El 10 de enero de 2022, en la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas hubo un fallo inédito. Dos de los tres jueces que conforman la Sala Multicompetente de ese tribunal votaron a favor de la reincorporación de 41 expolicías en una sola resolución. De esta manera, se convirtieron en los magistrados que más han favorecido a uniformados en los últimos años. 

Todo comenzó con una acción de protección. El expolicía Wilmer C., mediante ese recurso, solicitó su reincorporación a la institución en diciembre de 2020. Esto a pesar de que él había sido desvinculado de la Policía en dos ocasiones. La primera ocurrió en 2006 cuando fue relacionado con un delito de falsificación de documentos públicos. Fue dado de baja junto con otro policía por “omitir información al superior en la comisión de un delito que puede  comprometer la responsabilidad del Estado y poner en serio peligro la moral y las buenas costumbres de la institución policial”, dicen los registros judiciales. En 2008, Wilmer C. presentó una acción de protección que fue aceptada por un juez, quien dejó sin efecto su destitución. 

Pero el 6 de junio de 2013, José Serrano, entonces ministro del Interior, suscribió el Acuerdo Ministerial N. 03308, que separó de manera definitiva e inmediata de las filas de la Policía a 208 uniformados, entre ellos Wilmer C. La justificación que se expuso en ese momento tuvo que ver con que los policías se habían alejado de la misión institucional. Estos, según el informe que acompañó el Acuerdo Ministerial, estuvieron “inmersos en Tribunales de Disciplina, ausencia ilegal del servicio, información sumaria, sentencia condenatoria, mala conducta profesional entre otros”. Además fueron reincorporados por amparos constitucionales y acciones de protección desde la vigencia de la Constitución de 2008.

Esta fue una resolución polémica pues los afectados incluso llegaron a la Corte Constitucional (CC) para reclamar por la vulneración de sus derechos. Pero el 2 de diciembre de 2020, la CC rechazó una demanda de inconstitucionalidad que presentaron 86 expolicías contra dicho acuerdo y sus documentos de respaldo. 

Pero sus intentos por volver a la Policía no terminaron allí. El 3 de junio de 2021, la jueza Aleida Jackeline Ramos, de la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer de Santo Domingo, aceptó la acción de protección de Wilmer C. y ordenó su inmediato reintegro a las filas policiales, además del pago de los haberes que dejó de recibir desde que fue dado de baja. 

El Ministerio de Gobierno y la Policía apelaron esa decisión y la causa llegó a Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. Es así que, el 10 de enero de 2022, los jueces Marco Fabián Hinojosa Pazos (ponente) y Patricio Armando Calderón Calderón rechazaron la apelación y ratificaron el fallo de la jueza de primer nivel. Pero además extendieron los efectos de esa sentencia a 40 expolicías más que se presentaron a la audiencia con amicus curiae o terceros interesados. Es decir, estos magistrados obligaron la reincorporación de esos ex servidores policiales y al pago de una reparación económica.

Desde el 2020 hasta la actualidad, 286 servidores policiales han sido reincorporados a la Policía por sentencias de unidades judiciales y tribunales. Foto: Diario La Hora

De esa decisión se alejó el juez Juan Carlos Mariño Bustamante, miembro de dicha Sala. Según los argumentos de su voto salvado, la extensión de los efectos de la sentencia de apelación no tenía “asidero legal” y aclaró que no todos los policías compartían las mismas circunstancias que Wilmer C., de quien sí estuvo de acuerdo con su reincorporación. 

Este es uno de los 246 casos que el general Fausto Salinas, comandante de la Policía, cuestionó en rueda de prensa, el pasado 27 de junio. “Algunos servidores de justicia no están actuando acorde el esfuerzo en contra de la corrupción, en contra de esta iniciativa y línea estratégica de mejorar las condiciones de confianza de los servidores policiales”, dijo Salinas en esa ocasión. La Policía ha cuestionado que algunos jueces ordenen acciones administrativas que no son de su competencia como ascensos de personas que no cumplen los requisitos o que se les pague los haberes no recibidos por su desvinculación de la institución y con altas sumas de dinero.

Más de $1 millón en reparaciones 

Tras el fallo de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, Wilmer C. solicitó su reparación económica. Para ello, acudió al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito. El 13 de marzo pasado, ese tribunal resolvió que el Ministerio de Gobierno (hoy Interior) debía pagar al policía reincorporado un total de $146.945, de los cuales $94.467 corresponden al monto de la reparación económica (diferencias de remuneraciones, décimo tercer sueldo y décimo cuarto). El valor restante irá como aportes patronal y personal al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional y al Servicio de Cesantía de la Policía Nacional. 

Pero no es el único que ha acudido a instancias similares para pedir la reparación económica. Al menos 26 de los 41 policías reincorporados han solicitado este beneficio. De estas causas, 14 se han tramitado en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito; mientras que seis están en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil. Cuatro se ventilan en Portoviejo y uno más está en Ambato. 

Hasta el momento, hay cinco resoluciones a favor de estos policías, incluida la de Wilmer C, que suman $1.066.085,03, según la revisión que hiciera Plan V en el sistema judicial. Las cuatro restantes las otorgó el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil. Una de ellas fue por $156.345. 

Pero las otras tres son sumas más altas. Por ejemplo, ordenó pagar $267.406 a un expolicía que estuvo involucrado en una presunta extorsión. De igual manera, benefició a otros dos expolicías, que enfrentaron procesos por extorsión y estafa, con reparaciones de casi $250.000 para cada uno. 

Este tribunal de Guayaquil, conformado por los jueces Dorian Iván Rodríguez Silva (ponente), Darwin Oswaldo Serrano Bravo e Iván Alfredo Espinoza Pino, fijó esos montos en una sola resolución del 31 de mayo pasado. Pero la votación no fue unánime. El magistrado Espinoza se alejó del criterio de la mayoría y cuestionó que se haga efectiva una reparación económica para esos exuniformados. Según expuso, el fallo de la Corte de Santo Domingo solo hizo extensiva la reincorporación más no el pago de una reparación.

Policías con un pasado en las cortes 

De los 41 policías reincorporados, 18 enfrentaron procesos penales en el pasado. Por ejemplo, siete de ellos han sido acusados de extorsión. Ese fue el caso del cabo Luis J., que en 2006 fue señalado por una familia por ingresar a su domicilio sin ninguna orden judicial. Los testimonios, que constan en los registros judiciales, narraron que en 2006 este cabo junto a un subteniente y un sargento aseguraron ser agentes antinarcóticos para allanar la casa. Pero después les pidieron dinero para dejarlos libres. 

También entre los reincorporados consta un policía que fue procesado por presunto narcotráfico. Es el caso del policía Washington R., quien en 2015 fue detenido como parte de una presunta banda dedicada al narcotráfico. Fue interceptado en uno de los tres vehículos que intentaron fugarse después de darse cuenta del operativo policial. Iba en un auto marca Ford junto a otro acompañante, pero no hubo evidencia de que llevaran droga, pero sí la hubo en el otro automóvil incautado. Los cinco detenidos, incluido Washington R., fueron sobreseídos. El expolicía fue procesado previamente por tenencia ilegal de armas en 2013, pero se extinguió la pena. 

Asimismo, entre los beneficiados está una persona acusada por explotación sexual de una menor de edad. En 2010, el cabo segundo José K. fue procesado por proxenetismo, en Manabí. Un morador de Puerto Cayo denunció a la Policía que una adolesccente, de 15 años, era explotada sexualmente. Un día, el propietario de un hotel la sacó del lugar por falta de pago y allí contó que José K. la llevaba a esa ciudad para que trabaje en prostitución. Fue sobreseído de manera provisional. 

Uno de los casos que más llama la atención es el del expolicía Luis G., quien fue llamado a juicio por el presunto delito de asesinato de dos jóvenes de 16 y 18 años, en un bar de Babahoyo. La principal prueba que presentó la Fiscalía fue el arma que se usó en el delito. El uniformado aceptó que esta era de su propiedad, pero en su defensa dijo que le habían robado. El juez de la causa, sin embargo, lo llamó a juicio.  En 2014, fue sentenciado como autor del asesinato a 16 años. Pero no hay registros en el sistema si continúa en prisión o obtuvo algún beneficio penitenciario. 

Entre los 41 expolicías de la polémica sentencia de la Corte de Santo Domingo hay vinculados a procesos por tráfico ilegal de armas, estafa, robo, hurto y delitos contra la existencia y seguridad de la Policía. 

En total, entre 2020 y 2023, han sido reincorporados 286 servidores policiales. En la provincia de Pichincha se han realizado más procesos judiciales de reincorporación: 113 en total. Le siguen la provincia Santo Domingo (51 casos), Guayas (36) y El Oro (20), entre las principales.