Después de casi un año y medio que iniciara el proceso contra Furukawa, la Fiscalía asegura tener los elementos suficientes para demostrar que la empresa y sus más altos directivos participaron presuntamente en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral contra más de 100 trabajadores y extrabajadores.

El pasado 27 de febrero, la jueza Susana Sotomayor, de la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo, llamó a juicio a Marcelo A., uno de los gerentes que más tiempo estuvo al frente de la compañía, como autor director. También irán a juicio, como coautores del delito, Hugo Ch. y Paúl B., exdirectivos de Furukawa.

Asimismo, la jueza resolvió llamar a juicio a Furukawa Plantaciones C.A., empresa que se dedica a la producción y venta de abacá, una fibra vegetal altamente demandada por industrias alimenticias y hasta automotrices por su resistencia.

Esta es la primera vez que una compañía es acusada en el país por el delito de trata con fines de explotación laboral. Es procesada como autora mediata del delito. En Ecuador, la trata de personas está vigente como delito autónomo desde el 2005. Pero solo desde 2014, con el Código Orgánico Integral Penal, se pueden procesar a las empresas por ciertos delitos, entre ellos, trata.

Furukawa, además, tiene otra particularidad: es el primer caso con un gran número de víctimas. Por eso, es un precedente en el país, dijo la fiscal María Susana Rodríguez.

La fiscal recordó que la investigación inició después de que la Defensoría del Pueblo emitiera un informe, en 2019, donde señaló a Furukawa por haber afectado las condiciones de vida, vivienda y trabajo dignos de sus trabajadores, “lo que habrían configurado una forma de servidumbre de la gleba, forma contemporánea de esclavitud”. Plan V y La Barra Espaciadora contaron esta historia en una serie de reportajes. 

En ese informe ya se mencionaba la existencia de una ‘simulación laboral’, que consistía en el uso de contratos de arrendamiento por parte Furukawa con sus abacaleros para evitar una relación de dependencia. Pero estaban condicionados a vender toda su producción a la empresa.

“Era un control concreto de qué produce, de cómo produce y a quién se destina esa producción. Y además se condiciona el pago del canon del arrendamiento a lo que ellos produzcan en la tierra, por eso se habla de simulación de arrendamiento. Lo que querían sacarse de encima era la relación laboral que sí o sí tenían con ellos”, explicó la fiscal Rodríguez.

Foto: Facebook Furukawa nunca más

Este fue uno de los elementos que la Fiscalía investigó. Para ello, solicitó una pericia contable sobre Furukawa. Allí se encontró que, en la junta de la empresa, del 16 de febrero del 2011, se resolvió cambiar el modelo productivo de la compañía e implementar estos contratos de arrendamiento “como un modelo de producción para generar más ingresos”, dijo la fiscal. Este cambio tiene como antecedente la prohibición de la tercerización en la Constitución de 2008.

La fiscal agregó que, a partir de 2011, Furukawa empezó a crecer económicamente hasta que 2019 cuando salió el informe de la Defensoría del Pueblo.

La Fiscalía también recurrió a una pericia en derecho laboral que concluyó también que hubo una simulación laboral, que se ‘disfrazó’ con figuras civiles para el arrendamiento de la tierra, y que esto se hizo con el ánimo de afectar los derechos de los trabajadores. Para Furukawa la relación arrendataria es una relación civil plenamente válida y no se puede juzgar a la empresa por actos de terceros, es decir por los arrendatarios.

Según la investigación fiscal, a partir de 2011, Furukawa dejó de pagar directamente a los abacaleros y, con el nuevo modelo, el arrendatario fue el encargado de hacerlo. Esta persona debía pagar el costo del arrendamiento que se fijó en $50 por tonelada de abacá. Aunque era un incentivo para producir más abacá, también implicó un mayor valor del arriendo. “Por ejemplo, si produje dos toneladas pagaré $100 de arriendo, pero si produje tres toneladas pagaré $150”, explicó la fiscal.

En otras palabras, los trabajadores empezaron a pagar a la empresa por utilizar su tierra para sembrar y producir el abacá que solo podían vender a Furukawa. La Fiscalía reunió contratos desde el 2013 hasta el 2018 para sustentar su acusación. A su vez, la empresa pagaba -según Fiscalía- $0,50 centavos por tonguillo, que son los bultos de fibra de abacá sacada de los tallos de la planta.

Además de pagar el arriendo, los trabajadores debían asumir el costo de los insumos, incluido el machete. “La empresa no les daba nada”, dijo Rodríguez. Al final, los abacaleros recibían un sueldo muy inferior al salario básico. “Por eso se entienden las condiciones de pobreza a la que estas personas eran sometidas, y el sometimiento es uno de los elementos de la trata de personas”, manifestó.

La defensa de la empresa, en la audiencia preparatoria de juicio, acusó a los arrendatarios de explotar a los trabajadores. “Los arrendatarios abusaron de esta posición y precisamente para querer ganar más es que subcontrataron a familiares o terceras personas para que hagan el trabajo, lo que ellos tenían que se habían comprometido a realizar, pero de manera proporcionada, la compañía jamás les impuso ni se llegó a generar toneladas mensuales específicas o les impuso la obligación de contratar personal específico, simplemente se pactó a un precio por tonelada y dependía de cada arrendatario el generar o producir y el plazo es de un año”, sostuvo el abogado de la compañía, Juan Andrés Carrión.

El jurista añadió que Furukawa, al tener miles de hectáreas, le resultaba “imposible” tener un control de lo que sucedía en sus haciendas, pues era algo que no le competía. “La compañía tenía una relación exclusiva con el arrendatario y con el horario, y lamentablemente, señora jueza, si es que existió este tipo de subordinación o sentimiento forzoso, la compañía no tuvo conocimiento de esto durante todo este tiempo”, aseguró.

Los trabajadores han sufrido mutilaciones por el uso de la máquina desfibradora que sirve para quitar el exceso de agua del abacá. Foto: Luis Argüello / PlanV

Foto: Facebook Furukawa nunca más

Para la fiscal, el arrendatario era un trabajador más, que era parte de un grupo vulnerable, pues la mayoría de los jornaleros eran analfabetos o muchos no habían sido ni siquiera inscritos en el Registro Civil. Ella recuerda que Furukawa solicitó que se oficie al Registro de la Propiedad y a la Agencia Nacional de Tránsito para identificar los bienes de los arrendatarios.

Según la fiscal, en esos registros apareció una persona con una moto y otro con un vehículo. Ninguno tenía vivienda propia y por eso se quedaron en los campamentos que había en las haciendas, que no tenían servicios básicos. “Fueron personas que vivieron por décadas sin luz, sin agua y sin lugares destinados para servicios higiénicos. Tomaban agua de pozos o de esteros contaminados por la propia producción”.

Además del reconocimiento del lugar de los hechos para confirmar las condiciones de vida de estos trabajadores, la Fiscalía pidió información a las empresas de luz y agua potable que certificaron que en ninguno de esos campamentos tenían esos servicios.

Cientos de versiones y más pericias

La Fiscalía tomó las versiones de alrededor de 100 víctimas. Muchas coincidieron en que empezaron a trabajar siendo menores de edad, a los 10 o 12 años. Una pericia antropológica determinó que había una mano de obra infantil que no ha sido reconocida por la empresa. Lo mismo sostuvo una pericia de trabajo social que mencionó que se recurrió al trabajo de menores para producir más abacá.

Esta también registró que la mayoría de los trabajadores provenían de hogares desestructurados, marcados por la pobreza, sin educación, ni vivienda, en su mayoría migrantes internos y externos, con horarios de trabajo que llegaban a las 13 horas diarias y sin beneficios de ley.

Mientras que una pericia de contexto de género estableció que existió una relación desigualdad no solo entre géneros sino principalmente con la empresa, que es la que tiene el poder.

También la Fiscalía hizo pericias psicológicas que fueron aplicadas a 75 víctimas. Tres peritos entrevistaron a ese grupo. Tenían historias comunes sobre su bajo nivel de educación, pobreza y restricciones por faltas de oportunidades laborales. En ese informe, dice la fiscal, se habla de ‘víctimas hereditarias’ porque crecieron en un círculo de pobreza y que los trabajadores veían esa situación como algo normal. Una pericia sociopolítica reforzó este argumento y asentó que la pobreza cíclica es uno de los rasgos más distintivos entre los trabajadores, según la fiscal.

Muchas de los abacaleros presentaron ansiedad, miedo y estrés por los problemas generados por los bajos ingresos, la falta de seguridad social y por al propio enfrentamiento que se generó con la empresa para exigir sus derechos.

Entre los entrevistados también estuvo un grupo de extrabajadores que dijeron que la empresa los desvinculaba sin ningún problema porque no había un contrato de por medio y eso perjudicaba sus derechos. Desde 2015, la empresa empezó a registrar los primeros contratos, a pesar de que había iniciado relaciones laborales con algunas víctimas desde 1999, según la fiscal. En caso de que la empresa fuera declarada como culpable en el juicio, la sanción es la extinción, explicó Rodríguez.

“No estamos hablando solo de que no se pagaba los beneficios de ley, que había una jornada excesiva -que la había-, que no se pagaba el salario básico -que no se pagaba-, que no les daban condiciones laborales como la vestimenta y la materia prima. ¿Por qué hablamos de trata? En este caso no solo se trastocan derechos laborales, sino que se trastoca la dignidad de las personas. El momento de que se trastoca la dignidad de las personas, estamos hablando de trata de personas”, manifestó Rodríguez.

La Fiscalía pidió también una pericia social. En total, para este caso se hizo ocho peritajes.

Furukawa cuestionó algunos de estos peritajes y pidió sus propios exámenes. Por ejemplo, solicitó un meta peritaje antropológico que, según la defensa de la empresa, contradice al realizado por la Fiscalía. Ese informe “establece que un antropólogo no es un analista jurídico” y que “en un peritaje antropológico se debe determinar lugar, espacio” o una etnia sobre la cual se hace el estudio y esto no se habría dado, según refirió el abogado Carrión.

La empresa Furukawa ha negado que en sus haciendas ha existido trabajo infantil. Pero la mayoría de testimonios de las víctimas aseguran que iniciaron a laborar en esos predios desde los 12 o 13 años.

Los cargos contra los acusados

La Fiscalía acusó a Marcelo A. y Hugo Ch. por establecer los contratos de arrendamiento, en 2011. Marcelo A. fue gerente de Furukawa entre 2007 y 2019. Mientras que Hugo Ch. fue gerente comercial desde el 2001. Mientras que Paúl B. fue jefe de campo y gerente de recursos humanos; la Fiscalía lo acusa de implementar esos contratos.

Patricio Abad, defensor de Marcelo A., sostuvo que él actuó como gerente general de Furukawa desde Quito, “únicamente para temas de índole legal, a los cuales corresponden su formación y ejercicio de la profesión, nunca actuó en forma presencial como gerente general de Furukawa en Santo Domingo”. Dijo que fue gerente de otras empresas y que demás fue Cónsul General del Reino de Noruega durante 16 años.

El jurista agregó que las decisiones sobre la producción y la comercialización de abacá no las tomaba el gerente, sino el directorio, además de que el manejo contable y productivo de la empresa se lo llevaba en Santo Domingo, “sin que sea responsabilidad de Marcelo A.”.

“Las presuntas las víctimas que han rendido versión nunca mencionan a Marcelo A. como la persona que estuvo en las haciendas o quien dirigía las haciendas, o con quien tomara un contacto para trabajar en la empresa o en las haciendas de los arrendatarios”, fue otro de los argumentos.

Juan Manuel Bermúdez, abogado de Hugo Ch., pidió la nulidad del proceso porque a su criterio se violó el debido proceso.

La jueza de Santo Domingo dictó el sobreseimiento a favor de Ángel S. y Adrián H. debido a que sus actuaciones estarían fuera del tiempo en que se habría cometido el delito. Pero la Fiscalía anunció que apelará esa decisión.