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1 de Marzo del 2024
Historias
Lectura: 11 minutos
1 de Marzo del 2024
Manuel Novik
Derrames petroleros en el río Coca: 109 comunidades no han recibido reparación
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Rafael Yumbo, presidente de la FCUNAE, estuvo junto a otros comuneros y organizaciones no gubernamentales en las afueras de la Corte Constitucional. Fotos: Amazon Frontlines

 

Un caso en la Corte Constitucional está congelado luego de cuatro años de un desastre petrolero. Las comunidades quichuas viajaron a Quito para pedir a la Corte que se pronuncie. Cientos de personas han perdido el acceso a agua potable y un ambiente sano.


Más de 150 quichuas de la provincia amazónica de Orellana llegaron a las afueras de la Corte Constitucional para exigir que se dé trámite a una causa congelada desde abril de 2021 sobre el derrame de casi 16 mil barriles de hidrocarburos en el río Coca. Los derrames han persistido en el sector, donde las tuberías petroleras han sido afectadas por la erosión, mientras tanto la Corte no se ha pronunciado.

Representantes de comunas quichuas afectadas por el derrame llegaron a Quito para pedir a la Corte un pronunciamiento. El equipo legal dio declaraciones a la prensa. 

Verónica Grefa, lideresa kichwa de la comunidad de Toyuca, en una marcha en exigencia de medidas cautelares en Coca, agosto de 2020. Créditos: Amazon Frontlines.

Entre las provincias de Orellana y Sucumbíos, en el sector de Quijos, 109 pequeñas comunidades ancestrales fueron afectadas por un gran derrame. Hace casi cuatro años, el 7 de abril de 2020,  la erosión regresiva del río Coca, un fenómeno natural que se considera inédito en el mundo provocó la rotura del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y el poliducto de combustibles, que cruzaban el río todos en el mismo punto. Dos meses antes, un derrumbe destruyó la cascada de San Rafael, ubicada aguas arriba.

La comunidad científica advirtió sobre los riesgos de colapso de las laderas en el sector, y se sostiene que se debió detener el flujo de crudo en los oleoductos que pasaban por ahí y atenerse a consecuencias menores: la rotura de tubos vacíos. Pero el derrame de crudo no se evitó (hubiera significado paralizar la exportación petrolera) y el río depositó hidrocarburos en las riberas lo que arrasó con algunas comunidades aguas abajo.

El sistema de alerta tampoco funcionó y varios indígenas entraron a los ríos llenos de petróleo al siguiente día. La Alianza por los Derechos Humanos asegura que el proceso de remediación a estas comunidades fue incompleto e inadecuado.

En algunas ocasiones, la destrucción de las tuberías produjo derrames de más de 10 mil barriles, como el ocurrido en abril de 2003 en la reserva Cayambe Coca y que llegó a la laguna de Papallacta o en febrero de 2009 cuando al menos 32 poblaciones cercanas al Coca fueron afectadas.

Una acción de protección fue planteada por las comunidades, pero en primera y segunda instancia la Justicia determinó que el caso no correspondía a la violación de derechos sino a la “insatisfacción de los accionantes”.

Actualmente, las fuentes de agua para las comunidades quichuas han sido contaminadas. Con eso su estilo de vida se ha visto perjudicado. No tienen agua potable y perdieron la oportunidad de tener cultivos saludables, pues ya no tienen agua apta para riego.

Pobladores de la comunidad Sani Isla, aseguran que las afectaciones en la piel son debido al contacto con el agua contaminada por el derrame. Fotos: Amazon Frontlines

Un niño en la comunidad de Sardinas, zona afectada por el derrame, enseña las afectaciones a su piel. Foto: Amazon Frontlines.

Los accionantes demandaron la restauración de los componentes afectados, un levantamiento de datos para determinar la situación de salud de las comunidades, alimentos suficientes y culturalmente apropiados durante diez meses, agua potable suficiente para todas las comunidades afectadas durante el tiempo que demore la construcción de los sistemas de agua, la contratación de al menos un 80% de mano de obra local para las labores de remediación, un comité de monitoreo sobre actividades de reparación y disculpas públicas en español y kichwa.

Hay cultivos afectados por el derrame de petróleo en la comunidad de Toyuca. Foto: Amazon Frontlines

Los derrames, una constante en la historia nacional

Xavier Solis, activista por los derechos humanos y miembro de la Fundación Alejandro Labaca, es parte del equipo de abogados que han tomado la causa en conjunto con la Alianza de Derechos Humanos.

El abogado cuenta la realidad de las comunidades afectadas luego de cuatro años de uno de los derrames petroleros más graves en la historia del Ecuador. Solis se apoya en un estudio realizado por el Instituto Nacional de Biodiversidad que revela que todavía existe contaminación en la zona.

Xavier Solís es abogado en libre ejercicio, activista por los derechos humanos y parte de la Fundación Alejandro Labaca.

“El informe reveló que hay mercurio en los peces que quedan, hay contaminación derivada de actividad minera y petrolera en la zona”, dice el jurista. En 2023 se tomaron muestras de agua y suelo en el río Coca y Napo.

Las comunidades afectadas han perdido el acceso a agua potable. Incluso el agua lluvia podría estar contaminada por otro problema que afecta a la región: los mecheros. A pesar de todo, los pobladores han vuelto a usar el agua del río para sus actividades cotidianas.

A pesar de que el derrame fue hace cuatro años, Solis afirma que todavía hay contaminación del agua porque, “los propios informes de Petroecuador y OCP admitieron que no recogieron ni un solo barril del derrame”. Solis explica que el río se llevó el petróleo pero fue un barrido superficial, hasta el año pasado han encontrado restos de crudo en el suelo.

Así se ven las obras de reparación del oleoducto dañado que ocasionó el derrame de petróleo a la altura del parador conocido como "El Reventador" de la via Quito - Lago Agrio. Foto: Amazon Frontlines

Según los registros recogidos por Solis y el equipo de abogados, desde 2009 son 42 mil barriles los que han sido derramados en los ríos Coca y Napo en cerca de 300 kilómetros de río. El SOTE por sí solo ha tenido más de 70 derrames desde 1972.

Solis indica que son cerca de 30 mil personas quichuas afectadas directamente, y hasta 100 mil afectados indirectamente, ya que el agua que se captaba para la ciudad del Coca venía de estos ríos. “El derrame llegó hasta el Yasuní y la reserva Cayambe Coca”, afirma el activista.

Parte de la zona afectada también sufrió los efectos de la erosión regresiva. Algunos científicos afirman que fue acelerada debido a la actividad de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, si bien la empresa y el Estado lo atribuyen a un fenómeno meramente natural.

“Hay una insensibilidad de parte de las autoridades a nivel nacional. Las comunidades amazónicas no tienen una atención prioritaria. No han habido indemnizaciones ni reparaciones. En primera instancia los jueces sentenciaron en contra, aunque aceptaron que hubo un derrame. Hay un letargo en la Justicia”, concluye Solis.

Plan V solicitó una declaración a OCP y Petroecuador sobre este tema, pero no hemos obtenido respuesta hasta la publicación de este reportaje.

“La riqueza que sale de aquí, no regresa”

Rafael Yumbo, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE) vive en una de las zonas afectadas por el derrame de 2020. En la comuna quichua Pío Montufar viven unas 350 personas, cerca del río Coca.

Las comunidades se organizaron en una marcha en exigencia de medidas cautelares en Coca, agosto de 2020. Foto: Amazon Frontlines

Yumbo cuenta que desde el derrame deben recorrer varios kilómetros para aprovisionarse de comida y agua. En el pasado tenían sus cultivos a la orilla del río, usaban el agua del Coca para bañarse, cocinar, lavar la ropa y cultivar. Pero todo eso se terminó.

Para conseguir agua para beber, caminan durante una hora aguas abajo donde el río aparenta estar más limpio. Luego la traen en galones a pie. Han reasentado sus cultivos lejos del río para poder seguir produciendo plátano, yuca, café y maíz. Con estos productos se autoabastecen y generan ingresos al venderlos en poblados cercanos.

La FCUNAE representa a 72 comunas quichuas en 5 cantones del Oriente. De ellas fueron afectadas unas 40 comunas en los cantones de Sacha, Francisco de Orellana, Aguarico y Shushufindi.

Yumbo recuerda cómo sucedieron los hechos el 7 de abril del 2020. A las 8 de la mañana del día siguiente del derrame acudió al río. Había manchas de petróleo en los árboles, en la tierra, al río se lo veía como un lodo oscuro. Así estuvo al menos 15 días.

Los afectados asistieron a una audiencia por las medidas cautelares solicitadas por el derrame de petróleo, agosto de 2020. Foto: Amazon Frontlines

El dirigente indígena asegura que las autoridades no se contactaron con la Federación ni su comuna hasta dentro de un mes. “Luego llegaron para decir que iban a apoyar con agua y alimentación. Nos dieron 5 litros para cada familia. En familias que vivimos de 8 a 15 personas. Nos daban atún en lata, que no son alimentos de nuestra cultura. En dos días ya no teníamos comida. Nos tocó irnos selva adentro”, recuerda Yumbo.

Más allá de la asistencia de alimentos, los relacionadores públicos indicaron que debían reclamar por obras al Consejo Provincial o al Municipio. En esas instancias tampoco obtuvieron respuesta.

Por otro lado, el dirigente sostiene que las petroleras tampoco generan empleo, ya que piden experiencia y requisitos laborales que no son compatibles con la población quichua del lugar. “La riqueza que sale de aquí no regresa”, asegura.

Yumbo centra sus esfuerzos en luchar porque se cumpla la Ley Amazónica, que establece fondos y beneficios para esa región del país. “Necesitamos un sistema de agua adecuado. Las empresas afirman que el agua está apta para el consumo, pero exigimos que transparenten todo el estudio”, concluye.

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