A inicios de marzo pasado, un intendente de policía de Pastaza y una familiar solicitaron $1.000 al dueño de un centro de tolerancia para no clausurar el local. El propietario del negocio llamó a la Policía y esta aprehendió a los sospechosos. Pero tres magistrados de la Corte Provincial de Pastaza prefirieron inhibirse y pasar la causa a la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, mejor conocidos como jueces anticorrupción, que despachan desde Quito.

Pero ni bien llegó este trámite a la capital, los jueces anticorrupción contestaron a sus colegas de Pastaza que uno de los elementos para que esa unidad conozca un caso es que este tenga trascendencia o connotación nacional y/o internacional. Los jueces especializados concluyeron que no había ningún fundamento y que los jueces provinciales habían confundido ‘connotación’ por ‘conmoción’. Esta causa, finalmente, fue derivada a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que dirima qué tribunal debe atender ese caso.

La falta de conocimiento sobre las competencias de los jueces anticorrupción ha ocasionado que esa dependencia ocupe su tiempo en temas que no le corresponde. Esto pasó con la detención de una persona en Ambato por tráfico de drogas. Ese caso fue devuelto inmediatamente al juez de esa ciudad. También llegó la causa de una persona que había sido aprehendida con droga en Quito. En esa ocasión, un juez anticorrupción llamó la atención al secretario de la unidad de flagrancia de la parroquia Mariscal Sucre por haber enviado el expediente sin que un juez o fiscal se lo haya pedido.

La mayoría de esos casos no cumplían las características que debe tener para que esta unidad especializada los tramite. Además de la trascendencia o connotación nacional o internacional, otros aspectos son la intervención de una estructura criminal organizada, la reiteración de delitos por parte de la misma, la grave afectación a los bienes jurídicos protegidos o que haya cometido varias infracciones.

Hasta el 20 de abril pasado, los jueces anticorrupción tramitaban 18 causas penales. Pero seis de estas fueron devueltas a las ciudades de origen o enviadas a la CNJ para que se pronuncia sobre qué jueces deben tramitarla. Este fue el origen de la resolución 07-2023 del máximo tribunal de justicia, que además identificó otro problema: las causas de gran trascendencia se estaban quedando en las provincias y no pasaban a Quito.

Por eso, en esa resolución, la CNJ dispuso a los jueces del país que se inhiban de conocer esas causas y las envíen a los jueces anticorrupción de manera motivada, si estas iniciaron después del 9 de diciembre del año pasado, día en que fueron posesionados estos magistrados especializados. Asimismo, es competencia de esta unidad conocer actos urgentes o procedimientos que requieran autorización como una intervención telefónica o seguimientos. De hecho, 150 de las 163 causas que tramitaba la Unidad Judicial especializada se relacionaban con esos trámites, hasta el 20 de abril pasado.

Ahora, esas dependencias tramitan 11 causas que cumplen las características, según confirmó Iván Saquicela, presidente de la CNJ, en una entrevista con Plan V. Dijo que había enviado una carta dirigida a la Fiscalía, al Defensor Público, a la Comandancia de Policía y a los presidentes de las cortes provinciales del país para informarles sobre la resolución. Informó que el Pleno de la Corte se pronunció a favor de que la Judicatura nombre más jueces porque, tras esta resolución, se espera que aumente el trabajo de los jueces anticorrupción.

Un divorcio entre instituciones

Los días de los jueces anticorrupción son ajetreados. Entre reuniones de coordinación y los trámites de las causas, las jornadas pueden extenderse hasta la madrugada. Eso pasó el 14 de junio último, cuando uno de estos magistrados atendió una flagrancia hasta las 03:00 con su equipo de trabajo. Había el temor de que esta se ‘cayera’, pues los plazos son apenas 48 horas.

¿Por qué esta unidad atiende flagrancias cuando se espera que aborde casos complejos que nacen de meses de investigación? Una fuente cercana a los jueces anticorrupción, que prefirió mantenerse en reserva, coincidió en que para descubrir delincuencia organizada se necesita tiempo para indagar a esas estructuras.

“Pero por las actividades propias del crimen organizado, ¿cuál es su principal función? El tráfico de drogas”, afirmó esta fuente para explicar las razones por las que estos jueces conocen, por ejemplo, detenciones por el hallazgo de grandes cargamentos de droga. Esas aprehensiones, dice la fuente, no pueden ser tratadas de forma aislada.

La resolución 07-2023 aclaró ese tema y estableció que los casos de delitos flagrantes cometidos a nivel nacional, relacionados con las competencias de los jueces anticorrupción, deben ser puestos en su conocimiento inmediatamente por parte de la Fiscalía. Para alcanzar con el ajustado tiempo para resolverlas, se priorizan las audiencias telemáticas.

Lo que intenta esta resolución, agrega la fuente, es que esos casos sean conocidos por estos jueces de Quito para que exista un gran escrutinio social y que no se dé paso impunidad.

Sin embargo, se han presentado limitaciones. La misma fuente consideró que las competencias de estos jueces y las materias que abordan no han sido bien difundidas a escala nacional. Eso ha limitado que casos de trascendencia y conmoción nacional no estén siendo enviados a la unidad. Por ejemplo, la matanza de los pescadores en el puerto pesquero de Esmeraldas.

El 11 abril pasado, un grupo de 30 personas armadas abrieron fuego contra los pescadores que estaban en sus labores en el Puerto de Esmeraldas. Nueve personas fueron asesinadas. Este caso pudo haber sido tratado pr los jueces anticorrupción, según una fuente cercana. Foto: Archivo/ Fiscalía

“Hay una descoordinación institucional desde la Policía, la Fiscalía, los jueces a nivel nacional y esta Unidad. Hay una especie de divorcio”, dice la fuente y reconoce que tomará tiempo en que la resolución de la CNJ ayude a que se entienda las competencias de estos jueces.

La fuente dice que esta situación la observan en las provincias de la frontera norte y sur, así como en la Costa, específicamente en Manabí y en Guayas. “Hubo mucha atención a los jueces de la Unidad, pero se desatendió a fiscales, policías y agentes que investigan los delitos”, cuestiona.

En ese sentido, señala deficiencias en la Fiscalía y en los fiscales de primer nivel, que están a cargo de la investigación penal, para remitir esos casos a Quito. Esta institución es la que tiene el mapa de lo que sucede en el país, pues es el órgano titular de la acción y tiene la facultad de entregar el caso a estos jueces. ¿Existe coordinación con los jueces anticorrupción?, fue la consulta que envió a este medio a la Fiscalía, que a su vez indicó que contestará en 10 o 15 días.

Causas constitucionales, ¿otro distractor?

Al menos 94 de las 176 causas que han llegado a manos de los jueces anticorrupción, hasta el 20 de abril pasado, eran constitucionales. Es decir, el 35% de sus actividades se concentraron en acciones de protección, medidas cautelares o habeas corpus.

El problema surge porque, según la Constitución, todos los jueces deben conocer causas constitucionales. Esto ha provocado que estos magistrados especializados dediquen una buena parte de su tiempo a esos trámites que además ameritan una atención inmediata, en lugar de los temas que les corresponde. La fuente reservada conoce que el Consejo de la Judicatura trabaja en cambios en el sistema informático judicial para que estos jueces solo atiendan causas penales. Al ser una unidad nueva, sobre la marcha -dice- se están realizando las adecuaciones. 

Saquicela mencionó que la Judicatura, al ver hecho la resolución sobre las competencias de estos jueces, no hizo una excepción en este ámbito. “No creo tanto que les aleje (de resolver causas de corrupción o crimen organizado). Todo juez tiene una material especial y adicional conoce garantías jurisdiccionales”, dijo el titular de la CNJ y recordó que existe un pedido para que se creen unidades con jueces especializados en esa temática.

Los jueces anticorrupción se posesionaron el pasado 9 de diciembre, después de aprobar un concurso de oposición y méritos. Foto: Twitter Consejo de la Judicatura

¿Fricciones con la Judicatura?

El pasado 20 de mayo, hubo tensión en la sesión que Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, había convocado. Fue una de las primeras citas para abordar su iniciativa de crear ‘jueces sin rostro’ para mejorar la seguridad de los magistrados que conocen casos de crimen organizado. Sin embargo, no tuvo acogida de parte de los vocales del Pleno.

Por ejemplo, el vocal Fausto Murillo -antecesor de Terán- pidió a las áreas técnicas que realicen un informe sobre la constitucionalidad y legalidad de la propuesta. “El Pleno y este Consejo se ha caracterizado por emprender en proyectos serios debidamente motivados”, dijo  y más bien, solicitó a Terán apoyo a los jueces anticorrupción.

Wilman Terán, presidente de la Judicatura, ha sido cuestionado por su falta de apoyo a los jueces anticorrupción. En su rendición de cuentas de la Judicatura, del pasado 5 de mayo, apenas mencionó este tema.Foto: Consejo de la Judicatura

Mientras que el vocal Juan José Morillo recordó que el tema de los ‘jueces sin rostro’ se discutió cuando se analizaba la creación de la unidad de los jueces anticorrupción. El resultado de esas discusiones llevó a una sola respuesta: no existe esta figura en la Constitución.

Murillo insistió en que el Consejo de la Judicatura invirtió en la unidad especializada y, por lo tanto, es necesario mantener el apoyo a esos magistrados. “Están sumidos en la atención de las garantías jurisdiccionales y les están distrayendo de su objetivo esencial que es el juzgamiento de 44 delitos penales”, manifestó Murillo.

En ese momento, el vocal contó que la seguridad de estos jueces había disminuido. “Tenían un agente de seguridad, sé que ya no está”. La fuente confirmó que estos jueces estuvieron por un tiempo sin esa protección, pero ya cuentan con un nuevo agente.

Murillo agregó que había planes para coordinar la movilización de esos jueces y sus familias a lugares seguros durante el tiempo que sea necesario después de delicadas diligencias, así incrementar la seguridad de sus domicilios y ampliar el uso de audiencias telemáticas. Además, se buscaba proporcionales vehículos, arcos de seguridad y detección de metales para la unidad. Tras ese reclamo, ahora se conoce que la Judicatura se ha comprometido en la entrega de vehículos seguros para la movilización de estos jueces.

Estos juzgadores, recalcó la fuente, piden en primer lugar que su seguridad esté garantizada en un 100%. “Ningún juez va a ser héroe. Si es que le amenazan a su familia, a su trabajo, va a fallar de diferente forma. Entonces, por eso, la importancia de entregarles seguridad y garantías propias. De parte de ellos, hay mucho compromiso”.

¿Cómo está la relación con el presidente de la Judicatura? “Creo que las prioridades del Consejo de la Judicatura son otras. Se ha desatendido el objetivo de crear un gran plan nacional de capacitación en casos de corrupción y crimen organizado. Por eso, quien ha tomado la iniciativa ha sido la Corte Nacional de Justicia”, respondió la fuente.

Hay voces al interior de la unidad especializada sobre la necesidad de este plan para informar sobre las competencias de estos jueces, que también están a cargo de los casos de fuero de corte provincial. ¿Qué casos deberían llegar? Por ejemplo, el peculado por 20 millones de dólares que involucre a un alcalde, explica la fuente.

“El presidente de la Judicatura se ha desatendido totalmente de la unidad, ha mandado a delegados, no se ha personalizado en reuniones claves o críticas que se deben tener con las máximas autoridades, no ha avanzado”, añadió la fuente. Dijo que los jueces anticorrupción están dispuestos a capacitar a sus colegas para que no vuelva a suceder casos como la matanza en el puerto de Esmeraldas, donde uno de los detenidos salió libre a los dos días.