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14 de Noviembre del 2023
Historias
Lectura: 11 minutos
14 de Noviembre del 2023
Redacción Plan V
La Iglesia católica, entre los perjudicados de la millonaria estafa de Biscayne Capital que no podrán recuperar su dinero
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Portada: Fotos: Adobe Stock. Fotomontaje referencial: PlanV

 

La autoridad financiera de EEUU falló en contra de más de 100 perjudicados de Biscayne Capital, la mayoría ecuatorianos. La entidad norteamericana no dio paso a las indemnizaciones que pidieron los afectados de un esquema Ponzi orquestado por esa empresa entre 2013 y 2018. Esta resolución llega después de cinco años.


Un reciente documento oficial de EEUU reveló que más de 100 perjudicados de un esquema Ponzi -un fraude con el cual los estafadores consiguen pagar los intereses de una inversión con el mismo dinero invertido- no podrán recuperar su dinero. La mayoría de ellos son ecuatorianos y entre los estafados se encuentra la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y otras instituciones de la Iglesia católica del país.

En agosto de 2018, los agraviados presentaron una demanda ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de EEUU (FINRA, por sus siglas en inglés) contra las firmas Raymond James Associates, Raymond James Financial Services e Insight Securities, un corredor de bolsa independiente con sede en Chicago. Las tres estuvieron vinculadas a Biscayne Capital.

Los demandantes alegaron que fueron víctimas de un fraude masivo realizado por promotores de proyectos inmobiliarios en Florida que tenían dificultades financieras. Sostuvieron que sufrieron pérdidas tras haber adquirido en sus cuentas de inversión productos de propiedad de las empresas relacionadas con Biscayne Capital.

El centenar de demandantes solicitó una indemnización total por daños y perjuicios por USD 29,3 millones. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, por ejemplo, pidió una compensación por USD 1,1 millones más intereses. Pero no es la única entidad religiosa del país. Entre los perjudicados también está el Consejo Gubernativo de Bienes Diocesanos Tulcán que reclamó USD 766.408. De igual manera, el Vicariato Apostólico de Esmeraldas requirió USD 763.437. En el Vicariato, uno de los mencionados es el obispo Eugenio Arellano. Plan V pidió un comentario a las tres instituciones sobre este documento, mediante correo electrónico. También llamó a los números disponibles públicos, pero no atendieron. Solo el Vicariato contestó, pero dijo que no se pronunciaría.

30 MILLONES DE DÓLARES pidieron más de 100 perjudicados de Biscayne capital como Indemnización por el fraude. Pero su solicitud fue negada por falta de pruebas contra las firmas demandadas.

En la lista también consta, como persona particular, monseñor Antonio Arregui, exarzobispo de Guayaquil, quien reclamó una indemnización por USD 345,586. Plan V no pudo ubicar su número telefónico actualizado, ni correo electrónico.

La mayoría de los demandantes son personas particulares o grupos familiares. Pero también están tres empresas, que fueron constituidas bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas, que son consideradas como uno de los principales paraísos fiscales del mundo. Tienen su dirección en las Islas, sin embargo, sus libros y registros se mantienen en sus oficinas en Quito. También hay una empresa nacional de suministros médicos y una comercializadora de bienes. 

Un revés para los estafados

Los montos de las estafas van desde los USD 21.000 hasta los USD 1,9 millones y las inversiones se llevaron a cabo aproximadamente desde 2013 hasta 2017.

Pero el pasado 1 de noviembre, después de más de cinco años de la demanda, FINRA exoneró de la estafa a Raymond James. En 2020, Insight Securities ya había sido desestimado del caso.

FINRA es una organización reguladora independiente autorizada por el gobierno federal para asegurar que los inversionistas de EEUU estén protegidos. FINRA explicó su decisión en un documento de 33 páginas. “Los árbitros de FINRA rara vez revelan el razonamiento detrás de sus decisiones. Pero esta semana, un panel entró en detalles inusuales para explicar a las víctimas latinoamericanas de un esquema Ponzi por qué no podrán cobrar daños y perjuicios a una corredora importante”, destacó el portal Investment News, que publicó la noticia.

“Este caso implica pérdidas financieras trágicas y desgarradoras sufridas principalmente por ciudadanos individuales de la República de Ecuador, así como por entidades empresariales ecuatorianas y una organización religiosa. Más de ciento treinta demandantes se unieron para presentar este arbitraje debido a su vínculo común de haber tenido la gran desgracia de haber conocido a E.H. o a un miembro de su equipo en B.S. Corp., una empresa ecuatoriana, y de haber adquirido en sus cuentas de inversión, a sabiendas o no, productos de propiedad de las empresas relacionadas con Biscayne Capital”, empieza la explicación de FINRA.

FINRA, la autoridad financiera de EEUU, mostró su solidaridad con los perjudicados por Biscayne, la mayoría de ellos ecuatorianos. Foto: Zona Trading

Las siglas E.H. se refieren a Edith Hinojosa, quien fue representante de Biscayne Capital que tenía su sede en Quito. Hinojosa ahora vive en Florida, informó InvestmentNews.

Biscayne Capital es una entidad domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Roberto Gustavo Cortés Ripalda, un empresario guayaquileño de 56 años, fundó esa empresa en 2005. Según documentos judiciales de EEUU, entre 2013 y 2018, él y otras personas orquestaron un plan para defraudar a los clientes de Biscayne Capital “a través de una serie de mentiras sobre cómo la empresa usaría los fondos de los clientes”, dice un reporte del Departamento de Justicia de EEUU.

93 personas rindieron su testimonio ante árbitros de la la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de EEUU. 

Según la justicia norteamericana, Cortés y sus cómplices dijeron a sus clientes que sus inversiones financiarían el desarrollo de proyectos inmobiliarios, cuando en realidad utilizaron el dinero para pagar a otros clientes de Biscayne Capital, para cubrir gastos de la empresa y para pagarse así mismos millones de dólares. También invirtieron el dinero de los clientes sin su conocimiento y luego intentaron cubrir sus huellas al entregar a los inversores estados de cuenta fraudulentos. Este tipo de fraude conocido como Ponzi colapsó en septiembre de 2018 y Biscayne Capital entró en liquidación. Se estima en más de USD 155 millones las pérdidas de los clientes de Biscayne Capital.

Cortés se declaró culpable de cometer fraude electrónico, el pasado 13 de septiembre. Aceptó el decomiso de USD 3,4 millones. Está previsto que Cortés sea sentenciado el 12 de enero de 2024 y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.   

Pero los perjudicados dirigieron su demanda a Raymond James Associates, Raymond James Financial Services e Insight Securities porque fueron las empresas de compensación en Biscayne. Estas compañías son miembros de bolsas que sirven como puente entre los corredores de bolsa y los inversores en EEUU. Su función es garantizar que las operaciones se liquiden adecuadamente. Raymond James fue la primera empresa de compensación de Biscayne hasta que renunció a esa cuenta en 2016. Luego, Insight Securities reemplazó a Raymond James. Esta última empresa restringió la compra de colocaciones privadas y el esquema Ponzi colapsó en 2017, dijo Carlos Legaspy, propietario de Insight Securities, al portal Investment News. Legaspy participó en las audiencias de arbitraje y se mostró satisfecho con el fallo porque dijo que los demandantes quisieron “culpar a terceros inocentes”.

Según los árbitros de FINRA, los demandantes no pudieron demostrar que Raymond James conociera sobre el esquema Ponzi o del fraude. Además, tampoco pudieron probar que esta firma haya violado alguna ley norteamericana.

Para FINRA, los demandantes fueron engañados por Hinojosa. “El Panel siente una gran empatía por el hecho de que muchos de los reclamantes perdieron porciones significativas o todos los ahorros de toda su vida debido a su relación con E.H. y su equipo en B.S. Corp.”, dice la resolución de los árbitros. Ellos señalaron a Biscayne Capital BVI, Ltd., domiciliada también en las Islas Vírgenes Británicas, como la empresa de compensación de Biscayne Capital, que no estuvo registrada ante la Comisión Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) ni ante la FINRA, lo cual dificultó que la demanda prosperara.

Años de testimonios

Desde febrero de 2019 hasta agosto de este año, un panel de tres árbitros de FINRA escucharon el testimonio de 93 personas afectadas por Biscayne Capital. Fueron en total 326 sesiones, donde los demandantes relataron su situación. El documento del FINRA los describió como angustiados y devastados por sus grandes pérdidas financieras y mencionó que algunos de ellos no sobrevivieron a la resolución final de este caso y por eso expresaron su solidaridad.

Sin embargo, al no encontrar pruebas contra las empresas de compensación de Biscayne, no solo rechazaron el pedido de indemnización de los demandantes sino que les impuso el pago de USD 355.725 por los costos de las audiencias desde 2019.

En estas sesiones, la gran mayoría de los afectados utilizó los servicios de un intérprete y se hicieron por videoconferencia a través de la plataforma Zoom. Las sesiones virtuales se desarrollaron a lo largo de un periodo de dos años y medio y los alegatos finales fueron presenciales en Miami, Florida, durante seis días.

En sus alegatos finales, dice la resolución, los abogados de todas las partes imploraron al panel que revisara cuidadosamente los testimonios, las pruebas documentales y la jurisprudencia citada. El panel defendió su fallo así: “Anticipándose a una larga audiencia, los árbitros tomaron notas detalladas del procedimiento desde el principio. Para garantizar un laudo justo y equitativo, al término de la audiencia final, el panel revisó exhaustivamente sus notas, revisó las transcripciones de los testimonios pertinentes, revisó las pruebas documentales pertinentes y revisó las partes pertinentes de la jurisprudencia citada por las partes para dictar este laudo”.

El caso de Biscayne Capital, que se ventila en EEUU, tiene un fuerte coletazo en Ecuador. Investigaciones periodísticas han identificado que los dineros de los sobornos de la corrupción de Petroecuador, Seguros Sucre y Odebrecht pasaron por Biscayne Capital y sus empresas relacionadas, según diario El Universo. En el documento FINRA, por ejemplo, se exponen dudas sobre las inversiones de algunos demandados como Plan V explicará en una segunda entrega, este miércoles.

 

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