Back to top
18 de Agosto del 2022
Historias
Lectura: 16 minutos
18 de Agosto del 2022
Redacción Plan V
Caso Tagaeri Taromenane: El Estado será juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
0

El caso Tagaeri y Taromenane fue revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Período Ordinario de Sesiones 156 en octubre de 2015. Fotos: Daniel Cima. CIDH

 

El Estado ecuatoriano enfrentará un nuevo proceso judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La defensa acusa al Estado de vulnerar los derechos de pueblos en aislamiento voluntario en el Yasuní. Una causa que se ha procesado hace 16 años tendrá una respuesta por parte de la máxima Corte de derechos humanos de la región.


Este martes 23 de agosto de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en su 150 periodo de sesiones en Brasilia, Brasil,  evaluará vulneraciones por parte del Estado ecuatoriano a los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane. Se alega la responsabilidad del Estado por una serie de violaciones a los derechos de estos pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV), que han sido afectados por actividades  extractivas que reducen su territorio y afectan su estilo de vida.  

Este caso fue llevado en primera instancia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que luego de encontrar vulneraciones llevó el caso al ente judicial que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión no es un órgano judicial, sino que puede dictar medidas cautelares, hacer recomendaciones o informes. La Corte ya es el órgano judicial donde llegan los casos que pasan por la Comisión. De esta segunda instancia resulta una sentencia vinculante para los estados de la región, como el Ecuador.

Pueblos nómadas

La nacionalidad Waorani ha visto reducido su territorio de 20 mil kilómetros cuadrados a 600 mil hectáreas, casi dos tercios de la extensión original. Desde la colonización española, la sociedad occidental se ha “metido en la casa” de este pueblo indígena. El boom cauchero de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX marcó un nuevo hito de expansión industrial en el oriente. Hoy el sector petrolero y maderero continúan su avance, avalado por la política extractivista del actual Gobierno.

Según Yasunidos, hay proyectos petroleros que afectan el territorio ancestral de pueblos en aislamiento. El Estado ecuatoriano será juzgado por las muertes violentas que ocurrieron contra sus miembros en 2003, 2006 y la “masacre” de 2013. En esos años, hubo enfrentamientos entre  madereros ilegales y el pueblo Waorani. Según los argumentos de la defensa, se juzgará al Estado por omisión, es decir, por no haber tomado acciones de garantía que le corresponden según  la Constitución.


La lider Waorani Nemonte Nenquimo en protesta por el avance de las petroelras en sus territorios. Foto: Mongabay

Entre Pastaza y Orellana, en pleno Yasuní, los Tagaeri y Taromenane habitan en aislamiento voluntario. Estos pueblos nómadas se mueven rotativamente, se mueven por sus sembradíos, migran en tres o cuatro meses entre los ríos Napo y Curaray. Se presume que los Tagaeri son de nacionalidad waorani, mientras que la relación con los Taromenane es debatida.

Este es el mapa en donde cohabitan los pueblos Tagaeri, Taromenane, Waorani empresas petroleras y madereros:


La zona intangible, en verde, está en los límites de los bloques petroleros, en gris. Ver versión PDF

A comienzos de los 70 la mayoría de los Waorani fueron contactados como resultado de una política de “civilización” del Instituto Lingüístico de Verano, un grupo misionero de inspiración protestante norteamericana que paulatinamente redujo el territorio ancestral de los Waorani de 20 mil kilómetros a 678 mil hectáreas.

El territorio que se reconoció como de los Tagaeri Taromenane fue declarado como zona intangible, donde está prohibida toda actividad extractiva. Además, los PIAV tienen una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros, pero reportes de organizaciones sociales indican que los nuevos bloques petroleros han excedido los límites.

Los Tagaeri y Taromenane son pueblos nómadas. Tienen un patrón de movilidad estacional de recolección, caza y búsqueda de lugares relacionados con sus ancestros. La defensa alega que el territorio ancestral de los dos pueblos excede la Zona Intangible Tagaeri Taromenane declarada por el Estado, quien, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no demostró la correspondencia entre la zona intangible y los territorios recorridos en la práctica por los Tagaeri y Taromenane.

Existen tres eventos donde ocurrieron supuestas muertes violentas a raíz del contacto de los PIAV y terceras personas. La defensa alega que estos eventos ocurrieron por la falta de garantías para impedir el acceso de terceros al territorio. El Estado ecuatoriano no será juzgado por afectar el derecho a la vida, ya que se reconoce que los hechos fueron realizados por terceros, sino por su incapacidad de prevenir vulneraciones en el marco de sus obligaciones de garantía.

   2003   

Según un informe de la Comisión Interamericana, en 2003 entre 12 y 26 miembros del pueblo Taromenane fueron asesinados por nueve indígenas Waorani de la región de Tingüino. Los Waorani ubicaron un asentamiento Taromenane en el límite entre Pastaza y Orellana. Luego atacaron sorpresivamente, asesinaron a adultos y niños, y se llevaron la cabeza de los hombres como trofeo.

La matanza habría sido una retaliación a la muerte del indígena waorani Carlos Ima 10 años atrás. La parte peticionaria indica que la masacre fue instigada por taladores ilegales que habrían financiado la expedición por los constantes problemas con pueblos aislados. El informe asegura que el Estado no aportó información sobre las investigaciones. La investigación fue archivada al haberse considerado un caso de justicia indígena. Un fiscal del caso dejó de investigar porque las víctimas “no tenían cédula de identidad”.

   2006   

El mismo informe indica que de acuerdo con la parte peticionaria, en agosto de 2005 y abril de 2006 madereros ilegales fueron agredidos con lanzas por miembros del pueblo Taromenane como respuesta a la intrusión de su territorio. En el segundo ataque murió uno de los taladores.

Días después se reportaron versiones de 30 muertos del pueblo Taromenane cerca del río Chiripuno. Debido a lo remoto del sector y la dificultad de acceso se desconoce con exactitud el número de muertos, y no se descarta que hayan sido tirados al río o escondidos en la densidad de la selva. Un fiscal de Sucumbíos y Orellana determinó que la matanza no ocurrió

La parte peticionaria buscó una respuesta en distintas carteras de Estado, pero no la obtuvo. Estos hechos motivaron que el caso sea llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En 2007 la Comisión solicitó medidas de protección, y el Estado adoptó una serie de políticas, acuerdos ministeriales y convenios, lo que marcó el inicio de las políticas de protección a los PIAV. En 2010 la ministra de Ambiente hizo una visita de campo y excedió el riesgo de intervenciones violentas a la zona, pero todavía vendría otra tragedia.

   2013   

En marzo de 2013 miembros del pueblo Taromenane mataron con lanzas a una pareja de adultos waoranis, identificados como Ompore y Buganey. El hecho ocurrió en el poblado wao de Yarentaro en el bloque 16, que era explotado por Repsol.

La pareja waorani vivía con miedo ya que los Taromenane les reclamaban por las intrusiones de cualquiera que irrespetara su territorio. El Estado intentó adoptar medidas para evitar la escalada del conflicto, pero nunca se concretaron.

Ese mismo mes el Vicario Apostólico de Aguarico informó a funcionarios públicos sobre la venta de armas en la zona de conflicto a miembros del pueblo Waorani. Un General de Brigada del Ejército negó los hechos. Varias organizaciones sociales advirtieron al Estado que se podría producir un conflicto violento.

Tras un mes de inacción del Estado, un grupo de entre 12 y 18 waoranis organizaron un ataque para vengar las muertes de Ompore y Buganey. Luego de varias incursiones, el 30 de marzo el grupo dio con su ubicación y atacó a los Taromenane con armas de fuego y lanzas. Habrían perdido la vida entre 30 y 50 personas, incluidos niños. Dos hermanas de 2 y 6 años fueron secuestradas por los atacantes y retenidas por los Waorani.


Las hermanas taromenane han estado separadas desde noviembre de 2013. Ahora viven con familias adoptivas. Fotografía del libro Una tragedia ocultada, de Milagros Aguirre y Miguen Ángel Cabodevilla.

La Fiscalía accedió al lugar de los hechos ocho meses después. En noviembre de 2013 un juzgado de Orellana emitió una orden de detención contra 15 personas bajo el presunto delito de genocidio, se detuvo a 6 individuos. Pero la Corte Constitucional sentenció que el delito de genocidio merecía una interpretación desde una perspectiva intercultural. Por lo que un juzgado de Orellana ordenó la liberación de los detenidos. En 2015 la Corte Provincial de Orellana llamó a juicio a 17 waoranis.


El juicio contra los 17 waorani por los hechos ocurridos en 2013 duró años. En la esquina de la audiencia estuvo el sacerdote Jose Miguel Goldáraz y Adrián Alvarez. En la sala estuvieron los waos juzgados y sus dos abogados.

Las niñas taromenane

Dos familias distintas de la comunidad Waorani en Aguarico, Orellana, tomaron custodia de las dos niñas del pueblo Taromenane secuestradas en el ataque. La primera familia correspondía a los captores que atacaron al pueblo Taromenane, la segunda a familiares de los captores. El Ministerio de Salud atendió a las niñas, quienes fueron ingresadas al sistema de protección de víctimas y testigos.

Una comisión creada para la investigación de disputas entre los Taromenane y los Waorani determinó que éstos últimos eran los únicos que podían preservar la identidad de las niñas. Pero la parte denunciante cuestionó que las niñas sigan viviendo con los autores de la matanza de sus padres.


Estas son algunas de las imágnes que se han obtenido de la mayor de las hermanas en la comunidad waorani que la acogió. Las hermanas están en el sistema de protección de víctimas y testigos, por lo que se debe cuidar su identidad.  

En noviembre de 2013 miembros de la Fiscalía y la Policía se trasladaron en helicóptero a la comunidad de Yarentaro. Personal gubernamental encapuchado ingresó a una escuela y se llevó a una de las niñas. La Fiscalía manifestó que hicieron un operativo para reubicar a una niña que corría peligro por la cercanía geográfica con los pueblos atacados.

 

En 2019 el Estado ecuatoriano organizó un encuentro entre las dos hermanas, que fue calificado como un show mediático por parte de algunos sectores sociales. Las niñas están actualmente en las comunidades waoranis de Bameno y Dicaro.

 

Un caso que generará precedentes regionales

“El Estado ecuatoriano será juzgado por lo que hizo y dejó de hacer”, dice Mario Melo, asesor legal de la CONAIE ante la Corte Interamericana, en diálogo con este medio digital.

 

El caso se origina en una denuncia hace 16 años por la inacción del gobierno ante las matanzas que ocurrieron en el territorio. Melo declaró en nuestra mesa de análisis que la sentencia que dicte la Corte será obligatoria para el Estado ecuatoriano. Los estándares de esta sentencia impactarán en distintos países en que existan PIAV ya que es la primera vez que la corte se pronuncia sobre este aspecto.

 

Melo señala que la Constitución protege a los pueblos en aislamiento voluntario. “Entrar a estos territorios no solo es un delito, es etnocidio”, dice el jurista. La discusión que se dará en la Corte será el momento más importante del caso.

 

La parte demandante pide que se declare la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a los derechos de las víctimas, que se declare culpable al Estado por no otorgar garantías y una serie de medidas de reparación en lo relativo al cambio de políticas públicas para los PIAV. “El Estado es responsable por omisión”, dice Melo.

 

Pueblos en resistencia

Pedro Bermeo es fotógrafo y activista por los derechos de la naturaleza. Es vocero de Yasunidos e integrante de Libera Ecuador.

Pedro Bermeo es miembro de Yasunidos, uno de los representantes de la parte peticionaria ante la Corte Interamericana. Según el activista, más que pueblos en aislamiento voluntario, los Tagaeri Taromenane son pueblos en resistencia que están al borde de un genocidio. “La nacionalidad Waorani ha visto invadido su territorio desde hace 200 años, desde la colonización, el boom cauchero hasta ahora el extractivismo petrolero y maderero”, afirma.

 

El activista de Yasunidos cuenta que los Waorani ven a los cristianos como “Cowori”, es decir, como caníbales. “Hay muchos relatos en que nos ven como extraterrestres que les quieren comer”, dice. Bermeo cuenta que en la actualidad hay madereros o turistas que siguen intentando contactar a los PIAV, a pesar de las señales de negativa.

 

Se han encontrado lanzas cruzadas en los territorios de los Tagaeri y Taromenane como señal de restricción de paso. Los PIAV si tienen contacto con los Waorani, Bermeo afirma que hacen intercambio de bienes y asegura que los PIAV son conscientes de los ruidos y la contaminación de los actores extractivos en la zona.

 

Debido a la condición misma de los Tagaeri y Taromenane es difícil saber con exactitud su población, aunque se estima que la cifra no llega a los 1000. Se sabe que ambos pueblos tienen un tronco vinculado con la nacionalidad Waorani.

 

“Tagaeri es la familia de Taga, existen los Imaeri o los Baugaeri que están en contacto reciente. Los Tagaeri son un grupo familiar Waorani que se metió aún más en la selva cuando vino este intento de contacto por parte de grupos religiosos”, afirma Bermeo. Taromenane significa “que caminan por nuestros mismos caminos de caza”, afirma Bermeo, aunque sobre este pueblo no hay tanta certeza sobre su origen.

 

Bermeo estará presente en Brasilia junto con Yasunidos, la CONAIE, y Raul Mosocoso y Fernando Ponce. Todos forman parte de la parte peticionaria. La defensa presentó una propuesta para que los jueces conozcan el Ecuador, a lo que el Estado se negó. Sin embargo, luego de la audiencia los jueces podrían decidir si visitan la zona.

 

En la audiencia habrá una fase de presentación de pruebas y testimonios, luego pasará una etapa de alegatos para terminar con una ronda de preguntas de los jueces. Un proceso de 16 años que fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos y llegó a la máxima Corte de Derechos Humanos de la región está por tener una sentencia. Aunque se espera que la misma llegue a fin de año.

 

[RELA CIONA DAS]

Salvoconducto 40: reflexiones sobre dos ruedas (III)
Carlos Arcos Cabrera
Salvoconducto 39: Reflexiones sobre dos ruedas (II)
Carlos Arcos Cabrera
Los artífices de la consulta popular y sus intenciones
Alfredo Espinosa Rodríguez
La guerra de acusaciones entre China y EE.UU. se instala en Quito
Redacción Plan V
Salvoconducto 38: reflexiones sobre dos ruedas (I)
Carlos Arcos Cabrera
GALERÍA
Caso Tagaeri Taromenane: El Estado será juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
 


[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Corte Interamericana de Derechos Humanos: Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador
Pablo Piedra Vivar
Las escenas olvidadas del reencuentro de las niñas taromenane
Susana Morán
Ecuador y la CIDH: ¿la piedra en el zapato?
Rodrigo Tenorio Ambrossi
Tras 20 años de impunidad, otro juicio contra Ecuador en la CIDH
Redacción Plan V

[MÁS LEÍ DAS]

Dos indicios y el rastreo de la señal del celular de Cáceres llevaron al cuerpo de María Belén Bernal
Redacción Plan V
¿Cómo escapó el policía Germán Cáceres? Y los datos oficiales inexactos sobre la desaparición de María Belén Bernal
Redacción Plan V
Disección al edificio de los oficiales, un enigma dentro de la Escuela de la Policía
Redacción Plan V
¿Crimen de estado?
Gabriel Hidalgo Andrade