Por cerca de un mes se ha prolongado el bloqueo que los indígenas waorani de la comunidad nativa de Dicaro realizan en un campo petrolero de la Amazonía ecuatoriana, tras el reciente ingreso de la petrolera estatal Petroecuador, que ha asumido la operación desde enero.

Con una población cercana a los 300 habitantes, Dicaro es una de las ocho comunidades del pueblo indígena waorani que habitan en los bloques 16 y 67, ubicados en el Parque Nacional Yasuní, y la única que de momento ha iniciado una protesta desde el 25 de diciembre en coincidencia con el cambio de operadora de los bloques. Hasta el 31 de diciembre del 2022, el Bloque 16 era operado por Repsol y la operación fue revertida al Estado.

Dicaro está ubicada en la parroquia Cononaco, cantón Aguarico, provincia de Orellana, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Yasuní. Dentro de su territorio comunitario se emplaza el Bloque petrolero 16, antes explotado por Repsol y ahora por EP Petroecuador.

En idioma wao-tededo, Dicaro significa "río de piedra o piedra de río". Los ríos cercanos a esa comunidad tienen esas características y ahí los pikenani o ancianos caminaron por siglos para pescar y recolectar, cuando había abundancia de peces y frutos de la selva. La caza, la recolección y la pesca son aún las principales fuentes de subsistencia de las familias wao de Dicaro. 

Desde el 25 de diciembre de 2022, mantienen una protesta  en nuestro territorio comunitario por la, dicen, contaminación ambiental provocada por la empresa Repsol y el ingreso inconsulto de la empresa EP Petroecuador.

Los waorani de Dicaro son conocidos como un pueblo en reciente contacto. Es decir, que conocen a la sociedad general, o a los cowore (como llaman a "los otros"), apenas desde los años 50, con la entrada de la industria petrolera a su territorio, entrada a la cual califican de "violenta e inconsulta".

Este grupo de waoranis, un pueblo indígena que hasta hace prácticamente 60 años vivía de manera aislada del resto del mundo, reclama la reparación de antiguas contingencias ambientales por un derrame de crudo en el 2008, una consulta previa sobre el ingreso de Petroecuador a los campos y un acuerdo directo con la petrolera estatal.

Como habitantes de la Amazonia y de la cual recogen el agua, el alimento, la vivienda y los recursos para sostenerse, los primeros meses de cada año es la época de recolección de la chonta. Este proceso ha sido alterada por el continuo vuelo de helicópteros que se dirigen a los campamentos o Facilidades de Producción (SPF) que la empresa EP Petroecuador tiene dentro de su territorio, han denunciado.

"Hay días que vemos cerca de una decena de vuelos de helicópteros sobre nuestro territorio; eso genera un ruido insoportable para los waorani, y peor aún para los Tagaeri y Taromenane. Nosotros sentimos los vuelos y el ruido que producen como una invasión a nuestro territorio, una amenaza, y creemos que para los Tagaeri y Taromenane será peor", señaló la comunidad en una carta abierta.

La comunidad de Dicaro dijo que todas las empresas petroleras que han operado en su territorio, como Maxus, Repsol y ahora EP Petroecuador, "solo han tenido como objetivo sacar petróleo sin importar lo que sucede en el mismo, los conflictos que pueden generar".

Freddy Avilés, habitante de Dícaro, aseguró a la agencia española EFE que la comunidad está muy disgustada con la forma en la que Petroecuador ha ingresado a los bloques, "sin avisar". Avilés destacó la ambición de la comunidad de tener un acuerdo directo con la empresa en lugar de uno conjunto con la Nacionalidad Waorani de Ecuador (Nawe), una entidad que abarca todo el territorio del pueblo waorani, repartido entre las provincias ecuatorianas amazónicas de Orellana, Napo y Pastaza. Captura de Video de Agencia EFE

Según la comunidad, en 38 años de explotación petrolera las familias no han tenido descanso, durante las 24 horas del día, del tráfago y ruidos de la industria que han alterado su modo de vivir y ninguna de las empresas (Conoco, Maxus, YPF, Repsol, Petrolia y Petroecuador) ha respetado el derecho constitucional a la consulta previa, libre e informada.  Hasta ahora, dice la comunidad, sus miembros desconocen los estudios de impacto ambiental, los planes de relaciones comunitarias y las licencias ambientales otorgadas, y tampoco se las han entregado a pesar de sus pedidos formales. 

Luego de casi cuatro décadas de contacto con la industria petrolera, "las familias waorani seguimos viviendo sin agua potable, nuestros hijos están enfermos por usar agua contaminada, no tenemos escuelas equipadas ni centros de salud completos para atender las enfermedades causadas por la industria petrolera. La reducción de la pesca, caza y chacras es evidente, la quema del gas, los derrames han puesto en grave peligro la existencia del prueblo waorani de Dicaro".

Citaron a la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, quien en su visita a
Ecuador en el 2019, dijo que es “fundamental considerar que se está creando un cerco de actividades petroleras alrededor del territorio reconocido a los pueblos indígenas en aislamiento que impide su libre movilidad, y les empuja hacia áreas de otros grupos waorani, lo que aumentará los conflictos.”

Y, que cualquier medida o política que adopte el Estado “solo serán eficaces si se dirigen a resolver las amenazas estructurales a los derechos de los pueblos en aislamiento y contacto reciente, incluidas las comunidades waorani”.

Desde el 25 de diciembre de 2022, los waorani de Dicaro empezaron su protesta por la contaminación de Repsol luego de 22 años de operación en su territorio, y la poca atención en 38 años de explotación petrolera. A esas motivaciones se sumó el ingreso "inconsulto" de EP Petroecuador, que opera el bloque petrolero 16 desde el 1 de enero del 2023, "y sigue las mismas políticas de Repsol: ninguna atención a las comunidades afectadas".

La comunidad denunció que la estatal Petroecuador y el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador, continuaban con la misma plantilla de relacionadores comunitarios de Repsol-Petrolia, "empleados que durante años han despreciado al pueblo waorani de Dicaro, y hoy siguen con las mismas prácticas al servicio del Estado. Incluso hay personas que tuvieron vinculación con Repsol-Petrolia durante años y hoy forman parte de los equipos de asesoría de EP. Petroecuador y el Ministerio de Energía, a los que se han sumado contratistas de Repsol-Petrolia con intereses económicos en el bloque 16 que boicotean cualquier intento de diálogo o acercamiento con la comunidad waorani de Dicaro o ejercen presión y división en los miembros de la comunidad".

Indígenas waorani de la comunidad nativa de Dícaro se manifiestan junto a un campo petrolero, el 14 de enero de 2023 en el en el Bloque 16 del Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Orellana (Ecuador). Foto: Iván Izurieta / EFE

Varios pedidos

El 7 de enero del 2023, la comunidad de Dicaro hizo llegar al presidente Guillermo Lasso,  al ministro de Energía y al presidente de Petroecuador un pliego de peticiones. En temas de salud, con 15 pedidos concretos de obras, equipamiento y personal; otros 16 pedidos son para educación; diez pedidos para la organización comunitaria; 12 pedidos para infraestructura; 14 pedidos de servicios básicos y combustible; 11 pedidos de apoyo a proyectos productivos de diverso tipo; cuatro pedidos de caracter ambiental; dos pedidos en torno a derechos humanos y derechos laborales; seis pedidos para contratación laboral a miembros de la comunidad y seis pedidos sobre seguridad social y laboral.

Los pedidos van desde centros de salud bien equipados, bonos, escuelas, profesores, becas, personal de atención de salud, profesores, vivienda, canchas, capacitación técnica, equipo industrial, equipamiento informático, internet, templo, casas comunales, parques, albergues, agua potable, telecomicaciones, alcantarillado, vialidad, transporte, energía eléctrica, GLP, dotación de combustibles, maquinaria, talleres productivos, servicios y protección ambiental, servicios agrícolas y deportivos, desechos, eliminación de mecheros y agua de formación, contratación de personal, bonos semestrales de apoyo a ancianos y madres solteras, ayudas por fallecimiento... Una retahila de pedidos que refleja las necesidades permanentes e históricas de las comunidades.

Para levantar el bloqueo, los waorani exigen que lleguen hasta el lugar a dialogar un nuevo convenio el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, y el gerente general de Petroecuador, Hugo Aguiar, en torno a los pedidos.

«Queremos que vengan personalmente aquí a conversar y llegar a un acuerdo. Si no vienen, vamos a seguir paralizados», señaló el presidente de la Dícaro, Robinson Coba.

Freddy Avilés, habitante de Dícaro, aseguró que la comunidad está muy disgustada con la forma en la que Petroecuador ha ingresado a los bloques, «sin avisar». Avilés destacó la ambición de la comunidad de tener un acuerdo directo con la empresa en lugar de uno conjunto con la Nacionalidad Waorani de Ecuador (Nawe), una entidad que abarca todo el territorio del pueblo waorani, repartido entre las provincias ecuatorianas amazónicas de Orellana, Napo y Pastaza.

«Las propuestas ya las tenemos. Las hemos presentado y enviado a las máximas autoridades del país, y ahora lo que estamos esperando es la respuesta. Quienes vengan a la mesa de diálogo deben ser representantes con la facultad de firmar el convenio, porque si no, la vía seguirá paralizada», dijo Avilés.

La comunidad teme un eventual ingreso de militares a la zona para reabrir la vía y el 11 de enero denunciaron un corte de suministro eléctrico, ya que la energía es provista por la empresa. Sin embargo, la Nawe aseguró en un comunicado que fue temporal y afectó a todo el bloque petrolero.

No corresponde consulta, según Petroecuador

La petrolera estatal dijo que corresponde al Ministerio de Ambiente señalar si existen o no asuntos ambientales pendientes en ambos bloques y ponerlo en conocimiento en las comunidades.

Sobre el reclamo de una consulta previa, la compañía afirmó que no corresponde su realización en este caso, ya que la norma exige aplicarlo para aquellos proyectos iniciados a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 2008 y no es obligatorio para proyectos que estaban operando desde antes, como son los bloques 16 y 67.

La empresa pública mostró su intención de solucionar este conflicto, y para ello el Ministerio de Energía y Minas lidera un comité interinstitucional que analiza el pliego de demandas e ingresará al territorio para establecer una mesa de diálogo y negociación.

La producción diaria de los dos bloques está cercana a los 15.000 barriles de crudo, y Petroecuador  está abasteciendo las instalaciones y al personal por vía aérea a través de helicópteros y así salvar la carretera cortada por los indígenas.

Los bloques 16 y 67 están en explotación desde 1994 y hasta final de 2022 han pasado por diferentes empresas privadas, la última de ellas Petrolia, filial de la canadiense New Stratus Energy (NSE), con la que el Gobierno no quiso negociar la extensión de los contratos de servicios y migrarlos a contratos de participación, por lo que la compañía anunció en diciembre que recurriría a un arbitraje internacional.