Actualizado el 24 de enero con la decisión de la Corte y reacciones

La Corte Constitucional (CC) resolvió, este 23 de enero, destituir a los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por incumplir su sentencia del pasado 26 de septiembre cuando dispuso la designación del Presidente del Consejo de la Judicatura de forma célere. Además, encargó a Álvaro Román ese cargo hasta que se elija a esa autoridad. De esta manera, Fausto Murillo deberá dejar la presidencia de la Judicatura después de casi un año de disputas.

El máximo organismo constitucional del país afirmó que los nueves jueces que conforman el Pleno hicieron un análisis minucioso del caso y llegaron a esa decisión por unanimidad. La Corte había ordenado al CPCCS, que es el encargado de elegir a las más altas autoridades del país, que seleccione lo más pronto al titular de la Judicatura. Pero pasaron casi cuatro meses desde esa resolución y las pugnas se mantuvieron.

Tras el anuncio, Hernán Ulloa, ahora expresidente del CPCCS, dijo en su cuenta de Twitter que aceptaba la decisión de la Corte, aunque no la comparte. Este martes, 24 de enero, convocó a una rueda de prensa en la que aseguró que la Corte actuó de manera política y afirmó que la resolución le causó sorpresa. Solo y sin el resto de consejeros destituidos, cuestionó a la Corte por haber tomado una decisión tan drástica. Citó el ejemplo a la Asamblea Nacional que también incumplió la sentencia 001-10-SIN-CC, de 2019, y en ese caso la Corte no destituyó a los asambleístas, sino que les dio un año más para que puedan cumplirla, afirmó.

De igual manera, la Judicatura informó que Murillo entregará la Presidencia a Román, junto con un informe de la situación de la institución. En rueda de prensa, Murillo junto al vocal Juan José Morillo, el director general, Santiago Peñaherrera y el director de asesoría jurídica, Henry Arcos. Murillo manifestó que la Judicatura ha trabajado intensamente y que, tras la resolución de la Corte, regresará a su lugar como vocal del organismo. Ofreció todo el apoyo a Román en sus nuevas funciones y agradeció a su equipo de trabajo.

Al País Respetuoso del Estado Constitucional de Derechos y Justicia acepto (no comparto) la decisión de la @CorteConstEcu esperando que con la misma velocidad, firmeza y vara sea medida la @AsambleaEcuador ante el incumplimiento desde el 2019 de la sentencia 001-10-SIN-CC pic.twitter.com/7uKr5BbQwT

— Hernan Ulloa (@HernanUlloa) January 24, 2023

#Importante | Para dar cumplimiento al auto de verificación de sentencia 1219-22-EP/23 de @CorteConstEcu, el Dr. @FaustoMurilloEC dispuso que se apliquen los procedimientos internos correspondientes. pic.twitter.com/2b2Flnwq3B

— Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) January 24, 2023

El enredo que existe tras este nombramiento inició hace casi un año. Todo comenzó el 2 de febrero de 2022 cuando María del Carmen Maldonado decidió renunciar a su cargo como presidenta de la Judicatura. Fausto Murillo la reemplazó, pero esta decisión fue impugnada por Román, quien fue suplente de Maldonado en la Judicatura y reclamó el cargo.

María del Carmen Maldonado dejó su cargo como Presidenta de la Judicatura, el 2 de febrero de 2022. Ha pasado casi un año y aún esa entidad no tiene un Presidente titular.

Román presentó una acción de protección que fue rechazada por el juez Paúl Narváez, de la Unidad Judicial Civil con sede en Iñaquito. El jurista apeló, pero la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha también desestimó el recurso. Román llevó su caso hasta la CC, donde presentó una acción extraordinaria de protección.

La CC aceptó parcialmente esta demanda y concluyó que tanto la Judicatura como los jueces que conocieron esta causa, vulneraron los derechos a la seguridad jurídica y debido proceso de Román. También ordenó a los involucrados, es decir a la Judicatura, al CPCCS y a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que cumplan con todo lo que conlleva la designación del presidente de la Judicatura.

Álvaro Román presentó una acción de protección porque aseguró que sus derechos fueron violados al no ser nombrado como Presidente de la Judicatura. Él fue vocal suplente de Maldonado. Foto: El Universo

Por eso, el pasado 10 de enero, la Corte convocó a una audiencia pública de seguimiento a su sentencia del 26 de septiembre. En esa diligencia estuvo Román, quien se mostró satisfecho por la resolución de la CC, que dispuso un pago de $ 5.000 a su favor y que la Judicatura le pida disculpas. Gracias a la sentencia, Román -quien mantiene su cargo como vocal suplente- fue presidente de la Judicatura por una semana cuando Murillo estuvo de vacaciones en noviembre pasado.

El pasado 10 de enero, los nueve jueces de la Corte Constitucional convocaron a los consejeros del CPCCS y la Judicatura para que informen sobre el cumplimiento de la sentencia del 26 de septiembre. La CC podría destituir a las autoridades si concluye que no cumplieron con sus disposiciones. Foto: Corte Constitucional

En esa diligencia estuvo Román, quien se mostró satisfecho por la resolución de la CC, que dispuso un pago de $ 5.000 a su favor y que la Judicatura le pida disculpas. Gracias a la sentencia, Román -quien mantiene su cargo como vocal suplente- fue presidente de la Judicatura por una semana cuando Murillo estuvo de vacaciones en noviembre pasado.

Pero el que más habló en esa audiencia fue Ulloa. Explicó ante los jueces de la CC por qué hasta esa fecha la Judicatura seguía sin presidente definitivo. Ulloa hizo referencia a las cuatro ternas que han sido presentadas:

La primera terna: Tras la renuncia de Maldonado, el 22 de febrero de 2022, Iván Saquicela, presidente de la CNJ, entregó al Pleno del CPCCS la terna para la designación del titular de la Judicatura. Por mandato constitucional, ese cargo lo debe ejercer un delegado de la CNJ que, a su vez, sale de una terna. Los integrantes de la misma fueron Darío Alberto Ordoñez Aray, Mónica Paola Jarrín Aldás y Gonzalo Andrés Valencia Arévalo.

Pero tres meses después, Saquicela retiró esta terna en medio denuncias de una nueva “metida de mano de la justicia” en una clara confrontación con Ulloa por haber demorado el proceso. Ulloa repitió el pasado 10 de enero los argumentos con los cuales durante varios meses ha justificado ese retraso. Entre ellos, que no había un pedido por parte del Pleno del CPCCS para que la CNJ envíe la terna, así como un reglamento sobre cómo proceder con esa designación. Ese vacío tiene como antecedente el CPCCS Transitorio que puso a Román, de la terna de Fiscalía, como suplente de Maldonado, en la terna de la CNJ. Este tema lo profundizó Plan V en este artículo.

Ulloa dijo a la CC que la única autoridad que podía solicitar la terna era el Pleno del CPCCS y que Saquicela actuó por pedido de la expresidenta del CPCCS, Sofía Almeida, el 8 de febrero, un día antes de que ese organismo entrara en una disputa entre vocales que derivó en el cierre de su sede en Quito.

La segunda terna: Saquicela envió un nuevo listado el 22 de agosto de 2022 que estuvo envuelto en polémica. Los postulantes fueron Inés Maritza Romero Estévez, Marco Antonio Tello Sarmiento y María Fabiola Gallardo Ramia. De esos nombres, resaltó el de Romero, quien es jueza de la Corte Provincial de Pichincha. Fue asesora del extinto Ministerio de Justicia en 2014 y se la ha identificado con el correísmo. Ella lo ha negado. A Gallardo se la vinculó con el Partido Social Cristiano.

Ulloa dijo que el Pleno del CPCCS no solicitó esa terna porque estaba en trámite la acción de protección de Román. Agregó que tampoco podían llevar adelante la designación porque la CC dictaminó que el actual CPCCS no podrá “revisar” las decisiones del CPCCS Transitorio, que eligió a Román como suplente.

Después del pronunciamiento de la CC, el CPCCS adaptó el reglamento para esta designación, según Ulloa, e inició el proceso de selección.

Tercera terna: El 4 de octubre, el Pleno del CPCCS -por mandato de la Corte- pidió a la CNJ el envío de la terna, que la envío el 17 de ese mes. En ese nuevo listado, Saquicela mantuvo el nombre de Marco Antonio Tello Sarmiento, como el primero de la terna, y agregó a Blanca Alexandra Vallejo Bazante y a Andrés Esteban Mogrovejo Abad. Ulloa contó que el organismo revisó la documentación enviada y remitió un informe técnico, el 30 de octubre.

El 17 de octubre, Saquicela entregó la tercera terna para presidente de la Judicatura. Un fallo de la Corte Constitucional ordenó celeridad a las instituciones, pero no se cumple hasta el momento. Foto: API

Pero este tema quedó estancado durante las siguientes semanas porque cuatro consejeros del CPCCS fueron llamados a juicio político. La Asamblea -de mayoría opositora al Gobierno- destituyó a Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, el 18 de noviembre. A los cuatro se los identifica como afines a Guillermo Lasso.

Los destituidos pidieron medidas cautelares contra esa decisión y el 23 de noviembre, el juez Ángel Lindao, de La Concordia, las aceptó. El mismo magistrado dio paso a una acción de protección a favor de los consejeros y declaró la nulidad de lo actuado por la Asamblea.

El 23 de noviembre, los vocales restituidos descalificaron a dos de los integrantes de la tercera terna porque no habían presentado los requisitos en el formato que pidió el CPCCS. Se trataba de Tello y Mogrovejo. “Resulta evidente que el propósito de este arbitrario e ilegal accionar es mantener en acefalía al órgano administrativo y de gobierno de la Función Judicial”, respondió la CNJ.

La decisión de Ulloa fue interpretada como una retaliación en contra de Saquicela, pues desde el oficialismo se acusó al alto magistrado de “conspirar” contra los vocales del CPCCS, presididos por Ulloa, junto con el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien es primo del presidente de la CNJ.

Las fricciones entre el Gobierno y la CNJ volvieron a salir la semana pasada. En una entrevista con Juan Carlos Calderón, director de Plan V, Lasso dijo que el máximo tribunal de justicia del país no funciona. “Lo que funciona son las cortes de la Florida, que actúan con mayor rapidez, que la justicia ecuatoriana, eso es algo vergonzoso, pero es una realidad”.

Lasso ha respaldado al actual Consejo de la Judicatura, presidido por Murillo, quien es cercano a Ulloa. Sobre la Judicatura, Lasso solo ha concentrado sus críticas contra el vocal Xavier Muñoz, a quien acusó de utilizar su poder en la Judicatura para beneficiar a su estudio profesional.

De vuelta en la audiencia del 10 de enero, Daniela Salazar, jueza de la CC, pidió a Ulloa que aclare por qué fueron descalificados esos postulantes. Ulloa dijo que ambos no habían completado la información de la declaración juramentada. “Si uno o más postulantes no cumplen con el requisito, se debe pedir a la CNJ que complete la terna”, manifestó Ulloa sobre el desenlace de esta terna.

La cuarta terna: El 16 de diciembre, el Pleno de la CNJ envió el último listado, después de que Saquicela recibiera críticas de los propios jueces de la CNJ por hacer esta selección sin el Pleno del organismo. Esta vez, la terna estuvo conformada por Wilman Gabriel Terán Carrillo, Mercedes Johanna Caicedo Aldaz y Luis Antonio Rivera Velasco. Terán, quien es el primero de la terna, es juez encargado de las salas especializadas de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores y de lo Civil y Mercantil de la CNJ.

El CPCCS inició el proceso. Los candidatos tuvieron ocho impugnaciones, pero Ulloa dijo que ninguna fue aceptada. El 1 de enero pasado, presentaron sus planes de trabajo antes de la decisión final. Pero el Pleno del CPCCS no llegó a un acuerdo durante dos días. Ulloa dijo que al no aprobarse ningún candidato, el organismo deberá solicitar una nueva terna.  Pero habló de otra posibilidad: la reconsideración de la votación.

Sin embargo, cinco de los siete vocales que conforman el CPCCS están con licencia para hacer campaña para la reelección en el mismo cargo. Ulloa convocó a cuatro consejeros alternos para que se principalicen y pidió a la Asamblea que posesione a tres consejeros suplentes para completar el Pleno del CPCCS. Pero la Asamblea canceló esa sesión. Es decir, el CPCCS no completa el quórum.

La larga intervención de Ulloa dejó interrogantes a los jueces de la CC. Por ejemplo, la jueza Karla Andrade le preguntó si el cumplimiento de la sentencia por parte del CPCCS está en el limbo. Ulloa se excusó en la “afectación institucional” que el organismo ha tenido que pasar por el juicio político.

Ahora, en su resolución de este 23 de enero, la Corte estableció que el CPCCS seleccione al nuevo Presidente de la Judicatura de esta terna. Los nuevos miembros de ese organismo serán elegidos en las próximas elecciones del 5 de febrero. 

Los integrantes de la cuarta terna presentaron el 1 de enero sus planes de trabajo en caso de llegar a la Presidencia de la Judicatura. Pero el CPCCS no llegó a un acuerdo. De izquierda a derecha: Wilman Terán, Luis Rivera y Mercedes Caicedo.  Foto: El Universo

  PUNTOS DE VISTA   
 

“Ya deberían pensar en el país y facilitar la designación”

Juan Pablo Albán, abogado y exvocal del Consejo de la Judicatura Transitorio

Estamos en un punto muerto. El único que sufre es el aparato de justicia. La cabeza es necesaria y colegiada, pero por mandato de la ley alguien es quien la lidera. Y por mandato de la ley es el delegado de la CNJ. El señor Ulloa y sus amigos, y el señor Saquicela y sus jueces ya deberían pensar en el país y facilitar la designación. La acefalía es un problema grave en una institución del Estado encargada de la administración de la justicia. La solución está en manos de la Corte Constitucional. Si las cosas operaran bien y no a través de maniqueos políticos, la Corte debería destituir al CPCCS.

Con Angélica Porras propusimos cambiar las prácticas de interferencia de la política en la Función Judicial. Nos opusimos a que permeen los intereses políticos en la toma de decisiones del Consejo de la Judicatura. Esa realidad no ha variado.

El CPCCS ha interferido políticamente en la operación de la Función Judicial. Y dudo que en este país podamos erradicar esa realidad. Cualquiera que llega a tener esa capacidad de designación de los miembros del Consejo de la Judicatura, tiene de alguna manera el control de sus actos porque se deben favores. Por eso, tampoco es una solución que la Asamblea los designe, en caso de que se apruebe a través del referéndum. La autonomía de los miembros de la Judicatura empieza por su designación y no debería corresponder a quienes son cabeza de otros poderes.

“Es la demostración de la debilidad democrática que estamos viviendo”

Pedro Donoso, analista político

El 70% de las instituciones de control tienen a autoridades encargadas. Eso demuestra la desinstitucionalización del país. No es un tema menor porque cuando no hay un titular en una institución, el no titular puede estar sujeto a más presiones y a no cumplir su labor. Es la demostración de la debilidad democrática que estamos viviendo.

Además, Fausto Murillo es hijo del abuso de recursos constitucionales, así como lo hizo el presidente del CPCCS. Es decir, lo ha hecho todo el mundo. Estas son dos debilidades profundas de nuestra democracia. Nunca hemos estado en este limbo de no tener autoridades designadas desde el regreso a la democracia.

Durante el correísmo, sus distintas facciones dominaban todo, pero al dejar ese espacio todo entró en disputa: la justicia, los organismos de control. Al reducirse el poder del correísmo, entró en disputa el lassimo, el Partido Social Cristiano, los intereses particulares, etc.

El futuro repite el pasado en el Ecuador. La politización de la justicia y la judicialización de la política son evidentes en este país. Por ejemplo, el presidente Lasso sacó un comunicado en el que dice que no respetará la sentencia de un juez, podemos estar en desacuerdo con esa sentencia, pero que un Primer Mandatario lo diga es algo icónico, eso no existe en las democracias desarrolladas.