En la crisis del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) un nombre ha sido recurrente. Se trata de Karly Vargas, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón. Ella aceptó otorgar medidas cautelares a favor de Sofía Almedia, presidenta del CPCCS. Aprobó el pedido bajo el argumento de que se violentaba la seguridad jurídica de Almeida, pues el Pleno de ese Consejo no tenía la atribución de destituir a la máxima autoridad. Esto solo se podía hacer, dijo la jueza, a través de un juicio político en la Asamblea Nacional. El 10 de febrero pasado, el Consejo de la Judicatura la suspendió por “infracción gravísima”. Pero entre ambos episodios, han existido un sin número de hechos que han tenido como escenario la Unidad de Samborondón, el Consejo de la Judicatura y la Judicatura del Guayas.

La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea llamó a comparecer al Presidente y a los vocales del Consejo de la Judicatura. La mayoría de los asambleístas presentes sostuvo que hubo injerencia del Consejo en la crisis del CPCCS.

Vargas habló por primera vez de las circunstancias de su suspensión, este miércoles, 23 de febrero, ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea. Entre los invitados a esa reunión, estuvo también el presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y los vocales del organismo para explicar los motivos de esa suspensión. 

Karly Vargas dijo que tiene siete años como jueza, que fue seleccionada por sus propios méritos en 2014 y nunca ha tenido una sanción.  Ingresó a la Unidad de Samborondón en junio de 2021. Desde esa fecha arrancó su explicación de forma cronológica.

El 18 de agosto de 2021, narró, ingresó un pedido de medidas cautelares a su despacho donde las partes eran Energyquil, cuyo representante es Enrique Portaluppi, y Electroquil, representada por los abogados Hernán Pérez Loose y César Coronel Jones. El 19 de agosto concedió las medidas cautelares a favor de Energyquil. El 20 de agosto de 2021 recibió la llamada del entonces presidente de la Corte Provincial del Guayas, Alfonso Ordeñana, aseguró. Él le pidió, según dijo, que revoque las medidas. Vargas presentó la denuncia a la Fiscalía, a la Judicatura y a la Asamblea. Se quejó de la Judicatura por su falta de respuesta y afirmó que el “señor” (en referencia a Morillo) ha hecho caso omiso a un llamado de la Comisión de Justicia.

“¿Pero quiénes son esos señores, César Coronel Jones y Hernán Pérez Loose?”, se preguntó y se respondió enseguida. “Coronel Jones es el primo hermano de la señora María Josefa Coronel, directora provincial actual del Consejo de la Judicatura. Hernán Pérez Loose, quien es el señor procurador de la empresa Electroquil -ahora me entero que ya me presentó una denuncia en control disciplinario- también es accionista de esta empresa. Entonces por eso era la presión del señor Ordeñana para que revoque esa medida cautelar. Algo que no accedí a hacerlo”, sostuvo la jueza. 

Más adelante, en una audiencia de violencia intrafamiliar, dijo la jueza, Coronel fue con Daniel Kuri, director del control disciplinario del Guayas. “Fue una visita no protocolaria a presenciar una audiencia de violencia intrafamiliar, audiencia que es reservada y que solo pueden estar las partes y los aprehensores. Como yo le indiqué al señor Kuri que ellos no podían estar presente en la audiencia, se retiraron. Pero esta audiencia de violencia intrafamiliar traía una connotación: las partes eran un fiscal y una defensora pública. Entonces la señora María Josefa Coronel, en representación de un grupo femenino, fue a escuchar la audiencia, pues no sé si para ejercer presión de esa manera o intimidarme y que pueda tomar una decisión a favor de la señora defensora pública. Luego de la audiencia pidieron los informes correspondientes, algo que no se hace ni en los casos más emblemáticos y que deben estar constar en los registros del Consejo de la Judicatura”.

El siguiente personaje sobre el que habló fue Jorge Cedeño, cuya causa recayó en las manos de Vargas. La jueza contó que Cedeño cobraba honorarios profesionales a través de un pagaré -de 550.000 dólares- a una señora. “(Un) pagaré que no estaba bien redactado y que por eso tuvo la sentencia que tuvo (en contra).”. La jueza sostuvo que Cedeño le habría dicho que es amigo de altas autoridades. En ese momento la magistrada leyó unos supuestos chats con Cedeño, que le llegaron a través de la aplicación de Telegram. “Gran parte de la depuración en la Unidad existente en Samborondón es por este caso que tengo denunciado incluso en la Presidencia de la República porque la mujer del Presidente es amiga de mi esposa, cuidado porque ya se acerca la audiencia”, le habría escrito.

Vargas aseguró que Cedeño le enviaba chats, pero que ella no podía reunirse con las partes porque eso es prohibido por la ley. “Estos son chats que le hacían a mi ayudante judicial amenazándolo y eso está denunciado por el delito de tráfico de influencias en la Unidad de Samborondón”, manifestó. La jueza se refirió a un tuit de la página Tendencias Guayaquil, que en realidad corresponde a otra cuenta llamada ‘La década robada’. Allí está colgado un mensaje que dice: “Jorge Cedeño (abogado que persigue a los Jueces de Samborondón que no lo favorecen) ingresando a la Corte Provincial de Justicia del Guayas”. Según la jueza, en ese episodio Cedeño subió al noveno piso de la Corte cuando estaba sesionando el Pleno de la Judicatura e ingresó a increpar a uno de sus vocales”. Afirmó que hay una denuncia de uno de los vocales para que María Josefa Coronel indique cómo Cédeño pudo ingresar a un área restringida. Las cuentas Tendencias Guayaquil y ‘La década robada’ son las únicas que se han referido a este caso y otras causas de la jueza.

Vargas sostuvo que Cedeño ha presentado en su contra cinco denuncias, dos de ellas por error inexcusable. Una de las denuncias que él presenta fue archivada en septiembre de 2021. “Y qué sorpresa que después de que fuera archivada, la aperturan (sic) de oficio y no solamente una sino cuatro. Ese es el error inexcusable”. Dijo que nunca supo de esas causas por fallas en el sistema informático judicial.

La jueza afirmó que existe una persecución en su contra y que esos sumarios se han tramitado de manera “supersónica” porque “no cedía a ciertas peticiones que los señores necesitaban para sus estudios jurídicos que son los que trabajan directamente en Samborondón”. “Esta es una crónica de una muerte anunciada”, agregó la jueza pues cree que será destituida.

“Yo no soy basura”, dijo la jueza en referencia a un tuit que habría circulado con la frase “se está limpiando Samborondón”.

En su línea de tiempo llegó la causa que ingresó a la Unidad de Samborondón el 30 de enero pasado. Era el pedido de medidas cautelares de Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. El 2 de febrero, según explicó, estaba de turno, pero en Samborondón se atiende desde la casa. Entonces la causa ingresó a través del correo electrónico de la secretaria, quien puso en conocimiento de las partes, pero no se reflejó en el sistema porque, según ella, esto toma dos o tres días para que se autorice la carga de la información. “No es por mí, es por el sistema”, elevó la voz la jueza. Así contestó a Hernán Ulloa, miembro del CPCCS y principal contradictor de Sofía Almeida, quien cuestionó el trámite a ese pedido ‘que no tenía numeración’.

La jueza dijo que al tratarse de una acción constitucional debía actuar de manera “eficaz y ágil” y “aplicando un plan de contingencia”. Pero olvidó mencionar que admitió un pedido de medidas cautelares en Samborondón, Guayas, cuando los hechos denunciados se dieron en la sede del CPCCS, que es Quito. La jueza lo justificó al aseverar que el domicilio de la accionante, es decir Sofía Almeida, era la Urbanización Isla del Río, en Samborondón.

La jueza aprobó las medidas cautelares el 4 de febrero. Ese día, mencionó, fue notificada con seis sumarios administrativos. Convocó a audiencia el 10 de febrero por una acción de protección solicitada por Ulloa en contra de las medidas cautelares a favor de Almeida. Pero un día antes le notificaron la suspensión por ‘error inexcusable’.

La competencia de esa causa recayó en la jueza Larrisa Ibarra. Ante los asambleístas, la jueza aseguró que esa causa debió seguir con ella porque era de su competencia. El 10 de febrero ratificó las medidas cautelares a favor de Almeida. “Me desocupé a las 15:00. Me indican:  (hace un gesto con su mano simulando un teléfono) ‘el Pleno va a sesionar, sesión extraordinaria, está la doctora María Josefa Coronel y te van a suspender’. Ya no podía hacer nada. Yo tenía que subir la sentencia de la ratificación de medidas de la señora Sofía Almeida, no pude hacerlo porque a las 17:00, ojo a las 17:00, tengo conocimiento de la situación a través de las redes sociales”. Se refiere a su suspensión.

Dijo que en la notificación no hubo una motivación y ahí criticó las afirmaciones del presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, por asegurar lo contrario. “Señores hasta el momento no sé por qué he sido suspendida”. Murillo había dicho previamente que la suspensión de la jueza no es una sanción, sino una medida cautelar que estará vigente, hasta por 90 días, periodo en el cual, a través de la respectiva investigación, se ratificará si la servidora judicial incurrió en alguna de las faltas disciplinarias determinadas en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Fausto Murillo, presidente de la Judicatura, dijo que la suspensión no fue una sanción sino una medida preventiva. Defendió la actuación de la Judicatura y de su independencia. Foto: Asamblea Nacional

María Josefa Coronel: ‘no conozco a la jueza Vargas’

María Josefa Coronel, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, manifestó que no conoce a la jueza Vargas. “Ni siquiera sé cómo es, ni cómo luce, ella dice que un día ha pasado al lado mío, no la conozco, ni la cara, ni el porte, ni el tono de voz”. Aseguró, en entrevista con PlanV, que no sabe más que la decisión del Consejo de la Judicatura de suspender a la jueza y que desconoce el caso por el cual recibió esta medida. “Otros jueces han calificado, ojo con eso no el Consejo sino otros jueces, que sus resoluciones son ajenas al derechos”.

Sobre las afirmaciones de Vargas acerca de Coronel Jones, abogado de la empresa Electroquil, la Directora Provincial sostuvo que no conoce a los clientes de su familiar. “No tengo idea de qué caso habla, no sé de lo que ella está hablando”.

Afirmó que su visita a las unidades judiciales no es de libre voluntad. “Nuestra obligación es verificar que las audiencias cuenten con la presencia de todos los protagonistas de la audiencia, que las jefaturas permitan el acceso de todas las partes a la audiencia, sin importar siquiera si son privadas o no, porque nosotros nunca nos quedamos, ni es nuestra intención”.

“A mí lo que me sorprendió de ella es que había conocido el 90% de las acciones constitucionales en la Unidad de Samborondón”, dijo Coronel. Estimó que 12 de las 14 causas recayeron en el despacho de la jueza Vargas. “¡Qué casualidad! Me asombra, y me pudiera asombrar no solo de la jueza Vargas, sino de cualquier juez o jueza”.

Coronel había cuestionado previamente la conducta de la jueza. En una entrevista con radio Sucesos, el 3 de febrero pasado, dijo que al iniciar sus funciones detectó que había algunos “peligros para que sucedan ciertas cosas evidentemente irregulares”. Dijo que solicitaron “ciertas reformas”. Por ejemplo, solicitó el cambio administrativo de la jueza Vargas a su cantón de origen que era Yaguachi (donde pertenece su partida).

Según Coronel, esa decisión no le gustó a la jueza, quien presentó una acción de protección que le fue otorgada por la jueza Larissa Ibarra, también de la Unidad de Samborondón. “Y a la jueza Ibarra le parece que la Dirección del Guayas le había violado sus derechos fundamentales y laborales”. De esa manera, Vargas siguió en la Unidad de Samborondón.

Coronel mencionó que existen varios procesos y denuncias contra la jueza Vargas, que reposan en la Dirección de Control Disciplinaria. Según ella, la jueza ha seguido resolviendo procesos que “causan mucho daño a cierta parte”.

Agregó que ciertos jueces abusan de las acciones jurisdiccionales y resuelven temas que no corresponden a vía acciones constitucionales, incluso un tema de deudas. “A mi escritorio ha llegado, y por eso lo digo, un oficio que la Corporación Financiera Nacional (CFN) le pasa al Presidente de la República diciendo que la jueza Vargas, a través de medidas cautelares, obliga a la CFN aceptar un pago”.

Coronel contó que en mayo de 2021 hubo cambios en la Unidad de Samborondón. En esa fecha, llegaron tres nuevos jueces. Se mostró a favor de que ya no existan jueces multicompetentes en ese cantón sino tener magistrados para lo civil y penal. “Así procurar un acceso a la justicia que garantice independencia judicial”. 

Coronel mencionó que se han realizado todas las denuncias correspondientes, pero no ha sido posible tomar acciones contra la jueza Vargas porque tiene el respaldo de la jueza Larissa Ibarra, quien supuestamente suspende los efectos de esas acciones.

Asambleístas cierran filas a favor de la jueza

 Luis Almeida (PSC) fue el único asambleísta que se levantó para intervenir durante la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana. Su voz se escucha baja pues el micrófono quedó sobre la mesa. “Es la primera vez que la conozco jueza Vargas”, fue la primera frase que lanzó el legislador, tío de Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación.

Luis Almeida, tío de la Presidenta del CPCCS, apoyó a la jueza y dijo que la Judicatura fue “una pieza clave para este golpe de Estado contra una institución del poder del Estado”. Foto: Asamblea Nacional

“Cuando se alinean los astros -siguió- es porque va haber algo bueno. Pero cuando la maldad se junta unos se ponen amarillos, otros se ponen rojos porque nos ruboriza la verdad”. Más adelante afirmó: “A usted la botaron porque tenían que botarla”, manifestó. Almeida

“El señor de la Presidencia de la República que se parece al señor Montesino peruano estaba haciendo gestiones a favor de un señor Jorge Cedeño, el señor Aparicio Caicedo. Hay intereses. Y porque la señora del Guayas es pariente de los señores que están en la causa. No hay crimen perfecto y el karma llega porque llega”, manifestó Almeida. Caicedo, quien es el consejero del presidente Guillermo Lasso, dijo que todo lo manifestado por Almeida sobre él es falso.

El asambleísta, quien pidió estar presente en esta sesión, aseguró que la Judicatura fue “una pieza clave para este golpe de Estado contra una institución del poder del Estado”. “La crueldad no tiene límites. Vamos a ver quién duerme tranquilo y quién no duerme tranquilo”. Almedia dirigiéndose a la jueza dijo: “los caballeros tenemos la obligación de defender a las damas”.

Nathalie Viteri, del PSC, alabó la gestión de la jueza y sostuvo que ella debía ser regresada a su cargo. Foto: Asamblea Nacional

La asambleísta Nathalie Viteri (PSC) dijo que la jueza debería volver a su puesto porque no ha cometido ningún error en esta causa. Rosa Belén Mayorga (UNES) preguntó “¿por qué para la suspensión se hizo una sesión extraordinaria, era urgente?”.

Ricardo Ulcuango (UNES) recordó que en el país existen muchos casos que están demorados, pero en este caso han actuado rápidamente para legitimar esta toma de poder en referencia al Consejo de Participación Ciudadana. “Por esta coincidencia de hechos lamentables que se han dado en el sistema judicial, se tomaron una Función del Estado”, agregó Ronny Aleaga (UNES).

Asimismo, la asambleísta Mireya Pazmiño (Pachakutik) afirmó que las respuestas que han tenido en esa sesión dejan en evidencia la intromisión del Estado. “La principal función de todo ecuatoriano debe ser respetar la Constitución”.

Mauricio Zambrano y otros miembros de la bancada de UNES cuestionaron la actuación de la Judicatura. Foto: Asamblea Nacional

Mauricio Zambrano (UNES) manifiesto que la intervención de Kerly Vargas dio muchas luces. Preguntó a las autoridades de la Judicatura "¿en qué fecha se enteraron de que la jueza no era competente para dar la medida cautelar?". 

Ferdinan Álvarez (UNES), presidente de la Comisión de Participación, manifestó: “no defendemos personas, defendemos la institucionalidad del país, sin importar quiénes ocupan estas instituciones. La historia va a juzgar, la justicia llega, tarda, pero llega”.