Un total de 113 postulantes siguen en la carrera para ser uno de los 14 jueces anticorrupción. Los candidatos superaron la fase de méritos al obtener el puntaje mínimo (30 puntos sobre 50). Ahora deberán pasar las pruebas psicológicas antes de ir a la fase de oposición, donde los postulantes deberán rendir una prueba teórica y otra práctica.

PlanV revisó cada uno de los 113 nombres para poder perfilar quiénes desean ser parte de este grupo de jueces que conocerán los casos de corrupción y crimen organizado más importantes del país. De este total, 105 aspirantes han sido funcionarios públicos y de ellos, el 84% son fiscales, jueces o funcionarios judiciales. El 16% restante ha ejercido un cargo público en otras dependencias del Estado. De los 105 candidatos, el 40% está en Pichincha, el 14% en Guayas y el 11% en Manabí, según su último cargo que está en la página de la Contraloría.

Entre estos 105 aspirantes hay fiscales y jueces que han tramitado casos polémicos y de relevancia nacional. Es el caso de la fiscal Jessica Elena Córdova Fuentes. Ella investigó el caso de los tres jueces que fueron procesados por prevaricato por dejar en libertad a Julia Mero, pareja del narcotraficante Édison Washington Prado, alias Gerald. Mero presentó un habeas corpus y los jueces Marco J., Carlos P. y Luis M., de la Corte Provincial de Guayas, lo aceptaron, pese a que ella tenía una sentencia por delincuencia organizada. Pero el 13 de julio de 2018, Córdova y Paúl Pérez Reina, fiscal General del Estado, remitieron a la Corte Nacional de Justicia su dictamen abstentivo a favor de los tres magistrados. La decisión se basó en un fallo de la Corte Constitucional que dice que el delito de prevaricato contra juezas no se aplica en el contexto de la justicia constitucional.

Córdova también estuvo a cargo de la investigación sobre la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien fue procesado por peculado. Alvarado se fugó, pese a que tenía un grillete. Córdova y un perito realizaron una pericia para confirmar el funcionamiento del dispositivo. Encabezó los allanamientos en el ECU 911 y en el extinto Ministerio de Justicia.

Córdova además estuvo al frente de las indagaciones sobre la tortura de estudiantes del colegio Mejía, quienes fueron detenidos en 2014 durante las movilizaciones contra el gobierno de Rafael Correa.  José Serrano, quien fue ministro del Interior en esa época, fue llamado a declarar en ese caso, pero la fiscal Córdova no asistió a una de las citas para esa diligencia. El 9 de abril, la fiscal tomó la versión de Serrano en otro caso. En esos días, el fiscal del Estado, Carlos Baca Mancheno difundió un audio de Serrano con el excontralor Carlos Pólit. Ese audio le costó la presidencia de la Asamblea a Serrano.

El nombre de la jueza Mariana Salomé Palomeque Luna, quien ahora es candidata a jueza del tribunal penal anticorrupción, salió a la luz pública después de una denuncia de la fiscal Diana Salazar. La alta funcionaria informó que había recibido un pedido de la magistrada para que se detengan las diligencias que adelantaba la Fiscalía por presuntas irregularidades en la construcción de hospital de Pedernales. En ese caso estaba involucrado el asambleísta manabita Daniel Mendoza y su asesor, Jean Carlos Benavides Moreira. La providencia llegó el 1 de junio de 2020, según la fiscal. Aunque Salazar no la mencionó, ese mismo día el activista Fernando Villavicencio (hoy asambleísta) difundió el nombre de la jueza.

Palomeque, a cargo de la Unidad Judicial Penal de Portoviejo, conoció uno de los procesos que se abrió contra el asesor de Mendoza. La Fiscalía acusó a Benavides, entre otros delitos, por lavado de activos en mayo de 2020, en pleno inicio de la pandemia. El Consejo de la Judicatura había resuelto suspender los plazos de las diligencias judiciales, a menos que se tratara de un delito flagrante. La jueza Palomeque pidió que los trámites en ese caso se retomen una vez que sean “aperturados” los plazos, lo que causó la molestia de la máxima autoridad de la Fiscalía. Por ese caso, Benavides fue condenado a 18 meses de cárcel.

#ATENCIÓN Este lunes, fiscal Diana Salazar se refirió al caso que involucra al asesor del asambleísta Daniel Mendoza y señaló que jueza de #Manabí solicitó a @FiscaliaEcuador que detenga investigación de presuntas irregularidadas en construcción de Hospital de #Pedernales. pic.twitter.com/1AyflTlXrD

— Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) June 2, 2020

Mariana Salomé Palomeque Luna, es la Jueza de la Unidad Penal de Manabí, denunciada por la Fiscal General @FiscaliaEcuador el día de hoy en el caso Daniel Mendoza. pic.twitter.com/mCpHSj2AzD

— Fernando Villavicencio Valencia (@VillaFernando_) June 2, 2020

En listado también está la jueza Ana Lucía Cevallos Ballesteros, de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito, quien tramitó una causa contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo, el israelí Oren Sheinman y otros procesados por delincuencia organizada. Fueron acusados de la venta irregular de pruebas para el covid. La jueza quiso excusarse del trámite, pero su pedido fue rechazado. La jueza dictó la prisión preventiva de Jacobo Bucaram.

El fiscal Fabián Chávez, quien lleva el caso de Ola Bini, es otro de los candidatos. Él investigó al programador sueco para probar que el extranjero ingresó sin permiso a un sistema informático. Durante este proceso tuvo roces con la prensa. Chávez lideró además el allanamiento de las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana, el 15 de febrero pasado, durante la pugna por la presidencia de ese organismo. Sofía Almeida, quien se encerró ese edificio para mantener su cargo, presenció el allanamiento que buscaba recabar evidencias por el supuesto delito de acceso a sistemas informáticos.

Otro postulante es el fiscal Christian Fierro, especializado en Delincuencia Organizada Trasnacional e Internacional. A sus manos han llegado casos por tráfico de drogas y violencia sexual como la violación grupal que sufrió Nicole en 2018 y que terminó con su muerte. También fue el fiscal que investigó una red de corrupción que operó en el Ministerio del Interior, entre 2014 y 2017, y que gestionaba y adjudicaba contratos, por lo que cobraba el 10% del valor. Asimismo, acusó a un perito por adulterar la transcripción de un audio en el caso Odebrecht. La jueza Silvana Lorena Velasco, como miembro del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, condenó a un año a ese funcionario. Ella también participa en el concurso para jueces anticorrupción.

El fiscal Mario Andrés Muñoz Bayas aspira a ser juez del tribunal penal anticorrupción. En 2019, se postuló para Fiscal General del Estado, concurso en el que resultó ganadora Diana Salazar.  Se ha desempeñado como agente investigador de la Unidad Especializada de Antilavado de Activos de la Fiscalía. Entre sus casos más conocidos fue el de María Sol Larrea, exfuncionaria del IESS. Él sostuvo que Larrea, su cuñado y esposo formaron empresas y adquirieron acciones en otras compañías que proveían servicios médicos al IESS. Esas empresas habrían recibido USD 35 millones. Un tribunal de Pichincha declaró inocentes a Larrea y a su esposo en 2020.

La fiscal Teresa Coba, de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, también participa en el concurso. Ella solicitó a la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha que se declare la nulidad del proceso del caso David Romo desde que este fue declarado en reserva (2015) hasta el 30 de septiembre de 2017. Otra postulante es la fiscal Consuelo Tapia, especializada en género, quien investigó el caso de Martha, quien fue violada en un bar de Quito.

Asimismo, en el listado está el fiscal Esteban Coronel, de Azuay, que se encargó de las investigaciones por tortura de los presos en la cárcel de Turi, en 2016. Coronel acusó a 37 de policías de ese delito, pero finalmente fueron procesados por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

La jueza Gina Mora Dávalos también aspira a ser parte de los 14 jueces anticorrupción.  Fue la única jueza, de la Sala Penal de la Corte Provincial de Manabí, que votó a favor de condenar a los cuatro procesados por lavado de activos en el caso del Hospital de Pedernales. La mayoría absolvió a dos de los procesados.

El juez Vicente Pico Lozano, juez de la Unidad judicial Multicompetente de Montecristi, es otro de los postulantes. Él otorgó medidas cautelares a favor del colectivo Manabí, donde uno de sus miembros era Carlos Vera Mora, del Partido Social Cristiano. Con esa medida, el magistrado ordenó a la Junta Provincial Electoral de Manabí que en 2021. Prohibió a la Junta asignar los escaños de los asambleístas de esta circunscripción hasta resolver el pedido del colectivo.

Alberto Santillán Molina, fiscal provincial de Pichincha, estuvo a cargo de las investigaciones sobre las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Municipio de Quito y la empresa Salumed S.A. para adquirir 100.000 pruebas covid. Acusó al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, como autor mediato. Fue denunciado por Paola Pabón, prefecta de Pichincha, por supuesto fraude procesal. Santillán estuvo a cargo del caso por rebelión que se siguió contra Pabón en 2020. Santillán también revocó el dictamen abstentivo a favor del general Enrique Espinosa de los Monteros, exdirector del Isspol, institución que está involucrada en un caso de corrupción. Este fiscal aspira a ser parte de los miembros de la Corte anticorrupción. El fiscal César Suárez Pilay, quien también investigó el caso Isspol, es otro de los candidatos.

El nombre de la jueza Mabel del Pilar Tapia Rosero figura en la lista. El 5 de abril, ella y los jueces Olga Azucena Ruiz Russo y Julio César Obando, del Tribunal de Garantías Penales, con sede en la Parroquia de Iñaquito, otorgaron medidas cautelares a favor de Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, porque supuestamente se habían vulnerados sus derechos. Su fallo dispuso que el Pleno se abstenga de debatir un pedido para la creación de una comisión que investigue sus actuaciones. El mismo tribunal revocó esas medidas días después.

El exasambleísta Jaime Olivo busca ser uno de los jueces anticorrupción. Olivo fue asambleísta durante el periodo 2017-2022 por la provincia de Cotopaxi, por Pachakutik. Es abogado por la Universidad Central del Ecuador y tiene un diplomado en derechos humanos en la misma universidad. Olivo, antes de ser asambleísta, fue fiscal de asuntos indígenas de Cotopaxi. Durante ese cargo, atendió casos de femicidios y de justicia indígena. Es hermano de Marco Antonio Olivo Pallo, cuyo asesinato fue investigado en el llamado caso La Cocha, en 2010.

En la Asamblea, fue presidente de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad y fue uno de los legisladores que visitó las haciendas de Furukawa, denunciada por esclavitud moderna y procesada por trata de personas, para verificar las condiciones de los trabajadores de esa empresa. También pidió a la Asamblea que solicite directamente al Departamento de Justicia EEUU y a Brasil información sobre el caso Odebrecht, pero su solicitud no pasó.