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29 de Marzo del 2022
Historias
Lectura: 8 minutos
29 de Marzo del 2022
Redacción Plan V
Los jueces anticorrupción tendrán seguridad especial
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El presidente Guillermo Lasso presidió la mesa de autoridades que asistieron al lanzamiento de la convocatoria del concurso de jueces anticorrupción. Fotos: Luis Argüello/PlanV

 

Los jueces anticorrupción comenzarán a trabajar en agosto próximo en una unidad, tribunal y salas especializadas de apelación. Tendrán en total 40 funcionarios. El proceso ha recibido apoyo de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de EEUU y del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado de la UE.


El Centro de Arte Contemporáneo de Quito concentró esta mañana, del 29 de marzo, a las máximas autoridades judiciales, políticas y diplomáticas del país. Es por eso que hubo alto despliegue de seguridad, que incluyó el uso de perros policías para el registro de mochilas y equipos de los asistentes y medios de comunicación.


Hubo un despliegue de gran seguridad. Personal revisó los equipos y mochilas de los asistentes con perros entrenados.

Aquel ambiente parecía a tono con el anuncio que se hizo desde este escenario: el lanzamiento de la convocatoria para la selección de 14 jueces anticorrupción. Estos serán los primeros magistrados de este tipo que tendrá el país y operarán desde la capital en una unidad y tribunal especializados en 44 delitos, 37 relacionados con crimen organizado y siete en corrupción.

En uno de los salones abiertos del lugar, hubo un centenar de representantes de organizaciones sociales y autoridades de instituciones como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y de las judicaturas provinciales.


El Centro de Arte Contemporáneo de Quito fue el escenario del acto oficial.

En la mesa principal estuvo el presidente Guillermo Lasso, el presidente de la Judicatura, Fausto Trujillo; el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa; el embajador de Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick; el embajador de la Unión Europea, Charles-Michel Geurts; el vocal de la Judicatura, Juan José Morillo. También estuvo Gustavo Álvarez Trujillo, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú y Ory Abramowickz, director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés).

Los jueces comenzarán a trabajar en agosto próximo en una unidad, tribunal y salas especializadas de apelación. Tendrán en total 40 funcionarios. Murillo afirmó que estas unidades cumplirán su trabajo con celeridad porque “iniciarán con carga procesal 0”.

El titular de la Judicatura prometió protección para estos jueces y anunció que están construyendo un protocolo de seguridad que incluye medidas especiales para los jueces, su equipo de apoyo y la custodia en el traslado de la documentación. Lo mismo lo reiteró el presidente Guillermo Lasso.


Fausto Murillo, presidente de la Judicatura, prometió seguridad para los nuevos jueces anticorrupción.

Los jueces tramitarán los casos desde Quito, como los dispone el Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). Esta característica, dijo Murillo, tiene ventajas: “escucharemos cada vez menos historias escalofriantes con amenazas de muerte a jueces como sucedió en San Lorenzo, en Pedernales y en tantas otras jurisdicciones porque los jueces, ahora sí, contarán con toda la seguridad en la capital de la República”.


El Gobierno ha destinado 1,6 millones a este proceso, dijo el presidente Guillermo Lasso.

La creación de esta unidad ha sido una oportunidad para renovar, según el funcionario. Se refirió a la implementación del expediente electrónico y dijo que se priorizará el uso de medios telemáticos para la realización de las audiencias.

Este concurso, dijo Murillo, tendrá opositores y detractores. Pero antes de la convocatoria, dos abogados de Guayaquil ya presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la Judicatura por disponer que los magistrados especializados en corrupción y crimen organizado conozcan casos de todo el país y que trabajen solo desde Quito como lo publicó PlanV. “Este es un proceso demasiado importante para Ecuador como para doblegarnos”, manifestó Murillo.

El presidente Lasso calificó como un hito a este proceso. Informó que el Gobierno ha entregado 1,6 millones para que el concurso se realice lo más pronto posible. “Quiero hacer un llamado cordial y fraterno a todos los abogados en libre ejercicio para que participen en este concurso y se conviertan en jueces especializados en dos temas que tanto nos preocupan como sociedad. Será una labor difícil porque tendrán que escoger a los 14 mejores entre los mejores”.

Los abogados que deseen participar podrán ingresar su postulación en la web de la Judicatura desde el 2 de abril. En la fase de méritos, los postulantes serán calificados sobre 50 puntos, luego rendirán pruebas psicológica, teórica (20 puntos) y práctica (30 puntos). Los postulantes que alcancen un puntaje de, al menos, 80 puntos sobre 100 pasarán a un curso de formación inicial a cargo de la escuela judicial. Serán capacitados en materias del derecho penal económico, empresas, delitos de corrupción y relacionados con el crimen organizado. 

Un proyecto con apoyo y fondos internacionales

Desde 2020, el proyecto tiene el apoyo técnico de la INL de la Embajada de EEUU en Ecuador. El embajador Fitzpatrick informó que este respaldo inició en ese año con las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial hasta en la elaboración de los instructivos para el concurso. Anunció la inversión de 500.000 dólares para dotar a los jueces con equipos tecnológicos, espacios para trabajar y capacitación con los estándares internacionales más altos.


El embajador de Estados Unidos, Michael J. Fitzpatrick, habló de la cooperación de su país para este proceso de selección.

“En el mundo entero los estados necesitan sistemas de justicia fuertes y resilientes para poder enfrentar el fenómeno de la corrupción y del crimen organizado”, dijo Fitzpatrick y felicitó a los asambleístas por aprobar la ley para la extinción del dominio.

Si los jueces no saben cómo funcionan las cadenas de producción, transporte y venta de narcóticos, sobre criptomonedas, el lavado de activos, la extorsión, el sicariato, “¿cómo pueden luchar los magistrados contra esos delitos?”, se preguntó el embajador.

“La corte especializada representa para el Ecuador -agregó el embajador- una oportunidad única de cambiar el tablero contra las organizaciones delictivas y establecer un mecanismo eficaz para hacer justicia”.

Un centenar de autoridades de distintas entidades y representantes de organizaciones asistieron al evento.

El Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (El PAcCTO), de la Unión Europea, es otro de los cooperantes en este proceso. El embajador Geurts dijo que ese es programa “bandera” de la UE, que aborda toda la cadena penal que incluye tres sectores: justicia, penitenciario y policial. El PacCTO asesoró a la Judicatura y a la Asamblea también en las reformas del Código de la Función Judicial y en la elaboración y diseño de las pruebas de confianza que serán aplicadas a los jueces que integrarán las unidades especializadas.

Las máximas autoridades de justicia, políticas y diplomáticas firmaron un acta de compromiso para acompañar el combate de la corrupción y el crimen organizado.

Anunció que la UE desarrolla un programa de emergencia para el fortalecimiento del sistema penitenciario y desembolsará un fondo de 2,5 millones de euros para este proyecto que estará liderado por los mismos expertos italianos del PacCTO.

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