Yaku Pérez tiene una chakana colgada al cuello, siempre, como también un pañuelo con los colores del arcoíris. La Chakana o Constelación del Sur tiene cuatro estrellas que cuando se cruzan forman la cruz andina, que representa lo comunitario, la interdependencia y armonía del tejido social con la Pachamama, compuesta por las estrellas Alfa, Beta, Gama y Delta. Simboliza también los cuatro puntos cardinales, los cuatro saberes humanos...  También lleva alrededor del cuello un pañuelo con los colores del arcoíris, que simbolizan la diversidad y son los colores de la bandera de su partido, Pachakutik (PK).

Pérez es un hombre que rebosa simbolismo. Sobre todo él, que se dio a sí mismo la categoría de defensor del agua. Una gota de agua fue precisamente lo que usó en sus carteles promocionales para su campaña tanto para la prefectura del Azuay como para la Presidencia de la República. En la campaña para la prefectura, la gota de agua asociada a su rostro estaba en los folletos que repartió en las hojas volantes que él y sus compañeras y compañeros entregaron en las esquinas de Cuenca, en los redondeles, en las plazas de todos y cada uno de los cantones y parroquias y comunidades. Lo mismo ocurrió en sus recorridos en el país para la campaña presidencial de enero y febrero del 2021.

Si lo de la prefectura, en el 2019, fue un triunfo histórico para el movimiento antiminero y ecologista del Azuay, un triunfo que nadie se esperaba, lo de las presidenciales y legislativas del 2021 ratificó esa gran racha en ascenso del movimiento indígena, ecologista y anti extractivista. Empató por el segundo lugar, con 19 puntos y algo más, con el magnate y veterano de tres lides presidenciales, Guillermo Lasso. Pero, además, Pachakutik se convirtió en la segunda fuerza en la Asamblea Nacional de 137 miembros, cuando sus candidatos se ganaron 27 escaños. Nunca antes, desde hace 23 años PK había tenido tal victoria, que significó el primer lugar, de largo, en todas las provincias amazónicas y de la Sierra, excepto Pichincha, Imbabura y Carchi.

Si el triunfo en la prefectura fue un acontecimiento histórico para el Azuay, lo de la presidencia no tiene precedentes en el Ecuador.  Miles de personas de los movimientos sociales, sobre todo campesinos, siguieron el paso de Yaku Pérez y su campaña llena de voluntariados —una campaña artesanal,  como la definió el consultor Pipo Lasso—.

Durante su posesión como prefecto del Azuay, en el 2019. Dejó el cargo para participar en la contienda presidencial del 2021. Foto: Luis Argüello / PlanV

En su oficina en Cuenca. Pérez es doctor en Derecho y asesor jurídico de varias comunidades campesinas. Foto: Luis Argüello / PlanV

Su camino a la prefectura y luego a la presidencia empezó en su oficina, en el tercer piso de una casa antigua del centro de Cuenca. En esa oficina dio sus principales batallas profesionales como abogado: asesor jurídico de comunas, comunidades, cooperativas, asociaciones, sindicatos, organizaciones sociales... Siempre en defensa de lo comunitario. Las otras, como dirigente, las libró en otros escenarios: presidente de Ecuarunari, la organización indígena más grande del Ecuador y coordinador de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.

No es casualidad que este dirigente y abogado, uno de los más fuertes opositores al gobierno de Rafael Correa, cuyos agentes lo detuvieron violentamente en seis ocasiones, esté donde está. En la defensa del agua en los páramos de Quimsacocha, El Cajas y Río Blanco ya tiene veinte años. Antes del correísmo, se podía hacer movilizaciones, manifestaciones y acciones de resistencia. En la campaña, el candidato Correa les dijo a las organizaciones que no le temblaría la mano para sacar a las empresas mineras del país si es que estaban en fuentes de agua. Y también prometió que no permitiría la minería sin consulta previa a las comunidades. Cuando ya era presidente cambió de opinión porque, dijo, no quería que el país tuviera demandas millonarias por parte de las mineras.

Durante una de sus seis violentas detenciones en el gobierno de Correa. Dos veces fue a parar al hospital. Foto: El Universo

Ahí empezaría una contradicción irremediable entre el ex presidente, su gobierno, y las comunidades indígenas, especialmente del Azuay. Esta defensa del agua no solo les costó ofensas como decirles desde "atrasapueblos, cavernícolas, locos, trasnochados"... hasta de siquiñahui (cara de culo en quechua).  El conflicto fue más allá de los insultos. En el 2008, cuando la Asamblea estaba a punto de aprobar la Ley de Minería, las organizaciones antimineras e indígenas se tomaron, en dos ocasiones, durante una semana cada una, la Panamericana Sur. Tras una pausa por navidad, el 9 de enero del 2009, pese a no estar en movilización alguna, Pérez fue detenido en plena calle por cuarenta agentes policiales del GOE, un grupo élite. Fue su primera detención, cuando como abogado acompañaba a la comunidad de Tarqui para exigir la acción de las autoridades azuayas contra la exploración minera. Los campesinos se habían declarado en huelga de hambre en las instalaciones de la Corte Superior de Cuenca. La detención fue sin orden judicial y acompañada de golpes de puño, patadas y toletazos contra el dirigente.

En el 2010 sufrió una nueva detención, pero esta vez hasta su anciana madre fue afectada, pues intentó impedir que se llevaran a su hijo, y los agentes también la arrastraron. Lastimaron sus piernas y rodillas. Fue en la entrada a Tarqui, en la Panamericana Sur. Dos años después en el mismo sector, otra violenta incursión policial arremetió contra Pérez Guartambel y decenas de compañeros que también fueron golpeados violentamente y detenidos. En todo este periodo, entre el 2007 y el 2017, al menos 150 personas fueron detenidas en Azuay y unos 40 de estas fueron criminalizadas y enjuiciadas penalmente. El 22 de marzo del 2013, en el Día Mundial del Agua, Pérez tuvo su cuarta detención junto a dos de sus compañeros. Fue acusado por el Estado de terrorismo y sabotaje, y finalmente sentenciado por interrupción de servicios públicos. Fue condenado a un año de prisión, y el juez agregó en la sentencia: ...pero, como la lucha por el agua es una lucha altruista, se le baja la pena a ocho días, por ser un terrorista altruista.  Pérez se defendió a sí mismo. Por ese caso, Pérez demandó al Ecuador en la CIDH.

Se sucedieron las marchas por el agua en el 2012 y el 2014. También fueron objeto de represión. A la marcha del 2014 llevó la figura de una vaca, que era una alcancía gigante para financiar la movilización y la permanencia en Quito. Fue cosida a balazos por desconocidos. También descubrieron un intento de envenenar los alimentos de los movilizados, todo en medio de insultos y ofensas de pobladores que apoyaban al presidente.

Marcha 12 de agosto 2015, Pérez siempre asistió a las movilizaciones junto a su saxofón, que en una refriega fue "requisado" por la Policía. Foto: Luis Argüello / PlanV

Para el 2015 la resistencia de la sociedad y los movimientos sociales contra el autoritarismo de Correa y leyes como las de plusvalía, impuesto a la herencia, aguas y tierras, había generado amplias movilizaciones. Los estudiantes secundarios habían sido detenidos, atacados y en algunos casos torturados por la policía. Cientos de personas estaban criminalizadas penalmente, acusadas de terrorismo, resistencia a la autoridad y sabotaje. Pero la ola de descontento creció y el punto más alto de las protestas partieron del 1 de Mayo de ese año hasta desembocar en el paro nacional y el levantamiento indígena de agosto del 2015. Cuando la marcha por el agua llegó a Quito, encabezada por Pérez, más de 250 mil personas estaban en constantes movilizaciones.

La gente perdió el miedo, pero la represión no cedió. La noche del 13 de agosto un piquete policial intentó detener a Pérez, ya dirigente de Ecuarunari. Fue una acción violenta a la que puso resistencia y por la cual lo golpearon tanto que fue a parar a emergencias del estatal hospital Eugenio Espejo. Pero la peor parte se la llevó su pareja sentimental, Manuela Picq, la cual por intentar defenderlo fue golpeada y arrastrada por la calle por los policías. Catedrática brasileña y activista por los derechos humanos y naturales, Picq fue sometida a un proceso arbitrario para su detención en una cárcel temporal para extranjeros durante cinco días y luego de ganar un juicio sumario para impedir su expulsión, fue arrancada el país y de su familia, en uno de los actos más brutales del régimen. Manuela Picq fue acusada de participar en actividades políticas, a pesar de que la "progresista" Constitución ecuatoriana garantizaba ese derecho. A todo esto se sumaba una persecución y vigilancia constante por parte de agentes de inteligencia, tanto contra Pérez y su familia como para sus compañeros. Sentían el aliento de los agentes del Estado en sus oficinas, en sus casas, en los aeropuertos, en los sitios de reunión, en la casa de su madre... Era insostenible.

Pero esas prisiones y golpes no pararon el objetivo central de su movimiento: defender el agua en contra de la explotación minera y petrolera. Paralelamente a las movilizaciones, las comunidades y sus dirigentes emprendían sus batallas legales. Cuando el presidente Correa calificó a Pérez y a sus amigos de "cuatro pelagatos", ellos decidieron provocar una consulta comunitaria en dos parroquias azuayas. El resultado, aunque simbólico aún, determinó que 9 de cada 10 pobladores estaban en contra de la minería. La consulta tuvo el respaldo de las Naciones Unidas, pero haciendo gala de la matonería estatal, Correa los amenazó con enjuiciarlos por arrogarse funciones y atentar contra el Estado ecuatoriano.

Esto fue en octubre del 2011, y en marzo del 2012, pidieron formalmente a la autoridad electoral realizar una consulta popular en el cantón Girón, en Azuay, el corazón de la exploración minera en la zona, donde prevé la extracción de 2.6 millones de onzas de oro equivalente, con un promedio de 227,000 onzas de oro equivalente extraídas por año y un promedio de 294,000 onzas de oro equivalente extraídas durante los primeros cuatro años completos. La vida últil del proyecto es de 12 años. El proyecto Loma Larga en el Azuay fue calificado como proyecto estratégico, involucraba casi 8000 hectáreas. La inversión estaba prevista en más de USD 300 millones.

Los comuneros recogieron las firmas suficientes para consultar a la población si querían o no la minería, pero la Corte Constitucional de entonces congeló el pedido de requisito de constitucionalidad y el tema quedó paralizado por seis años. En el gobierno de Lenín Moreno y gracias al proceso de reforma institucional se cambiaron las autoridades heredadas del correísmo.

Un nuevo Consejo Nacional Electoral convocó a consulta popular en Girón para el 24 de marzo del 2019. Pero para llegar la consulta, hubo esta vez resistencia de las empresas mineras y de las autoridades energéticas del gobierno de Moreno. Apelando a medidas de protección, a demandas de constitucionalidad, se quisieron poner todas las trabas judiciales para impedir la decisión de la consulta que pondría fin, de aprobarse, a la explotación minera en los páramos de Quimsacocha. Al final, la nueva Corte Constitucional daría paso a la consulta, en una resolución que fue calificada de histórica.

Así, 80% de los votantes de Girón dijeron no a la minería, en una decisión que remecería las bases mismas de los planes extractivistas del gobierno y las multinacionales mineras.

La minería es incompatible con la preservación del agua. Esa frase es repetida como un karma por Pérez Guartambel donde quiera que vaya. Y la acompaña con la descripción de las consecuencias: el agua de la provincia y sobre todo de la ciudad de Cuenca será contaminada de modo irreversible. Dos de los cuatro ríos de Cuenca nacen en Quimsacocha: Yanuncay y Tarqui. Sería un ecocidio. Ese fue el mensaje para la consulta de Girón, y a partir de eso, de una gota de agua en sus carteles de campaña, que obtuvo, por primera vez para el movimiento indígena del Azuay, el cargo más importante de elección popular de la tercera provincia económicamente más poderosa del país.

Luego de 20 años de resistencia aparece una luz, y esa, dice, es una luz de esperanza. El discurso de Yaku Pérez Guartambel está cargado de imágenes poéticas. Habla de emancipación de la violencia impuesta por las empresas mineras y el Estado. Habla de acabar con el despojo de los territorios de las comunidades, habla de la esperanza de impedir la contaminación del agua y de la tierra. Y sobre todo tiene la esperanza de que no haya fractura de la comunidad, porque las familias están fracturadas, partidas por la industria minera, unos a favor —los que tienen allí trabajo—, y los que no.

Pérez y Manuela Picq, en la vigilia por defender las votaciones

Él no quería ser candidato a la Prefectura, quería participar en el concurso para la Fiscalía General. Pero los defensores del agua prácticamente lo llevaron del brazo. Y decidieron basar la campaña también en ofrecer desde esa dignidad alternativas a la minería, y plantearon un sueño a los votantes: hacer del Azuay un emporio de vida sana, de agroecología, de derechos de la naturaleza sin contradicción con el ser humano. Para corroborarlo, días después, decenas de comuneros, campesinos y activistas ascendieron, vía Girón, hasta la laguna sagrada de Quimsacocha, para agradecerle el triunfo en la consulta popular y la elección para la Prefectura.

Y luego de un proceso complejo de selección interna en su partido, Pachakutik, obtuvo la nominación para ser candidato a la presidencia de la República. Pérez había participado, como todo el movimiento indígena en los diez días de octubre del 2019 que conmovieron y cambiaron al Ecuador. Fue cabeza de las movilizaciones en el Sur del país, y estuvo en la toma del Palacio Legislativo en Quito. Pero la deriva violenta de dirigentes radicales del movimiento indígena y la filtración de agendas correístas, que pugnaban por un golpe de Estado y la caída del gobierno de Moreno, alejó a Yaku Pérez de la conducción del levantamiento.  Eso le ganó recriminaciones de los elementos radicales, pero también le permitió colocarse en el justo medio para, junto a los dirigentes históricos de la Conaie, conducir el proceso de lucha a un final pacífico y negociado.

Bautizado como Carlos, impelido por sus convicciones, adoptó un nombre en quichua. Se nombró Yaku, que significa agua.Y es parte de un proceso colectivo que reivindica la plurinacionalidad y la pluriculturalidad del Ecuador, además de la lucha por la tierra, el agua, los derechos humanos y, ahora, si es que logra entrar a la segunda vuelta electoral, la posibilidad de que por primera vez en la historia ecuatoriana, un hijo y dirigente de los pueblos ancestrales se ponga la banda presidencial. Yaku Pérez representa la conjunción de causas contemporáneas con la lucha histórica de los pueblos ancestrales.