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5 de Enero del 2023
Historias
Lectura: 13 minutos
5 de Enero del 2023
Redacción Plan V
Independencia judicial y cese de pugnas: los temas urgentes de la justicia para el 2023
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Jorge Glas, exvicepresidente, salió de la cárcel el pasado 28 de noviembre con un polémico fallo de un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas. Foto: El Universo

 

Analistas consideran que el 2022 fue uno de los años más perjudiciales para la administración de justicia. El abuso de recursos como habeas corpus o acciones de protección dejaron en evidencia un tema pendiente y no resuelto: la falta de independencia en la justicia. Pero hay otros temas urgentes.



La justicia estuvo en el centro de las mayores polémicas del 2022. Los fallos a favor de sentenciados por narcotráfico o por corrupción fueron los principales hechos que marcaron la agenda durante el año que pasó.

El caso más sonado fue el del exvicepresidente Jorge Glas, quien recurrió casi una decena de veces a la justicia solo en el 2022 para salir de prisión. Finalmente lo logró el pasado el pasado 28 de noviembre. Emerson Curipallo, juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, ordenó la libertad de Glas, aunque el exfuncionario estaba recluido en la cárcel N. 4 de Quito. Pero el mismo juez Curipallo dejó en libertad a una docena de miembros de bandas delincuenciales.

Tres expertos analizan la administración de justicia y, sobre todo, plantean los temas urgentes para evitar nuevos episodios como los del 2022 se repitan. Pero coinciden en que muchos de ellos no son fáciles y tienen que ver con cambios de fondo.

1. Independencia judicial. Para el constitucionalista Agustín Grijalva, lo sucedido en el 2022 evidencia un problema mayor en la administración de justicia tanto ordinaria como constitucional. Afirma que las distorsiones, los abusos y las manipulaciones en los fallos no solo se han producido con habeas corpus o acciones de protección. Sino también en procesos penales.

Agustín Grijalva fue juez de la Corte Constitucional entre 2019 y 2022. Foto: UASB

Por eso, para él, el problema de fondo sigue siendo la independencia judicial. “Cuando los jueces actúan incorrectamente, nos planteamos que la forma de corregirlos es sometiéndolos y privándolos de independencia” y eso es un error, según el exjuez de la Corte Constitucional.

“Un juez independiente quiere decir que juzga en el marco de la Constitución y de la ley y con responsabilidad”, define el experto. Pero los jueces que actúan mal -agrega- son aquellos que no son independientes porque responden a presiones políticas, a corrupción o amenazas. Pero establecer sanciones, dice Grijalva, es un absurdo.

La solución, sostiene, es elegir a las personas adecuadas y protegerlas. “En otros países, la selección de un juez se hace con mucho cuidado, lleva años. Tienen que pasar cursos, pruebas”, manifiesta. En el país, los jueces ganan en promedio $5.000 mensuales y son los funcionarios públicos que mejor ganan.

“Sin embargo, elegimos a cualquiera. Si elegimos a cualquiera no tiene por qué sorprendernos que resuelvan cualquier cosa. No hay una adecuada selección de jueces y juezas, no hay carrera judicial, no hay evaluación realmente técnica”, cuestiona Grijalva.

Los jueces anticorrupción fueron posesionados el pasado 8 de diciembre. El presidente Guillermo Lasso asistió al evento. Foto: Presidencia de la República

2. Judicaturas especializadas. El constitucionalista Emilio Suárez dice que es momento de discutir la necesidad de la creación de judicaturas especializadas en temas constitucionales. Ahora, es competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se producen sus efectos.

Emilio Suárez es abogado constitucionalista. Es catedrático universitario. Foto: Colégio de Jurisprudencia

Suárez coincide en que el 2022 fue uno de los años más perjudiciales para el sistema de garantías jurisdiccionales en Ecuador, pues estos recursos se usaron con fines políticos o para obtener libertades para todo tipo de delincuentes. En su opinión, esto hace que la gente pierda la confianza en esos recursos.

El jurista recuerda que estas garantías son las únicas herramientas que tienen los ciudadanos para defenderse frente a los abusos del poder. Pero la solución no es derogar el sistema de garantías. Propone, en cambio, una profunda reforma a la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, que está vigente desde el 2009. Después de 13 años de que esta ley no ha sido modificada, Suárez considera que la Asamblea debe asumir esta tarea porque el contexto nacional ha cambiado.

No es la única instancia que debe actuar. El experto espera que la Corte Constitucional aclare temas relacionados con estas garantías, como por ejemplo la competencia. Por ejemplo, el exvicepresidente Jorge Glas salió en libertad en dos ocasiones el año pasado mientras estuvo en las cárceles de Latacunga y de Quito. A su favor, fallaron jueces radicados en otras ciudades: Manglaralto (Santa Elena) y Santo Domingo.

“De eso se agarran nuestros políticos o las personas privadas de libertad para presentar las acciones en los cantones más alejados de la patria”, dice el experto, quien aclara que la Corte debe delimitar -no limitar- este tema. La Corte, dice Suárez, tiene suficiente material del 2022 -fallos judiciales- para emitir pronunciamientos claros y profundos sobre la competencia en garantías constitucionales.

La Corte Constitucional debería aclarar algunos temas relacionados con las garantías constitucionales, opina el jurista Emilio Suárez. Foto: PlanV

También considera necesaria mucha inversión pública en la administración de justicia. “Estamos viviendo hechos penosos como aquellos donde los jueces -a través de sus providencias- soliciten a las partes que les entreguen hojas o tóner para imprimir sus oficios y sentencias. Y esto va desde el juez de primera instancia hasta la Corte Nacional de Justicia”.

3. Pugnas y presiones políticas. Uno de los temas urgentes, dice el jurista Suárez, es cesar las pugnas políticas al interior de la administración de justicia. “Necesitamos un sistema de justicia -jueces, Judicatura, fiscalía, defensores- muy unidos y cohesionados contra la corrupción y los demás flagelos que vive nuestra sociedad”. 

Por ejemplo, en su opinión, no es presentable una pugna entre el Consejo de la Judicatura (CJ), el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Esa crisis inició el 17 de mayo pasado, cuando Iván Saquicela, presidente de la CNJ, retiró la terna para nuevo presidente de la Judicatura y cuestionó duramente al CPCCS por no llevar a cabo esa elección. A su vez, Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, dijo que Saquicela ha ejercido presiones en el CPCCS para esa designación. Saquicela sostiene que el actual CJ no está presidido por un delegado de la Corte. Eso lo ha confrontado con Fausto Murillo, actual presidente del CJ. Hasta el momento, esa designación sigue en disputa.

Iván Saquicela, Hernán Ulloa y Fausto Murillo han protagonizado una pugna por el Consejo de la Judicatura. Fotos: Plan V y Twitter Judicatura

Grijalva coincide en que la clase política se ha dedicado a manipular, a presionar y a coimar con dinero o prebendas con los propios cargos dentro del sistema. Para este experto esa es una de sus preocupaciones. “Todos hablan de independencia, pero en la práctica todos tratan de manipular el sistema judicial. Es evidente que tratan de recurrir a jueces que no son competentes, e inhibir decisiones. Todos actúan así, desde los miembros de la Judicatura hasta el Presidente y los partidos políticos”.

Uno de los casos más visibles fue el de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. En su afán por no ser destituida, recurrió a la justicia en tres ocasiones: solicitó medidas cautelares y dos acciones de protección. Su intención fue impedir que el Pleno de la Asamblea Nacional debata y resuelva un proyecto de resolución para la creación de la comisión ad hoc pluripartidista para evaluar a Llori, quien finalmente fue removida de su cargo en mayo pasado.

En su opinión, la clase política ayuda al deterioro del sistema judicial y contribuye a la crisis, cuando su deber es todo lo contrario. Cree que este tema debería preocupar a la sociedad civil, a los gremios de abogados, a la academia, a los movimientos sociales y la ciudadanía en general, que debería sancionar con el voto a los políticos que no garanticen una independencia judicial.

4. Lucha contra la corrupción en el sistema judicial. La abogada penalista Paulina Araujo considera que es injusto afirmar que existe una corrupción generalizada en la justicia. Aclara que hay jueces y fiscales que son personas impecables. “No por malos elementos y un contexto de violencia se pueda decir que todo está perdido”.

Paulina Araujo es abogada penalista. También es catedrática universitaria.

Pero la lectura que existe es que hay una justicia que no responde al interés general y en la que no se confía. Según los hechos del 2022, describe a la una justicia del país como un sistema que quedó debiendo a los abogados que litigan de forma ética y actúan de buena fe. Además de que no se aplica el principio de igualdad en todas las causas, es un “suplicio” acceder a los expedientes de los casos. “Es una justicia desgastante. La justicia en el país nos duele”, afirma Araujo.

Cree que el problema son ciertos jueces y de ciertas jurisdicciones. Una de las opciones para mejorar esa situación es una evaluación objetiva de quienes conforman los órganos de justicia del país, dice la experta. “Alguien que no está preparado para el cargo que asumió también es una forma de corrupción”.

Suárez coincide en que es innegable la existencia de jueces corruptos, pero también que estos son víctimas de la delincuencia, de la extorsión y del chantaje. De ahí que uno de los pilares fundamentales de la administración de justicia es la seguridad de esos funcionarios. “Una administración de justicia que no tiene las garantías suficientes para ejercer un trabajo probo y honesto va a fracasar en un país como el Ecuador con el nivel de inseguridad y delincuencial que existe”, sostiene.

“Detrás de estos jueces, hay abogados que se manejan de manera poca ética”, afirma la abogada Paulina Araujo.

Para el experto, los jueces anticorrupción es una interesante herramienta que ha planteado el Gobierno y la Judicatura. “Van a tener un trabajo casi heroico de fallar en los casos más complejos del Ecuador en corrupción, pero sobre todo en crimen organizado. Estos cabecillas van a ser juzgados por estos jueces que sin lugar a dudas van a tener una protección adecuada del Ecuador y nosotros como sociedad debemos exigir al Estado que los proteja”.

Pero no solo es el Estado el que debe enfrentar el problema. “Detrás de estos jueces, hay abogados que se manejan de manera poca ética. Cuando uno es abogado debe saber las normas, el sitio, las horas y pedir cosas legítimas”, afirma Araujo. La abogada se refiere a los pedidos de habeas corpus o acciones de protección que defensores de políticos o miembros de bandas presentaron en horarios no laborables y en jurisdicciones que no correspondían. “Lamentablemente, la justicia tiene abogados que no honran la profesión”.

Sin embargo, Araujo no pierde la esperanza de un país mejor y que las futuras generaciones entiendan de la seriedad de estar dentro de la justicia y de la preparación que se requiere para enfrentar la delincuencia organizada. “La única manera es hacer las cosas correctas desde el espacio en el que cada actor se encuentra”.

 

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