El conjuez Adrián Rojas dictó esta noche, del 28 de marzo, prisión preventiva contra el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban y Pedro Saona. Este es el segundo proceso en el que los hermanos Celi están involucrados y se deriva del caso Las Torres. También ordenó la prohibición de enajenación de bienes de los implicados, incluida la empresa china Camc Engineering, que también está involucrada.

La Fiscalía acusó este lunes, 28 de marzo, a los hermanos Celi, a Saona y al representante legal de la empresa china Camc Engineering por presunto cohecho. Celi fue señalado como autor y el resto como cómplices.

El pedido de la Fiscalía y la decisión del juez se dan en el contexto de la próxima caducidad de la prisión preventiva del excontralor y su hermano que caducará el 13 de abril. Los abogados de ambos coincidieron en que existe una persecución contra sus defendidos. Pablo Celi, sin embargo, cumplirá 65 años el 9 de abril y con esa edad podrá pedir el arresto domiciliario. En la actualidad está en la Cárcel 4, de Quito, junto a su hermano.

Nelson Toainga, fiscal general subrogante, expuso los elementos que existen en contra de los procesados. Dijo que los hechos investigados sucedieron entre 2018 y 2021. Celi, según el fiscal, desvaneció una glosa por 22,6 millones a favor de la empresa Camc Engineering, el 26 de abril de 2019. Esto lo habría hecho después de recibir supuestamente un pago por 1,3 millones por parte de la firma china a través de la empresa vinculada a Esteban Celi y Pedro Saona.

Los procesados, dijo el fiscal, quisieron dar una apariencia de legalidad a ese supuesto pago indebido a través de un contrato efectuado el 22 de febrero de 2019 entre Saona, como gerente de Legalcont, y el representante de Camc Engineering. Legalcont, según la Fiscalía, fue constituida el 28 de febrero de 2019, seis días después del mencionado contrato. Esta empresa, dijo Toainga, habría sido constituida para cometer el presunto delito. Después de dos meses de ese acuerdo, la Contraloría desvaneció la glosa, dijo el fiscal.

Entre los indicios que mencionó Toainga está un análisis de la UAFE de 2021 sobre la empresa Legalcont, que determinó que un beneficiario de sus transferencias fue un fideicomiso Corpo 6 por el valor de 90.000 dólares. Asimismo, la UAFE revisó las cuentas de Celi y halló que fue un “promitente comprador de un inmueble al fideicomiso Corpo 6”.

El juez Adrián Rojas analizó su resolución por más de tres horas. Foto: Captura de imagen

Según un reporte del SRI, en el ranking de clientes de Legalcont no estaba el fideicomiso Corpo 6. La Fiscalía también tiene una pericia informática de la transacción bancaria internacional del 18 de junio de 2019 de Camc Engineering a Legalcont por 1,3 millones. Adicionalmente, tiene una escritura firmada por Corpo 6, Esteban Celi y Patricia Villagómez Saona para la compra de dos oficinas, siete estacionamientos y dos bodegas en el edificio Torre 6. La compra fue al contado por 628.504,14 dólares. 

Otro elemento es el oficio del 18 de marzo de 2022, suscrito por Lorena Figueroa, directora Nacional de Patrocinio de la Contraloría, con el listado de glosas que desde esa entidad se habrían desvanecido a favor de Camc Engineering. Entre otras, constan una glosa del 2011 por 9.544.903,64; otra del 2018 por 2.645.008,32; y una más del 2015 por 9.915.501,01. Sobre esta última, la Fiscalía tiene una resolución de Celi sobre la responsabilidad civil culposa por 15,2 millones en contra de Camc Engineering y otra resolución de octubre de 2020 en la que resuelve desvanecer el valor de 9,9 millones de los 15,2 millones.

En su versión, Celi dijo que Saona es su amigo y tío de su esposa Patricia Villagómez Saona, y que acompañó en el proceso de liquidación de la empresa Legalcont Consultores Legalcomec. Mientras que Saona afirmó, en su versión por vía telemática, que su participación se debió a su situación económica precaria.

“Fue entonces que Esteban Celi me dio la oportunidad de que preste mis servicios profesionales en una empresa de servicios de orden legal y financieros, entre otros, aclarando que no soy abogado ni economista, pero se debían contratar a profesionales para defender a posibles clientes”, afirmó Saona quien dijo que recibió un sueldo de 1.000 dólares. “Terminé siendo un gerente de fachada ya que todas las actividades desarrolladas en Legalcont eran siguiendo las instrucciones de Esteban Celi”.

En abril de 2019, el hermano del contralor habría solicitado a Saona que constituyera una empresa con el mismo nombre de Legalcont en Estados Unidos, pero por la ley norteamericana se denominó Legalcont LLC. El pago del supuesto soborno se habría hecho a través de una cuenta en Wells Fargo Bank.

Según un reporte de Migración, el último viaje que registró Saona fue hacia EEUU y no regresó al Ecuador.