Los nuevos jueces anticorrupción, cuyo concurso está en marcha, conocerán casos relacionados con 44 delitos, de los cuales siete tienen que ver con corrupción, por ejemplo, peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias y testaferrismo.

Mientras que en crimen organizado, tramitarán causas sobre 37 diferentes delitos, entre ellos trata, esclavitud, explotación sexual, pornografía, secuestro, tráfico de migrantes, producción y tráfico de drogas, minería ilegal, lavado de activos, tráfico de armas, terrorismo, delincuencia organizada, entre otros.

Pero estos magistrados no atenderán todos esos casos, sino solo aquellos que cumplan con una o más de estas “circunstancias complementarias”. Por ejemplo, que la perpetración de o los delitos obedezcan a la intervención de una estructura criminal organizada, funcionamiento de la estructura criminal organizada en un parámetro de continuidad y reiteración en el cometimiento de delitos, trascendencia o connotación nacional y/o internacional provocada por el o los delitos presuntamente cometidos por los sujetos activos o de grave afectación.

Pero este viernes, el Consejo de la Judicatura explicó que los casos relacionados con mandatarios o exmandatarios, o altos funcionarios seguirán siendo competencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).  Según el artículo 192, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), la Sala de lo Penal de la CNJ conocerá los casos que se sigan contra el Presidente, Vicepresidente, asambleístas, consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, jueces de la CNJ, vocales del Consejo de la Judicatura, Contralor, Fiscal, ministros, entre otros altos funcionarios, quienes tienen fuero de Corte.

El COFJ establece que la CNJ será competente para conocer estos casos desde la indagación previa hasta el juicio y casación si hubiere.

Sobre el resto de casos de conmoción o trascendencia nacional o internacional, serán los fiscales y jueces quienes decidan qué casos cumplen con las circunstancias complementarias para que sean enviados a las unidades y tribunales especializados en corrupción que operarán en Quito.

Un entrenamiento posterior con concurso

Desde el pasado 2 de abril, avanza el concurso para la elección de los jueces que formarán parte de las unidades y tribunal especializados en delitos de corrupción o relacionados con el crimen organizado. El Consejo de la Judicatura (CJ) confirmó este 8 de abril que al menos 400 abogados a escala nacional se han inscrito para participar en la convocatoria. El 64% son hombres y 36% mujeres. Esta es la primera vez que Ecuador creará esas instancias para este tipo de causas.

La Judicatura seleccionará en total 14 jueces, de los cuales dos serán para una unidad judicial especializada, seis para dos tribunales y seis para jueces de la sala de apelación. Según los datos del organismo, 189 de los 400 abogados aspiran a ser jueces de la unidad; 95 para tribunal y 109 para juez de sala.

Hasta el momento, la gran mayoría de aspirantes pertenecen a dos provincias. De los 189 postulantes a juez de primera instancia de la unidad especializada, 87 son de Guayas y 78 de Pichincha. También hay 26 abogados de Manabí, 18 de Azuay y 16 de Santo Domingo de los Tsáchilas. En el resto de provincias, la cantidad es mucho menor,

Desde el pasado 2 de abril se abrió la plataforma tecnológica para las postulaciones y hasta este lunes, 11 de abril, los 400 aspirantes tienen plazo para el registro y, además, la entrega de un CD con el respaldo de la documentación de cada participante en cualquiera de las direcciones provinciales de la Judicatura. Estas atenderán este sábado y domingo. Hasta este viernes, solo 24 habían entregado toda la documentación.

La Judicatura busca profesionales con “trayectoria personal éticamente irreprochable”. Entre los requisitos que deben cumplir los aspirantes está ser profesional del Derecho, pero de preferencia con experiencia en lo penal y se valorará su formación académica.

Entre el 14 y 29 de abril, 27 funcionarios de la Judicatura verificarán que las postulaciones cumplan con todos los requisitos, tramitará solicitudes de reconsideraciones y atenderá las inquietudes de los postulantes.

La fase de méritos, que consiste en la calificación de la experiencia laboral y profesional, iniciará el 30 de abril. Mientras que la de oposición empezará el 16 de mayo y culminará el 1 de julio. En esa etapa deberán pasar pruebas psicológica, teórica y práctica. Los candidatos deben alcanzar al menos 80 puntos para pasar a la siguiente fase. Entre el 2 y 15 de julio se desarrollará la fase de impugnación ciudadana. Finalmente, entre el 16 y 25 de julio se presentarán el informe final y la resolución de los ganadores que obtuvieron los mayores puntajes, según el reglamento del concurso.

A partir de ello, los elegidos recibirán durante un mes formación en temas relacionados con anticorrupción y crimen organizado en la Escuela de la Función Judicial. Y serán designados como jueces solo aquellos que aprueben el curso. 

Está previsto que los nuevos jueces empiecen a trabajar en agosto próximo.

Cronología del proceso para los nuevos jueces

8 de diciembre de 2020. Se publica en el Registro Oficial las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, que incluye la designación y creación de tribunales especializados para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Asimismo, dispone la habilitación de salas especializadas en corte provincial para conocer los recursos de apelación. Estos cambios se encuentran en los artículos 230.1,  230.2 y 230.3.

19 de noviembre del 2021. El Pleno de la Judicatura emite la resolución 190-2021, mediante la cual crea la Unidad Judicial y el Tribunal de Garantías Penales especializados en delitos de corrupción y crimen organizado. Allí establece que la sede de ambos será Quito.

28 de diciembre de 2021. El CJ expidió el reglamento para el concurso de los jueces anticorrupción y detalla sus fases.

9 de marzo de 2022. Mediante la resolución 061-2022, el CJ crea la Sala Especializada Penal para resolver los recursos verticales derivados de los autos y sentencias dictados dentro de los procesos judiciales resueltos por las y los jueces penales especializados en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.

28 de marzo de 2022. El CJ aprueba la resolución 073-2022 para el inicio de concurso público de oposición y méritos, e impugnación para la selección de dichos jueces.