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6 de Septiembre del 2023
Historias
Lectura: 13 minutos
6 de Septiembre del 2023
Redacción Plan V
Wilman Terán y Xavier Muñoz arman su propio rompecabezas en la Corte Nacional de Justicia
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Imagen referencial: PlanV

 

Seis jueces de la Corte Nacional de Justicia, cuyos periodos terminaban en 2024 y 2027, ahora se quedarán en el máximo tribunal hasta el 2030. Esto después de que la Judicatura aprobara con dos votos, de Wilman Terán y Xavier Muñoz, la modificación de una resolución de 2021. Esa decisión afecta el concurso de jueces que inició el 24 de julio.


“Este Consejo (de la Judicatura) definitivamente está empeñado a (sic) respetar la Constitución y la ley”, dijo el vocal Xavier Muñoz antes de mocionar a favor la reforma de la resolución 008-2021 que designó a los últimos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). En la sesión, además de Muñoz, estuvo presente el vocal Fausto Murillo y el presidente de la Judicatura, Wilman Terán.

Al igual que en las recientes decisiones del organismo que ha generado polémica, Terán y Muñoz votaron a favor de la reforma. Murillo, en cambio, se opuso, mientras que los vocales restantes, Maribel Barreno y Juan José Morrillo, estuvieron ausentes. De esta manera, nuevamente el organismo administrativo de la Justicia aprobó una resolución con dos votos.

Wilman Terán, Fausto Murillo y Xavier Muñoz estuvieron presentes en la sesión que modificó los periodos de los jueces nacionales. No se presentaron los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo, sospechosos de tráfico de influencias.

La decisión que adoptó la Judicatura, este martes 5 de septiembre, no es menor. Terán y Muñoz dieron paso a la extensión de funciones de seis jueces de la CNJ cuyos periodos iban a finalizar en 2024 y 2027. Ahora culminarán sus funciones en 2030, pues la Judicatura dispuso que cumplan nueve años en el cargo y no tres o seis como se había resuelto en 2021.

Terán, para argumentar su voto, citó a las Naciones Unidas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Constitución sobre la necesidad de la estabilidad de los jueces.

“Quiero felicitarlo, señor Presidente. Nuestra valentía ante cualquier cosa, siempre el cumplimiento de nuestra Constitución y al Código Orgánico de la Función Judicial. Estamos haciendo un cambio y un cambio radical para el fortalecimiento de nuestro sistema judicial. Eso es lo que quiere el Ecuador. Eso es lo que quieren los ciudadanos. Estoy seguro, en nombre de toditos de los ecuatorianos, que cada vez que este Consejo toma decisiones, así sean complejas, es para fortalecer siempre esta función (sic)”, expresó emocionado Muñoz.

Enseguida contestó Terán. “Sin temor ni favor, cueste lo que cueste”, manifestó el titular de la Judicatura mientras Muñoz levantaba su puño en señal de victoria en la videoconferencia de la sesión que concluyó a las 22:40 de este martes. 

Los jueces beneficiados

La resolución de la Judicatura favorece a los jueces Gilda Rosana Morales Ordóñez, de la Sala de lo Tributario, y a Felipe Esteban Córdova Ochoa, de la Sala de lo Penal, quienes fueron designados para un periodo de seis años -hasta el 2027- y ahora terminarán sus funciones en 2030.

Los otros beneficiados son los magistrados Fabián Patricio Racines Garrido (sala de lo Administrativo), Byron Javier Guillén Zambrano y Luis Antonio Rivera Velasco, cuyas funciones culminaban en 2024, pero ahora se quedarán en el máximo tribunal de justicia también hasta el 2030. Estos tres últimos pertenecen a la sala de lo Penal de la CNJ, que maneja los casos más delicados que involucran a altos funcionarios.

Guillén, Rivera y Córdova conforman el tribunal que estará a cargo de los recursos de revisión del caso Sobornos. En este proceso fueron sentenciados a ocho años el expresidente Rafael Correa y ministros y altos funcionarios de ese régimen.

En ese grupo también estaba Wálter Samno Macías Fernández, pero fue destituido el pasado 18 de agosto en una inesperada sesión del Pleno de la Judicatura. En esa ocasión, otra vez los votos de Terán y Muñoz aprobaron la remoción del magistrado. Macías presentó una acción de protección contra esa medida, que aún no se resuelve.

Macías fue uno de los jueces ganadores del concurso de méritos y oposición del 2021. En esa convocatoria, el CJ designó a tres jueces y dos jueces para 9 años; a dos jueces para 6 años; y cuatro jueces para 3 años. Macías estuvo en este último grupo y su periodo finalizaba en 2024. Pero él y otros magistrados reclamaron a la CJ para que respete el artículo 182 de la Constitución que establece que los jueces de la CNJ tienen un periodo fijo de 9 años.

El CJ -en ese momento liderado por Fausto Trujillo- negó el pedido. Macías incluso presentó una acción de protección, pero también fue rechazada en primera y segunda instancia. Todavía está pendiente de resolución una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional.

La Judicatura -ahora presidida por Terán- modificó los periodos de los jueces alegando el artículo 182 de la Constitución. Pero la decisión llega después de la destitución de Macías, a quien el actual CJ lo suspendió y destituyó. Mientras estuvo en la CNJ, Macías conoció el caso de los vocales Barreno y Morillo implicados en un presunto tráfico de influencias. También fue uno de los jueces que condenó al excontralor Pablo Celi y su hermano. Ambos han presionado con denuncias en la Judicatura para la salida de Macías.

En un comunicado, la Judicatura sostuvo que tomó la decisión para garantizar la estabilidad de los jueces de la CNJ y fortalecer la independencia de la Función Judicial. Pero el tablero que arman Terán y Muñoz se conecta con el nuevo concurso de magistrados de la CNJ.

Una decisión que altera el concurso de jueces

El pasado 24 de julio, la Judicatura anunció el inicio del concurso de oposición y méritos para la renovación parcial de la CNJ. Informó que había siete vacantes, según el informe N. CJ-DNTH-SA-2023-434, del 20 de julio pasado. Este documento es particularmente relevante porque establecía el listado de los jueces que iban a ser reemplazados en el actual concurso.

Estos eran Racines, Guillén, Macías y Rivera, cuyas funciones concluían en 2024. A ellos se sumaban Iván Rodrigo Roberto Larco Ortuño, Patricio Adolfo Secaira Durango y Gustavo Durango Vela, que estuvieron encargados de los despachos de otros jueces y regresarán a sus cargos originales hasta el 2027.

Ahora, con la reforma de este martes, el CJ mantiene los puestos de Larco, Secaira y Durango como vacantes. Y a estos agrega los de Himmler Roberto Guzmán Castañeda, David Isaías Jacho Chicaiza, Luis Adrián Rojas Calle y Mercedes Caicedo Aldaz. Esta última jueza reemplaza a Macías desde que fue destituido por el CJ. Macías sostiene que su destitución aún no está en firme por la acción de protección.

La Judicatura realizó estos cambios después de un mes y medio de iniciado el concurso de renovación de la CNJ. Macías calificó como “fraudulento” este proceso, que no contempló una evaluación para reemplazar a los siete jueces con las calificaciones más bajas.

La resolución del martes tuvo como origen una consulta del juez Guillén, de la sala de lo Penal, que hizo el pasado 31 de agosto. Solo pasaron cinco días para que Terán convocara al Pleno para conocer el análisis que hicieran las direcciones de Talento Humano y Jurídica sobre ese pedido. El informe tiene 65 páginas y su fecha es el 5 de septiembre.

El juez Guillén fue uno de los participantes del actual concurso, pero fue excluido porque los magistrados de la CNJ que fueron designados a un período fijo no pueden ser reelectos. Entonces, solicitó la reconsideración de esa decisión pues afirmaba que él fue elegido como un juez temporal y en ese caso podría completar los 9 años con seis años más en funciones.

De esta manera, el pedido de Guillén fue rechazado, pero Terán y Muñoz ampliaron su periodo de tres a nueve años, hasta el 2023. Guillén fue uno de los jueces que respaldó a Terán cuando la CNJ le quitó la confianza. En su cuenta de la red X, Guillén hizo público un comunicado donde dijo que la decisión de la Corte “no fue aprobada en sesión de pleno, ni siquiera fue un punto en el orden del día”. Este comunicado fue firmado de manera electrónica por Guillén y por cinco jueces más de manera manual. Entre esos magistrados estuvo Rivera, cuyo periodo se extendió al 2030. Este juez deberá señalar la audiencia en el caso de obstrucción a la justicia donde los implicados son Terán, Muñoz y Barreno.

El miércoles, 7 de septiembre, Rivera difirió la audiencia de formulación de cargos contra el exvicepresidente Jorge Glas por presunto peculado en la reconstrucción de Manabí. También fue el magistrado que anuló el caso Singue donde Glas estuvo involucrado y emitió una polémica sentencia en el caso de los helicópteros Dhruv en la que decidió sobreseer a todos los implicados entre ellos tres generales y un exministro. Se lo ha identificado con el correísmo.

Otro de los firmantes de la carta que difundió Guillén fue el juez Jacho. Su partida es una de las vacantes en este concurso de méritos y oposición, junto con las de los jueces Roberto Guzmán y Adrián Rojas. Los tres están participando en el concurso de renovación de CNJ.


  PUNTO DE VISTA  

‘Podemos llegar a tener un órgano de justicia que responda 100% a intereses políticos’

José Andrés Murgueytio, subdirector del Observatorio de Derechos y Justicia

En principio, extender las funciones de los jueces no sería malo porque las unidades judiciales no pueden estar acéfalas. Necesariamente necesitan un administrador de justicia, sea de altas cortes, de cortes medias o de cortes bajas. Pero cuando uno hace una lectura muy completa de todo lo que ha pasado, quizá puede ser una manera de transmitir que el Consejo de la Judicatura no quiere destituir a los jueces que conocen casos donde están involucrados sus miembros, sino que a la par está garantizando la estabilidad de los jueces. Pensando políticamente es una estrategia, quizá, para recuperar un poco de la imagen que se ha visto bastante machada en los últimos días.

José Andrés Murgueytio. Foto: Cortesía

Pero si esto en el fondo tiene intereses políticos, ahí volvemos al principio, al momento en que la justicia se mezcla con la política. Esto puede hacerse una bola de nieve y podemos llegar un punto en el que prácticamente tendremos un órgano de justicia que responda 100% a intereses políticos y de manera descarada.

Es preocupante nuevamente que una reunión del Pleno tengamos vocales de la Judicatura que ni siquiera prenden las cámaras o no estén presentes. Eso me parece que es una terrible falta de respeto para la ciudadanía, ¿qué imagen se está dando de la forma en la que se está administrando la justicia’ Entonces, ¿cómo se garantiza que las decisiones respecto a la función judicial, lo que respecta a lo administrativo y lo sancionatorio, van a tomarse con la mayor objetividad? Así que nos damos cuenta de que a muchos vocales este tipo de decisiones, poco o nada les importa.

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