Este lunes, 4 de abril, se inició el juicio contra el excontralor Pablo Celi de la Torre y otras 10 personas en el llamado caso Las Torres, después de que esta audiencia fuera diferida en cinco ocasiones. La Fiscalía, la Procuraduría y Petroecuador presentaron sus alegatos de apertura que probarán a lo largo del juicio en el que está previsto que participen más de 300 personas entre testigos y peritos.

Las tres entidades acusadoras coincidieron en que Celi junto con Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, fueron los supuestos líderes de una organización delincuencial, que incluía a funcionarios de gobierno de alto nivel y varios colaboradores (públicos y privados), y que planificaron obtener beneficios económicos, a través del desvanecimiento de glosas. La Procuraduría agregó que los acusados además cobraban porcentajes que oscilaban entre el 5% y el 20% del valor de las facturas emitidas por las empresas contratistas a Petroecuador.

En la sala de audiencia, la Fiscalía exhibió el voluminoso expediente de este caso.

La teoría del caso se centra en una factura que Petroecuador canceló a la empresa NoLimit por un valor de casi 20,3 millones de dólares. La fiscal Diana Salazar afirmó que la supuesta estructura delictiva buscó beneficiarse con el 20% de ese monto, es decir cuatro millones. Algunos de los procesados se reunieron entre Quito y Miami, según la fiscal, para concertar los pagos. La Fiscal relató tres reuniones para coordinar los beneficios económicos o para insistir en ellos.

Salazar aseguró que los implicados mantenían conversaciones con ‘jerga criminal’ a través de aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp. Y que los líderes de la organización ya venían recibiendo beneficios de la empresa NoLimit.

La fiscal Diana Salazar (centro) aseguró que demostrará en el juicio que Celi y los demás acusados formaron una estrctura delictiva para desvanecer glosas a cambio de dinero.

Pablo Celi, con la colaboración de su hermano Esteban, recibió 500.000 dólares por el desvanecimiento de seis glosas entre 2017 y 2018, según la Fiscal. De esa manera, dijo Salazar, allanó el camino para que Pablo Flores, otro líder de la supuesta organización, reciba 40.000 dólares en efectivo por el pago del 5% de planillas menores a NoLimit.

Además del 20% de los 20,3 millones, planificaban tener un beneficio adicional del 15% por un contrato relacionado con el proyecto La Libertad, cuyo monto era de 75 millones de dólares, agregó la Fiscal.

Entre 2017 y 2020, hubo un “trípode de la corrupción” en que participaron funcionarios de la Contraloría, Petroecuador y de la Secretaría General de la Presidencia de la República, dijo el abogado de Petroecuador.

La defensa de los implicados negó las acusaciones de la Fiscalía, como la de Celi que argumentó que existe una persecusión política en su contra. Este lunes solo cinco juristas expusieron sus alegatos de apertura. Este martes continuarán.

El tribunal que juzga a Celi y a los otros procesados está conformado por los jueces Walter Macías, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa.

El invento millonario del exfuncionarios de Petroecuador

El abogado de Petroecuador explicó que esos casi 21 millones que fueron cancelados a NoLimit por uno “entregables adicionales” que consistían en informes. Es decir, eran “hojas de papel”, sostuvo el defensor de la estatal petrolera. “Por estos informes, Petroecuador canceló 21 millones de dólares, el pago más alto realizado -en un solo pago- a la compañía NoLimit. Pero también quiero mencionar que este pago inventado, por 21 millones de dólares, no tenía justificación legal y técnica”, agregó.

Pero, además, entre 17 de octubre de 2017 y el 10 agosto de 2018, estos pagos no estuvieron presupuestados a favor de la compañía NoLimit. “¿Saben por qué? Porque nunca existieron estos entregables”, añadió el jurista y confirmó que no existía nada al respecto de este pago de 21 millones de dólares.

Por eso, Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, realizó la reprogramación presupuestaria de la empresa pública para que se cancelen esos 21 millones de dólares, que no era un pago dentro del contrato, dijo el defensor de la entidad. También mencionó que Daniel Orellana, exgerente de Refinación en Petroecuador, fue quien autorizó pagos por más de 30 millones de dólares a favor de NoLimit, entre los que se encuentran los 21 millones, pero nunca hizo una alerta, sostuvo el abogado de la estatal, que se presenta a este juicio como acusador particular.

La defensa de los implicados negó las acusaciones de la Fiscalía. Este lunes solo cinco juristas expusieron sus alegatos de apertura. Este martes continuarán.

La Procuraduría se presentó también como acusador particular. Recordó que el 31 de marzo del 2017 se impusieron 18 glosas contra NoLimit por responsabilidad civil y culposa por 13,6 millones que fueron desvanecidas. Los funcionarios de Petroecuador “entorpecían”, según la Procuraduría, los pagos a los proveedores bajo el pretexto de la existencia de glosas y por otro lado, ofrecían “viabilizarlos” a cambio de un porcentaje del monto de las facturas que iban a ser pagadas.  Hubo colaboradores de la estructura asesoraban a los líderes sobre la colocación del dinero ilícito y que estos pudieran incrementarse.

Según la Procuraduría, entre Pablo Celi y Pablo Flores hubo “un acuerdo de voluntad” para que Flores mantenga en el cargo de asesor a Raúl de la Torre a cambio de continuar con los negocios vinculados a la empresa NoLimit. Celi contactó a NoLimit y “le hizo la entrega de información confidencial y de uso interno de la Contraloría General del Estado anticipándoles de la existencia de las glosas impuestas a los contratos que fueron suscritos entre dicha empresa y Petroecuador”, dijo la abogada de la entidad.

Celi, agregó la Procuraduría, “ofreció de manera directa a los representantes de la empresa NoLimit una solución respecto de las glosas impuestas y presionó a dicha empresa con el fin de beneficiar económicamente a la estructura delincuencial”. Lo mismo habría hecho Flores, además de viabilizar los pagos de las facturas, para recibir un porcentaje de las coimas exigidas en efectivo.

Según la Procuraduría, en este caso los procesados habrían cometido los delitos de concusión, cohecho y lavado de activos. Petroecuador agregó que posiblemente hubo defraudaciones tributarias y hasta enriquecimiento privado no justificado.

El abogado de Petroecuador reveló que entre los acusados hubo discusiones porque no recibían desde NoLimit los pagos acordados, por un total de 4 millones que habría sido la supuesta coima.

El juicio se transmite por zoom. Por esta vía están conectados los testigos que participarán en la audiencia.

Estos fueron los alegatos de la Fiscalía contra los 11 implicados:

1. Pablo Flores (líder). Desde la gerencia de Petroecuador, designó a Raúl de la Torre, sobrino de Pablo Celi, como funcionario de la estatal petrolera. Era su hombre de confianza. También nombró a Natalia Cárdenas como su asesora. Flores integró a su equipo de trabajo a Daniel Orellana como gerente de Refinación. Cárdenas y Orellana habrían ‘agilitado’ el pago de la factura de los entregables adicionales a NoLimit para obtener el beneficio del 20%. Flores, a través de La Torre y Roberto Barrera, presionaron a NoLimit para el pago de ese 20% de la factura y solicitó que este sea en efectivo y en Ecuador. A finales de 2018, además recibió 40.000 dólares de NoLimit por el pago de facturas menores. Tuvo comunicaciones con sus colaboradores usando jerga criminal para cometer el presunto delito, según la Fiscal. Pablo Flores “recibió físicamente 40.000 dólares por uno por uno de las tantas coimas que salieron acordadas como los miembros de esta organización”, agregó la defensa de Petroecuador.

2. Pablo Celi (líder). Dispuso el desvanecimiento de glosas a favor de NoLimit respecto a las contrataciones que esa empresa tenía con Petroecuador. Para ello, utilizó la figura de la subrogación o encargo de contratos. Dichos desvanecimientos no firmó Celi sino que “encargó” la firma de estos documentos a sus funcionarios de confianza. Gestionaba estas actividades, según la Fiscal, a través de su familiar Raúl de la Torre y de su hermano, Esteban, para obtener el beneficio económico proveniente del 20% de la factura de los entregables. La Fiscal aseguró que Celi recibió beneficios económicos en efectivo de NoLimit a través de su sobrino Raúl de la Torre y de transferencias de la empresa Legalcont, cuyo socio principal es Pedro Saona, quien se encuentra prófugo. Estos pagos eran coordinados con Esteban Celi. El excontralor, dijo Salazar, aprovechó su cargo para cometer el presunto delito.

3. Esteban Celi (colaborador). Fue colaborador de su hermano, Pablo Celi, cuando ejercía las funciones de Contralor General del Estado. Instruía, afirmó Salazar, a Raúl de la Torre respecto de los mecanismos de recepción de beneficios económicos provenientes de la empresa NoLimit. Gestionaba los desvanecimientos de las glosas a nombre de su hermano, Pablo Celi. Mantenía reuniones con representantes de NoLimit y presionaba a los representantes de esa empresa para recibir los pagos concertados. Asimismo, recibió dinero en efectivo a través de Raúl de la Torre y José Luis de la Paz, y transferencias de NoLimit a través de la empresa Legalcont de Pedro Saona. En su oficina y en su domicilio tenía información que pertenecía a la Contraloría General del Estado y de la empresa Legalcont, sin ser funcionario de esa entidad.

4. Natalia Cárdenas (colaboradora). Fue parte del equipo de Pablo Flores en Petroecuador. Fue asesora y subgerente de proyectos. Ella habría gestionado el pago de las planillas a favor de NoLimit. “De los beneficios económicos concertados para la organización se gestionaba para ella la cantidad de 350.000 dólares, mismos que se iban a realizar a través de pagos mensualizados y en efectivo”, dijo Salazar. Tuvo reuniones con representantes de NoLimit. Según Petroecuador, ella no entraba en el flujo de pago, pero conocía, aprobaba o autorizaba los desembolsos a favor de esa compañía.

5. Daniel Orellana (colaborador).  Fue gerente de Refinación en Petroecuador y quien autorizó el pago de la factura por los 20,3 millones de dólares para NoLimit, según la Fiscalía. Los pagos que gestionó fueron por pedido de Pablo Flores y Natalia Cárdenas. El pago se hizo tres días después de que la empresa presentara la factura.

6. Martha Barrezueta (colaboradora). Recibió los beneficios económicos de NoLimit, gestionados por Raúl de la Torre y Roberto Barrera, a través de la cuenta de Roy Calero, otro procesado. Barrezueta recibió y entregó dinero en efectivo gestionados por Barrera y Raúl de la Torre a favor de Pablo Flores. Ella fue quien entregó los 40.000 dólares a Flores. En las comunicaciones, utilizaba también jerga criminal, dijo la Fiscal.

7. Álvaro de Guzmán (colaborador). Es amigo de Esteban Celi. Estuvo en contacto con Raúl de la Torre. Según la Fiscalía, asesoró a la organización en inversiones financieras. Salazar aseguró que tenían previsto usar el sistema financiero suizo para aumentar los beneficios económicos, principalmente aquellos que serían para los hermanos Celi de la Torre. Tuvo una reunión con Raúl de la Torre el 11 de junio de 2019, en Miami. “Una vez obtenidos los beneficios económicos había que ocultarnos de alguna manera y dar la apariencia de legalidad”, manifestó la Fiscal. También habló por teléfono con otros colaboradores para asesorarlos en estos temas. Regresó al Ecuador en el mismo vuelo en el que arribó Ángelo Rodríguez, que también se encontraba en Miami haciendo estas gestiones.

8. Luis Adolfo Agusto Briones (colaborador). Fue el gestor de beneficios económicos de NoLimit para su hermano, José Briones (fallecido), según la Fiscal. Tuvo la colaboración de Silvia López y Ángelo Rodríguez, quienes proporcionaron números de cuentas bancarias de personas naturales y jurídicas para recibir los montos. Salazar dijo que ella pretendió abrir una cuenta en Miami a nombre de una empresa, de origen costarricense, en la cual Luis Agusto aparecía como beneficiario final. Pero no tuvo “éxito” porque era una empresa que constaba en los Panama Papers. Según la Procuraduría, prestó sus cuentas para recibir las coimas destinadas a su hermano José Agusto. “Se valió de amenazas” para que la empresa NoLimit pagara el dinero.

9. Silvia López (colaboradora). Fue gestora de los beneficios económicos de los hermanos Augusto Briones provenientes de NoLimit. Fue contactada por Raúl de la Torre. Ejercía presión a los representantes de NoLimit, a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, para que la empresa hiciera los pagos. Hizo una llamada, el 12 de junio de 2019, a Pedro Crespo en el momento en que los demás colaboradores se encontraban concertando los pagos en Miami. Ella tuvo contactos con algunos de los procesados a través de mensajes de texto con jerga delictiva, dijo la Fiscal.

10. Ángelo Rodríguez López (colaborador). Gestionó los pagos de NoLimit para los hermanos Augusto Briones. Viajó con Raúl de la Torre a Miami, el 9 de junio de 2019, en representación de ellos. Estuvo en las reuniones del 11 y 12 de junio de 2019 con el socio mayoritario de NoLimit. Dio las coordenadas de su cuenta en Estados Unidos para que se acredite el pago a favor de los hermanos Augusto Briones y de su madre, Silvia López.

11. Andrés Luque Cervantes (colaborador). Está relacionado con Luis Adolfo Agusto Briones. Ambos tienen nexos comerciales. Luque habría facilitado el número de cuenta bancaria de su empresa en Panamá.