Este martes 23 de agosto de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instalada en su 150 periodo de sesiones en Brasilia, Brasil,  evaluará vulneraciones por parte del Estado ecuatoriano a los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane. Se alega la responsabilidad del Estado por una serie de violaciones a los derechos de estos pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV), que han sido afectados por actividades  extractivas que reducen su territorio y afectan su estilo de vida.  

Este caso fue llevado en primera instancia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que luego de encontrar vulneraciones llevó el caso al ente judicial que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión no es un órgano judicial, sino que puede dictar medidas cautelares, hacer recomendaciones o informes. La Corte ya es el órgano judicial donde llegan los casos que pasan por la Comisión. De esta segunda instancia resulta una sentencia vinculante para los estados de la región, como el Ecuador.

Pueblos nómadas

La nacionalidad Waorani ha visto reducido su territorio de 20 mil kilómetros cuadrados a 600 mil hectáreas, casi dos tercios de la extensión original. Desde la colonización española, la sociedad occidental se ha “metido en la casa” de este pueblo indígena. El boom cauchero de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX marcó un nuevo hito de expansión industrial en el oriente. Hoy el sector petrolero y maderero continúan su avance, avalado por la política extractivista del actual Gobierno.

Según Yasunidos, hay proyectos petroleros que afectan el territorio ancestral de pueblos en aislamiento. El Estado ecuatoriano será juzgado por las muertes violentas que ocurrieron contra sus miembros en 2003, 2006 y la “masacre” de 2013. En esos años, hubo enfrentamientos entre  madereros ilegales y el pueblo Waorani. Según los argumentos de la defensa, se juzgará al Estado por omisión, es decir, por no haber tomado acciones de garantía que le corresponden según  la Constitución.

La lider Waorani Nemonte Nenquimo en protesta por el avance de las petroelras en sus territorios. Foto: Mongabay

Entre Pastaza y Orellana, en pleno Yasuní, los Tagaeri y Taromenane habitan en aislamiento voluntario. Estos pueblos nómadas se mueven rotativamente, se mueven por sus sembradíos, migran en tres o cuatro meses entre los ríos Napo y Curaray. Se presume que los Tagaeri son de nacionalidad waorani, mientras que la relación con los Taromenane es debatida.

Este es el mapa en donde cohabitan los pueblos Tagaeri, Taromenane, Waorani empresas petroleras y madereros:

La zona intangible, en verde, está en los límites de los bloques petroleros, en gris. Ver versión PDF

A comienzos de los 70 la mayoría de los Waorani fueron contactados como resultado de una política de “civilización” del Instituto Lingüístico de Verano, un grupo misionero de inspiración protestante norteamericana que paulatinamente redujo el territorio ancestral de los Waorani de 20 mil kilómetros a 678 mil hectáreas.

El territorio que se reconoció como de los Tagaeri Taromenane fue declarado como zona intangible, donde está prohibida toda actividad extractiva. Además, los PIAV tienen una zona de amortiguamiento de 10 kilómetros, pero reportes de organizaciones sociales indican que los nuevos bloques petroleros han excedido los límites.

Los Tagaeri y Taromenane son pueblos nómadas. Tienen un patrón de movilidad estacional de recolección, caza y búsqueda de lugares relacionados con sus ancestros. La defensa alega que el territorio ancestral de los dos pueblos excede la Zona Intangible Tagaeri Taromenane declarada por el Estado, quien, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no demostró la correspondencia entre la zona intangible y los territorios recorridos en la práctica por los Tagaeri y Taromenane.

Existen tres eventos donde ocurrieron supuestas muertes violentas a raíz del contacto de los PIAV y terceras personas. La defensa alega que estos eventos ocurrieron por la falta de garantías para impedir el acceso de terceros al territorio. El Estado ecuatoriano no será juzgado por afectar el derecho a la vida, ya que se reconoce que los hechos fueron realizados por terceros, sino por su incapacidad de prevenir vulneraciones en el marco de sus obligaciones de garantía.

   2003   

Según un informe de la Comisión Interamericana, en 2003 entre 12 y 26 miembros del pueblo Taromenane fueron asesinados por nueve indígenas Waorani de la región de Tingüino. Los Waorani ubicaron un asentamiento Taromenane en el límite entre Pastaza y Orellana. Luego atacaron sorpresivamente, asesinaron a adultos y niños, y se llevaron la cabeza de los hombres como trofeo.

La matanza habría sido una retaliación a la muerte del indígena waorani Carlos Ima 10 años atrás. La parte peticionaria indica que la masacre fue instigada por taladores ilegales que habrían financiado la expedición por los constantes problemas con pueblos aislados. El informe asegura que el Estado no aportó información sobre las investigaciones. La investigación fue archivada al haberse considerado un caso de justicia indígena. Un fiscal del caso dejó de investigar porque las víctimas “no tenían cédula de identidad”.

   2006   

El mismo informe indica que de acuerdo con la parte peticionaria, en agosto de 2005 y abril de 2006 madereros ilegales fueron agredidos con lanzas por miembros del pueblo Taromenane como respuesta a la intrusión de su territorio. En el segundo ataque murió uno de los taladores.

Días después se reportaron versiones de 30 muertos del pueblo Taromenane cerca del río Chiripuno. Debido a lo remoto del sector y la dificultad de acceso se desconoce con exactitud el número de muertos, y no se descarta que hayan sido tirados al río o escondidos en la densidad de la selva. Un fiscal de Sucumbíos y Orellana determinó que la matanza no ocurrió

La parte peticionaria buscó una respuesta en distintas carteras de Estado, pero no la obtuvo. Estos hechos motivaron que el caso sea llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. En 2007 la Comisión solicitó medidas de protección, y el Estado adoptó una serie de políticas, acuerdos ministeriales y convenios, lo que marcó el inicio de las políticas de protección a los PIAV. En 2010 la ministra de Ambiente hizo una visita de campo y excedió el riesgo de intervenciones violentas a la zona, pero todavía vendría otra tragedia.

   2013   

En marzo de 2013 miembros del pueblo Taromenane mataron con lanzas a una pareja de adultos waoranis, identificados como Ompore y Buganey. El hecho ocurrió en el poblado wao de Yarentaro en el bloque 16, que era explotado por Repsol.

La pareja waorani vivía con miedo ya que los Taromenane les reclamaban por las intrusiones de cualquiera que irrespetara su territorio. El Estado intentó adoptar medidas para evitar la escalada del conflicto, pero nunca se concretaron.

Ese mismo mes el Vicario Apostólico de Aguarico informó a funcionarios públicos sobre la venta de armas en la zona de conflicto a miembros del pueblo Waorani. Un General de Brigada del Ejército negó los hechos. Varias organizaciones sociales advirtieron al Estado que se podría producir un conflicto violento.

Tras un mes de inacción del Estado, un grupo de entre 12 y 18 waoranis organizaron un ataque para vengar las muertes de Ompore y Buganey. Luego de varias incursiones, el 30 de marzo el grupo dio con su ubicación y atacó a los Taromenane con armas de fuego y lanzas. Habrían perdido la vida entre 30 y 50 personas, incluidos niños. Dos hermanas de 2 y 6 años fueron secuestradas por los atacantes y retenidas por los Waorani.

Las hermanas taromenane han estado separadas desde noviembre de 2013. Ahora viven con familias adoptivas. Fotografía del libro Una tragedia ocultada, de Milagros Aguirre y Miguen Ángel Cabodevilla.

La Fiscalía accedió al lugar de los hechos ocho meses después. En noviembre de 2013 un juzgado de Orellana emitió una orden de detención contra 15 personas bajo el presunto delito de genocidio, se detuvo a 6 individuos. Pero la Corte Constitucional sentenció que el delito de genocidio merecía una interpretación desde una perspectiva intercultural. Por lo que un juzgado de Orellana ordenó la liberación de los detenidos. En 2015 la Corte Provincial de Orellana llamó a juicio a 17 waoranis.

El juicio contra los 17 waorani por los hechos ocurridos en 2013 duró años. En la esquina de la audiencia estuvo el sacerdote Jose Miguel Goldáraz y Adrián Alvarez. En la sala estuvieron los waos juzgados y sus dos abogados.

Las niñas taromenane

Dos familias distintas de la comunidad Waorani en Aguarico, Orellana, tomaron custodia de las dos niñas del pueblo Taromenane secuestradas en el ataque. La primera familia correspondía a los captores que atacaron al pueblo Taromenane, la segunda a familiares de los captores. El Ministerio de Salud atendió a las niñas, quienes fueron ingresadas al sistema de protección de víctimas y testigos.

Una comisión creada para la investigación de disputas entre los Taromenane y los Waorani determinó que éstos últimos eran los únicos que podían preservar la identidad de las niñas. Pero la parte denunciante cuestionó que las niñas sigan viviendo con los autores de la matanza de sus padres.

Estas son algunas de las imágnes que se han obtenido de la mayor de las hermanas en la comunidad waorani que la acogió. Las hermanas están en el sistema de protección de víctimas y testigos, por lo que se debe cuidar su identidad.