Incumplimiento de normas ambientales. Esa es la principal irregularidad que la Contraloría ha detectado en la gestión de residuos sólidos de municipios y empresas municipales en el país. La entidad publicó un reciente estudio que reúne las conclusiones de 28 informes de auditoría al manejo de la basura en 17 ciudades del país, entre 2011 y 2020.

Sobre el estudio de 165 conclusiones, 57 se relacionaron con el incumplimiento de la normativa ambiental, lo que corresponde al 34,55 % de los resultados del análisis. Es decir, en casi una década los gobiernos locales omitieron planes y licencias ambientales para sus rellenos sanitarios, que en algunas ocasiones operaron más bien como botaderos a cielo abierto. Uno de los puntos más alarmantes tiene que ver con el manejo de los lixiviados -los líquidos contaminantes que se desprenden de la descomposición de la basura orgánica e inorgánica- y la falta de manejo técnico.

En otros casos, se evidenció la falta de equipamiento básico el manejo de los desechos, lo que expuso a los trabajadores que recolectan los desechos de las ciudades.  PlanV publica el detalle de las ciudades observadas, una información que deja en evidencia el dramático manejo de la basura en el país.

1. Quito. Es una de las ciudades con más problemas para la gestión de la basura en Ecuador. La Contraloría ha examinado en siete ocasiones a la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs). En esas inspecciones, halló ocho irregularidades, sobre todo, en los contratos u obras relacionadas con ese tipo de gestión. Por ejemplo, en la primera fase de la escombrera El Troje -lugar donde se depositan desechos de construcción- no se exigió estudios de impacto ambiental a la contratista por lo que no hubo datos sobre procesos erosivos y afectaciones al agua y suelo. Tampoco se requirieron datos de las características y volúmenes de los materiales ingresados a la escombrera, dice el análisis de la Contraloría.

A eso se suman la falta de una “metodología de construcción detallada en la oferta técnica y económica”. Esto permitió que se dispusieran de manera inadecuada los lodos, que no fueron compactados. Esas falencias provocaron en 2017 el deslizamiento de escombros sobre el canal de río Pita y daños en la infraestructura del sistema de agua potable de Quito. Al menos 600.000 personas se quedaron sin agua potable por ese percance. 

En el contrato de consultoría, suscrito en 2012, para la “Elaboración del estudio de impacto ambiental ex post del proyecto de operación de las Estaciones de transferencia ET2 (norte) y sur; y las tres fases del Relleno Sanitario El Inga I, II y III”, no se evidenció la entrega de productos acordados por parte de la contratista. Esto originó que la entidad no cuente con la licencia de funcionamiento.

En esta imagen de junio de 2020 se puede observar las piscinas que contienen los lixiviados. Las comunidades aledañas han cuestionado el manejo de estos líquidos tóxicos. Foto: Archivo PlanV

Otros hallazgos tienen que ver con el tratamiento de los lixiviados. “En los contratos de 2014, 2015 y 2019 no se cumplió con el volumen mínimo de tratamiento de lixiviados, ni con el análisis de los parámetros físico-químicos y límites de descarga de efluentes a cuerpos de agua dulce, para garantizar estándares de calidad”, dice el reporte.

Asimismo, la Contraloría observó el convenio con Gasgreen S.A. para el procesamiento de biogas que se captura del relleno sanitario de El Inga, a través de una planta de generación de energía eléctrica, que opera desde 2016. Esta es una iniciativa acreditada por las Naciones Unidas que incentiva a los gobiernos a bajar sus emisiones de CO2. Estos son compensados con las “Reducciones de emisiones certificadas” (CER's, por sus siglas en inglés) o “bonos de carbono”. Hasta el 31 de diciembre de 2019, la Emgirs desconocía el monto total y real de CER’s que la planta de biogás generó y el rendimiento económico por este concepto. Los primeros CER’s se entregaron en diciembre de 2021.

2. Milagro. Esta ciudad refleja uno de los casos más dramáticos de manejo de desechos sólidos. Un informe de Contraloría halló que, en 2018, la basura llegaba al relleno sanitario, pero este se manejaba como un botadero a cielo abierto. Los desechos que llegaban al botadero fueron apilados sin las condiciones técnicas para el tratamiento de los lixiviados y liberación de gases. Ese botadero no contó con una infraestructura adecuada, previo al depósito de los desechos.  Sin estudios técnicos, se destinó un terreno particular, con base de un convenio de cooperación, para uso de suelo.  Tampoco se realizó el tratamiento adecuado de los desechos sólidos peligrosos y especiales depositados allí. A eso se suma que la municipalidad realizó procesos no técnicos para la eliminación del metano y lixiviados. Todo esto sucedió porque no se implementó una segunda celda en el lugar que cumpla con las normas técnicas, por lo que el manejo de los desechos incumplió toda norma ambiental.

3. Zamora. La Contraloría cuestionó al Municipio de esta ciudad porque no mitigó los daños ambientales que dejó el botadero a cielo abierto del sector Genairo, pese a que había un plan desde 2012 para su cierre técnico que se produjo en 2017.  La entidad denunció que se siguió botando basura en ese lugar, a pesar de contar con un relleno sanitario en el sector Namírez Alto. En Genairo hubo un manejo inadecuado de los desechos sólidos y no se inició el proceso de regularización ambiental, provocando riesgos para el ambiente y la salud de la población de la ciudad de Zamora. Los desechos sólidos no peligrosos -como plástico, papel, cartón, vidrio, etc- no fueron reciclados por lo que la vida útil de la celda de contención de ese botadero se redujo. Otra falla detectada fue la falta de mantenimiento de los recolectores de basura “por lo que la entidad trasladó residuos especiales sin autorización y en camiones inadecuados”.

En el sector Genairo operó un botadero a cielo abierto. La Contraloría observó la falta de un manejo técnico de los desechos por parte del Municipio de Zamora. Foto: Juicio Crudo

4. Esmeraldas. En esta ciudad, el botadero de basura a cielo abierto El Jardín no contó con el permiso de funcionamiento y regularización, ni cumplió con los requisitos mínimos para su operación, según la Contraloría. Por ejemplo, no estuvo aislado de centros poblados para evitar efectos nocivos a la salud de las personas, ni cerramiento adecuado o rótulos que identifiquen la actividad, horarios de funcionamiento, medidas de prevención en caso de accidentes y emergencias. El Municipio de la ciudad tampoco efectuó control y tratamiento adecuado de los líquidos que se originan de la descomposición de la basura. Además, no existió un plan emergente del cierre técnico del botadero, ni se gestionó la implementación del proyecto de construcción del relleno sanitario, a pesar de que este contaba con licencia ambiental.

5. Pastaza. En esta ciudad, la Contraloría cuestionó que los residuos provenientes de demoliciones, excavaciones, desalojos de tierra y escombros fueron ubicados en el relleno sanitario sin contar con escombreras autorizadas para este fin. Esto produjo la disminución de la vida útil del relleno sanitario, debido a la falta de aprovechamiento de los residuos recuperables de forma previa a la disposición final, dice el reporte. Los vehículos recolectores tampoco cumplieron con los requisitos necesarios y no se entregaron guantes adecuados al personal del área de desechos sólidos.

6. Quinindé. Una de las principales denuncias de la Contraloría tiene que ver con que el relleno sanitario de esta ciudad operó sin licencia ambiental “incrementando los impactos ambientales negativos al entorno y áreas circundantes al sitio de disposición final”. La entidad detectó algunas fallas en el relleno sanitario. Por ejemplo, no se implementó señalética, cunetas o balanzas para su operación, ni monitoreó la celda de lixiviados. Además, no se tomaron medidas para el control de aguas lluvias y de escorrentía, lo que ocasionó impacto ambiental y magnificación de las descargas al riachuelo cercano al relleno. Este Municipio no usó normas ambientales para el manejo de los desechos comunes y peligrosos, que no fueron debidamente clasificados y rotulados, lo que expuso a los trabajadores a riesgos.

Imagen panorámica del relleno sanitario de Quinindé. Foto: Captura de video de Youtube de Nelson Solano

7. San Cristóbal. Este cantón, pese a pertenecer a Galápagos -uno de los lugares más biodiversos del planeta-, no cumplió con la periodicidad prevista en la normativa para la presentación de auditorías ambientales durante el funcionamiento del Centro de Gestión de Residuos Sólidos. Sin esos informes, no fue posible implementar acciones oportunas para mitigar riesgos ambientales, dice la Contraloría. Otra observación que hizo la entidad es que el Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado en septiembre de 2015, no definió las zonas para disposición final de desechos y residuos sólidos para cuando el Centro llegue al 100 % de su ocupación.

8. Centinela del Cóndor. Este cantón de la provincia de Zamora Chinchipe tiene problemas relacionados con el manejo ambiental del relleno sanitario de esa ciudad. La Contraloría cuestionó al Municipio porque no contrató auditorías ambientales, dentro de los plazos previstos, que permitan identificar y aplicar medidas contra los impactos. Tampoco contrató un laboratorio para el análisis periódico de la calidad de lixiviados, agua, suelo y aire en el relleno sanitario. Eso provocó falta de información sobre las afectaciones física, química y microbiológica causadas por el tratamiento de desechos sólidos y minimizar los impactos producidos por la descarga de lixiviados, emisión de olores, alteraciones paisajísticas, presencia de residuos y vectores, remoción de vegetación, y alteración de cuerpos hídricos.

9. Nangaritza. El Municipio de este cantón de Zamora Chinchipe también fue observado por el manejo ambiental. A la fecha del examen, se habían realizado solo dos de 13 análisis de calidad del agua del relleno sanitario. La falta de información sobre los impactos que causa el tratamiento de desechos sólidos fue su mayor problema. A esto se suma que no contrató oportunamente auditorías ambientales para implementar planes que permitan un adecuado manejo del relleno sanitario.

10. Atacames. En esta ciudad de Esmeraldas, el relleno sanitario no contó con licencia ambiental “por lo que no se garantizó la protección del medio ambiente ni la salud de la comunidad”, dice la Contraloría. Tampoco hubo control y gestión suficientes que permitan “el manejo técnico e integral del relleno sanitario, por lo que no cumplió las condiciones para su funcionamiento”. Adicional, el GAD de esta ciudad no asumió las competencias ambientales relacionadas con el manejo integral de desechos sólidos por la falta de una ordenanza. La entidad observó que el Municipio no usó vehículos adecuados para el transporte de desechos sólidos, lo que aumentó el riesgo de contaminación por derrame de desechos y líquidos. “Se puso en riesgo la seguridad del personal, por posibles lesiones y contagio de enfermedades”.

En Atacames, el relleno sanitario no tuvo una licencia ambiental. Foto: Minicipio de Atacames

11. Ibarra. Es otra ciudad con deficiente cumplimiento del plan de manejo ambiental en la gestión de desechos sólidos no peligrosos y hospitalarios. Sobre estos últimos, la Contraloría aseguró que no hubo un manejo ambiental de la recolección, transporte y tratamiento de este tipo de desechos que son de alto riesgo, los vehículos usados no cumplieron con las características técnicas y lo hizo sin el registro ante el Ministerio de Ambiente. Ese manejo deficiente puso en riesgo a salud de los trabajadores, según la Contraloría. A esto se suma la falta de controles para evitar la proliferación de vectores (ratas, moscas, mosquitos, cucarachas, aves) y olores, planes de contingencia y renovación de equipos y maquinaria que derivaron en efectos ambientales y sociales en el área de influencia del relleno sanitario.

12. Santa Clara. En este Municipio de la provincia de Pastaza, el control a los lixiviados fue una de sus deficiencias. Según la Contraloría, no hizo monitoreos semestrales a estos residuos tóxicos, ni reportó a la autoridad ambiental los resultados analíticos de los monitoreos efectuados entre los años 2016 y 2019. Pero también tuvo observaciones respecto a los trabajadores: no les entregó guantes y no hubo documentación relacionada con los exámenes médicos al personal. Este Municipio también operó con vehículos que no tenían mecanismos de compactación de residuos o estribos.

13. Ambato. En esta ciudad, la Contraloría halló incumplimiento a las obligaciones constantes en la licencia ambiental y de contratar auditorías ambientales. Esto ocasionó que la Empresa Pública Municipal Para La Gestión Integral de los Desechos Sólidos del Cantón Ambato (Epm-Gidsa) no cuente con recomendaciones para aplicar medidas correctivas para la operación eficiente del relleno sanitario.

Ambato es otra ciudad cuestionada por el manejo de su basura. En la imagen, su relleno sanitario. Foto: rellenosanitarioambato.blogspot.com

14. Mera. Este cantón de la provincia de Pastaza tuvo problemas con los vehículos recolectores de basura, pues no cumplían con los requisitos de seguridad y diseño. El Municipio no evaluó la capacidad operativa de la flota ni supervisó las operaciones de recolección de basura. Tampoco contrató auditorías ambientales para la operación del relleno sanitario y no hubo un seguimiento periódico a los lixiviados.

15. San Miguel de Los Bancos. En esta ciudad, la Contraloría halló que no se obtuvieron las licencias ambientales para el relleno sanitario y para el funcionamiento de un horno incinerador ecológico de desechos hospitalarios. Esto produjo contaminación del suelo, agua, aire y perjuicios a la vida humana, flora y fauna, según la entidad. Durante el periodo del examen, entre 2010 y 2013, la Contraloría denunció que en esa ciudad lo que debió ser un relleno sanitario funcionaba como un botadero a cielo abierto y que la municipalidad no generó un plan para su manejo integral y de dotar con los equipos necesarios al personal recolector de basura.

16. Archidona. El GAD de esta ciudad de la provincia del Napo pagó de manera “injustificada” más de USD 90.000 en el contrato de estudios y diseños para la gestión integral de residuos sólidos. Además de los retrasos, no cumplió sus objetivos, según el informe de Contraloría.

   Punto de vista   

“El informe confirma nuestras denuncias desde 2007”

María Fernanda Soliz, catedrática universitaria y miembro de la Alianza Basura Cero de Ecuador

Esto confirma un histórico de denuncias que desde el movimiento ecologista y la academia han realizado desde 2007, pero fueron minimizadas o sacadas de contexto y planteadas como disputas políticas en lugar de ser tratadas como una deficiencia e inoperancia de los GADS y del Ministerio del Ambiente. Se han lanzado las competencias de un sector a otro y de un nivel a otro. Nosotros hemos insistido en la necesidad de una declaratoria de emergencia nacional. No hay experiencia exitosa en el país. Siempre hay complicaciones administrativas, legales o impactos ambientales.

El informe no llega a ese nivel de profundidad, pero se centra en tres grandes grupos: incumplimientos administrativos, las ilegalidades y los impactos. Esto evidencia que los GADS están dejando una serie de pasivos ambientales y frente a los cuales el Gobierno central no hay una política de fiscalización, ni de garantía de cumplimiento de derechos.

Se evidencia que la situación más fuerte está en la Amazonía y en la Costa, algo bien documentado. Uno de los factores es la concentración poblacional sobre todo en las ciudades de la Costa, también están las condiciones climáticas y geográficas y luego la eficiencia de las autoridades.

El país se niega a abordar estructuralmente este problema. El informe de la Contraloría es interesante, pero se sigue centrando en la punta del iceberg. Y no deja con claridad las exigencias al Estado para asumir un cambio estructural del modelo de gestión de los residuos sólidos y un cambio en las competencias. Debería demandar la resolución de pasivos ambientales. Es decir, que no sea un informe cómplice donde solo legan respuestas parches.