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23 de Mayo del 2023
Historias
Lectura: 13 minutos
23 de Mayo del 2023
Redacción Plan V
La fiscal en la mira: los frentes abiertos de Diana Salazar
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Imagen: PlanV. Foto: Fiscalía

 

La fiscal general se enfrenta a varias instancias como el Consejo de la Judicatura, la Corte Provincial de Pichincha y el Consejo de Participación. Dos vocales del Consejo de la Judicatura y un juez de Pichincha son procesados por tráfico de influencias, mientras desde sectores cercanos al correísmo se cuestiona su título profesional. La fiscal denunció una posible destrucción de documentos en el Consejo de Participación y abrió una indagatoria al respecto.

Una campaña en internet denuncia una supuesta tesis con problemas de plagio. La autora de la tesis es la fiscal general, Diana Salazar, quien la presentó para obtener su título en la Universidad Central. La tesis versó sobre el coyoterismo y el tráfico ilegal de migrantes. Detrás de la campaña, según denuncian desde el entorno de la fiscal general, habría una operación política del correísmo para sacarla del cargo, pues ante la disolución de la Asamblea Nacional, el juicio político que los legisladores cesados habrían estado planificando no podrá realizarse. 

Las pruebas de un supuesto plagio en la tesis y en un libro de la fiscal Diana Salazar

Según publicaciones de medios digitales cercanos al correísmo, decenas de párrafos de la tesis presentan construcciones muy similares a obras de otros autores, publicados antes, que no han sido citados. 

Pero además de las campañas en redes sociales, la abogada Angélica Porras y el colectivo Acción Jurídica Popular han presentado un pedido de información al Consejo de Participación sobre el concurso en el cual se eligió a Salazar como fiscal general, que fue realizado por el Consejo Transitorio presidido por Julio César Trujillo. También han concurrido al Consejo de la Judicatura y a la Universidad Central, pidiendo que abra un expediente sobre el supuesto plagio.

Porras había señalado antes de la disolución de la Asamblea Nacional, que Salazar debía ser destituida por el Legislativo, con base en estas denuncias de un supuesto plagio. Sostuvo también que el proceso que la fiscal inició contra los vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo tenía la intención de agradar al correísmo, luego de haber perdido el apoyo de Guillermo Lasso tras haber ordenado un allanamiento en Palacio de Carondelet. 

En el documento presentado contra la fiscal, constan los nombres de Freddy Carrión, ex defensor del Pueblo condenado por abuso sexual, y de su esposa, Patricia Schettini, así como de los abogados que conforman la Acción Jurídica Popular.

Schettini, ha usado en contra de la fiscal un documento en el que compara lo que parecen ser textos de otros autores con lo que habría presentado la fiscal como tesis de grado.

Diana Salazar y su trayectoria

El concurso realizado por el Consejo Transitorio se convocó en diciembre de 2018, y el 8 de abril de 2019 Diana Salazar fue posesionada en el cargo de fiscal general por la Asamblea Nacional. Ese concurso se realizó con base en un Mandato, que reglamentó la selección de candidatos. Entre las advertencias sobre los documentos, el Mandato establecía que la presentación de documentos que busquen inducir al error al Consejo sería causal de descalificación. El concurso contó con 28 postulantes, de los que finalmente quedaron cinco. 

La Asamblea Nacional posesionó en 2019 a Diana Salazar como fiscal general. Foto: Fiscalía General del Estado

En diciembre de 2006, se realizó en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central el grado de doctora en Jurisprudencia de Diana Salazar. La tesis presentada obtuvo una nota de 9, equivalente a muy buena, por lo que se concedió el grado. Desde 2001 hasta 2017 había sido asistente fiscal en la Fiscalía Provincial de Pichincha, entre 2007 y 2011 fue secretaria de fiscales, de 2011 a 2018 fue fiscal en Pichincha, y desde 2018 hasta su posesión como fiscal general, se desempeñó como directora de la Unidad de Análisis Financiero. 

Pero según el escrito presentado por la Acción Jurídica Popular, Salazar habría faltado a la verdad cuando declaró que era la autora tanto de la tesis, cuanto de un libro titulado "Análisis jurídico del delito de lavado de activos". La denuncia sostiene también que en el concurso Salazar fue calificada como autora de libros y artículos académicos, algunos de los cuales fueron publicados en periódicos y revistas no académicas. Sobre el libro, se argumenta que no tiene suficientes páginas para ser considerado uno, sino solamente una especie de folleto que, además, también tendría varios párrafos sacados, sin citar, de otros documentos. 

¿Qué busca la campaña? Schettini sostiene que el propio reglamento con el cual se realizó el concurso en el cual se designó a Salazar incluía como causal de descalificación el presentar documentos adulterados o sin valor, en lo que parece un intento de que el actual Consejo, cercano al correísmo, pueda promover algún tipo de revisión de la designación de la funcionaria.

En su escrito presentado ante la Consejo de Participación, la Acción Jurídica Popular solicitó que se realice una audiencia pública con la presencia de Salazar en el pleno del Consejo.

La denuncia ante el Consejo de la Judicatura

Otro documento, con un contenido similar, fue presentado al Consejo de la Judicatura, en donde se precisa en cambio que, según el Código Orgánico de la Función Judicial es causal de destitución el haber presentado documentos falsos durante la selección en un concurso. De ahí que se pide a la Judicatura la apertura de un expediente y de un proceso de destitución contra la fiscal, en cuanto funcionaria judicial.  Además, se pidió como medida preventiva la suspensión sin salario de la fiscal. 

Los críticos de la fiscal intentan también que el Consejo de la Judicatura conozca el caso y la suspenda sin sueldo y que la Universidad Central anule su título, que significaría la imposibilidad de que Salazar continúe en el cargo.

Hay quienes sostienen que, inclusive, de darse ese caso, se buscaría anular los dictámenes fiscales emitidos por Salazar, aunque aquello ha sido descartado por abogados consultados por este medio digital, pues no habría forma de invalidar ni los dictámenes ni las sentencias ya dictadas, como sería la condena contra Rafael Correa en el caso Sobornos.

La fiscal se cura en salud

Pero la fiscal se anticipó a cualquier tipo de acción propuesta en su contra por el nuevo Consejo de Participación, presidido por el ex abogado de Rafael Correa, Alembert Vera. La semana anterior, Vera dijo que se abrió en contra de todos los nuevos integrantes del Consejo una indagatoria penal por una posible desaparición de los documentos del concurso realizado por el Consejo Transitorio.

Aunque todo el expediente del caso se encuentra colgado en la página web del Consejo, incluyendo la carpeta de Salazar, que tiene casi 900 hojas, la fiscal presentó una denuncia en su propia institución, por una presunta adulteración de los documentos del concurso, que está siendo instruida por el fiscal Wilson Toainga. 

Según explicó Vera en una rueda de prensa, la Fiscalía, ante la denuncia de la propia Salazar, solicitó los documentos del concurso de 2018, que fueron mostrados por el funcionario en la rueda de prensa.

Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación, dijo que la fiscal podría estar iniciando una persecución. Foto: El Universo

Vera sostuvo que nunca se pidieron los documentos "de forma civilizada" por parte de la fiscalía, que más bien abrió una indagatoria y un impulso fiscal, lo que a Vera le parece una amenaza para la institución. 

Pero no se trata de los primeros cuestionamientos al concurso en el cual fue electa Diana Salazar. Según una veeduría del Observatorio Judicial de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, realizada al concurso de méritos, una parte importante de la calificación en el proceso fue la comparecencia oral, en la que Diana Salazar recibió la nota más alta (de 30 puntos) por parte de Julio César Trujillo, Pablo Dávila y Luis Hernández, mientras los otros consejeros le dieron puntajes menores: Eduardo Mendoza 29, Xavier Zavala 24 y Luis Macas 26, mientras la consejera Miriam Félix no la calificó. El promedio de Salazar fue de 28.17 sobre 30 en esa etapa del concurso. Durante la etapa de impugnaciones, no se presentó ninguna relacionada con el supuesto plagio de la tesis de la fiscal. 

Las notas finales de Salazar en el concurso fueron 49 en méritos, 10 en el examen oral, 28,17 por la comparecencia oral, y un punto por acción afirmativa, lo que le dio un puntaje final de 88.17. Pero la mayor parte de la ventaja que obtuvo Salazar provino de las calificaciones de los consejeros, sobre todo, de los más cercanos a Julio César Trujillo. 

¿Qué podrían hacer contra Diana Salazar?

El pedido presentado al Consejo de la Judicatura busca la destitución de Salazar. Pero no es el primer roce que tiene la funcionaria con la entidad. Además del enjuiciamiento penal de los consejeros Maribel Barreno y Juan José Morillo, la fiscal ordenó un allanamiento al Consejo para buscar más indicios en los propios despachos de ambos consejeros, el pasado 12 de mayo. La diligencia fue calificada por el actual presidente de la Judicatura, Wilman Terán, como un intento de persecución. La Fiscalía, de su lado, habló de una nueva indagatoria relacionada con el delito de obstrucción de la justicia, que podrían haber cometido los consejeros investigados.

El 12 de mayo, los despachos de dos vocales del Consejo de la Judicatura fueron allanados por la Fiscalía. Foto: Twitter Fiscalía

Otro de los integrantes del Consejo, Xavier Muñoz, fue también allanado este 17 de mayo, por un supuesto delito de lavado de activos, que estaría relacionado con su pasado como abogado.

La denuncia presentada por la Acción Jurídica Popular podría convertirse en un elemento que los vocales bajo investigación podrían usar en su defensa, acogiendo el criterio de que la fiscal Diana Salazar, en cuanto funcionaria judicial, puede ser sancionada y destituida disciplinariamente por el pleno de la Judicatura.  

Mientras tanto, en el Consejo de Participación, las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio de Julio César Trujillo tienen un blindaje especial. En mayo de 2019, la Corte Constitucional emitió un dictamen interpretativo solicitado por el propio Julio César Trujillo.

En él se argumentó que el Transitorio, al haber surgido de un régimen especial dispuesto por una consulta popular, tenía facultades que no tiene habitualmente el Consejo de Participación, que concluyeron una vez que dicho Consejo cesó en funciones.

Por ello, el dictamen de la Corte estableció que "el Consejo de Particupación Ciudadana definitivo no ostenta las competencias extraordinarias" que el régimen de transición había otorgado al Consejo Transitorio, por lo que "no goza de autotutela para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio". Esto significa que ninguna de las decisiones del Consejo de Trujillo, entre ellas, la designación de Diana Salazar, tendría forma de ser revisada por el actual Consejo de Participación, que podría tomar una decisión con una mayoría de solo cuatro votos. 

El rector de la Universidad Central, Fernando Sempértegui, anunció la conformación de una comisión académica para analizar el presunto plagio de la tesis de Salazar, que se tomará un mes para emitir un informe para la consideración del Consejo Universitario. El rector no aclaró si el Consejo tiene facultades para retirar el título de la fiscal en caso de confirmar la irregularidad. 

 

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