El concurso para jueces anticorrupción llega a etapas decisivas. Esta semana está previsto que se conozca la lista de postulantes que avancen a la fase de méritos y oposición después de superar las pruebas psicológicas. Mientras esto sucede, sale a la luz pública más información sobre los candidatos.

PlanV revisó las bases de datos de la Función Judicial y de la Contraloría. En la primera, al menos nueve candidatos registran haber tenido un pedido de “declaratoria jurisdiccional”. Esto es el pronunciamiento de un juez superior sobre la existencia de una infracción (dolo, negligencia manifiesta o error inexcusable) por parte de un servidor judicial.

En ocho de ellas, los jueces superiores no encontraron suficientes razones para declarar que el denunciado haya cometido algún error en sus causas. Estos fueron los casos de Diana Magali Moya, fiscal de género; de Guillermo Lascano, juez multicompetente de San Miguel de los Bancos; de Janeth del Socorro Chauvín, jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer en Infracciones Flagrantes de Quito; de César Suárez, fiscal del Guayas; de Mabel del Pilar Tapia, jueza un tribunal penal; de Siegfried Peñaherrera, fiscal de Pichincha; y de Ana Gabriel Sánchez Tapia, jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Latacunga; y de la fiscal Nadia Rodríguez Castillo, quien en medio del concurso para jueces anticorrupción recibió la noticia que la queja que había en su contra fue archiva por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia de Esmeraldas, el pasado 1 de julio.

A esos casos, se suma el de María Elena Bayas Santillán, fiscal de Patrimonio Ciudadano, de Quito. La denuncia recayó en la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha en agosto de 2021, pero hasta la fecha no consta en el sistema cuál fue su resolución. PlanV solicitó al Consejo de la Judicatura información sobre cada pedido y su resolución, pero no llegó la respuesta hasta el cierre de esta edición.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, considera que es vital la información sobre procesos administrativos abiertos contra los candidatos que han pasado por la Función Judicial o sobre posibles procesos legales. “Además de ser un cargo público, es un cargo especialísimo por cuanto, en estos nuevos funcionarios, recaerá la responsabilidad de promover la integridad y la transparencia”.

“Quienes lleguen al final de este concurso deben ser personas sin tacha u objeción alguna no solo por las autoridades sino por la ciudadanía”, manifiesta y agrega que en este momento que se demanda credibilidad y confianza en las instituciones públicas, permitir que lleguen a este cargo personas con polémicas atrás “es contribuir a esa pérdida de institucionalidad”. Se refiere a las investigaciones previas que ha publicado PlanV sobre los perfiles de los postulantes.

Alarcón acota que la presunción de inocencia está garantizada por la Constitución, pero en este concurso hay elementos adicionales. Por ejemplo, dice, se debería considerar el conflicto de interés.

Para él, en un concurso público para la designación de autoridades, lo principal es tener personas que no tengan “miedo alguno a someterse al escrutinio público”. Es necesario, afirma, conocer su hoja de vida, su trayectoria y sanciones que han recibido en un cargo público. “Mientras más información esté disponible para la ciudadanía, de tal forma que incluso se pueda impugnar a los postulantes, mejor resultado final se va a tener”.

Alarcón sostiene que, por muy preparado que esté el Consejo de la Judicatura o un Comité de Expertos, siempre los insumos que provienen de un tercer sector serán vitales para un concurso exitoso, y más en temas sensibles como los que aborda esta convocatoria. El experto considera que es necesario incentivar a la ciudadanía para que dé a conocer cualquier información respecto a los postulantes de forma oportuna.

Los archivos judiciales de los candidatos

Ningún postulante tiene antecedentes penales. Pero de los 113 candidatos, al menos los nombres de 18 de ellos se encuentran en la base eSatje, que registra denuncias y procesos. Según la revisión que hizo PlanV, 12 aspirantes tuvieron una investigación previa que no prosperó. Algunas quejas fueron por presunto tráfico de influencias, fraude procesal o prevaricato.

Por ejemplo, una abogada que ahora es candidata a jueza anticorrupción fue involucrada en una denuncia por supuesto tráfico de influencias en el Consejo de Participación Ciudadana durante el concurso para Defensor Público, en 2019. Segú el denunciante, la jurista y otros involucrados habrían presionado para que se declare el concurso como desierto, lo cual afectó a los participantes de esta convocatoria. Pero la denuncia fue archivada.

En los registros judiciales consta otra denuncia contra una exfiscal, que también busca una plaza como jueza anticorrupción, por supuesta intimidación. El caso se remonta al 2016 cuando el denunciante estaba en diligencias en la Fiscalía Provincial de Esmeraldas. Según él, fue objeto de amenazas e intimidaciones sicológicas por parte de la fiscal. La investigación se cerró por haberse excedido en el plazo y por falta de elementos de convicción.

Los candidatos rindieron las pruebas psicológicas y están a la espera de los resultados. Foto: Consejo de la Judicatura

Asimismo, una jueza -actual postulante a este concurso- fue denunciada en 2016 por el exdirector de Gestión Procesal Penal de la Fiscalía General del Estado. El funcionario contó que recibió una queja del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil porque había un ingreso “desmesurado” de presos que son derivados por jueces penales y fiscales a ese centro médico sin “fundamento médico ni legal”. Para ello, los magistrados aprobaban acciones de protección. La jueza, que laboró en la Unidad Judicial Penal de Violencia contra la Mujer la Familia de Manta, fue una de las señaladas. Durante la investigación previa se requirió el expediente del preso al que habría beneficiado con la medida, pero se argumentó que este se había perdido en el terremoto de 2016. Ante la falta de elementos, esta indagación fue archivada.

También hay tres postulantes que enfrentaron procesos por supuesta tentativa de asesinato, robo y daños materiales, pero las causas se archivaron o se extinguieron. Y otros dos fueron sobreseídos de procesos por prevaricato y hurto. Entre los 113 postulantes, hay un aspirante que ha sido llamado a juicio.  

Un exasesor como candidato

El abogado Víctor Rivadeneira es otro postulante a juez anticorrupción. Pero al mismo tiempo que participa en el concurso le ha tocado enfrentar una demanda por presunta estafa y ha sido llamado a juicio. Su proceso arrancó en julio de 2021 cuando se inició la instrucción fiscal. Según los hechos que expuso la Fiscalía, todo inició con la denuncia de un ciudadano que contrató los servicios del abogado Rivadeneira para ayudar a su hermano acusado por presunto asesinato, quien además tenía prisión preventiva. El denunciante aseguró haber entregado grandes cantidades de dinero al abogado, sin que la situación jurídica de su hermano haya cambiado.

Rivadeneira contó a PlanV que en ese caso su defendido está prófugo, pero tiene una enfermedad catastrófica. Por esa razón presentó varios recursos constitucionales para que la prisión preventiva le sea sustituida de manera excepcional. Pero en varias instancias, este pedido fue rechazado. Estos fallos causaron molestias a su cliente, según Rivadeneira. El abogado manifiesta que incluso presentó una demanda por intimidación contra el hermano de su cliente, el 5 de octubre de 2020. Pero cuatro días después, Rivadeneira fue denunciado por estafa. Sobre el dinero, rechazó haber recibido grandes sumas y dijo que tiene suficientes pruebas para demostrar que él no estuvo en Guayaquil cuando se habría dado una de las supuestas entregas como lo afirma el denunciante.

Rivadeneira aseguró que esta situación se deriva de una persecución en su contra que se inició en 2019 cuando empezó a denunciar supuestos actos de corrupción en el Ministerio del Interior. En ese año presentó una queja contra José Serrano, extitular de esa cartera, por supuestos diezmos. Rivadeneira dijo que entregó una parte de su sueldo por pedido de la asesora de Serrano para mantenerse en el cargo.

Rivadeneira también denunció y reconoció haber sido parte de una “trampa” para la “implantación” de dos armas a Diego Vallejo, exasesor de Serrano. En 2019, Rivadeneira relató que Serrano y Rommy Vallejo, exsecretario Nacional de Inteligencia, planificaron esta acción para que Vallejo sea involucrado en el delito de tenencia de armas. Vallejo, según Rivadeneira, tenía información sensible sobre el caso 30S. “Nunca me ha ido bien denunciar actos de corrupción. Entre jueces y fiscales se solapan”, afirmó Rivadeneira.

¿Por qué entonces ser candidato a juez anticorrupción?, le preguntó este medio. “Porque yo he vivido en carne propia la injusticia”, manifestó. Rivadeneira asegura tener 17 años de experiencia como abogado. En la función pública se ha desempeñado como asistente administrativo, ayudante judicial, secretario de sala en juzgados penales, administrativos y de la Niñez, además de ser secretario de un Tribunal de Garantías Penales. Fue asesor en los ministerios de Justicia y del Interior, entre 2013 y 2016. Luego ha estado en el libre ejercicio.

“Yo estoy seguro que en mi proceso está mi verdad. Como todo ciudadano gozo del principio de inocencia”, manifestó Rivadeneira que espera un fallo favorable en su caso. Pero afirmó que, en caso de ser condenado, se retiraría del concurso para jueces anticorrupción. Pero iría a instancias internacionales para demostrar su inocencia.

Sus declaraciones patrimoniales juramentadas

De los registros que existen en la Contraloría, el 73% de los candidatos a jueces anticorrupción cumplieron con sus declaraciones patrimoniales juramentadas en 2022. En el caso de los candidatos que en la actualidad son jueces, sus patrimonios oscilan entre los USD 900.000 y los USD 15.000. La remuneración mensual de un juez alcanza los USD 5.000.

En el caso de los fiscales que ahora son candidatos, sus patrimonios van desde los USD 600.000 hasta los USD 21.000. El sueldo promedio de un fiscal es de USD 4.000.

No solo jueces y fiscales se han presentado a este concurso. También están otros servidores judiciales como secretarios, asistentes o defensores públicos. En este caso, los patrimonios que registra la base de datos de la Contraloría van desde los USD 200.000 hasta los USD 2.000.

De igual manera, hay otros funcionarios que no son parte de la Función Judicial. Hay abogados o asistentes jurídicos de instituciones públicas, profesores de universidades estatales, un exasambleísta, procuradores, etc. En este grupo, los patrimonios van desde los USD 700.000 hasta los USD 2.000.

   Punto de vista   

‘Será importante su idoneidad y valores éticos’

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción

La Comisión Nacional Anticorrupción señaló hace cuatro años atrás la necesidad de que se cuente en el sistema judicial con jueces anticorrupción. Hicimos las gestiones necesarias para que la Asamblea califique este pedido y lo vuelva ley. También planteamos que debería haber fiscales anticorrupción.

Ahora estamos avanzando en la selección de jueces anticorrupción. Como teoría es un paso importante. Nos preocupa, sin embargo, que sea un proceso llevado adelante por el Consejo de la Judicatura que en este momento tiene una serie de entredichos que no ha generado una imagen de confianza en el país.

De todas maneras, esperamos que esta selección cumpla con el requerimiento nacional de que sean jueces de gran probidad y que respondan a los intereses de los ciudadanos. No se trata de llenar unos cargos más para la Función Judicial. Se trata de establecer justicia en un ámbito en el que los ecuatorianos estamos seriamente preocupados porque la corrupción es y ha sido un mecanismo para que sectores de la empresa privada y vinculados al poder hagan del espacio público un instrumento para su beneficio personal.

La hoja de vida (de los nuevos jueces anticorrupción) será importante. Pero no solo la académica o profesional. Sino la idoneidad y sus valores éticos. Es decir, jueces profesionales con una trayectoria limpia. No se trata de que tengan títulos acumulados cuando esa persona prevalece otro tipo de intereses.