El paro nacional dejó un saldo negativo contra la libertad de prensa en Ecuador y diversas preocupaciones. Superó las cifras de octubre de 2019, cuando hubo otra movilización encabezada por el movimiento indígena: 138 periodistas agredidos, según cifras de Fundamedios.

Ahora, en las protestas de 18 días en junio pasado, más de 200 periodistas y trabajadores de la comunicación resultaron afectados por las más diversas agresiones físicas y verbales, además de censura, impedimentos de cobertura, robos, etc.

Tres organizaciones que defienden la libertad de expresión y una institución pública revelaron las cifras de la violencia que sufrió la prensa en esos días. Por ejemplo, Fundamedios registró un total de 164 agresiones, que han dejado un saldo de 242 agredidos, entre periodistas medios, reporteros gráficos y camarógrafos, activistas, organizaciones sociales, artistas y ciudadanos.

César Ricaurte, director de esta organización, resume los 18 días del paro como un contexto en el que hubo “violencia generalizada y sistemática” contra la prensa. Considera que, a los 10 pedidos de la Conaie al Gobierno, también se sumó uno que no estuvo escrito, pero que estuvo presente de manera tácita durante las manifestaciones: “que los medios cuenten la verdad”.

“¿Pero cuál verdad? La de los manifestantes es una, de las clases medias de Quito que desfilaron en la Av. De los Shyris fue otra; la verdad de los funcionarios guayaquileños es otra. Hay muchas confluencias y visiones de la verdad y eso es parte del juego democrático. Cuando alguien te viene a decir ‘cuenta la verdad’, te está tratando de imponer su verdad”.

Señala que este es un problema cuando se convierte en una plataforma de lucha violenta. Cree que debatir sobre el papel de los medios y del periodismo es válido y necesario en una sociedad democrática, pero estas diferencias no se pueden resolver con agresiones.

La FPSC registró 85 agresiones contra trabajadores de televisión, 64 contra medios digitales, 57 contra radios y 15 contra prensa escrita. 

Diana Romero, investigadora de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), explica lo dramático del repunte de las agresiones durante el paro. El promedio mensual de este tipo de alertas es de 15 o 16. Pero en esos 18 días, el conteo llegó a un total de 210 agresiones contra comunicadores.

De esas 210 víctimas, 109 fueron hombres, 35 mujeres y 66 medios. Según este balance, el mayor número de agresiones se concentró en Pichincha (98 casos), Tungurahua (60), Guayas (33), Pastaza (7), Cotopaxi (7), Bolívar (6), entre las principales provincias donde hubo el mayor número de manifestaciones.

“Me deja una sensación de tristeza sentir que el trabajo de la prensa está expuesto y desprotegido por completo. Los locutores, reporteros, camarógrafos son trabajadores de a pie y fueron los que más recibieron agresiones en la calle”, lamenta Romero. 

Agrega que, según las cifras de la FPSC, el 77 % de las agresiones provino de los manifestantes a los comunicadores. Fundamedios coincide con esta tendencia. Según sus registros, los agresores no estatales lideraron la lista con 200 agresiones: 189 manifestantes, 5 grupos sociales organizados, 1 político y 1 líder indígena.

Otra característica de estas protestas, explica Romero, es que los ataques no estuvieron dirigidos a un tipo específico de medio. Sin bien hay un número importante de trabajadores de televisión (85 agresiones), hay una cifra relevante de medios digitales independientes: 64 agresiones. Periodistas de prensa sufrieron 15 ataques y de radio, 57.

37 casos graves, en la Fiscalía

Las agresiones físicas lideraron el ranking por tipo de ataque contra la prensa durante el paro. Fundamedios contabilizó 71 de agresiones de este tipo; mientras que la FPSC, 66. Además, hubo otro tipo de situaciones que atentaron contra el oficio que van desde amenazas, robo y destrucción de equipos, detenciones arbitrarias, secuestro, interrupción de señal, impedimento de cobertura, ataques cibernéticos, bloqueo de redes, xenofobia, etc.

El Consejo de Comunicación también hizo su propio monitoreo. Entre el 13 y el 29 de junio pasado, registró 99 alertas de agresiones, en las cuales identificó 84 medios de comunicación y 138 personas trabajadoras de la comunicación agredidas.

Esos resultados permitieron al Consejo enviar a la Fiscalía un listado de 37 agresiones graves contra periodistas, informó Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación. Entre ellas constan el robo de equipos, golpes a comunicadores o cuando los medios han sido obligados a borrar material periodístico.

Esa es una de las acciones que contempla el convenio que firmó el Consejo con la Fiscalía, el pasado 3 de mayo. “Permite la articulación de responsabilidades para la protección de periodistas y trabajadores de la comunicación”, explicó la institución. El documento establece mecanismos "para la construcción de protocolos, proyectos, planes y programas específicos, orientados a precautelar el derecho a la libertad de expresión y del ejercicio profesional del periodismo", según el Consejo.

La Fiscalía, de oficio, tiene la potestad de iniciar investigaciones, pero los periodistas no tienen la facilidad de poner la denuncia o no creen en esta institución, afirma Cruz. “Hay colegas que nos dicen ‘no va a pasar nada’”.  Por eso, a través de este convenio, el Consejo provee esta información en fichas técnicas.

El asesinato del equipo de El Comercio develó que existe un grave problema de seguridad para quienes ejercen este oficio. Pero el Estado aún no garantiza protección a los periodistas.

Afirma que durante su administración ha tratado de dar un camino para que exista un sistema de protección, con intervención de instituciones como la Fiscalía, la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo.

Cruz recordó que el artículo 42 de la Ley de Comunicación habla de la protección de los periodistas y establece que el Consejo coordine “con las instituciones respectivas” este tipo de políticas públicas. La presidenta de este organismo lamenta que ese artículo sea “amplio” y no incluya responsabilidades de otros entes estatales.

En las reformas a esa ley, que están para el segundo debate en la Asamblea Nacional, existe la misma falencia, dice la autoridad. “No solo estamos hablando del periodista que cuestiona el incremento de costos de una obra pública, el periodismo ahora está amenazado por organizaciones criminales. El asesinato de los tres colegas de El Comercio, en el 2018, fue una alarma para que el Estado entienda que la situación es muy delicada”.

Adicional, hay limitaciones presupuestarias. El Consejo tiene un presupuesto anual de casi USD 3 millones, pero el 90% se va en gasto corriente. Cruz informó que por ese motivo han salido a buscar fondos internacionales, por ejemplo, para la capacitación de jueces y fiscales sobre mecanismos de protección.

Esta ausencia del Estado ha sido notoria en la última crisis. “Hay un Estado obseso, enorme, burocrático, que entorpece todo, pero al final del día no hace presencia donde tiene que estar”, cuestiona Ricaurte, aunque el asesinato del equipo de El Comercio haya develado que existe un grave problema de seguridad para quienes ejercen este oficio. “El Estado ha sido un enfermo en negación”.

El pasado jueves, Fundamedios planteó la posibilidad de que se reactive el Comité de Protección de Periodistas. Esta figura aún existe en papeles -recuerda Ricaurte- y el objetivo era la coordinación de acciones conjuntas entre la Policía, el Ministerio del Interior, la Secretaría de Comunicación, la Cancillería y la sociedad civil durante esta emergencia. La reunión, que estaba prevista en Carondelet, se suspendió por la firma del acuerdo de paz que ocurrió ese día.

Las agresiones físicas lideraron el ranking por tipo de ataque contra la prensa durante el paro. Fundamedios contabilizó 71 de agresiones de este tipo; mientras que la FPSC, 66. Foto referencial

Los retos que quedan

Verónica Larrea, coordinadora de la Red de Periodistas Libres (RPL), coincide en que no existe un entendimiento del trabajo de la prensa y de la libertad de expresión e información. Y esto se observó cuando los manifestantes se tomaron las antenas Pilisurco, que afectó en un 80% la señal de medios de comunicación de Tungurahua y Cotopaxi, según Arcotel. “Este es un atentado directo al derecho de los ciudadanos a recibir información”.

En este sentido, Larrea cree que hace un trabajo arduo de concienciar a los ciudadanos, a las autoridades y a la fuerza pública sobre esta labor y por qué es importante respetar estos derechos. Una posibilidad, añade, es un trabajo conjunto de las organizaciones de la sociedad civil y del Estado para valorizar el trabajo periodístico y crear espacios de debate.

Romero cree que sería importante reflexionar sobre el imaginario que tiene la gente sobre los medios de comunicación y por qué los ve como algo hostil, como algo de lo que hay que defenderse. La investigadora considera que es necesario volver a insistir en un organismos o mecanismo que esté encargado de la seguridad de los periodistas, pero que tenga acciones reales más allá de levantar estadísticas. “¿Qué va a pasar con eso? El Estado debería recoger esta información y hacer algo”.

Pero entre los actores del paro, los líderes tienen una responsabilidad mayor. “Muchas ocasiones dividen y hacen que sus seguidores o adeptos vayan en contra de la prensa”, sostiene Cruz. Pero también entiende que existe un contexto complicado, donde hay una ira colectiva que se siente por diversas frustraciones agravadas por la pandemia. “De ese escenario culpan a la prensa o la califican como de un sector”.

“Se ha expuesto a los medios y periodistas como enemigos”, dice la presidente del Consejo y lamenta la estigmatización del periodismo con frases como “prensa corrupta”. “Son secuelas de gobiernos anteriores que llegaron a estigmatizar a los medios”.

Ricaurte explica que existe toda una generación de dirigentes que se ha comprado un discurso antiprensa, que no se origina en el gobierno de Rafael Correa, sino que viene desde la academia. Cita, por ejemplo, a Dimitri Madrid, exdecano de la facultad de Comunicación Social, y quien es cercano a Leonidas Iza, presidente de la Conaie, quien tiene este tipo de posturas.

Cruz hace énfasis en que el resultado de las agresiones a la prensa tiene efectos como el silenciamiento e incluso en su salud mental. “Estamos acostumbrados a ver periodistas acorazados, fuertes, firmes. Aunque los vemos siempre en su quehacer, desconocemos las situaciones estresantes y traumáticas que tienen que enfrentar sobre todo en jornadas tan sensible como fueron las protestas”.