El voto a favor de la conservación en el Chocó Andino, en la reciente consulta en el Distrito Metropolitano, implica que las concesiones mineras sólo podrán tener permisos de operación para las fases a las que hayan accedido previo a la consulta. Eso quiere decir que las empresas que solo hayan obtenido los permisos de exploración no podrán avanzar a la fase de explotación.

Pero varias concesiones sí alcanzaron a obtener las licencias para la fase de explotación. El colectivo Quito Sin Minería afirma que todas fueron obtenidas de forma irregular. Esta es la escena post consulta en el Chocó Andino.

Caso Melina Changó

En las afueras de la Corte Provincial de Pichincha, el colectivo Quito Sin Minería pidió que se dicte sentencia a una acción de protección interpuesta por un vocal del GAD de Pacto, paneleros orgánicos y el Frente Antiminero Pacto. Han transcurrido 16 meses sin una resolución.

Los solicitantes pidieron a la Corte que se declare la vulneración de los derechos a la naturaleza y la consulta ambiental, y reclaman que en la concesión Melina se exportó material aurífero por 20 años sin licencia ambiental.

El 22 de febrero autoridades de entidades de control de la industria minera visitaron el campamento de Melina Changó. Foto: Ivan Castaneira/Agencia Tegantai

Ruben Tufiño, panelero, afirmó que la minera afecta su producción. “El sector productivo orgánico representa el sustento de la parroquia”, dijo.

Richard Paredes, del GAD de Pacto, dijo que las mineras tienen 722 hectáreas pero que usan más espacio del que tienen por concesión. “Han ido directamente a la explotación. Hay flagrancias, no hagan una inspección anunciada, ellos operan en las cercanías del pueblo”, asegura.

Acción Ecológica, miembro del colectivo, declaró que la empresa minera ha tenido sanciones del Ministerio de Ambiente por daños a la naturaleza y del Municipio por daños a bienes patrimoniales.

“Fabian Favara, Juana Pacheco y Leonardo Barriga (los jueces del caso) deben dictar sentencia y no ser cómplices. Exigimos al Estado ir a la concesión y verificar lo que se está realizando. Hay 100 trabajadores que operan todas las noches y se está sacando material aurífero” aseguró Acción Ecológica.

El tucan del Chocó es una de las especies de aves que habitan en el territorio. El turismo de aves es un industria que genera ingresos y empleo a la Mancomunidad. Foto: Inty Arcos.

Una empresa que cambia su identidad

Inti Arcos, coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, conversó con este portal sobre el trazado histórico del caso Melina Changó. Arcos afirma que se ha suspendido la empresa por varias ilegalidades. Entre ellas, operar sin permiso de aprovechamiento de agua, de movilización de explosivos y por destrucción de patrimonio.

Inti Arcos es el coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino. El biólogo creció en esta reserva de la biósfera.

“Melina ahora se llama Ecuamin S.A., cerraron para cambiarse de nombre por todas las ilegalidades que tenía la figura anterior”, asegura el ambientalista. En uno de los antecedentes de la acción presentada por los antimineros consta una de las supuestas irregularidades:

“Robert Erazo, representante de Melina Changó, tiene una multa de $40.000 dentro del proceso administrativo iniciado en contra de la concesión. Un mes después de haber sido declarado responsable de cometer una infracción ambiental muy grave por no contar con el permiso correspondiente para ejecutar actividades de explotación, inició el trámite para transferir los derechos mineros de la concesión Melina, a favor de la compañía Ecuamin”.

El Ministerio de Energía autorizó la transferencia de los derechos de la concesión de Melina Changó Santa Bárbara a Ecuamin S.A. Ecuamin es una compañía que fue constituida en 2021 y está domiciliada en Machala, El Oro.

Arcos sostiene que los mineros traen ciudadanos extranjeros o en vulnerabilidad para la mano de obra. “Ellos no solo operan con su material, tienen una licencia ambiental que sacaron online, y compran el material de mineros alrededor”, agrega.

“Nos enteramos que compraban el material que venía de Buenos Aires. Ellos tienen negocios con otros mineros y se lo llevan al sur a procesar. En el sur del país se procesa esto, porque aquí no se les ha permitido”, dice Arcos.

La empresa opera en la cuenca del río Chirape en una zona de protección de quebradas municipales, indica el biólogo. “Su modus operandi ha sido buscar distintos representantes legales para seguir operando”, asegura Arcos.

El titular de la concesión es Jorge Martínez Hincapie. Pero Arcos asegura que hay "un testaferro de ciudadanía chilena" que opera en el lugar. El ambientalista alerta que éste último ha amenazado de muerte a los antimineros.

La empresa obtuvo la licencia para la fase de explotación antes de la consulta, por lo que sí podrá explotar el oro de su concesión. Normalmente, en concesiones de pequeña escala como esta, las licencias se otorgan al mismo tiempo para la exploración y la explotación.

Un conflicto histórico

En la zona de Pacto y Gualea han existido por décadas conflictos sociales debido a la presión minera. Fred Larreátegui, abogado que ha apoyado a Quito Sin Minería, recuerda el episodio en Pacto en que guardias privados de una minera dispararon a los hermanos Miranda.

Larreategui recuerda que en 2012 se hizo una consulta “de buena fe” en Pacto, con un 92% de aprobación a favor de la conservación. “En esa época había un ambiente político que hacía muy difícil acudir al CNE para hacer una consulta vinculante”, sostiene.

Más de 150 familias y más de 1.500 trabajadores, entre mano de obra familiar y contratada, laboran en esta cooperativa y producen alrededor de 400 quintales por semana. Foto: Luis Argüello. Archivo PlanV

El jurista afirma que en la actualidad la Mancomunidad, compuesta por seis parroquias, atraviesa problemas climáticos. “En Nanegalito ya hay escasez de agua en el verano. A pesar de la función ecológica de recolección de agua de este bosque nublado”, dice el abogado ecologista.

Acerca de los cuestionamientos de consultar solo a los pobladores del Distrito Metropolitano de Quito sobre la minería en el Chocó, Larreategui responde que el Chocó Andino logró consolidarse como un área de importancia ecológica, cultural y de desarrollo productivo y sostenible a través de una ordenanza metropolitana.

El jurista explica que en Quito lo que se ha prohibido es la explotación de minerales metálicos, que es una de las fases más avanzadas del proceso. “El Estado tiene la obligación de emitir autorizaciones para realizar estas actividades. El concesionario por su parte deberá presentar documentos al cierre de operaciones”, concluye.

“Fue un error prohibir la minería en el DMQ”, Cámara de Minería del Ecuador

María Eulalia Silva, directora de Cámara de Minería del Ecuador, recalca que la resolución establece que los efectos rigen a futuro y no se afectarán derechos adquiridos. “Las 12 concesiones que están ahí pueden seguir trabajando”, asegura Silva. Sin embargo, hay concesiones que no obtuvieron la licencia para explotación hasta la consulta, por lo que en la práctica no podrán extraer material metálico de la zona. 

María Eulalia Silva es la directora de la Cámara de Minería del Ecuador. Es periodista especializada en divulgación científica. Foto: Diario La Hora

“Ahora bien, no es seguro que una concesión se llegue a convertir en mina. Una concesión de gran minería que está en una fase exploratoria puede durar hasta ocho años en esa fase”, recalca la dirigente gremial. En el Chocó solo hay una concesión a gran escala, el resto de concesiones son de mediana, pequeña escala o artesanal. 

Entre algunos de los titulares de las concesiones de mediana y gran escala en el Chocó están la multinacional Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining, cuya conseción estaba en trámite, Empresa Nacional Minera (ENAMI EP) y Exploraciones Mineras Andinas Ecuador (EMSAEC S.A.). Ninguna obtuvo la licencia para explotación.

“Estamos como industria para sacar adelante al país. En la comunidad del Chocó hay un porcentaje considerable que quiere minería y que no tiene muchas posibilidades de desarrollo y que desea progresar. No podemos desde la comodidad de la ciudad determinar que ellos no se desarrollen”, declara Silva.

Las exportaciones mineras crecieron un 13% en 2022 con respecto al 2021. Con una cifra de $2275 millones se convirtió en el tercer rubro de exportaciones no petroleras y el primero en exportaciones no tradicionales.

La Cámara de Minería cree que fue un error prohibir la minería en el Chocó, y asegura que eso no va a resolver los problemas socioambientales de ese territorio. “Ojalá los movimientos anti mineros mantengan la energía que imprimieron en la campaña para monitorear la minería ilegal. Y para apoyar a las comunidades que viven con malas condiciones de vida y que luego migran a las grandes ciudades”, concluye Silva.