La crisis judicial sube de tono. En la madrugada de este jueves, 28 de septiembre, el juez nacional Walter Macías llamó a juicio a Maribel Barreno y Juan José Morrillo, vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), por su supuesto tráfico de influencias. Esto dentro del caso Vocales que la Fiscalía sigue contra los dos y el juez Vladimir Jhayya. 

Macías acogió el pedido de la fiscal Diana Salazar, quien señaló a Barreno y Morillo como autores del presunto delito y a Jhayya como cómplice. Esta investigación nació después de la filtración de un audio de una conversación entre los dos vocales de la Judicatura y tres jueces. 

Según la Fiscalía, Morrillo y Barreno, con la colaboración de Jhayya, ejercieron influencia en Gustavo Xavier Osejo, juez de Pichincha, para obtener una resolución favorable y célere dentro de una acción de protección que presentó Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea. Llori buscaba impedir su destitución del Legislativo. El audio de 71 minutos, sin embargo, reveló más muñequeos en la justicia. 

La Fiscal mencionó 44 elementos de convicción para llamar a juicio a los funcionarios judiciales. Al final, solicitó prisión preventiva para Barreno. Macías también acogió este pedido por considerar que Barreno pretende evadir la acción de la justicia durante el proceso. 

Macías y Barreno han tenido una disputa abierta dentro de este proceso. Macías, quien  tramitaba el Caso vocales, convocó a la audiencia para la formulación de cargos contra Barreno, Morillo y Jhayya, el pasado 4 de mayo. Pero previo a su instalación, Barreno recusó a Macías por una presunta enemistad manifiesta. La vocal sostuvo que ella había participado en sanciones contra familiares de Macías que también son funcionarios judiciales.

Una semana después, la Judicatura suspendió al juez Macías únicamente con los votos de Wilman Terán, presidente de la Judicatura, y Xavier Muñoz, vocal del organismo. Junto con Barreno, los tres conforman la mayoría en el CJ integrado por cinco vocales. Desde entonces Macías y la Judicatura ingresaron a una disputa abierta que intentó su destitución definitiva. Pero el magistrado recuperó su cargo tras presentar una acción de protección. 

A esta pugna se sumó la Fiscalía que apoyó al juez Macías. El Ministerio Público abrió una investigación contra Terán, Muñoz y Barreno por supuesta obstrucción en la justicia por participar en la destitución del juez Macías, el pasado 19 de agosto. 

La Fiscalía también sigue un proceso contra Muñoz por supuesto lavado de activos. Fausto Murillo, expresidente del CJ, es el único vocal que no tiene un proceso legal. 

El juez Macías también pidió medidas de protección para el fiscal a cargo de la causa y su equipo, además de los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, que lo integra Macías. 

Salazar también solicitó medidas de protección para Wilson Toainga, fiscal general subrogante, “ante la reprochable actuación de las máximas autoridades de la Judicatura, ya que nada garantiza que haya respeto al principio de independencia”.