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16 de Agosto del 2023
Historias
Lectura: 17 minutos
16 de Agosto del 2023
Julio Oleas-Montalvo
El Yasuní y la Amazonía en el centro de la disputa mundial por la vida
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Parque Nacional Yasuní, cuyo futuro se define en un consulta popular.  Foto: salvalaselva.org

 

Hace diez años el poder político bloqueó la consulta pedida por los Yasunidos y más de 750.000 ciudadanos. En esta ocasión, si gana el SÍ, se restará del mercado el 0,0005% del crudo demandado cada día en el mundo (102 millones de barriles diarios). La trascendencia del SÍ para el Yasuní no es económica ni fiscal. Es profundamente ética.


El triunfo del SÍ detendrá la tragedia que vive el Yasuní. Será un triunfo de la juventud ecuatoriana y su fe en el futuro del planeta. El SÍ será un rayo de esperanza en medio de la narcopolítica, del crimen organizado y de la corrupción enseñoreados en el país.


Desde el presidente Lula da Silva, bisoño abanderado del «desarrollo sostenible» de la Amazonía, hasta los partidarios del NO en la consulta sobre el Yasuní (20 de agosto), creen que es posible tener un pastel y comerlo al mismo tiempo. En realidad, si te lo comes, ya no lo tienes: si talas el bosque para exportar madera, contaminas el agua para extraer oro y petróleo, siembras palma aceitera o pastizales para engordar ganado, y construyes carreteras y oleoductos para movilizar todas esas mercancías, ya no tienes Amazonía.

Talar, extraer, cultivar, engordar, construir, contaminar… en fin, colonizar, son actividades compatibles con el «desarrollo sostenible» de la Amazonía, pero los indicadores sociales y ambientales no corroboran que eso esté ocurriendo. Por su lado, la comunidad científica advierte que, continuar esas actividades, en esa región, precipitará dos de las varias expresiones de la crisis ambiental: el cambio climático y la sexta ola de extinción masiva.

El «desarrollo sostenible» es un oxímoron cultivado por la burocracia internacional y por populistas de izquierda y derecha. Lula lo aprovecha para reconstituir su perfil de dirigente latinoamericano y para liderar a los países amazónicos y a otros con selvas tropicales con el fin de tomar la iniciativa en la agenda de la COP 28. Al mismo tiempo, no demuestra intención alguna de suspender la explotación de petróleo y gas natural en la Amazonía.

La Declaración Presidencial con ocasión de la Cumbre Amazónica – IV Reunión de presidentes de los Estados Parte en el Tratado de Cooperación Amazónica de Belem do Pará (9/08/2023), es una nueva oda al «desarrollo sostenible», interpretada al ritmo del Itamaraty post Bolsonaro. 

Luiz Inácio Lula da Silva durante una gira de campaña en el Amazonas. Foto: AFP

Magnitudes colosales, servicios extraordinarios

La región amazónica se extiende sobre unos 8 millones de km2 (más de dos veces el tamaño de la India). Nueve países sudamericanos reivindican sus soberanías nacionales y sus derechos patrimoniales sobre ella. Alberga al bosque tropical más grande y diverso del planeta, que contiene entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de carbono. Sus ríos descargan en el Atlántico hasta el 16% del agua dulce total descargada por los sistemas fluviales de todo el mundo; el principal, el Amazonas, tiene unos 6.600 km de largo con un caudal medio de 225.000 m3/segundo. En este colosal sistema fluvial nada la variedad más grande de especies de peces de agua dulce de la Tierra (https://bit.ly/3OSASer).

La Amazonía contiene la mayor concentración de biodiversidad del planeta: más del 10% de las especies descritas en solo 0,5% de su superficie total. «Esta inmensa diversidad de formas de vida ofrece recursos genéticos únicos […] La biota de la Amazonía se ha producido durante millones de años» mediante una combinación de procesos geológicos, climáticos y evolutivos (https://bit.ly/3qr2a1X). 

La Amazonía no puede entenderse sin otros biomas: los Andes, el Cerrado, el Chaco y el Pantanal. Como la conocemos en la actualidad ya existía en el Paleoceno, hace unos 58 millones de años. Es una gigantesca cuenca con abundancia de minerales (hierro, aluminio, oro, manganeso, níquel y estaño), hidrocarburos y acuíferos de agua dulce. «Estos recursos presentan fuentes potenciales de riqueza; sin embargo, los impactos ambientales y sociopolíticos de su explotación son muy polémicos», opina el Panel Científico de la Amazonía. Los científicos lo consideran una «entidad regional del sistema Tierra» que está afectada por profundos «cambios antropogénicos», muchos de ellos irreversibles (Informe de Evaluación de la Amazonía, 2021).

Preservar la biodiversidad es fundamental para garantizar todas las formas de vida y contribuir a estabilizar otros ecosistemas del subcontinente. El arrecife de coral de la Amazonía podría ayudar a reconstituir áreas dañadas en otros continentes.

En 1989 una superficie de casi 1,1 millones de hectáreas en el oriente ecuatoriano fue declarada por la Unesco como Reserva de la Biosfera. Esta pequeña circunscripción (menos de 0,002% de la superficie total de la Amazonía) es un santuario de biodiversidad con más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 especies de mamíferos, 610 especies de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 especies de peces de agua dulce. En una sola hectárea del Yasuní se pueden encontrar más especies de árboles que en toda Norteamérica (https://bit.ly/3s7mTbD). En el subsuelo de la Reserva se descubrió un depósito de petróleo pesado con cerca de 900 millones de barriles.

La Amazonía es mucho más que riqueza natural. Entrega servicios ambientales al mundo entero: el bosque genera agua dulce para Sudamérica (las masas de aire cargadas con vapor de agua producto de la evapotranspiración transportan humedad a Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile); su selva representa el 10% de toda la biomasa mundial y es un elemento estabilizador del clima. La deforestación bloquea estos servicios y, si se quema la selva para expandir las áreas de cultivo, se acelera el efecto invernadero.

Preservar la biodiversidad es fundamental para garantizar todas las formas de vida y contribuir a estabilizar otros ecosistemas del subcontinente. El arrecife de coral de la Amazonía podría ayudar a reconstituir áreas dañadas en otros continentes. En esta región habría más de 10.000 especies de plantas con potencial farmacológico, cosmético o de control biológico de plagas.

Oleoductos en el Parque Nacional Yasuní, en una foto de 2004. EFE / Nathalie Weemaels

Tres siglos de rapiña

En diciembre de 1540, Gonzalo Pizarro, al mando de 170 españoles y 3.000 nativos inició en Cusco su fallido viaje a El Dorado. Debía encontrarse con el capitán Francisco de Orellana cerca de Quijos. En noviembre de 1541 Orellana y sus hombres partieron hacia el Oriente, en busca de alimentos.

Navegando río abajo por el Napo, el 12 de febrero de 1542 encontraron «un muy grande y poderoso río, tanto era mayor que el que nosotros llevábamos, y por ser tan grande, le pusimos el Río Grande» (Gaspar de Carvajal, Descubrimiento del Río de las Amazonas por el Capitán Francisco de Orellana, Babelia, 2011).

La rapiña de la Amazonía no comenzó de inmediato, pero ha evolucionado al ritmo impuesto por el capitalismo y sus cambios tecnológicos. En 1839 Charles Goodyear descubrió la vulcanización y 50 años más tarde John Dunlop inventó el neumático. Esto alentó un tétrico auge cauchero que duró hasta 1920. En la amazonia ecuatoriana se explota petróleo desde 1972. La minería ilegal extrae oro en Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú, devastando el bosque y envenenando ríos, peces y poblaciones enteras (https://bit.ly/47oliOG). El 18% de los bosques amazónicos ya está irremediablemente perdido y un 17% adicional ya ha sido degradado (https://bit.ly/45u1IyI). En un escenario pesimista, la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada calcula que entre 2021 y 2025 se podría perder la mitad de los bosques perdidos entre 2000 y 2020, es decir unos 23,7 millones de hectáreas, área algo menor al territorio del Ecuador (https://bit.ly/47yzDZ6).

En agosto de 2013 se canceló el fideicomiso de la Iniciativa, que había recibido la décima parte de lo esperado (USD 13 millones). La Asamblea autorizó la explotación. Se suponía que la estatal Petroamazonas era la única autorizada a operar en ese lugar. Pero gracias a la posibilidad de contratar «servicios específicos integrados», rápidamente se instaló la empresa china Sinopec. 

Una representación caricaturizada de la Amazonía la presenta como un reducto de 47 millones de personas, incluidos 511 grupos de pueblos indígenas. Unos destruyen la selva (mineros, ganaderos, palmicultores, petroleros, madereros ilegales, narcotraficantes). Otros son sus venerables guardianes (los pueblos indígenas en general, conocidos o «no contactados»). La realidad es más complicada. El geógrafo estadounidense David Harvey sostiene que el sistema financiero mundial es capaz de reducir a la servidumbre a regiones y poblaciones enteras, controlando los bienes medioambientales globales (suelos agrícolas, bosques, minas, agua…), degradando el ambiente y transformando la Naturaleza en mercancía. Esto se conoce como «acumulación por desposesión», que opera mediante la «trampa del endeudamiento». 

En un informe reciente (Capitalizing on Collapse), Stand Earth descubre una realidad chocante: en los últimos 15 años, 160 bancos han financiado proyectos de petróleo y gas en la Amazonía por unos USD 20.000 millones. Los ocho más grandes han proveído financiamiento por más de USD 11.000 millones

Democracia directa sí, diplomacia caduca no gracias

El 8 y 9 de agosto pasados se reunieron en Belem du Pará (Brasil) cuatro de los ocho presidentes de los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica: el anfitrión, Gustavo Petro, Dina Boluarte y Luis Arce. La Declaración correspondiente (113 estériles párrafos) demuestra los estragos causados en la política ambiental brasileña por el negacionista antecesor de Lula, pues la primera decisión de ese documento es una más que tardía «nueva agenda común […] implementada bajo el objetivo del desarrollo sostenible».

Brasil no quiso comprometerse a detener la frontera petrolera y gasífera. No hubo acuerdo para parar la deforestación hasta 2030 y menos para proteger el 80% del territorio amazónico hasta 2025, como habían pedido la sociedad civil y los pueblos originarios, atendiendo las advertencias de los científicos. Los agronegocios, responsables del 86% de la deforestación, no fueron ni mencionados (https://bit.ly/444ZwNf). En resumen, la Declaración de Belem consagra la superstición que justifica la acumulación por desposesión: es posible tener un pastel y comerlo al mismo tiempo. En el oxímoron que inspiró la cumbre de la OTCA la extracción de petróleo en el Yasuní no es un problema.

Y es que el Parque Nacional Yasuní ha sido usado por el stablishment como maquillaje político desde la década de 1990, alegando que se puede explotar el petróleo del Yasuní para beneficio de la población ecuatoriana «sin causar daños ecológicos», como lo dijo el secretario de la Administración del presidente Borja. Otro presidente «progresista» llevó esta práctica al extremo: en septiembre de 2007 presentó en la Asamblea General de Naciones Unidas la Iniciativa Yasuní-ITT: no extraer 920 millones de barriles de las reservas probadas del campo Ishpingo-Tiputini-Tambococha, lo que evitaría la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2, a cambio de aportes internacionales que debían ascender a USD 3.600 millones hasta 2020, desde un mínimo estimado en USD 100 millones hasta 2011.

En agosto de 2013 se canceló el fideicomiso de la Iniciativa, que había recibido la décima parte de lo esperado (USD 13 millones). La Asamblea Legislativa autorizó la explotación. Se suponía que la estatal Petroamazonas era la única autorizada a operar en ese lugar. Pero gracias a la posibilidad de contratar «servicios específicos integrados», rápidamente se instaló la empresa china Sinopec. Bajo la misma figura, en 2020 y 2022 se adjudicaron sendos contratos a CNPC, otra empresa china. En la actualidad el Yasuní-ITT aporta con 11%-14% del crudo total extraído en Ecuador. Y, hasta diciembre de 2027, en ocho contratos de preventa se han comprometido casi 102 millones de barriles. Tres de ellos corresponden a Petrochina (https://bit.ly/3KZZek7).

Si gana el SÍ, los expertos en la materia afirman que el fisco dejará de percibir menos de 0,5% de los ingresos presupuestados en 2023. Y reponer ese dinero sería muy sencillo, pero no sería nada fácil: cada año el gobierno otorga generosas exenciones y reducciones de impuestos por un monto cercano a los USD 6.300 millones para beneficiar a sectores que no lo necesitan.

Hace diez años el poder político bloqueó la consulta pedida por los Yasunidos y más de 750.000 ciudadanos. En esta ocasión, si gana el SÍ, se restará del mercado el 0,0005% del crudo demandado cada día en el mundo (102 millones de barriles diarios). La trascendencia del SÍ para el Yasuní no es económica ni fiscal. Es profundamente ética (véase Estas son las razones éticas para dejar el crudo del Yasuní-ITT en el subsuelo, en esta Revista).

Si gana el SÍ, los expertos en la materia afirman que el fisco ecuatoriano dejará de percibir menos de 0,5% de los ingresos presupuestados en 2023. Y reponer ese dinero sería muy sencillo, pero no sería nada fácil: cada año el gobierno ecuatoriano otorga generosas exenciones y reducciones de impuestos por un monto cercano a los USD 6.300 millones para beneficiar a sectores que no lo necesitan. «Eliminar un 20% de esas exoneraciones y reducciones le daría al Presupuesto del Estado sobre 1200 millones de dólares anuales y permanentes», dice uno de ellos (https://bit.ly/3OQt7p7).

La consulta del 20 de agosto trasciende la enrarecida política interna. Eduardo Gudynas afirma que el SÍ por el Yasuní marcaría un hito en las «transiciones post-extractivistas», pues se trata de «un mecanismo democrático indiscutible» que potencia la información sobre los impactos de la extracción de petróleo en el ambiente y en los pueblos indígenas amazónicos; desnuda los autoritarismos de los poderes políticos y empresariales que han maquinado en contra de esta consulta (en 2013 y en 2023, valdría precisar); y que prefigura “acciones similares que podrían seguirse en los países vecinos al organizar sus propias transiciones” (https://bit.ly/3YD3uLZ).

En el 2013 el gobierno de Correa y el CNE, contralado políticamente por el correísmo, defraudó más de 750 mil firmas recogidas por el colectivo Yasunidos. En la gráficas, las cajas con las firmas ingresando al CNE. Archivo

El SÍ por el Yasuní tiene otros significados trascendentes. Será una advertencia a los bancos empeñados en valerse de la trampa del endeudamiento para seguir lucrando a costa de la Naturaleza y de la salud y la vida de los habitantes de la Amazonía. Será una demostración de desapegada solidaridad y de respeto por la libre determinación de las culturas voluntariamente aisladas que habitan en el Yasuní y, con ellas, de otras 80 culturas que viven en el resto de la Amazonía.

Y, por último, pero no al final, será un triunfo de la fe de la juventud ecuatoriana en el futuro del planeta. En medio de una espuria representación política, de la corrupción, de la incompetencia administrativa, del crimen organizado y de la narcopolítica que atormentan al país, el SÍ es un rayo de esperanza que brota de ese mecanismo democrático indiscutible que es la consulta directa al soberano.

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