022 el TCE expresó su preocupación por lo que aducen un presupuesto insuficiente. En 2021 enfrentaron las presidenciales con un recorte presupuestario del 80% de lo solicitado. El requerimiento de aumento presupuestario tiene que ver con más personal, infraestructura y tecnología.

Distorsiones en la representación democrática

Para Medardo Oleas, darle una función de poder estatal al sistema electoral fue un error: “esto debe ser un servicio ciudadano. La clara intención era buscar el control absoluto de los organismos electorales”, menciona Oleas. El jurista se refiere a que previo a 2008 había tribunales y juntas provinciales cuyas autoridades eran nominadas por las fuerzas políticas. Estos organismos pasaron a ser ocasionales y la designación de los vocales del CNE y el TCE tomó preponderancia. “Es más fácil controlar a cinco vocales”, argumenta Oleas.

El abogado André Benavides refuerza esta tesis, “el TCE no tiene razón de ser, fue una novelería del Constituyente de Montecristi. Es importante que se dicten reformas para dar solución a la acumulación de causas. Lo único importante me parece que es en violencia política, pero de ahí solo se activan en época de elecciones”.

Según Oleas, “la idea (de crear un TCE) era el control total, la manipulación política del sistema electoral ecuatoriano. Esto abrió la puerta para que cualquier persona pueda tener un movimiento. Ahí vino el atentado a la democracia con las millones de firmas de personas que nunca firmaron”, agrega el ex TSE. Oleas se refiere al requisito de obtener un cierto número de firmas para poder competir en las elecciones. Cuando se abrió el registro de los adherentes mucha gente descubrió que estaba afiliada ilegalmente a un partido, hubo miles de denuncias en la justicia. Lo que obligó a suprimir este mecanismo que hasta la fecha no se ha rehabilitado.

Los requerimientos de firmas para cada partido eran del 1,5% del padrón, un partido nacional necesitaba al menos unas 200 mil firmas. Para Oleas es un absurdo pensar que en el Ecuador más de 10 millones de personas hayan apoyado la creación de movimientos en una sociedad que no tiene cultura política. “Yo hice una investigación de cuantas firmas habían presentado los partidos nacionales y en primera vuelta no tuvieron ni el 1% de las firmas que presentaron”.

Según Oleas esta dinámica nació de la necesidad del expresidente Correa de tener un partido único. “Porque les fuerzan a que presenten listas, si no lo hacen son borrados, por eso todo el mundo busca candidatos que no tienen”, agrega el jurista.

Oleas asistió a una reunión de 10 precandidatos para alcalde de Quito, asegura que ninguno tenía un partido o movimiento. “Si la ley me dice que los candidatos deben nacer de procesos de democracia interna como así se lanzan sin partido, ahora buscan quien les financie, hay una distorsión”. El ex TSE afirma que también hay una distorsión al obligar cuotas femeninas y de jóvenes, “eso abre espacio para parches. Por eso los partidos empiezan a buscar candidatos mediáticos”, concluye.

Casos recientes

La Función Electoral está compuesta por el CNE que organiza los procesos y el TCE que es de carácter jurisdiccional. Según el análisis del abogado André Benavides, el Constituyente de 2008, el Ecuador se divorció del estado clásico de tres poderes de forma inadecuada. “Es una función que solo se activa cuando existen procesos electorales. No sabemos qué hace cuando no hay elecciones”, dice.

Benavides asegura que en el TCE también hay influencia política, “recordemos que el CPCCS-T nombró encargados, si quieres tumbarte un candidato, asegúrate los votos en el TCE. Es una instancia que al final del día puede servir para bloquear enemigos políticos”, asegura el abogado.

Más de 1300 causas ingresaron a este tribunal sólo en 2021. Para las presidenciales de 2021 se recibieron 37 recursos subjetivos por inscripción de candidaturas, de los que 15 fueron negadas, 14 archivadas, 6 aceptadas y 2 inadmitidas. Hacemos un repaso a algunos casos en los últimos años que más atención han llamado.

En el marco de las elecciones presidenciales de 2021 el extinto movimiento político Justicia Social buscó inscribir a Álvaro Noboa como candidato. El caso llegó al TCE debido a que el movimiento puso una denuncia por infracción electoral grave contra cuatro consejeros del CNE. En la denuncia se alegó que el CNE incumplió sentencias en que el Tribunal autorizaba la apertura de mecanismos de democracia interna e inscripción de candidaturas. Según Medardo Oleas, “el propio TCE autorizó una candidatura por intereses políticos y casi nos deja sin elecciones”.

Uno de los cinco magistrados del TCE, Ángel Torres, resolvió aplicar la destitución del cargo, la suspensión de derechos políticos durante cuatro años y el pago de una multa de 70 salarios básicos contra algunos de los actuales integrantes del CNE: Enrique Pita, José Cabrera, Diana Atamaint y el consejero presidencial Luis Verdesoto por desacatar la sentencia del TCE de otorgar medidas de reparación y la inscripción de la candidatura del movimiento Justicia Social.

El Consejo Nacional Electoral, cuya sede está en la avenida 6 de Diciembre, es el organismo administrativo del poder electoral ecuatoriano. Foto: Archivo PlanV

Un año después, el pleno del TCE conoció la apelación del caso y dejó sin efecto la medida de primera instancia del juez por ser improcedente. El organismo argumentó que el procedimiento fue inadecuado ya que la destitución y la pérdida de los derechos políticos no son sanciones aplicables a vocales del CNE.

Otros casos que actualmente está llevando el Tribunal son la denuncia de la asambleísta de UNES, Mónica Palacios, contra el ex asambleísta y ahora asesor presidencial, Diego Ordóñez, por infracción electoral de violencia política de género por el tweet que luego Ordóñez eliminó: “Pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes”, o el caso del expresidente Abdalá Bucaram que también acudió al TCE para apelar la decisión del CNE de dar por extinta su fuerza política FE.

También han llegado los casos del pedido de recuento de las votaciones en la primera vuelta presidencial de 2021 por parte de Yaku Pérez o la reciente pugna en la alcaldía entre Jorge Yunda y Santiago Guarderas.

El Tribunal Contencioso Electoral organizó un conversatorio con representantes de movimientos políticos de cara a las elecciones seccionales de 2023. El organismo buscó fortalecer los mecanismos de democracia interna. Foto: Manuel Novik. PlanV

El control electoral

Aunque en teoría el TCE se activa solo en época de elecciones, son miles las causas que ingresan cada año al organismo. Durante el 2021 ingresaron 1311 causas contencioso-electorales, de las que 254 quedaron pendientes por haber ingresado en los dos últimos meses del año. Pero el TCE acumula más de 1400 causas pendientes desde 2018, la institución argumenta que hay demasiada carga laboral.

Durante el 2021 el mes en que más causas ingresaron fue en junio, 225 casos, un mes después de las presidenciales. Las provincias que más causas ingresaron en todo el año fueron Tungurahua con 368, Esmeraldas con 259, Manabí con 196 y Loja con 189. Entre Guayas y Pichincha combinados ingresaron solo 12 causas.

Es llamativo que provincias como Tungurahua, Esmeraldas y Manabí tengan la mayor cantidad de causas. Según el abogado André Benavides, “uno de los fenómenos que se presenta en materia electoral en provincias alejadas de la vida política es que se crean movimientos no con la intención de ocupar un cargo público sino para alquilar el movimiento al candidato de turno, que tiene los números para ganar, pero le falta el partido para que lo respalde.

Según Benavides un ejemplo de esta dinámica es el caso de Yunda, “llegó de la mano del movimiento de Washington Pesantez a la alcaldía. Sería más sencillo tener juzgados provinciales de lo electoral, pero eso significaría más recursos que sería otro problema”, agrega el jurista.

Este año siguen ingresando causas. El primer trimestre de 2022 ingresaron 72, que sumadas a las 254 pendientes de 2021 registraron un total de 326 causas por definir. De ellas se resolvieron 194, es decir el 59%. Los plazos para la resolución de las causas oscilan entre los 15 y 30 días, si hay un recurso de apelación se dan 10 días más. Pero los plazos no se cumplen. Un problema que también lo tienen la Corte Constitucional y la justicia ordinaria, que manejan los plazos a discreción.

Benavides contó que en las seccionales 2023 habrá candidatos por cada cantón y junta parroquial del país. “Habrá una mayor carga procesal por las particularidades de las seccionales. Prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales, vocales del CPCCS y puede estar también la consulta popular”, agrega.

Para las seccionales de 2019 se presentaron 786 causas de no presentación de cuentas de campaña, considerada una infracción electoral. 449 fueron acumuladas por identidad de objeto y acción. Del total, 345 fueron en juntas parroquiales y 151 en concejales urbanos y 120 alcaldes. Las provincias con más causas fueron Manabí con 137, Esmeraldas con 126 y Cotopaxi con 113.

Para procesos de remoción de autoridades en GADs recibieron 71 causas desde 2014 hasta 2021. Con 19 procesos el 2016 fue el año con más causas. El cargo que más se impugnó fue el de alcalde con 25 causas. Se ratificó la remoción de las causas solo en 10 ocasiones.

Respecto a la eliminación de organizaciones políticas se recibieron 19 causas en 2020 y 2021. Se procedió con la eliminación de 12 organizaciones mientras que se mantuvo a las restantes.

En materia presupuestaria para 2021 se solicitó USD 4.656.416, se recibió USD 3.558.629 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, evidenciándose un déficit de USD 1.097.787. Se ejecutó un 97% del presupuesto. Del total un 85% va para egresos de personal. Al primer trimestre de 2022 se ejecutó también un 17% del presupuesto.

Este es el calendario electoral de aquí a las seccionales de 2023:

• 22 julio-5 agosto: Procesos de democracia interna (primarias)
• 21 agosto: Convocatoria a elecciones (radio y tv)
• 22 agosto-20 septiembre: Inscripción candidaturas
• 18 diciembre: Listado oficial de candidaturas
• 3 enero–2 febrero: Campaña electoral
• 15 enero: Debates
• 5 febrero: Sufragio Proceso Electoral 2023
• 14 mayo: Posesión de autoridades