LEA LA PRIMERA PARTE: Un usuario ‘fantasma’ operó durante tres años en el sistema informático judicial SEGUNDA PARTE: El caso Yunda destapó la manipulación de los sorteos de causas en el sistema Satje
 

En Pichincha, una funcionaria con el cargo de liquidadora/pagadora -aquella que se encarga del cobro de los costos de un proceso legal- registró 710 causas judiciales desde 2020. Aunque no tenía la autorización para hacerlo, le asignaron un usuario para el ingreso al Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) con esa facultad.

No es un caso aislado, pues la Contraloría identificó que 723 servidores públicos efectuaron sorteos de causas sin que tengan los permisos para esta tarea, que consiste en la asignación de jueces para el trámite de las mismas. Según la norma, este proceso debe ser transparente y automático. Pero el órgano de control halló desde  un usuario ‘fantasma’ capaz de modificar la base de datos hasta diversas formas de manipulación del sistema para que la causa llegue a un determinado magistrado como ocurrió en el caso del exalcalde de Quito, Jorge Yunda.

Pero la asignación de usuarios y sus roles es otro punto crítico del sistema, según el examen que hiciera la Contraloría al principal sistema informático judicial del país, en donde se tramitan más de 500.000 causas anuales. El análisis se hizo entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de diciembre de 2021. Esa es responsabilidad de la Dirección de Talento Humano del Consejo de la Judicatura. Esta área y sus delegaciones provinciales están a cargo de la administración del módulo que lleva su mismo nombre en el Satje.

Pero en esas asignaciones no hubo controles y hubo casos en los que hasta las personas encargadas del archivo de una unidad judicial tenían roles de secretarios, dijo a Plan V una fuente reservada judicial que fue parte de las discusiones en la Judicatura para la mejora del Satje.

En el documento, los auditores relatan el caso de cuatro funcionarios judiciales que tenía la autorización para habilitar y deshabilitar roles para el sorteo de causas en el Satje. En 2019, se pidió que sus permisos sean retirados. Pero esa disposición no se cumplió hasta finales de 2021 cuando la Contraloría terminó su análisis.

El módulo de Administración de Talento Humano es uno de los que más preocupación causa, según las fuentes que consultó Plan V y que prefirieron mantener el anonimato. En 2019, el Pleno de la Judicatura autorizó que dicho módulo sea descentralizado. Es decir, cada dirección provincial debía definir a quiénes autorizar el ingreso al sistema y los roles que debían tener según sus cargos. Es así que, desde ese año, solo dos funcionarios por provincia iban a tener la autorización total para administrar ese delicado módulo.

Pero, en Pichincha, hubo 16 servidores judiciales tuvieron acceso a ese módulo en lugar de solo dos personas como los estableció dicha disposición del 2019. Es más, el mismo técnico de Talento Humano que hizo un informe sobre el módulo y que pidió que su usuario sea deshabilitado, siguió usándolo. En total, la Contraloría detectó que, solo en Pichincha, 27 servidores tuvieron acceso al sistema para activar y desactivar roles para el sorteo de causas sin autorización.

El sorteo de causas es el inicio de un caso en los juzgados ecuatorianos. Arranca después de que un ciudadano ingresa una demanda o denuncia en una ventanilla de una unidad judicial. La persona de la ventanilla es la encargada de seleccionar el tipo de causa y hacer el sorteo. El algoritmo de este proceso es automático, aleatorio, equitativo y no predecible.

Talento Humano es la unidad que asigna esos roles en cada provincia. Una fuente judicial explicó que esa dirección establece las funciones de cada servidor judicial mediante una ‘acción de personal’. Es como un contrato laboral donde se describen las tareas que la persona realizará según su cargo, dónde las cumplirá y quiénes serán sus superiores. Tras ello, se le asignaba un usuario y una clave para ingresar al sistema bajo su responsabilidad.

Pero en Pichincha, donde la Contraloría hizo un muestreo, hubo funcionarios que otorgaron permisos para el sorteo de causas a otros servidores judiciales sin que el Director Provincial de la Judicatura lo autorizara. Coordinadores de salas de lo penal y de la familia también hicieron lo mismo. La Contraloría afirma que hubo circulares desde el 2019 que informaron sobre la disposición para la depuración de los roles, pero no se cumplió.

Además, la Contraloría encontró que 17 administradores provinciales fuera de Pichincha activaron y desactivaron roles de sorteos en esta provincia. Otro problema es que se mantuvo activados los usuarios de los funcionarios que dejaban la entidad. “Como el caso de 263 servidores a pesar de que sus usuarios fueron desactivados del directorio activo, sus roles de sorteo de causas permanecieron activos en la base de datos, los que al reingresar a la Entidad automáticamente recuperan los roles asignados en su puesto anterior”, dice el informe.

El organismo de control cuestiona que existieran controles, ni depuración de más de dos administradores provinciales, como en el caso de Pichincha. Esto bien podría llamarse como una ‘feria’ de usuarios en el sistema Satje.

Hubo alertas, pero no mejoras rápidas

Desde 2018, existieron informes internos en el Consejo de la Judicatura sobre los riesgos y vulnerabilidades detectados dentro del Satje. Plan V accedió a sus conclusiones referentes al ‘ingreso histórico’, una funcionalidad creada en el Satje para el ingreso de procesos judiciales que fueron sorteados manualmente por tramitarse antes de la implementación del sistema o por la indisponibilidad del mismo. Con esta opción, que debe ser ocasional, se ingresaron 1.019 causas sin que se justifiquen las razones por las cuales fueron sorteadas de forma manual.

En esas conclusiones se detalla que uno de los problemas tenía que ver con que “no existen políticas aplicadas en el sistema para asignar roles”, además de que “no existe seguimiento adecuado ni validación de la información ingresada por este módulo”.

En abril de 2020, hubo mesas de trabajo de las distintas direcciones nacionales de la Judicatura para realizar una revisión integral del módulo de Administración de Talento Humano y levantar un manual con lineamientos para su manejo, así como la depuración de los usuarios. Esos documentos se crearon y fueron aprobados el 30 de abril de 2020. Pero la Contraloría identificó que, pese a su existencia, su aplicación falló.

No es lo único que se ha estancado. El proyecto ‘Mejoras al Sistema Automático de Tramitación Judicial Ecuatoriano’, que ese planteó en 2019, no se implementó porque la Dirección Nacional de Tecnología aseguró que no contaba con el personal operativo suficiente y por lo tanto este proyecto fue calificado como no viable. En la reciente sesión del pasado 20 de mayo, el vocal Juan José Morillo se quejó de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Judicatura (Tics) porque tiene atrasados varios proyectos. Es ‘una piedra de tope’, dijo.

Las fuentes reservadas consultadas coincidieron en que Tics tiene una gran lista de pedidos de las diversas áreas de la Judicatura y que esa Dirección ha solicitado a ‘gritos’ la contratación de más personal. En los últimos años, se han hecho cinco mejoras al Satje, entre ellas, el ingreso y sorteo automático de acciones constitucionales fuera del horario laboral.

El Satje es un sistema que existe desde el año 2000, antes todo el proceso era manual y escrito. Desde el 2003 hasta el 2013, su desarrollo de tecnológico se hacía de manera desconcentrada o por regiones. Para altos funcionarios del CJ, era desconocido el origen de algunos módulos del Satje y de su funcionamiento.

El informe de Contraloría no es el primero en denunciar irregularidades en el sistema judicial. El 17 de junio de 2021, la Fiscalía detuvo a seis personas en varios allanamientos por una presunta interceptación ilegal de datos en la Función Judicial de Guayas para alterar sorteos de causas. Foto: Fiscalía

Angélica Porras, exvocal de la Judicatura, dice que durante su paso por la institución se llegó a la conclusión que el Satje ya no podía satisfacer las necesidades del sistema judicial. El Satje, explica, fue una salida provisional hasta que se ponga en marcha un nuevo sistema, de mayor capacidad, llamado Justicia 2.0.

Esta iniciativa arrancó en el 2012 y hubo un proceso piloto en 2014. La Judicatura pagó USD 23,7 millones por ese nuevo software y hardware, pero finalmente nunca fue utilizado. Este contrato se ejecutó durante la emergencia judicial, que el gobierno de Rafael Correa declaró en 2011 y que hizo contrataciones millonarias en ese sector. La Contraloría emitió un informe con glosa contra la contratista española Indra y desde entonces existe una disputa en los tribunales.

El Satje se mantuvo, pero los problemas han sido constantes. Una de las fuentes contó que cuando se hizo una actualización al módulo de citaciones para que los registros sean digitales y no en excel, este cambio casi colapsó el sistema. Según el informe de diagnóstico e-Satje 2020, la infraestructura tecnológica del Consejo de la Judicatura estaba en estado de obsolescencia.

Porras agrega que el Satje tiene más problemas que los detectados por la Contraloría. Por ejemplo, hay casos que no aparecen en el sistema como fue el de la exasambleísta Nívea Vélez que fue denunciada por sus asesores por diezmos. La exvocal afirma que su proceso fue no visible en el sistema por un tiempo, a pesar de que era público al tratarse de un delito de concusión. Tampoco hay un sistema de sorteo automático de las causas en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y para las recusaciones.