El proceso para un juicio político contra el Consejo de la Judicatura (CJ) arrancó el pasado 4 de agosto y, en cuatro días, los comparecientes han protagonizado revelaciones, rencillas y presiones en la justicia al más alto nivel. Este es uno de los 15 pedidos de juicio ha llegado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y el sexto que es impulsado por el correísmo, que en la actualidad es parte de una nueva mayoría.

La asambleísta interpelante es Viviana Veloz, de UNES, quien se quedó al frente de la denuncia contra el CJ después de que su colega, Fausto Jarrín, renunciara a su curul el pasado 14 de julio. Ambos solicitaron el juicio contra los vocales Fausto Murillo, Maribel Barreno y Juan José Morillo, y en contra de la expresidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, por un supuesto incumplimiento de funciones durante el proceso de evaluación de los jueces de la CNJ, desarrollado en 2019, y que derivó en la destitución de 26 jueces y conjueces.

Algunos de esos jueces destituidos se han presentado ante la Comisión para dar su versión esa decisión de la Judicatura a la que han calificado como “arbitraria” y sin sustento legal (ver las intervenciones más adelante), apoyados en la sentencia de la Corte Constitucional de septiembre de 2021 que declaró como inconstitucional el reglamento con el que se hizo la evaluación a los magistrados. Pero uno de los puntos centrales de la denuncia correísta, en los que ha insistido Veloz en estos días, tiene que ver con el reemplazo de esos magistrados.

“Me está mintiendo”, le dijo Veloz a Henry Arcos, director nacional de Asesoría Jurídica del CJ, quien compareció este lunes ante la Comisión. La asambleísta le espetó esa frase al funcionario después de que él sostuviera que no había un banco de elegibles en el 2019 para reemplazar a los jueces destituidos. El CJ suplió a los magistrados con jueces temporales.

Veloz, quien no dejó hablar al funcionario, citó la resolución 208-2017 del CJ, que contiene el listado de quienes aprobaron el concurso para la renovación parcial de la CNJ en 2017. Los asambleístas Fernando Villavicencio y Ana Cordero tuvieron que intervenir y pedir a Veloz respeto para Arcos. “Esto no se trata de un monólogo”, le dijo Cordero a la asambleísta interpelante quien preguntaba e interrumpía al funcionario antes de que termine su respuesta.

Arcos, después, pudo ampliar su respuesta. Insistió en que no había tal banco de elegibles porque en una resolución posterior, la 037-2018, Gustavo Jalkh, entonces presidente de la Judicatura, dejó establecido, en el artículo 3, que una vez posesionado los conjueces, “queda agotado el banco de elegibles” en 2018. Veloz no se quedó con esa repuesta y manifestó que, según la ley (sin mencionar la norma), el banco de elegibles dura seis años y que eso está por encima de una resolución.

Las comparecencias para las pruebas de cargo empezaron el pasado 4 de agosto. Foto: Asamblea Nacional 

¿Por qué el correísmo cuestiona a los jueces temporales?

El Consejo de la Judicatura sostiene que la intención del correísmo de cuestionar la evaluación de jueces de la CNJ y sus reemplazos tiene que ver con las decisiones judiciales que han tomado los nuevos magistrados.

Entre ellas hay 10 casos emblemáticos, de los cuales seis involucran a exfuncionarios o altas autoridades del gobierno de Rafael Correa. Por ejemplo, el caso Sobornos que sentenció a Correa y sus exministros a 8 años de cárcel. También está la ratificación de la sentencia contra el excontralor Carlos Pólit a seis años de cárcel por concusión en diciembre de 2020. A esos se suman las sentencias de 2021 por el caso Singue -que impuso ocho años de cárcel a Carlos Pareja, Jorge Glas, Wilson Pástor y otros-; y por el 30-S, donde la CNJ declaró inocente a cuatro policías acusados de magnicidio. En 2022, jueces de la CNJ ratificaron la condena de nueve años contra Pablo Romero, exdirector de la Senain; y sentenciaron a 12 años de prisión por peculado al exministro de Deportes, Raúl Carrión.

Los policías Luis Guanotasig, Geovany Laso, Eduardo Mullo y Jesús Jetacama fueron declarados inocentes de magnicidio en el 30-S.  Foto: Corte Nacional de Justicia

A esas seis sentencias, se suman otros casos de alto perfil como la declaratoria de inocencia de los hermanos Isaías, cuyos bienes fueron incautados en el correísmo; el llamado a juicio a Pablo Celi; el caso de Galo Lara, quien fue declarado inocente y denunció haber sido perseguido y torturado en el Régimen de Correa; y el proceso contra Freddy Carrión, condenado a tres años de cárcel por el delito de abuso sexual.

El caso Sobornos, por ejemplo, lo tramitaron jueces temporales de la CNJ. Primero Iván León Rodríguez, quien fue el juez ponente del tribunal de primera instancia que condenó a Correa, a sus altos funcionarios y a empresarios por cohecho dentro de la trama de Odebrecht. Después, los magistrados temporales David Jacho, Wilman Terán y Dilza Muñoz ratificaron la sentencia; y en última instancia, Lauro De la Cadena y José Leyedra negaron la casación, mientras que el juez Milton Ávila tuvo voto salvado.

Imagen referencial. Archivo PlanV

El exasambleísta Jarrín, quien fue abogado de Correa en el caso Sobornos, reconoció en una entrevista con PlanV, el pasado 7 de abril, que su pretensión estaba relacionada con los nuevos jueces que asumieron esas vacantes y que resolvieron esa causa. “Sacaron a unos jueces para poner otros y eso consta en nuestras alegaciones internacionales”, dijo Jarrín. El exasambleísta ha llamado a los temporales como “jueces a dedo”.

“(Al juez León) debieron haberle comprometido antes de darle el cargo y antes de que lo sorteen como juez ponente”, agregó.  Jarrín afirmó que, para él, la evidencia de que León fue ‘un juez puesto a dedo’ fue su nombramiento “días antes, con una resolución administrativa, sin concurso previo y sin razón previa”.

Los argumentos que utiliza Jarrín y Veloz coinciden con los utilizados en el pedido de acción extraordinaria de protección que presentó la defensa de Correa, pero que la Corte Constitucional la inadmitió en febrero de 2021. En esa demanda, Jarrín y Alfonso Zambrano Pasquel, como abogados defensores de Correa, mencionan que uno de los derechos vulnerados en el juicio por el caso Sobornos es la garantía a ser juzgado por un juez competente. Y cuestionan a los jueces temporales que reemplazados a sus colegas cesados en la CNJ. Sostienen que el Código Orgánico de la Función Judicial no incluye esa figura por lo que el CJ puso en riesgo la administración de justicia. Otros derechos vulnerados que mencionan es la independencia e inamovilidad judicial. Esto lo ha repetido Veloz en varios momentos de las comparecencias. 

En la Judicatura existe el temor de las actuaciones judiciales de los magistrados temporales sea deslegitimadas y que el juicio político, en caso de aprobarse en el Pleno, abra las puertas a una incertidumbre sobre el futuro de esas decisiones y, en el caso Sobornos, que el correísmo tenga un argumento más llevar este caso ante la Corte Constitucional con un nuevo recurso de revisión de la sentencia.

Una jueza temporal niega haber sido seleccionada ‘a dedo’

María Montalvo fue jueza temporal de la Corte Nacional de Justicia entre noviembre de 2019 y febrero de 2021. Ante la Comisión de Fiscalización, explicó cómo se dio la designación para su cargo. Afirmó que tiene más de 42 años en la función judicial, de los cuales 26 años los ha ejercido como jueza. Explicó que desde la Constitución de 2008 solo existen conjueces en la CNJ porque antes también los había en las cortes provinciales. Estos conjueces se nombran a través de un concurso.

En 2019, cuando el CJ removió a jueces de la CNJ, estos debían ser reemplazados con conjueces, pero a la fecha solo había siete conjueces habilitados, un número insuficiente para llenar todas las vacantes. Por eso, dijo, hubo la necesidad institucional de nombrar conjueces temporales.

Jueza María de los Ángeles Montalvo. Foto: Consejo de la Judicatura

El CJ seleccionó, afirmó Montalvo, a los jueces más antiguos de las cortes provinciales. Ella dijo ser la jueza más antigua y actual presidente subrogante de la Corte Provincial de Pichincha. “Toda la gente que fue a la CNJ fueron jueces de carrera. Un juez temporal no tiene nombramiento, solo los titulares se hacen a través de concurso”, manifestó. Montalvo aseguró que ha actuado con independencia.

La asambleísta Veloz le preguntó si conocía sobre la existencia del banco de elegibles de conjueces que el correísmo defiende y la jueza dijo que desconocerlo. “Su nombramiento fue ilegal”, le lanzó Veloz.

Todo inició con un exhorto

El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCS-T), presidido por Julio César Trujillo, exhortó al recién posesionado Consejo de la Judicatura a realizar una evaluación inmediata de los jueces y conjueces de la CNJ ante el “clamor ciudadano”.

El CPCCS-T fue producto de los resultados de la consulta popular del 4 de febrero de 2018, donde se preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo con la conformación de un Consejo Transitorio con facultades extraordinarias para evaluar y cesar a autoridades estatales designadas por ese organismo. En junio de ese año, cesó al Consejo de la Judicatura que estuvo dirigido por Jalkh y designó nuevos vocales encargados con Marcelo Merlo a la cabeza de esa institución.

Finalmente, el 23 de febrero de 2019 nombró a las autoridades definitivas de la Judicatura. María del Carmen Maldonado quedó al frente de la Judicatura. En esa misma resolución estuvo el exhorto de Trujillo.

Los jueces cesados han cuestionado en las comparecencias de esta semana que el CJ haya iniciado la evaluación de los jueces por un exhorto porque esa figura no está por encima de la Constitución. Esta norma establece que los jueces de la CNJ serán designados para un periodo de nueve años, no podrán ser reelectos y se renovarán por tercios cada tres años.

Arcos defendió la evaluación de los jueces y explicó que esta tenía dos factores: un cuantitativo referente al despacho de causas; y un cuantitativo, sobre sus sentencias para que realice un análisis de su motivación. Para ello, necesitaban conocer la carga procesal -sentencias, resoluciones, despachos, etc- de cada uno de los despachos de los jueces.

“Extrañamente”, dijo Arcos, encontraron en ese momento que la CNJ no tenía su carga procesal subida en el sistema Satje. Recién allí se pudo cumplir con la transparencia en el sistema y ese fue uno de los logros del proceso de evaluación. Esto les permitía medir la productividad y sortear las sentencias que iban a ser evaluadas, y aseguró que es falso que hayan evaluado otras resoluciones. La última evaluación fue en el 2015 y, en ese año, los jueces escogían las sentencias que querían que sean evaluadas. sostuvo el jurista.

Polémicas declaraciones de los magistrados destituidos

María Merchán. Es una de las juezas destituidas en 2019. Fue la primera que se presentó ante la Comisión de Fiscalización. Dijo que tiene más de 40 años como servidora judicial. participó en el concurso de jueces para la CNJ, en 2012, y obtuvo la nota más alta entre las mujeres. Fue presidenta subrogante de la CNJ, cargo que también ejercía cuando fue removida en noviembre de 2019. “No fui una improvisada en la administración de justicia”, mencionó. Dijo que fue víctima de persecución después de que su nombre apareciera en el primer lugar de la terna para presidir el Consejo de la Judicatura, tanto por la Contraloría y la Fiscalía después de una publicación del medio La Posta. Contó que su patrimonio sí varió durante su cargo porque recibió una herencia de su padre. Fue una de las mayores opositoras del concurso porque tenía derecho a ejercer su cargo hasta el 2021 por ser una de las mejores puntuadas. Uno de los momentos más álgidos de su intervención ocurrió cuando Villavicencio le preguntó si fue unas de las juezas que revocó la prisión preventiva contra Vinicio Alvarado, exsecretario de la Administración Pública de Correa.

José Luis Terán. En la actualidad es decano de la facultad de jurisprudencia de la Universidad Central. Aseguró que en 2015, logró ser juez de la CNJ después de obtener la calificación más alta, 98.5. Su periodo debía durar nueve años hasta 2024. “Jamás me imaginé que esa evaluación se iba a extender a los jueces de la CNJ”, dijo y cuestionó que esta se haya iniciado después de un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Dijo que fue evaluado por una juez de rango inferior y por dos académicos. “Pero una cosa es ser académico y otra es ser juez”, manifestó en relación a que ninguno de sus evaluadores hizo una sentencia de casación y que esperaba que, al menos, exjueces de CNJ los calificaran. Contó que se le inició un sumario después de que revisaran sus declaraciones patrimoniales. Aseguró que fue destituido por un incremento patrimonial de 25 dólares. Según la resolución de su destitución, su falta fue "proporcionar información falsa o utilizar documentos falsos para la selección, concurso de oposición y méritos e inscripción de su nombramiento”.

Antes de terminar, Terán hizo una pregunta a los actuales jueces de la CNJ: “¿ustedes se consideran mejores jueces que los que salimos?”. “Me he ganado mi puesto y puedo enfrentar cualquier evaluación y en cualquier materia”, agregó.

Edgar Flores. Trabajó como servidor judicial por 31 años antes de ser removido de su cargo como juez de la CNJ. Aseguró que llegó a ese cargo por sus propios méritos y de esa manera cuestionó que se lo haya llamado como uno de los ‘jueces correístas’. Tal vez les dieron ese apelativo, dijo, porque estuvieron en el mismo periodo que Gustavo Jalkh en el Consejo de la Judicatura. Pero recordó que fue el juez ponente que dictó la sentencia condenatoria contra el exvicepresidente, Jorge Glas. En esa resolución dispuso que se investigue a la empresa Odebrecht. “Y hasta ahora no existe un solo proceso en contra de esta empresa”.

Estuvo seis años como conjuez de la CNJ y en el 2018 se convocó a un nuevo concurso para renovar el último tercio de la primera CNJ. Así fue designado como juez de la Sala de lo Penal hasta que fue destituido en noviembre de 2019. Dijo que fue destituido por haber aplicado la Constitución y por no ser un “juez de estómago”. Se refirió con ello a una resolución sobre Alexis Mera, quien fue procesado por delito de concusión en el caso Sobornos. Mera fue detenido y apeló la prisión preventiva. Esa apelación recayó en manos de Flores. Pero mientras se resolvía, la Fiscalía reformuló cargos y cambió el delito de concusión por cohecho y otros. Por esa razón, para el magistrado, Mera debió haber quedado en libertad, pero para evitar el escándalo dispuso medidas alternativas.

Por esa decisión, la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría lo acusaron por haber vulnerado el debido proceso y la seguridad jurídica. Fue destituido junto con el juez Luis Enríquez, pero la Corte Constitucional aceptó la acción de protección y dejó sin efecto su destitución.

Flores mencionó que recibió “muchas propuestas” mientras estuvo en el cargo. Narró que en una ocasión le pidieron una reunión fuera de Quito y aseguró que le dijo a la persona que vaya a su despacho en la CNJ. En manos de Flores estuvo el caso de Glas, de Pólit, de Raúl Carrión, Alexis Mosquera y el caso Balda. Además, en el 2017, tramitó el caso de Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez, procesados por atentado en contra de la intimidad personal y familiar de altos funcionarios del Gobierno, por la publicación de un reportaje acerca del caso Chevron en PlanV.

Este juez tiene dos sanciones previas en los años 1999 y 2000.

Pablo Tinajero. Contó que ingresó en el 2014 a la Corte Nacional de Justicia. Dijo que su despacho tenía altas tasas de resolución, pese a ellos fue removido. Afirmó que su padre le enseñó la profesión y la decencia. Manifestó que las altas autoridades de los poderes públicos son cambiadas, pero en la justicia debe haber estabilidad. En la mayoría de países a los jueces se los respeta y no se los topa. Por eso, cree que la destitución del 2019 se violó el derecho a la inmovilidad de los jueces porque esta garantiza que sean independientes.

“Sí fuimos víctimas de persecución y a mí se me siguió cinco sumarios administrativos posterior a la destitución, pero ya se les cayó porque no los tramitaron dentro del plazo que la ley establece”, sostuvo. Aseguró que no tuvo presiones, pero como no era “manejable” fue una “piedra en el zapato”.

Fue uno de los jueces que se negó a abrir su sigilo bancario. Dijo que eso lo había presentado desde el día uno de su posición ante la autoridad competente que es la Contraloría. Ese pedido, dijo, era ilegal. “¿Quién pude ser un juez si acepta un pedido ilegal?”, se preguntó. No registra sanciones ni expedientes disciplinarios.

Beatriz Suárez. Fue funcionaria judicial desde 1988 hasta 15 de noviembre de 2019, cuando fue removida. Para ella, fue una sorpresa el proceso de evaluación luego de haber llegado a la CNJ mediante un concurso. Dijo que ella debió estar en el cargo hasta el 2021. Hubo un “invento” de evaluación que no consta en ninguna norma, aseguró. El CJ hizo este proceso no para cambiar un tercio de la Corte, como habría correspondido, sino a las dos terceras partes de la CNJ, “violando la Constitución y arrogándose funciones”, agregó.

Es otra jueza que cuestionó que en el tribunal de expertos de la evaluación no haya tenido experiencia en procesos de casación. Aunque sacó 96/100, dijo que el CJ para “eliminarla” le atribuyó falta de despacho y siente juicios retrasados que no era de su ponencia. Aseguró que le quitaron puntos que la dejaron por bajo los 80 puntos necesarios, sin motivación.

Reconoció que sí tuvo sanciones disciplinarias cuando era jueza de primer nivel. “Todas esas sanciones fueron el resultado de una persecución en mi contra”. E hizo un reclamo: “el tema de esta comparecencia no es mi historial judicial”. Dijo que no se ofendía con que se hayan leído sus sanciones durante la comparecencia. “Si hubiera sido corrupta ni a jueza hubiera llegado”.