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10 de Mayo del 2024
Historias
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10 de Mayo del 2024
Redacción Plan V
Juicio a Pólit: este es el Acuerdo de No Procesamiento entre Diego Sánchez y el gobierno de EE.UU.
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Diego Sánchez fue testigo en contra de Carlos Pólit, en el juicio en el que el Departamento de Justicia de EE.UU. le siguió por delitos vinculados al lavado de activos en ese país. Fotomontaje referencial: PlanV

El Acuerdo de No Procesamiento firmado entre el empresario ecuatoriano de seguros, Diego Sánchez Silva, y el gobierno de Estados Unidos, libra a Sánchez de un proceso de enjuiciamiento y cárcel, a cambio de haber pagado una multa de más USD 1,2 millones y acordar una serie de condiciones draconianas que lo ponen en manos del Departamento de Justicia de ese país.



 

El empresario de seguros y reaseguros, Diego Sánchez, fue testigo en contra de Carlos Pólit, en el juicio en el que el Departamento de Justicia de EE.UU. le siguió por seis delitos vinculados al lavado de activos en ese país, y luego del cual fue encontrado culpable. En su testimonio, Sánchez afirmó bajo juramento que había entregado 500 mil dólares al ex contralor para obtener beneficios comerciales con la estatal Seguros Sucre, y admitió haber cometido delito de soborno con el ex funcionario correísta José Serrano, aunque no especificó ni profundizó en ese hecho. Serrano negó cualquier vinculación con Sánchez en ese sentido.

Sánchez compareció en cumplimiento de un Acuerdo de No Enjuiciamiento, ANJ, entre el gobierno de EE.UU, y él. Como Gobierno, se especifica en el Acuerdo, constan el Departamento de Justicia de EE.UU. y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. El Acuerdo fue firmado el 10 de marzo del 2022, previo a una carta de solicitud al gobierno estadounidense el diciembre del 2019.

Ese acuerdo fue posible porque Sánchez Silva aceptó "que violó penalmente, entre otras normas penales federales la ley 18 U.S.C. § 1956, según se establece más detalladamente en el Anexo A de este Acuerdo. Se comprometió a no cometer ningún delito federal, estatal o local en el futuro; y aceptó cumplir de otro modo con todos los términos establecidos en este Acuerdo. Sánchez aceptó que las declaraciones fácticas establecidas en el Anexo A de este Acuerdo eran verdaderas y precisas.

Según el Acuerdo, Sánchez aceptó que los delitos establecidos contra él apoyan la confiscación civil de los fondos que recibió "a través de sus violaciones de la ley estadounidense bajo 18 U.S.C.§ 1956".

Las partes acordaron que Sánchez Silva pague una multa de USD1'282,244, pagaderos dentro de los 30 días siguientes a la firma del Acuerdo. También aceptó que Estados Unidos podrá buscar fondos adicionales en la medida en que estos sean confiscables según la ley de los EE.UU.

Sin embargo, este Acuerdo no se extiendía ni brindaba protección contra procesamientos por todas y cada una de las actividades y conductas cometidas por Sánchez en el futuro, y por las cometidas en el pasado que no tengan que ver con el delito cometido vinculado a este Acuerdo.

Sanchez a órdenes de EE.UU.

El Acuerdo impuso a Sánchez algunas obligaciones, que lo ha puesto a órdenes del gobierno de EE.UU. para revelar "veraz y completamente toda la información con con respecto a sus actividades y las actividades de otros en relación con todos los asuntos sobre los cuales el Gobierno le pregunte qué información puede utilizarse para cualquier fin". El empresario también aceptó cooperar plenamente con el Gobierno y cualquier otra agencia de aplicación de la ley u otra autoridad penal o civil, departamental, agencia u oficina en los Estados Unidos o en una jurisdicción extranjera designada por el Gobierno, siempre que dicho otro Departamento, agencia u oficina acepte estar obligado por este.

El empresario también está obligado a asistir a todos los procedimientos del gran jurado, audiencias, juicios, procedimientos judiciales y reuniones en las que el Gobierno pueda solicitar su presencia. También debe proporcionar al Gobierno, y previa solicitud, cualquier documento, registro u otra evidencia tangible relacionada con asuntos sobre los cuales el Gobierno o cualquier departamento, agencia u oficina designado le solicite. Sánchez debe, además, proporcionar información y testimonio veraces y completos cuando lo solicite el Gobierno, ya sea en entrevistas, ante un gran jurado o en cualquier juicio u otro procedimiento judicial con respecto a cualquier asunto sobre el cual el Gobierno pueda solicitarlo.

Informante y agente

A solicitud de EE.UU. también está obligado a trabajar en un papel encubierto para contactar y negociar con otras personas sospechosas y que se cree que están involucradas en conductas criminales indebidas, bajo la supervisión de, y en cumplimiento de agentes y agentes encargados de hacer cumplir la ley; y además debe "llamar la atención del Gobierno" sobre todos los delitos que haya cometido conforme a las leyes de cualquier jurisdicción, y todos los procedimientos, investigaciones o procesamientos administrativos, civiles o penales en los que haya sido o sea sujeto, objetivo, parte o testigo. Sánchez también debe brindar asistencia, bajo pedido, a los investigadores penales federales "únicamente de conformidad con las instrucciones específicas y bajo el control específico del Gobierno y de los investigadores penales federales designados".

Sánchez también aceptó que el Gobierno y los representantes encargados de hacer cumplir la ley designados puedan reunirse con él e interrogarlo sin la presencia de un abogado, a menos que solicite la presencia del abogado en dichas sesiones informativas y reuniones.

Si el empresario ecuatoriano viola cualquiera de las condiciones del Acuerdo, estará sujeto a proceso en los Estados Unidos por cualquier violación penal federal y a cualquier enjuiciamiento que no esté prescrito por las leyes aplicables.

El gobierno de EE.UU. se blindó en caso de incumplimiento del Acuerdo. Su plazo de prescripción "podrá iniciarse contra el Sr. Sánchez, sin perjuicio de la expiración del plazo de prescripción entre la firma de este Acuerdo y el comienzo de dicho proceso. Mediante este acuerdo Sánchez renuncia a todas las defensas basadas en el estatuto de limitaciones con respecto a cualquier proceso que no haya prescrito en la fecha en que se firma este Acuerdo. Mediante este Acuerdo Sánchez también renuncia a su derecho a presentar un reclamo basado en cualquier reclamo constitucional, estatutario o de otro tipo relacionado con la demora previa a la acusación o el derecho a un juicio rápido. Sánchez está de acuerdo en que estas exenciones son conscientes y voluntarias".

Sánchez admitió que queda "a la entera discreción" del Gobierno determinar si el ecuatoriano ha violado, total o parcialmente, algún término del Acuerdo. Sánchez se comprometió a no presentar ante ningún tribunal ningún reclamo o defensa de que no violó, total o parcialmente, un término de este Acuerdo.

Las partes acordaron que si el Gobierno de EE.UU. determina que Sánchez no ha sido veraz, o que cualquier término del Acuerdo ha sido violado, total o parcialmente, por Sánchez, el Gobierno está libre de sus obligaciones bajo este Acuerdo y puede iniciar adecuadamente un proceso contra él por cualquier conducta, incluida la conducta que dio pie a este Acuerdo.

Sánchez aceptó que, en caso de que el Gobierno determine a su entera discreción, que violó, total o parcialmente, un término de este Acuerdo, el empresario no hará valer y tendrá prohibido hacer valer cualquier reclamo o defensa y perdería su derecho a protección contra el procesamiento en virtud de este Acuerdo.

Además, en caso de violación del Acuerdo, el Anexo A y todas las declaraciones hechas por Sánchez al Gobierno u otro departamento, agencia u oficina designada, y cualquier testimonio brindado por él ante un gran jurado u otro tribunal, ya sea antes o después de la firma de este Acuerdo, y cualquier prueba obtenida de conformidad con las pistas de dichas declaraciones o testimonios será admisible contra el empresario ecuatoriano "en cualquier caso penal que el Gobierno presente contra Sánchez como: (a) prueba sustantiva ofrecida por el Gobierno en su caso principal y refutación caso; (b) pruebas de acusación ofrecidas por el Gobierno en el contrainterrogatorio; y (c) pruebas ofrecidas por el Gobierno en cualquier audiencia de sentencia u otra audiencia.

Además Sánchez aceptó no presentar ningún reclamo bajo la Constitución de los Estados Unidos, ningún estatuto, las Reglas Federales de Evidencia (incluida la Regla 410 de las Reglas Federales de Evidencia), las Reglas Federales de Procedimiento Penal (incluida la Regla 11 de la Reglas Federales de Procedimiento Penal), o las Pautas de Sentencia de los Estados Unidos (incluyendo USSG §1B1.1(a)) que las declaraciones contenidas en el Anexo A, el testimonio y las declaraciones hechas por Sánchez en las circunstancias descritas anteriormente en este párrafo, o cualquier prueba obtenida de conformidad con las pistas de dichas declaraciones o testimonios debe ser suprimida o de otro modo es inadmisible como prueba contra Sánchez (en cualquier forma) en cualquier caso penal que el Gobierno inicie contra él.

Sánchez aceptó renunciar a cualquier objeción en caso de que se produzca tal procesamiento y acordó "específicamente" no disputar el lugar, sin limitación, en el Sur Distrito de Florida. También a no tomar represalias, intentar tomar represalias ni ordenar a otros que tomen represalias contra cualquier persona debido a la cooperación de esa persona con la investigación del gobierno de este asunto. Al igual que no emprender acciones legales contra ningún individuo porque ese individuo proporcionó documentos o información al Gobierno.

Naturaleza vinculante del acuerdo

El Gobierno de EE.UU. puede traer la cooperación de Sánchez a la atención de otras fiscalías, tanto en Estados Unidos y jurisdicciones extranjeras si lo solicita Sánchez. Si el Gobierno recibe una solicitud de cualquier oficina policial local, estatal, federal o extranjera o Fiscalía para acceder a sus declaraciones, el Gobierno podrá proporcionar dicha información, pero lo hará sólo con la condición de que la oficina solicitante respete las disposiciones del presente Acuerdo.

Este Acuerdo reemplaza todos los entendimientos, acuerdos y/o condiciones anteriores, si los hubiera,, ya sean escritos u orales, incluida la carta de oferta relacionada con los documentos firmada el 10 de diciembre de 2019.

Por parte del Gobierno de EE.UU. el Acuerdo fue firmado por Joseph S. Beemterboer, que es el jefe interino de la Sección Fraude, División Penal, del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El fiscal Beemterboer, junto al fiscal general de Estados Unidos, fue uno de los fiscales que firmó la acusación contra el ex contralor Carlos Pólit, en marzo del 2022. 

 

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