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2 de Mayo del 2023
Historias
Lectura: 12 minutos
2 de Mayo del 2023
Redacción Plan V
Galápagos: el futuro de Punta Carola pendiente de una resolución judicial
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La Playa de Punta Carola se encuentra al norte de Puerto Baquerizo Moreno.  Foto: Holgereberle / Pixabay

 

La playa de Punta Carola, ubicada cerca de la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, en la isla San Cristóbal, es nuevamente el centro de debate entre inversión turística y conservación. La Corte Provincial de Guayas tramita una acción de protección de una empresa que pretende construir un complejo turístico en un predio privado en el sitio. Activistas de Puerto Baquerizo Moreno piden al Municipio la expropiación del sitio para una nueva área protegida.

Punta Carola es un playa ubicada al norte de la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, la capital de la provincia de Galápagos, en la Isla San Cristóbal. Por lo menos desde 2013, distintos inversionistas nacionales y extranjeros han propuesto proyectos en el sector, en un predio de propiedad privada que colinda con terrenos del Parque Nacional Galápagos.

Según un reporte de PLANV publicado en 2015, el Consejo de Gobierno de la época analizaba la construcción de nueva infraestructura hotelera, y en la zona de la playa de Punta Carola se vendía en el extranjero la construcción de un hotel de lujo que, inclusive, tendría un campo de golf. Pero la negativa del Consejo de la época dió al traste con el proyecto.

Hoy, ocho años después, el predio de Punta Carola se encuentra todavía sin construcciones, salvo un sendero peatonal que permite alcanzar la playa. Aún se mantiene la vegetación  de la Isla, pues no es posible llegar al predio por falta de vía carrozable.

La empresa propietaria del predio, llamada Hogalápagos S.A., presentó ante la justicia una acción de protección desde 2018 con la intención de construir un complejo turístico de menores dimensiones que el que se intentó levantar en 2015. El caso fue negado en primera instancia y se apeló ante la Corte Provincial del Guayas, en Guayaquil, de cuya justicia dependen las islas. Activistas locales se oponen al proyecto por las mismas razones que en 2015: el impacto ecológico que podría tener en la zona. 

Según un informe del Municipio de Puerto Baquerizo Moreno, de marzo de 2022, la compañía Hogalápagos solicitó que se realice la remedición del lote, así como la posibilidad de fraccionarlo en tres lotes más pequeños, lo que implicaría dotarlo de servicios públicos y de un acceso vehícular.

Esta empresa, constituida en Guayas, es de propiedad de Gabriel Navas Giangrande, con un socio local, llamado Federico Angermayer, quien es un conocido empresario turístico de las islas, dueño del yate Passion, que realiza cruceros en el archipiélago. Para invertir en Galápagos, es necesario contar con un socio local en las islas que tenga el 49% de las acciones de la inversión. 

El objetivo de los empresarios fue determinar exactamente la superficie del lote, pues en las escrituras constaban 73.649 metros cuadrados, mientras que la nueva medición del Municipio determinó 74.232 metros. El terreno es propiedad de Hogalápagos desde 1997.

Técnicos del Municipio destacaron que hay por lo menos infraestructuras de uso público en el predio que deben ser preservadas: un camino de piedra que permite al acceso peatonal a la playa y al sitio Las Tijeretas, y una tubería de aguas servidas de la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno que se interna en el mar precisamente en el borde de la playa de Punta Carola. 

Este es el estado actual de un sendero en el predio que rodea la playa de Punta Carola

El sitio de Las Tijeretas es un lugar turístico cercano. 

Una tubería de aguas servidas cruza el predio hacia el mar

Los límites del Parque Nacional Galápagos están marcados con hitos de madera. 

Un juicio constitucional que lleva cinco años

Pero las acciones de la empresa en 2022, según denuncian activistas de la Isla San Cristóbal, están encaminadas a construir un nuevo complejo hotelero en la zona. El caso se remonta a 2018, cuando la empresa planteó una acción de protección en contra de la entonces presidenta del Consejo de Gobierno, Lorena Tapia, alegando que se había concedido una autorización previa para más proyectos turísticos en 2013, y que eso había afectado su seguridad jurídica. En diciembre de aquel año, se negó la acción presentada ante el juez de San Cristóbal, según consta en el expediente revisado por este medio digital. 

Tras apelar la primera negativa en Guayaquil, Gabriel Navas logró que el tema vuelva a la justicia de las islas, y para julio de 2020, tras varias dilatorias relacionadas con la pandemia, tuvo lugar una nueva audiencia sobre el pedido de la empresa, representada por el abogado Jorge Sosa Meza, actual director de la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional. En aquel entonces, compareció el ex presidente del Consejo de Gobierno, Norman Wray.

Pero la jueza de la causa declaró que no se habían violado los derechos de Navas, quien alegó nuevamente que había recibido en 2013 una preautorización para construir en Punta Carola que había sido desconocida luego, con resoluciones y requisitos posteriores.

Una nueva apelación llevó el caso de vuelta a Guayaquil, ante un tribunal de la Corte Provincial, que finalmente realizó una audiencia telemática en marzo de este 2023. La decisión de los jueces aún no ha sido notificada, pero si es concedida podría significar la construcción de un nuevo hotel en Galápagos. 

El objetivo de la empresa, en todas las acciones presentadas, ha sido lograr que se declare que se le han violado garantías constitucionales, con la intención de que se le permita realizar la construcción de un hotel en Punta Carola de acuerdo con un proyecto presentado en 2013. Según alegaron los abogados de Hogalápagos ante los jueces en Galápagos y Guayas, han cumplido con todos los nuevos requisitos que se han incluido a lo largo de los años, como por ejemplo, la presencia de un socio residente en las islas y otras características societarias de la empresa. Inclusive, afirman que llegaron a tener permisos de construcción emitidos por el Municipio de San Cristóbal. 

Este medio digital intentó contactar por teléfono y correo electrónico a Gabriel Navas Giangrande en sus oficinas en Guayaquil, pero no obtuvo respuesta.

El abogado residente en Puerto Baquerizo Moreno, Milton Castillo, destacó que en 2014 presentó una acción de protección contra una resolución del Consejo de Gobierno de esa época, presidido por María Isabel Salvador, que decidió levantar la moratoria para nueva infraestructura turística priorizada en las islas. Recordó que la resolución de ese entonces declaró como Zona Especial de Desarrollo Económico a las islas, lo que pretendía facilitar la llegada de grandes capitales. Castillo relató que la acción que presentó fue negada por la justicia de las islas tras una visita del entonces presidente de la Judicatura, Gustavo Jaklh, a quien denunció por tráfico de influencias.  

El jurista destacó que según el artículo 72 de la Ley Especial de Galápagos, no deberían construirse nuevos hoteles hasta que se realice el Plan de Regulación Hotelera, algo que recién está elaborando el Ministerio de Turismo en la actualidad. Según la Ley, el Plan "deberá realizarse en función del estudio de capacidad de acogida del medio físico ambiental realizado por la Autoridad Ambiental, estudios de carácter socio cultural, de oferta turística y otros estudios que para el efecto se establezcan. Deberá estar aprobado por el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos y articularse con el Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de la provincia de Galápagos".

Los activistas piden la declaratoria de utilidad pública

En Puerto Baquerizo Moreno, se está a la espera de que Rolando Caiza, electo por una alianza entre las listas 6 y 101 asuma la Alcaldía para continuar con una propuesta de la sociedad civil local, que consiste en declarar de utilidad pública el terreno de casi ocho hectáreas de Hogalápagos en Punta Carola. Jenny Quijosaca es parte de la Asamblea Comunitaria de San Cristóbal y conversó con este medio digital sobre la problemática.

Según Quijosaca, las pretenciones de la empresa consisten en retomar la construcción del proyecto hotelero en Punta Carola, si bien en menores dimensiones que las planteadas en 2015. La Asamblea Comunitaria destaca que la playa, según el Parque Nacional Galápagos, es habitada por colonias de lobos marinos, el cangrejo ermitaño, colonias de fragata real, el pelícano café, el piquero patas azules, el pinzón de tierra grande, el pinzón de tierra mediano, entre otros. Mientras que la vegetación está compuesta por especies como el cactus candelabro, mangle blanco, mangle negro, mangle rojo y tunas.

Quijosaca destaca el pedido de que el terreno de Punta Carola se declare de utilidad pública, lo que significaría que el Municipio de San Cristóbal debería indemnizar a los propietarios del lote. Se estima que el terreno, que tiene cerca de ocho hectáreas, podría valer hasta 10 millones de dólares. La activista sostiene que la zona es el único sitio en donde se podría establecer una zona protegida, y cuestiona el manejo que se está dando en el sector por parte del Parque Nacional Galápagos. Aunque el Municipio de la isla no tendría los recursos, la Asamblea Comunitaria sostiene que es posible obtener esos fondos internacionalmente. 

El alcalde saliente de Puerto Baquerizo, Henry Cobos (CREO), habría dado su apoyo verbal a la propuesta, pero aún no se ha concretado de manera oficial. Además, los moradores de la isla están a la espera de que se posesione el nuevo alcalde del cantón, con la intención de que se consolide el pedido. El nuevo alcalde, Rolando Caiza (PSC), también ha mostrado apertura a continuar la posible expropiación del terreno en Punta Carola. 

Los activistas de la Asamblea Comunitaria y otras ocho organizaciones de todo el país, presentaron un amicus curiae en la Corte Provincial del Guayas, en donde se tramita la acción de protección. Los jueces indicaron que notificarían por escrito su decisión, pero esta aún no llega. 

Nuevos hoteles en Puerto Baquerizo

Aunque la nueva infraestructura hotelera sigue prohibida en Galápagos, Quijosaca destaca que el actual Gobierno, por medio del ministerio de Turismo, está realizando el Plan de Regulación Hotelera previsto en la Ley de Galápagos, lo que podría facilitar las inversiones internacionales en el sector. 

La activista destaca que a pesar de los controles se han dado nuevas construcciones hoteleras en Puerto Baquerizo Moreno, como es el caso del hotel Índigo, un edificio de concreto de cinco pisos construido recientemente en el centro de la capital provincial. El establecimiento, que se promociona como un hotel boutique de lujo, tiene tarifas de entre $600 y $700 por noche, y cuenta con instalaciones como una piscina, gimnasio y spa. Está ubicado precisamente frente a la Playa de Oro. 

Quijosaca explica que no se han podido mantener contactos con los voceros de la empresa Hogalápagos, y sostiene que se busca convertir Galápagos en un destino turístico como las islas Canarias o Hawái, lo que afectaría la biodiversidad en las islas. 

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