Frase Introductoria: La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales.

Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 8?

Los anexos de esta propuesta para la Consulta Popular detallan que en la actualidad los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación. Se definen a los servicios ambientales como los beneficios económicos, sociales y ambientales que las personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas.

Según un informe de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, existen distintos servicios ecosistémicos. Los primeros son los de aprovisionamiento en donde constan alimentos, gasolina, agua dulce o medicinas. Luego están los de regulación, que se refieren a elementos como el agua, el aire, el clima, la erosión o las enfermedades. El tercer tipo de servicios son los culturales que hablan sobre la diversidad y los sistemas de conocimientos. Por último, están los servicios de apoyo que incluyen la formación del suelo, el ciclo del agua o la fotosíntesis.

En cuanto a las compensaciones o Pagos por Servicios Ambientales (PSA) pueden ser abordadas desde la conservación, los instrumentos internacionales y la importancia del mercado de carbono, ya hay mecanismos de esta índole en Ecuador.

El país ha desarrollado mecanismos de compensaciones, cómo el Plan de Acción REDD+ para la reducción de emisiones y degradación de bosques. Desde el 2017 se han movilizado $103 millones para este mecanismo. Se ha incorporado al sector privado con un impulso de $10 de pago por cada tonelada de carbono reducido. Actualmente hay más de 550 sistemas de compensaciones en más de 70 países del globo. Pero para asegurar la eficiencia de los pagos se necesitarán focalizaciones y un sistema robusto de monitoreo y sanciones.

Ecuador también es signatario de mecanismos internacionales de compensaciones ambientales, cómo el Acuerdo de París o el Protocolo de Kioto. Éste último incluso detalla prácticas como los bonos o créditos de carbono. Sin embargo, se desconoce hasta que punto el país aplica esta normativa vigente.

Contradicciones en la política ambiental

Según el abogado Salim Zaidán, la Constitución no prevé compensaciones, y “no tiene por qué hacerlo”. Según el jurista ese cuerpo legal no es reglamentario, y lo que se pregunta es más un tema de desarrollo legislativo. “En la Constitución no tiene que estar todo regulado, los detalles para los reglamentos. Hay un desconocimiento del equipo jurídico (del presidente)”, agrega.

Para Zaidán, esta es una pregunta ancla para lograr el favor popular, sobre todo el electorado joven. “Se quiere vender un Gobierno comprometido con el ambiente. Esta pregunta no era necesaria, no requería un cambio constitucional. Inclusive porque sabe que en la coyuntura está la consulta de Yasunidos. Es algo que ya está bastante detallado en el título quinto del Código del Ambiente”.

En la Constitución ecuatoriana está enmarcado el modelo de desarrollo del buen vivir, que da especial relevancia a la naturaleza como sujeto de derechos. El modelo busca un balance entre la persona, las comunidades y su entorno.

Pero de acuerdo al análisis del catedrático hay contradicciones con el modelo de la Constitución. Zaidán agrega que hay artículos que son conservacionistas y otros que favorecen la extracción de recursos no renovables. “Ahí está el origen de la contradicción. Por un lado, demuestran compromisos ambientales. Pero cuando a la par se busca la ampliación de la producción petrolera se ve una contradicción de la política gubernamental”.

Una pregunta que podría ayudar al “greenwashing”

En los sectores ambientalistas la pregunta número 8 no ha sido bien recibida. Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos, cree que no se está apuntando a los problemas de fondo. “Esto nace de una iniciativa de un Ejecutivo sin legitimidad, las encuestas dicen que tiene menos del 20% de apoyo. La motivación no es ambiental, el plan de Gobierno ha demostrado su intención de intensificar las actividades petroleras y mineras”, afirma.

Uno de los temas a los que apunta la pregunta es la reducción de gases de efecto invernadero. Según Bermeo, esto “es totalmente contrario a los problemas de fondo. El problema ambiental en el Ecuador radica en la deforestación, ellos no hablan de lo que causa la deforestación en el país. Una de las causas es la que está vinculada con el extractivismo”.

Bermeo afirma que ya hay mecanismos de compensaciones económicas y planes para conservar bosques. “¿Por qué no preguntan si queremos que se amplíe la frontera petrolera o si queremos que haya minería en el Ecuador? Son cuestiones proselitistas que demuestran el interés del Gobierno de atraer votos”, agrega el vocero de Yasunidos.

Ya en el análisis de la pregunta, Bermeo cree que es de vital importancia leer las motivaciones en los anexos. “El Gobierno hace una comparación en términos financieros y utilitarios de la naturaleza con una máquina y una carretera. Esto contradice la visión constitucional de la naturaleza de ser sujeto de derechos. Con esto se revelan las verdaderas intenciones del Estado”, dice el activista.

Bermeo cree que la pregunta puede tener efectos negativos. “A simple vista puede parecer positivo, pero a lo largo de los años hemos visto que estos mecanismos son fallidos. Los que compran estos bonos son los mismos que destruyen la naturaleza, lo que se conoce como “greenwashing”. 

El activista apunta a las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que afirman que en los territorios indígenas se conservan los territorios de mejor manera que en los parques nacionales administrados por el Estado, y el ejemplo que utiliza para demostrarlo es el Yasuní, “que está lleno de campos petroleros”.

Bermeo cree que estos mecanismo de conservación pueden crear dependencias y perjuicios para las comunidades que se acogen a lo que puede ser un sistema restrictivo. “El caso específico en el Ecuador es Socio Bosque, no se puede decir que es absolutamente malo, la idea es interesante, pero termina creando una dependencia de estos ingresos que restringen de muchas maneras el uso de esos bosques a los pueblos indígenas y rompen con esa relación ecosistémica”, concluye.

Para el constitucionalista Emilio Suárez la pregunta es compleja de entender. “Es tan técnico el tema que deja una duda del alcance”, dice. Suárez argumenta que ya hay suficiente regulación, “cuál es la necesidad de establecer este texto en la constitución si se puede hacer a nivel de legislación. Parece que el presidente desistió de la pugna con el legislativo para saltarse ese paso”, dice el abogado.

Suárez cree que el Gobierno tiene distintas aristas problemáticas y que al menos estas dos preguntas ambientales no abonan en absoluto a los problemas que tiene el Gobierno actualmente. “Estas dos preguntas generan preocupaciones para los inversores en el Estado. Es contradictorio invitar inversión extranjera y a la vez generar prohibiciones”.

De ganar el “Sí”, se reformará el artículo 74 de la Constitución para que conste de la siguiente manera: El Estado, en su calidad de administrador de los servicios ambientales, regulará su producción, prestación, uso y aprovechamiento y definirá los lineamientos y mecanismos de compensaciones que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades reciban por su apoyo a la generación de estos.

Si se aprueba la enmienda, la Asamblea Nacional tendrá un plazo de un año para aprobar la ley reformatoria al Código Orgánico del Ambiente que regule la presente enmienda constitucional. Hasta que la Asamblea cumpla con la Transitoria, el Ministerio del Ambiente expedirá los acuerdos ministeriales para aplicar la presente enmienda constitucional en un plazo de sesenta días.