La resolución de la Corte Constitucional del Ecuador (Dictamen Nro. 6-22-CP/23, de mayo del presente año) que da paso a una consulta popular, que plantea mantener de manera indefinida el crudo en el subsuelo de un bloque petrolero ubicado en la reserva megadiversa del Yasuní, es una sentencia histórica. Es producto de una larga lucha por parte del colectivo YASunidos para dejar el petróleo bajo tierra y que concuerda con el deseo de los pueblos indígenas que viven en la zona.

La lucha se inició en el año 2013, tras la decisión del gobierno de Rafael Correa de dar por terminada la iniciativa Yasuní-ITT. Esta iniciativa proponía la no-explotación de cerca de un millón de barriles de crudo pesado, ubicados en el bloque 43 (ITT) en pleno corazón del Parque Nacional Yasuní. Esta importante y revolucionaria propuesta del Ecuador, en tiempos de un agudo cambio climático, solicitaba la compensación por parte de la sociedad internacional del equivalente al 50% de las ganancias que se hubiesen obtenido por la explotación de dichas reservas, las mayores del país. Lamentablemente, el Gobierno del Ecuador se autoboicoteó, desechando una oportunidad crucial de cambiar los paradigmas de desarrollo. Hoy en día, según estudios complementarios, se cree que dichas reservas sobrepasarían los 1600 millones de barriles, por lo cual, dejarlos bajo tierra resulta aún más importante.

El Yasuní es considerado uno de los lugares de mayor biodiversidad mundial y es hogar de pueblos indígenas, algunos de ellos ya viviendo en comunidades, en contacto permanente con la sociedad mayoritaria. Otros, como los Tagaeri y Taromenani, se encuentran en situación de aislamiento; es decir, que rechazan el contacto con nuestra sociedad, y la Constitución del Ecuador reconoce expresamente su derecho a seguir viviendo de esa manera. Siendo extremadamente vulnerables a enfermedades comunes para nosotros, una simple gripe o una infección gastrointestinal puede provocar la muerte de cientos de integrantes del grupo.  Además, el extractivismo industrial en su territorio significa un impacto brutal sobre sus maneras tradicionales de subsistencia, que se basan en la cacería y recolección, acompañadas de una agricultura mínima. Debido a estas características su supervivencia depende de un vasto territorio en condiciones óptimas. Los ruidos estridentes emitidos por las maquinarias para construir las carreteras y plataformas petroleras, los taladros de perforación, los generadores de energía eléctrica, los helicópteros y las motosierras afectan gravemente la disponibilidad de los animales de los cuales estos cazadores dependen, vulnerando considerablemente su soberanía alimentaria.

Un grupo de kwichas acompañó en el campamento y la marcha de entrega de firmas. Ellos se oponen a la explotación petrolero en el Yasuní, pero reclaman que sus voces no han sido escuchadas. Foto: Archivo PlanV

Ante ese panorama y consternados por la declaración de proceder a explotar los yacimientos en el ITT, un grupo de personas de la sociedad civil nos organizamos formando el colectivo YASunidos, con el objetivo principal de encontrar vías legales para mantener el crudo bajo tierra. En un Estado realmente comprometido con los derechos de poblaciones tan vulnerables como lo son los indígenas aislados del Yasuní, el camino de exigir una consulta popular no hubiese sido necesario. Es más, la misma Iniciativa Yasuní-ITT usaba como uno de sus argumentos principales la protección de estos pueblos.

En un esfuerzo monumental, los YASunidos logramos levantar más de 750 000 firmas, para exigir la realización de la consulta popular. Sin embargo, en el 2014, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, que en ese momento se encontraba bajo control político del gobierno central, decidió descartar alrededor de 400 000 firmas de manera arbitraria. Sin embargo, los YASunidos, convencidos de la legitimidad del derecho democrático de la ciudadanía a ser consultada, hemos mantenido nuestras demandas hasta lograr con la sentencia de la Corte Constitucional, que este sea respetado.

El próximo 20 de agosto, la sentencia de la Corte Constitucional abrirá una posibilidad inédita para que la ciudadanía ecuatoriana reconozca el alto valor inherente a la existencia de estos pueblos y de sus territorios; aún más tratándose de verdaderos defensores de la Amazonía, con todo lo que esto conlleva en estos tiempos de emergencia climática. Retomar el espíritu revolucionario de la Iniciativa Yasuní –ITT y responder a la consulta con un ¡Sí! sentará un precedente mundial para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento, de la Amazonía y para el equilibrio climático en el planeta.