El último acto vinculado a presunta corrupción en la justicia de Sucumbíos, provincia amazónica que limita con Colombia en la zona de los ríos Putumayo y San Miguel, fue la destitución de, nada menos, la directora provincial del Consejo de la Judictura, CJ, el organismo administrativo y disciplinario de la Función Judicial. Jessenia Gaibor había asumido el cargo en abril del 2023 y siete meses después debió dejar sus funciones por denuncias presentadas por dos jueces de la Corte Provincial.

Según la denuncia, la directora provincial les habría ordenado que emitieran un fallo a favor de un presunto narcotraficante que estaba siendo procesado en la Corte Provincial de Justicia. Uno de los denunciantes, el juez Wilmer Zambrano, dijo que "un miembro del tribunal dé la orden de, en un caso de narcotráfico a gran escala, que declarara la libertad en favor de una persona que se estaba investigando. ¿Eso es hacer justicia? ¿Eso reclama la sociedad? La sociedad no necesita autoridades como las referidas, y como la que he denunciado, la directora provincial del Consejo de la Judicatura. Tal cual se describe en la denuncia que presenté, momentos antes de que se llevara a cabo el señalamiento para el recurso de apelación, timbró el teléfono y al ver que no hubo resolución en el resto del día, en la tarde, el juez fue requerido personalmente para que acudiera a la dirección del CJ, donde se le dio las instrucciones que luego el juez en mención compartiera a los demás miembros del tribunal, de lo que se pretendía hacer", dijo el juez del más alto tribunal de justicia de la provincia.

Jessenia Gaibor Jaramillo, funcionaria judicial que fuera destituida por le Consejo de la Judicatura. Foto: Periódico Independiente

El abogado de la funcionaria dijo a su vez que los jueces que presentaron la denuncia lo hicieron en represalia, porque estos tenían en su contra un sumario disciplinario en un proceso ordenado por la Corte Nacional de Justicia. "La doctora Gaibor simplemente estaba tramitando un sumario disciplinario que ha sido ordenado por el máximo órgano de justicia del país. De ahí que las declaraciones que se están iniciando sumarios disciplinarios como una forma de presión son inexactas y antojadizas".

Luego de un proceso investigativo interno, el Pleno del CJ destituyó a la funcionaria y encargó la dirección provisionalmente al director de Orellana. Pero el Pleno también dictó una resolución, en esa misma sesión, donde pidió la renuncia a todos los directores provinciales del país "para evaluar el desempeño de los servidores judiciales de libre nombramiento, así como realizar un balance de su gestión".

Una situación insostenible

Sucumbíos es una de las principales zonas de violencia en Ecuador. Apenas un río separa a la provincia de una de las más grandes zonas de cultivo de hojas de coca y producción de cocaína del Putumayo colombiano. Ecuador terminó el 2022 con una tasa promedio de 26 asesinatos por cada cien mil habitantes, lo cual cambia dramáticamente cuando se analiza cantón por cantón. Lago Agrio, la capital de Sucumbíos, terminó el año pasado en el puesto 19  de los cantones por encima de la tasa nacional con 48,9 asesinatos por cada cien mil habitantes. El cantón Esmeraldas encabeza esa tabla con una tasa de 139, una de las más altas del continente americano.

En la frontera entre Ecuador y Colombia se produce el 47% de la cocaína que el país vecino exporta hacia los distintos mercados mundiales. En la foto, un laboratorio hallado en el sector La Banquilla, en Sucumbíos, el pasado 18 de febrero de 2023. Foto: FFAA

Una de las principales problemáticas del sistema judicial en el Ecuador es la incapacidad de atender de forma ágil y oportuna la demanda ciudadana del día a día.

En la percepción ciudadana  hay una limitada capacidad al momento de receptar las denuncias, los constantes papeleos y la falta de respuestas rápidas a las dudas de los denunciantes, lo cual ha sido admitido por los principales funcionarios del sistema.

En las provincias de frontera, como es Sucumbíos, la situación es más compleja aún debido a su ubicación, su población dispersa, la situación económica y la falta de información. Enfrenta además históricamente una serie de desafíos en lo que respecta al sistema de justicia, lo cual afecta de forma directa la garantía de los derechos y la seguridad jurídica.

Los problemas del sistema de justicia de Sucumbíos tienen que ver con la saturación judicial, acompañada del crecimiento poblacional y la carga de casos que han desbordado el nivel de capacidad de recepción del sistema. Hay retrasos significativos en los procesos judiciales, complicando así la adminitración de justicia. La lentitud con la que se resuelven los casos ha generado indignación y frustración entre la ciudadanía y en parte ha minimizado la confianza en el sistema de justicia.

Con base en la resolución 048-2020, el pleno del Consejo de la Judicatura resolvió aprobar la metodología para la determinación del número óptimo de juezas y jueces a escala nacional y el promedio de resoluciones. Para ello se calculó el número de jueces en nuestro país considerando el número de plazas existentes.

Esto significa que por cada 100 mil habitantes habría un juez. En Sucumbíos, hasta el 2019, existían 23 jueces encargados de operar e  impartir justicia en los diferentes ámbitos.

Otra de las deficiencias que tiene el sistema de justicia es la falta de infraestructura adecuada, lo cual es un obstáculo para el funcionamiento efectivo de los tribunales en la provincia. La escasez de sedes judiciales y la falta de equipamiento moderno han dificultado el acceso a la justicia y han afectado la calidad de los servicios prestados.

El último dato, de abril del 2023, del CJ provincial señala que en Sucumbíos hay 11 dependiencias judiciales, de las cuales ocho están en la capital, Lago Agrio, y una en los cantones Shushufindi, Gonzalo Pizarro y Cuyabeno, para atender a una población aproximada de 176 mil personas.

La administración de justicia en Sucumbíos tiene otro desafío. Este es que se ve constantemente afectada por casos de corrupción, una situación que no está muy alejada a la realidad de otras provincias. Existen denuncias sobre varias prácticas corruptas que han forzado, de varias formas, la imparcialidad y la transparencia de los procesos judiciales. Adicionalmente, la influencia política que tienen las autoridades de turno especialmente en las diferentes provincias acrecentó la presencia de la delincuencia organizada.

A pesar de la existencia de varias acciones de prevención  que se han tomado como parte de las garantías, aún no se hallan medidas adecuadas que permitan abordar este problema, persisten desafíos en la erradicación completa de la corrupción en el sistema judicial.

Uno de los casos más largos tiene que ver con derechos laborales. Frente a las instalaciones de la Judicatura de Sucumbíos miembros del personal de la Policía Municipal realizaron un plantón para exigir el pago de las horas extras desde el 2012 hasta el 2020. La municipalidad cubrió sus ocho horas diarias pero existen registros que trabajaron cuatro horas extras que no fueron cubiertas.

Plantón en las afueras de la Municipalidad de Lago Agrio. Captura de Video de Radio Seducción

Con el fin de lograr la cancelación de sus haberes, su representante legal,  Mario Mingo, presentó una acción de protección en abril del 2022. La sentencia en firme en segunda instancia salió en agosto del 2022. Sin embargo, la Corte Provincial concedió a la Municipalidad 60 días hábiles adicionales para que se organice financieramente y pueda cubrir con la deuda a los miembros de la policía municipal.

En noviembre del 2022 se cumplieron los 60 días, pero la sentencia en firme no se cumplió. Su representante legal afirma que se han violentado todos los derechos por parte de la jueza ejecutora, generando trabas a la sentencia. Un ejemplo de ello fue el pedido que realizó la jueza al contencioso administrativo para que realicen la cuantificación del monto a pagarse, cuando el valor de lo adeudado ya constaba dentro de la sentencia. Por ello, sobre la jueza pesa una denuncia penal.

Como estos casos existen muchísimos en la provincia. Según los afectados por los fallos, la mayoría de jueces se encuentra  parcializada, especialmente con el sistema  político o la delincuencia organizada.

Un ejemplo de ello es la destitución de la Directora Provincial de la Judicatura, Jessenia Gaibor, quien fue acusada por un supuesto tráfico de influencias, y se vio involucrada dentro de un caso de narcotráfico donde ella, según la denuncia, abogaba para que los jueces fallen a favor del denunciado. Uno de los jueces la acusó frente al pleno del Consejo de la Judicatura y en cuestión de horas fue destituida de su cargo.

Este tipo de accionar refleja la crisis que vive el sistema de justicia, la falta de ética y valores por parte de quienes la imparten. Existen excepciones pero no es suficiente para lograr impartir de forma equitativa la justicia.

La inseguridad y la delincuencia son problemas crónicos que vive la provincia, su ubicación hace que se convierta en un punto estratégico para la delincuencia organizada.

Los altos índices de criminalidad han generado un profundo temor en la población y han aumentado la presión sobre el sistema de justicia, la ciudadanía hoy en día no confía en los operadores de justicia, dudan que puedan brindar respuestas efectivas.

En Sucumbíos, mediante un operativo la PoliciaEcuador, incautó un aproximado de 847 bloques de sustancias sujetas a fiscalización, municiones, 1 vehículo y 2 motocicletas. Foto: X. Radio Sucre

La coordinación entre las fuerzas policiales y el sistema judicial es de vital importancia para lograr mejorar y garantizar la seguridad ciudadana.

Las comunidades rurales e indígenas en la provincia de Sucumbíos se encuentran muy alejadas del casco urbano y a menudo enfrentan obstáculos al momento de acceder a la justicia.

La falta de servicios judiciales cercanos, la barrera del idioma y la discriminación han contribuido a la marginalización de estos grupos en el sistema judicial.

A pesar de los diferentes obstáculos que atraviesa el sistema judicial hay desafíos que se deben enfrentar, los operadores de justicia afirman que se han presentado iniciativas encaminadas a mejorar la situación de la justicia en Sucumbíos.

El gobierno y las autoridades nacionales afirman estar trabajando en la implementación de reformas legales y la inversión en infraestructuras judiciales.  Además, dicen, se han realizado esfuerzos para fortalecer la capacitación de los jueces y funcionarios judiciales, así como para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema.

La situación de la justicia en Sucumbíos es compleja y multifacética, y se requiere un enfoque integral para abordar los problemas existentes. En el 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura realizó el nombramiento de apenas un juez y cinco agentes fiscales (resoluciones 44-92-179-301 del año 2022) y no se nombraron defensores y defensoras públicas. El 25 de agosto del 2022, el juez  Nelson Yánez fue asesinado por sicarios en Lago Agrio. Fue abatido por 11 disparos cuando salía de su casa. En el 2017, Yánez fue renocido por el CJ como el mejor juez de las unidades multicompetentes a escala nacional.

El juez nombrado fue destinado a la Unidad Judicial Especializada de Violencia en el cantón Lago Agrio, que ahora cuenta con dos jueces especializados de violencia y un total de 11 servidores judiciales que conforman dicha Unidad Judicial. Se tiene la cobertura en materia de violencia en seis cantones de la Provincial a través de tres Unidades Judiciales Multicompetentes. Este juzgado atiende casos de violencia contra la mujer y la familia, por lo cual organizaciones de defensa de las mujeres cuestionan la insuficiencia del servicio: en el 2022, hubo 742 solicitudes de medidas de protección por violencia intrafamiliar.

La superación de la saturación judicial, la lucha contra la corrupción, la mejora de la infraestructura y el fortalecimiento del acceso a la justicia para todos los ciudadanos, especialmente las comunidades rurales e indígenas, son pasos esenciales para construir un sistema de justicia más eficiente y equitativo en la provincia, de ha dicho desde el CJ.

Entre enero y diciembre del 2022, se registró en la provincia un ingreso de 7.116 causas, de las cuales se resolvieron 5.908. Esto representa una tasa de resolución del 83%, mejor a la tasa del 2020 (84%) durante la pandemia. 

Durante este mismo periodo se sustanciaron 786 sumarios disciplinarios, y se destituyeron 77 funcionarios, menos del 10%, de los cuales 29 eran jueces, el mayor porcentaje.

El 40% de servidores judiciales fueron destituidos con base en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial en el que se tipifican las infracciones por dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable; el 18% corresponden a la infracción contenida en el numeral 2 del artículo 109 que se refiere al abandono del lugar de trabajo; el 9% de servidores fue sancionado según el artículo 127 del COFJ, cuya infracción corresponde a la demora injustificada o negligente en los procesos.

Además, 231 servidores judiciales recibieron otro tipo de sanción disciplinaria, de las cuales el 40% de las sanciones impuestas corresponde a multas; el 32% a suspensión del cargo; el 21% a amonestación escrita; y, el 7% a la eliminación del registro de peritos.

Se sancionaron a siete servidores por casos relacionados con delitos de violencia sexual, de los cuales tres servidores recibieron amonestación escrita; dos fueron destituidos del cargo; uno fue suspendido del cargo, y, uno más recibió la sanción de multa. Otros 12 funcionarios fueron sancionados por actos de corrupción entre los cuales constan 1 juez, 1 defensor público, 2 secretarios de unidad judicial, 1 ayudante judicial, 1 mediador, 1 oficinista auxiliar, 1 servidor administrativo, 2 pagadores, y 2 gestores de archivo.