Forman parte de una nueva generación de judiciales nacidos entre 1967 y 1987. La mayoría provienen del interior del país, en donde han realizado sus carreras profesionales como abogados, fiscales, jueces y profesores de universidades. Varios de ellos tienen posgrados en universidades del extranjero, o han estudiado en centros ecuatorianos como la Universidad de los Andes de Ambato (Uniandes)  o la Universidad Andina Simón Bolívar. Son los nueve jueces y dos conjueces que aprobaron el proceso de selección para la renovación parcial del alto tribunal de justicia capitalino, una corte de casación a la que se pueden apelar los fallos de los jueces de primera y segunda instancia del país. 

El proceso para seleccionarlos fue encabezado por el Consejo de la Judicatura, que posesionó a los nuevos togados en un evento público que tuvo lugar en febrero pasado. El Concurso de Oposición y Méritos permitió acceder a estos juristas a cargos de tres, seis y nueve años de duración en las Salas Especializadas de lo Penal, Administrativo, Tributario y Laboral de la Nacional. Pero el concurso no estuvo exento de polémicas. Veedores independientes, como el Observatorio de Derechos y Justicia de Lolo Miño, y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Mauricio Alarcón cuestionaron la demora del Consejo en publicar los expedientes de los aspirantes. La Judicatura fue, inclusive, demandada para que transparente los expedientes, a lo que abogados respondieron con argumentos insólitos, tales como que en las fichas constaba la orientación sexual de los abogados que debía mantenerse en reserva. Cuando finalmente se publicaron los expedientes, se constató que esa afirmación era falsa. Lo que sí consta en las fichas son datos como si padecen alguna discapacidad o enfermedad catastrófica, aunque no la orientación sexual. Ninguno de los jueces tiene carnet de discapacidad y gozan de buena salud. 

El 8 de julio de 2020 inició el proceso, en donde participaron 101 postulantes. Solo 11 alcanzaron los 80 puntos sobre 100 que se requerían. Cómo es habitual en el esquema escolar que adoptan estos concursos, los aspirantes debieron rendir pruebas de conocimientos, además de presentar en sus carpetas todo cuanto pudiera darles puntos en méritos. Así, las carpetas de los magistrados nombrados tienen en algunos casos hasta 1500 hojas, de las que buena parte suelen ser las sentencias que dictado como jueces o los libros que han escrito. 

Otro de los tropiezos del concurso tuvo que ver con las modificaciones del cronograma, pues en principio se esperaba que el 25 de enero de 2020 debían ser posesionados, pero recién el 4 de marzo se logró concluir el proceso. Se alegaron problemas técnicos en los computadores del Consejo de la Judicatura para justificar la demora. 

Pero,  ¿quiénes son y de dónde provienen los nuevos magistrados? Revisamos los expedientes de los nuevos togados de la Corte Nacional y esto fue lo que encontramos. 

Milton Enrique Velásquez: un juez nacional de aspecto juvenil 

Este joven abogado de Guayaquil nació en 1984, obtuvo una calificación 85,99 puntos e integra la Sala de lo Administrativo de la Corte Nacional. Aunque la mayor parte de su vida la ha pasado en Guayaquil, el magistrado, quien es soltero, ya había vivido en Quito antes, pues fue asesor de la jueza constitucional Teresa Núques en la Corte Constitucional. Desde muy joven, ha ejercido la judicatura como juez en el Juzgado Tercero de lo Civil y Mercantil de Guayaquil (cargo que asumió a los 28 años), además de haber jefe de procesos en asesoría jurídica del Municipio de Guayaquil y abogado en el Servicio Nacional de Aduanas de su ciudad natal. El expediente del juez Velásquez alcanzó las 695 páginas y en ellas consta una larga relación de su hoja de vida. Además de magistrado y abogado, ha sido profesor en la Universidad Católica de Guayaquil, en donde ha sido catedrático en la maestría de derecho administrativo, así como en la de derecho constitucional. En la Universidad Ecotec, fue profesor en la maestría de Derecho Procesal. En la Universidad Andina, en cambio, dictó una cátedra relacionada con Derecho Procesal. También fue docente en la Universidad Espíritu Santo de su ciudad natal. El joven juez obtuvo su título de abogado en la Universidad de Guayaquil en 2009.  

Fabián Patricio Racines, un magistrado nacido en Nueva York 

El otro integrante de la Sala de lo Administrativo que entró en este concurso es un quiteño, nacido en Nueva York. Según su cédula de ciudadanía, el flamante juez nació en esa ciudad de Estados Unidos en julio de 1972, por lo que está próximo a cumplir 50 años. Sus padres son ecuatorianos, por lo que tiene doble nacionalidad. Su calificación en el concurso fue de  80,44 puntos. Está casado, desde 2005, con María Gabriela Arteaga Serrano, publicista y es, por tanto, cuñado de Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta de Abdalá Bucaram y presidenta encargada por pocos días tras el derrocamiento del gobierno bucaramista del que formaba parte. 
Racines trabajó en la Contraloría, pero antes de ingresar a la Corte Nacional ya era juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito. Su expediente tiene 458 páginas. Ha estudiado en universidades de Cuenca y Quito. Su más reciente título es el de especialista en Contratación Pública por la Universidad Andina de la capital. En esa misma universidad obtuvo una maestría en Contratación Pública, y estudió su licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Quito, si bien se recibió como abogado en la Universidad Católica de Cuenca. Fue funcionario, desde 2002, del Consejo Nacional de Capacitación, en donde tuvo varias comisiones de servicio. Una de ellas durante el correato, cuando fue asesor en el  Despacho del Ministerio del Interior, con el ministro José Serrano. También ocupó en esa cartera el cargo de Subsecretario de Seguridad Interna, desde enero de 2013 a 5 de junio de 2013. Antes, en 2008, fue asesor del Despacho del Ministerio de Turismo siendo ministra Verónica Sión de Josse. 

La hoja de vida del juez precisa que en su contra se iniciaron siete sumarios administrativos en la época de Gustavo Jalkh, en el Consejo de la Judicatura, entre los cuales constan el Expediente Disciplinario 17001-2017-00655, en el cual se le sancionó junto a otros 6 jueces con 30 días de suspensión sin sueldo. Una sentencia constitucional de 15 de enero de 2020 le fue favorable y esa sanción fue borrada de su hoja de vida. El juez también tuvo otros expedientes disciplinarios, con los números 17001-2017-0486; 17001-2017-0749; 17001-2017-1734; 17001-2018-1234-F, en los que no fue sancionado.Por estas razones, ninguno de esos procesos constan en su carpeta presentada en el concurso. 

 En la carrera judicial ha sido juez contencioso administrativo desde 2013. El currículo del togado precisa que ha sido funcionario de carrera del Estado durante 24 años, en las administraciones de Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael Correa. 

Su primer trabajo fue en la Contraloría General del Estado, como asistente de abogacía desde 1997. Sirvió en la Contraloría hasta 2001. También trabajó en varios cargos en el sector privado y en estudios jurídicos, como el Muñoz, Hidalgo y Muñoz, con el abogado Gonzalo Muñoz Sánchez. Estuvo también en el Departamento Legal del Banco de la Producción S.A., y en el Estudio Jurídico Paz & Horowitz Abogados.

Gilda Rosana Morales, la jueza amonestada por plantar a Gustavo Jalkh 

Esta jueza de la Sala de lo Tributario nació en Quito en 1976 y está casada con Fernando Martín Mayoral. En el concurso obtuvo un puntaje de 81,6 puntos. Ya había sido antes jueza de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte y también magistrada del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito por lo menos desde 2012. Había sido también funcionaria del Servicio de Rentas Internas. Presentó al concurso un expediente con 544 hojas. Obtuvo una maestría en derecho económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, mientras que recibió su título de abogada en la Universidad Católica del Ecuador, también en Quito. Se doctoró en Jurisprudencia en la misma universidad y luego obtuvo otro doctorado, esta vez en la Universidad de Salamanca, España, en derechos y garantías del contribuyente. En 2016 recibió una amonestación escrita del Consejo de la Judicatura porque ella y varios de sus colegas del Tribunal Contencioso Administrativo dejaron plantado a Gustavo Jalkh, por entonces zar de la justicia, en una reunión a la que los había convocado en el Consejo. La magistrada también ha sido profesora universitaria en la Flacso, en Quito, en donde dictó clases en la maestría de Economía y Gestión Empresarial. También fue profesora en la Universidad Andina, en donde dictó clases en la Maestría de Derecho Tributario. En el SRI, la magistrada fue funcionaria de carrera entre 2000 y 2011, y en ese lapso obtuvo cuatro licencias sin sueldo por motivo de estudios. 

Felipe Esteban Córdova, el juez penal que empezó como amanuense en la Fiscalía 

En la Sala de lo Penal y Afines, con un puntaje de 82,06 en el concurso aparece el abogado Felipe Córdova, nacido en 1979 en Cuenca, Azuay. Presentó un expediente con 392 páginas.  Córdova fue juez de la Unidad Judicial Penal de Cuenca, en Azuay y su carrera empezó en la Fiscalía. El juez está divorciado y obtuvo su título de abogado en la Universidad Católica de Cuenca en 2003, al igual que su doctorado. En la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, con sede en la ciudad de Ambato, el juez penal obtuvo una maestría en Derecho Penal y Criminología. En esa misma casa de estudios obtuvo un título de Especialista en Justicia Indígena. Desde septiembre de 2014 fue juez penal en Cuenca. Su carrera empezó en 2001, en calidad de amanuense en la Fiscalía. Para 2014 ya era agente fiscal de Azuay, cargo que dejó para pasar a ser juez. En su faceta de profesor, el togado ha sido docente en la Universidad Católica de Cuenca, y ha obtenido reconocimientos al Mérito Judicial. 

Byron Javier Guillén, un manabita que proviene de la Defensoría Pública

El segundo integrante de la Sala Penal es este manabita, nacido en 1984  y quien antes de vivir en Quito radicaba en Portoviejo. Está casado desde 2017 con Iris Saltos. Su puntaje fue de 80,83. Su expediente tiene 1412 páginas. Es abogado desde 2008 por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. También tiene un diploma superior en derecho procesal penal. En la Universidad Regional de Los Andes de Ambato obtuvo una especialización en Derecho Penal y Justicia Indígena. También es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. En la Universidad Nacional de Mar del Plata, en Argentina, obtuvo un doctorado en derecho. Entre sus cargos desempeñados están el defensor público en materia penal en Manabí,  y también funcionario en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. Profesor en su alma mater y también en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. 

Walter Samno Macías, el juez montuvio manabita 

En la Sala Penal también está este abogado manabita, nacido en 1981. Está casado con Gilda Carrasco desde 2011. Su puntaje fue de 80,68 y su postulación incluye 534 páginas. Es abogado desde 2007 por la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fue juez de Garantías Penales en el cantón Sucre, Manabí, así como juez penal en el Tribunal Quinto de Garantías Penales de la Corte de su provincia y  juez distrital de la Sala del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario en Portoviejo. Al igual que algunos de sus colegas, inició su carrera como amanuense en la Fiscalía, en 2004, llegando a ser agente fiscal de Manabí en 2013. Según un certificado de la Asociación Autónoma Primero de Mayo de la Comunidad Estancia Vieja de la Parroquia Colón, cercana a Portoviejo, el juez forma parte del pueblo montuvio manabita y ha contribuido con los miembros de esa asociación. 

Luis Antonio Rivera, el otro juez montuvio 

El cuarto integrante de la Sala Penal proviene de Los Ríos y al igual que su colega manabita asegura ser montuvio de varias generaciones. Su puntaje final fue de 80,55. Ha sido defensor público y juez penal en el interior del país. Presentó 864 hojas al concurso para la Corte Nacional. El togado, quien nació en Quevedo, Los Ríos, en 1978, es soltero y obtuvo su título de abogado en la Universidad de Guayaquil en 2004. Tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Espíritu Santo, y otra maestría en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco, en España. Durante dos años, fue defensor público en su provincia natal. Ha sido juez penal en la ciudad de Quevedo. También fue profesor en la extensión en Babahoyo de la Uniandes de Ambato, en donde dictó varias materias. Al igual que su colega de Manabí, el juez obtuvo una certificación de ser montuvio, pues alegó haber nacido en Quevedo, declaró que su madre proviene de la localidad de Valencia, que su padre es de Quevedo y que sus abuelos son de Vinces. De ahí que pidió una carta que le declare montuvio fluminense. Esta le fue concedida por la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones Sociales con Identidad Montuvia de Babahoyo y consta en su carpeta. 

En esta sala actuarán como conjueces Luis Adrián Rojas, un fiscal de Cañar y Mercedes Johanna Caicedo, la más joven de los seleccionados  (nació en 1987) una abogada que se ha desempeñado como jueza penal en Bolívar y en Los Ríos. 

Alejandro Magno Arteaga, un guayaquileño afincado al pie del Cotopaxi 

Este abogado guayaquileño ha pasado buena parte de su vida en la ciudad de Latacunga, Cotopaxi, donde presentó su postulación. Integra la Sala de lo Laboral y su puntaje fue de 88,5. Nació en 1968. Se graduó de abogado en 2002 en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Trabajó en la Dirección del Registro Civil en el área de Subprocesos de Presupuesto y el Departamento Jurídico de esa misma entidad. Se desempeñó como asesor jurídico del Colegio de Economistas del Guayas. Y también es profesor universitario. En la Universidad Técnica Particular de Loja obtuvo una especialización en Derecho Empresarial, así como una maestría. Otra maestría le fue concedida por la Universidad Tecnológica Indoamérica. El jurista está divorciado. Arteaga se define como mestizo, y ya había sido juez y conjuez anteriormente en la Corte Nacional. Ha sido fiscal de Cotopaxi y juez ocasional de Trabajo en esa misma provincia. Durante cinco años fue comisario de Policía en Guayaquil. 

Enma Teresita Tapia, la jueza de mayor edad

La Sala de lo Laboral cuenta con esta magistrada, quien presentó una postulación con 750 páginas. Su puntaje fue de 80,70. Nacida en Azogues, provincia del Cañar, en 1967, es la persona de mayor edad del grupo. Está casada con Milton Rolando Calle. Fue jueza Segunda del Trabajo en la provincia del Azuay y lo siguió siendo en la Unidad Laboral de Cuenca. También ha sido profesora en las universidades de su provincia, como la Universidad de Cuenca, en cuya Facultad de Jurisprudencia dictó cátedra. Antes de asumir la magistratura nacional vivía en Cuenca. En la Universidad de Cuenca obtuvo, en 2009, un diploma en Derecho Superior. Se doctoró en Jurisprudencia en 2007. Además. tiene un diploma en derecho notarial y registral, una maestría en Asesoría Juridica de Empresas por parte de la Universidad del Azuay y en la desaparecida Universidad Cooperativa de Colombia acreditó un diploma superior en Derecho Procesal. Su primer trabajo fue en 1996 en la Dirección General del Registro Civil.