Este es un cuento judicial. Se basa en una denuncia presentada ante la Dirección de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, por un abogado litigante, quiteño, que en representación de sus clientes ha señalado directamente la actuación de una agente fiscal de Pichincha y que sigue en el cargo.

En su denuncia, el abogado empieza por sus motivaciones: "es mi deber como ciudadano, y también como abogado, ayudar a la Fiscalía General del Estado a combatir la corrupción, sobre todo aquella en la cual se ecuentran involucrados funcionarios de la propia institución que, en lugar de combatir actos delictivos, los cometen. Caso contrario, el esfuerzo de esta administración seguirá encontrando barreras insondables en su lucha. Si hoy la Fiscalía tiene organizaciones criminales en su interior, ¿cómo pueden, entonces, enfrentar con legitimidad las organizaciones criminales de su interior?".

La denuncia trata de que esta fiscal, que tramitó los casos de dos clientes de este abogado, no relacionados entre sí, tuvo las mismas irregularidades en la designación de peritos, en acciones de allanamiento, en usar personal no autorizado para sus indagaciones... en una secuencia de trampas, ilegalidades y presuntos delitos para, según la denuncia, favorecer expresamente a una de las partes.

Es un embrollo que involucra a administradores de justicia, la fiscalía en este caso, y de cómo ouede esto convertirse en una pesadilla para los actores de los procesos investigativos y judiciales, gracias a la corrupción burocrática, donde se simulan sorteos, se falsifican informes, se atropellan procedimientos, de modo tan absurdo que solo el escritor checo Kafka podría relatarlos. 

Lo kafkiano se suele usar para describir situaciones innecesariamente complicadas o experiencias frustrantes, como puede ocurrir al verse obligado a sortear un laberinto de burocracia, donde una persona inmersa en un proceso puede quedar atrapado en situaciones impensables, ilógicas e improbables, según señala Alejandro Gamero, en la piedradesisifo.com

La primera pregunta que se hizo el denunciante, y que trasladó a la autoridad, fue si un fiscal puede designar un perito. Y la respuesta es no. El Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial 040-2014, vigente cuando sucedieron los hechos señala  en su Art. 15 que los funcionarios de la Fiscalía General del Estado designarán peritos por sorteo del Registro de peritos del Consejo de la Judicatura y "cuando dichos peritos se requieran de oficio, el sorteo se realizará de entre los peritos públicos de las instituciones" que constan en el artículo anterior.

Hay un procedimiento para el cumplimiento de esta norma: cuando la pericia es solicitada por una de las partes, la Fiscalía a cargo de la investigación debe disponer a través de una resolución, que se oficie a la Dirección de Investigación Civil de la Fiscalía General el sorteo de un perito especializado en el ámbito que se requiere para el caso concreto. La Dirección de Investigación hace el sorteo informático, del cual queda constancia, y remite el nombre del perito sorteado a la Fiscalía que lo requiere. Cuando el oficio de la Dirección de Investigación se incorpora al expediente, la Fiscalía notifica a las partes y al perito sorteado para que se pongan de acuerdo respecto a los honorarios. Si la parte que pide el perito y este llegan a un acuerdo económico, la parte notifica a la Fiscalía, la cual señala día y hora para la posesión, quien debe realizar la pericia en un tiempo determinado. Si la pericia hubiese sido ordenada por la propia Fiscalía, el procedimiento es el mismo, pero el pago lo hace la institución.

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Peritos propios y designados a dedo, sin sorteo

En el 2019, mediante impulso, la funcionaria pidió el sorteo de tres peritos, dos de traducción (inglés y holandés) y uno de informática. No dispuso, en este impulso, una pericia contable.

En los oficios que se remitieron a la Dirección de Investigación se pidió, en cambio, un perito en traducción inglés-español, uno en informática y un perito contable. Este último no constaba en el impulso. La fe de recepción de estos pedidos, de la Dirección de Investigación, nunca fue incorporada al expediente. Días después la Dirección de Investigación los adjunta con la constancia de los sorteos.

El pedido para el perito en idioma holandés no fue remitido, y en su lugar la funcionaria filtró un oficio con el que se solicitó un perito contable, que no constaba en el impulso fiscal. Lo que luego hizo la fiscal denunciada incurre, según la denuncia, en "falsedad ideológica": con el impulso fiscal número 9, la funcionaria incorporó al expediente los sorteos de los tres peritos y, en el mismo impulso, dijo haberles notificado (lo cual no ocurrió, pues no hay constancia de ello) y como supuestamente no habían acudido, designó por oficio y sin sorteo a otros tres peritos. Las notificaciones a los peritos "que no han comparecido", no constan en el expediente. La fiscal denunciada "cambiando el estado de las cosas, con el fin de inducir a engaño al juzgador, se inventa que notificó legal y en debida forma y utiliza ello como excusa para poder designar, de oficio, peritos afines a ella", dice el denunciante.

La presencia de peritos en las investigaciones es vital. Sin los peritos la investigación penal no se sustenta en "terceros confiables" que son estos expertos calificados por el Consejo de la Judicatura, cuyo peritaje en temas específicos, de acuerdo al caso, sustenta las evidencias que la Fiscalía debe presentar ante un juez, y en muchos casos son llamados a dar testimonio juramentado.

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El abogado denunciante consideró absurdo que recién en el Impulso 9 la funcionaria incorporara los sorteos de los peritos y en el mismo oficio afirmó haberlos notificado y dijo que no comparecieron. Además el Reglamento del Sistema Pericial manda a que la designación de peritos siempre es por sorteo y no existe en la norma la designación a dedo, ni en el reglamento ni en la ley.

El procedimiento que dicta la norma es que la notificación a los peritos debe constar por escrito en el expediente, para constancia procesal, si no responden debe ser notificados nuevamente y solo en el caso en que no comparezcan la fiscal debe informar al Consejo de la Judicatura el incumplimiento de sus funciones y solicitar un nuevo sorteo a la Dirección de Investigación Civil de la Fiscalía General, y todo esto por escrito, constando además en el e expediente. Nada de eso ocurrió.

Estos "peritos", que trabajan con la fiscal, fueron posesionados por la funcionaria luego de haber "simulado un sorteo" y "humillar el trabajo de la Dirección de Investigación Civil de la FGE". Lo hizo, dice el denunciante, "porque así la fiscal puede controlar los informes periciales" a su conveniencia. Así, ella consigue que los peritos no sean imparciales y que concluyan lo que ella acuerda con ellos para beneficio de la parte procesal a la cual se debe".

En la causa judicial en concreto, que en la cual este abogado actua como defensor, las pericias realizadas por "sus" peritos designados a dedo —que se adjuntaron sin factura, lo cual va contra el reglamento, y que fueron pagadas por la parte contraria— sirvieron para conseguir que su cliente sea llamado a juicio.

En el caso denunciado se buscó, dice el defensor, tener un beneficio indebido, "simulando un acto jurídico que alteró no solo el estado de cosas sino los medios de prueba que fueron anunciados ante el juzgador (...). Ello con el fin de que los jueces asuman que los sorteos (de los peritos) fueron legales y que se siguió el debido proceso". Esto se hizo falsificando indeológicamente un impulso fiscal en el momento en que una autoridad pública incluye, falsa y dolosamente, que los peritos sorteados fueron notificados legalmente.

El carro incautado ilegalmente y luego reportado como robado ...por la misma fiscal

El cliente, PP, del abogado denunciante tenía un vehículo.  La fiscal pidió al juez de la causa que lo incauten. El juez que lleva la causa negó el pedido. La parte contraria en el proceso sustentó el pedido a la fiscal alegando que el vehículo en poder de PP no era de él y lo estaba usando ilegalmente. En una foja del expediente, única verdad procesal, consta el informe del SRI en el cual señala que el último dueño del vehículo era PP. A pesar de eso, la fiscal solicitó la autorización judicial para incautar el carro. El juez resolvió que "no se ha presentado documentación alguna que justifique la existencia, individualización, propiedad o tenencia del mismo (por parte del denunciante), razón por la cual se niega el pedido de incautación requerido". Pero la fiscal ejecutó el allanamiento; fueron ella y los sargentos de la Policía PA y LY. En este allanamiento, según el acta se dice haber encontrado e incautado un vehículo tipo jeep (a pesar de la orden del juez de no incautación), lo catalogó como indicio y lo puso bajo custodia judicial. Igualmente incautaron y pusieron como indicio varias laptops y celulares encontrados en el lugar. Pero resulta que estos equipos electrónicos pertenecían a los anteriores abogados de PP, quienes no han sido denunciados ni son parte procesal y están protegidos constitucional y legalmente por la reserva del secreto profesional.

Uno de los agentes que participó en el allanamiento e incautación es el sargento PA. Según el abogado defensor, "es un agente que debería ser designado aleatoriamente por la Policía Judicial y con el que la fiscal trabaja sus casos". Este nombre se repetirá, según el denunciante, en los distintos casos que la fiscal maneja y que aparece en los mismos "por azar", pese a que la Policía Judicial dijo oficialmente y por escrito que "no existe registro del señor PA como agente investigador desde el 2019 hasta la presente fecha".

Sobre el vehículo incautado, contraviniendo una orden judicial la misma fiscal pidió y consiguió que fuera reportado como "robado". Esto porque, según el abogado que presentó la denuncia contra la funcionaria, "como ya en poder del vehículo está en apuros por incautarlo sin orden judicial, y conociendo que está en las bodegas de la Policía Judicial, decide reportarlo como robado". El sargento PA. —quien según información de la propia PJ no ha sido sorteado en este caso y tampoco en otros— formaría parte, junto con los mismos peritos "sorteados" de un grupo "de confianza" que trabaja con la funcionaria judicial, en este y otros casos, lo cual "confirma su asociación con determinados peritos".