“Es inconcebible pensar que las cosas no han cambiado”, se quejó José Luis de la Paz, uno de los socios de la empresa NoLimit, durante su testimonio anticipado que fue reproducido el pasado lunes, 11 de abril, en la Corte Nacional de Justicia. Allí se desarrolla el juicio por supuesta delincuencia organizada contra 11 personas, incluido el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, y el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores. Celi acudió al quinto día de audiencia después de que se le concediera el arresto domiciliario.

En enero del 2019, De la Paz reconoció́ ante la justicia americana que pagó la cantidad de 8,8 millones de dólares en sobornos para obtener contratos con ventajas indebidas en Petroecuador. A través de una colaboración eficaz con la justicia estadounidense, el empresario grabó las conversaciones que mantuvo con José Raúl de la Torre, sobrino de los hermanos Celi, y Roberto Barrera hablando de los sobornos.

Estos hechos originaron el caso “Las Torres”. Según la Fiscalía, la compañía Nolimit C.A. también habría pagado para librarse de las millonarias glosas impuestas en los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado.

El empresario dijo que este episodio le hizo “aprender mucho”. Y aseguró que él fue a ”dar la cara” ante la justicia norteamericana. Pese a las investigaciones, sostuvo, casos como este continúan en el país. “Solo cambian los funcionarios tras un escritorio (...) Han abusado de su poder para sacarnos dinero”, afirmó.  Cuando fue consultado por qué cooperó con esta investigación respondió: “porque ya lo viví, ya pasé por eso”.

Su versión coincide con la de Pedro Crespo, otro funcionario de NoLimit. Él fue director de proyectos de esa empresa entre 2017 y junio del 2019, y luego fue su gerente general. “Todos los problemas son suscitados por funcionarios de Petroecuador pidiendo dinero”, fue su crítica que quedó registrada también en su testimonio anticipado.

Al igual que De la Paz, Crespo grabó reuniones con los involucrados en este caso y las entregó a la Fiscalía. Una de ellas fue sobre la reunión que hubo en un hotel en Miami entre José Raúl de la Torre y José de la Paz para hablar de la repartición del dinero, en mayo de 2019. De la Torre, recordó Crespo, escribió en una servilleta las cuentas, los nombres y cuánto les correspondía a cada uno de los personajes involucrados en los supuestos sobornos. Entre los mencionados en esa reunión estuvieron Pablo Flores, Esteban Celi y Natalia Cárdenas (exfuncionaria de Petroecuador que también está procesada).

El tribunal de la Corte Nacional de Justicia cambió la prisión de Pablo Celi por arresto domiciliario. 

De la Torre, en esa visita, pidió además 30.000 dólares en efectivo y solicitó a Crespo su tarjeta de crédito para realizar compras. Crespo contó que solicitó autorización a las autoridades norteamericanas que estaban al tanto de aquella reunión. Le acompañó Sebastián Saá, otro funcionario de NoLimit. De la Torre compró un reloj Rolex en aproximadamente 11.000 o 13.000 dólares, e hizo compras en Apple Store por alrededor de 5.000 dólares y en Louis Vuitton por otros 5.000 dólares. Crespo entregó estos audios a las autoridades norteamericanas, quienes le devolvieron el dinero gastado. De la Paz, en su testimonio, contó que en una de las reuniones estuvo presente un agente del FBI al que llamaban ‘Mariano’.

Después de la reunión en Miami, sucedió la detención de Raúl de la Torre y Roberto Barrera, un empresario inmobiliario. El 27 de junio de 2019, fue detenido en Miami por llevar 250.000 dólares en un maletín sin declarar. De la Torre había sido desvinculado de Petroecuador el 14 de junio de ese mismo año por incumplimiento de actividades. En esa empresa estatal trabajó como asesor.

NoLimit era una contratista de Petroecuador. Era una empresa intermediaria y no tenía posibilidad alguna de ganar un concurso o licitación ni nacional ni internacional. Los contratos se suscriben con las empresas fabricantes, en condiciones de seguridad jurídica. Pero NoLimit tuvo seis contratos con Petroecuador, mencionó Crespo en su versión. Él revisaba las obras y De la Paz se encargaba de la parte administrativa.

Crespo es una de las personas que dio su versión ante las autoridades norteamericanas. A ellas les contó la exigencia de De la Torre y Barrera a NoLimit para los pagos de un 20% de las facturas pendientes de cobro, específicamente por una de 20,3 millones de dólares. También mencionó que se requirió el pago del 15% para la reactivación del contrato para la refinería de La Libertad, que estaba suspendido desde 2016.

En abril de 2019, ellos concretaron el pedido en una reunión que se llevó a cabo en las Torres Whymper, en la oficina de Barrera. De la Torre asistió con guardaespaldas. Esa cita fue también grabada enviada a los abogados de la empresa en EEUU, quienes a su vez la entregaron a las autoridades norteamericanas.

Después de la detención de De la Torre y Barrera, Crespo fue a las oficinas de Petroecuador para supuestamente saber cuál iba a ser la actitud de los funcionarios frente a esas detenciones. Después hubo otra reunión empezaron las retaliaciones, dijo Crespo, retención de pagos.

“Imagínese, yo salgo, robo 20 millones y lo denunció en los EEUU, no tiene sentido”, dijo Crespo para justificar su participación en las investigaciones.

Las defensas de los procesados, en sus alegatos de apertura, coincidieron en dirigir sus cuestionamientos contra NoLimit y a sus socios, pues aseguraron que la empresa tendría presuntamente un largo historial de ‘coimas’ para quedarse con contratos del Estado. Afirmaron que esto lo probarán en la audiencia. Y criticaron que NoLimit y sus representantes no hayan sido procesados en este caso.  

La Fiscalía evacúa 5 testimonios

Hasta este miércoles, la Fiscalía ha presentado como parte de su prueba cinco testimonios anticipados que fueron grabados en 2021. Además de los de Crespo y De la Paz, también se escuchó las intervenciones de Sebastián Robles, otro gerente de NoLimit. Él estuvo en la reunión con Crespo, Barrera y De la Torre, donde estos dos últimos habrían solicitado el 20% del valor de las facturas que adeudaba Petroecuador para poder cobrar esas planillas. Dijo que en esa cita se habló de la repartición de los montos de las coimas. Esta solicitud, supuestamente, la hicieron a nombre del exgerente de Petroecuador, Pablo Flores.

Robles manifestó que estaba cansado de las exigencias de los funcionarios de turno de Petroecuador. Él es otro empresario que grabó esa reunión. Sebastián Saá también dio su testimonio. Dijo que De la Paz, quien es el mayor accionista de NoLimit, le comentó que De la Torre y Barrea le exigieron grandes sumas de dinero a cambio del pago de planillas. También estuvo en la reunión de Quito y de Miami.

El primer testimonio que se reprodujo en la audiencia fue el de De la Torre. Dijo que fue contratado para encargarse del cobro de las planillas de trabajos ejecutados por NoLimit para Petroecuador, en específico una por 20 millones. Para ello, hubo un acuerdo de pago del 20% que sería entregado a los involucrados, entre ellos los hermanos Celi.

De la Torre afirmó que Flores quería recibir el dinero de forma física y no a través de transferencias, pero ante la negativa de cumplir con ese acuerdo contactó a Giomara López (otra procesada) para que le ayudara a cumplir con el cobro, a través de su amigo personal José Agusto Briones, exsecretario de la Presidencia, quien dijo que le ayudará pero a cambio de un porcentaje del valor de la plantilla. Agusto Briones apareció muerto en su celda el 23 de mayo de 2021. Agregó que Giomara López pedía 500.000 dólares por la gestión y que 500.000 eran para Agusto Briones. 

La audiencia se suspendió este viernes y continuará el jueves 21 de abril a las 14:00.