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26 de Abril del 2023
Historias
Lectura: 8 minutos
26 de Abril del 2023
Redacción Plan V
La consulta del Yasuní: a la espera de un dictamen de la Corte Constitucional
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El colectivo Yasunidos ha realizado varias manifestaciones y ruedas de prensa en las afueras de la Corte Constitucional para presionar por el avance del proceso. Foto: Yasunidos

 

El máximo órgano de administración de justicia constitucional deberá pronunciarse respecto a la constitucionalidad de la pregunta planteada por activistas que se oponen a la explotación petrolera en el Yasuní. De pasar el filtro de la Corte, habrá una consulta popular en 2023.


Luego de pasar por Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) la propuesta para una consulta popular respecto a la explotación petrolera en el Yasuní está a la espera de un dictamen de  la Corte Constitucional. La cuestión sobre la explotación de pozos petroleros en el Yasuní o su conservación se planteó hace una década por el colectivo Yasunidos y ha pasado por una serie de barreras.

El 18 de abril de 2023, los jueces de la Corte Constitucional escucharon los alegatos de los proponentes y de las entidades estatales. Por parte del Estado se defendió la tesis de que la pregunta es inconstitucional y significaría una decisión perjudicial para la economía ecuatoriana.

Los jueces de la Corte solicitaron un detalle sobre el perjuicio económico que significaría la detención de la explotación de petróleo en el bloque 43 y el Estado deberá enviar la información, ya que en la audiencia solo entregaron cifras nacionales.

Del lado de los proponentes, Ramiro Ávila, abogado cercano al colectivo Yasunidos, resaltó que el territorio en disputa es el área con mayor diversidad del planeta y el hogar de los pueblos en aislamiento voluntario de los Tagaeri y Taromenane.

La consulta tendría efectos sólo sobre el bloque 43, que según los activistas aporta un 1% del PIB, contrario a la cifra presentada por el Estado que está cercana al 10%. El bloque 43 está conformado por las áreas de Tiputini, Tambococha, Ishpingo y Tiputini norte.

Los proponentes presentaron además evidencia de afectaciones ambientales por la actividad petrolera y los impactos sociales que, aseguran, han sostenido la pobreza y han aumentado el riesgo de etnocidio a poblaciones indígenas.

Luego de la audiencia, el caso fue sorteado para la realización de un dictamen. El primer borrador presentado por la jueza Carmen Corral no obtuvo la mayoría. El caso fue resorteado y está en el escritorio del presidente de la Corte, Alí Lozada. El dictamen de la Corte es un requisito para llevar a cabo la consulta. La Corte tiene hasta el 15 de mayo para pronunciarse. De obtener un dictamen favorable, el CNE deberá organizar la consulta en un plazo máximo de 75 días.

De darse una consulta popular, se consultará al pueblo ecuatoriano si desea mantener el crudo del bloque 43 indefinidamente en el subsuelo y el retiro de las plataformas y pozos petroleros de la zona actualmente en funcionamiento.

Una breve historia del caso

En 2007, una petición firmada por más de 1000 personas para evitar la explotación de los bloques ITT en el Parque Nacional Yasuní fue enviada al ex presidente Rafael Correa. El ex presidente trasladó la iniciativa a Petroecuador para recibir un 50% de compensación económica por mantener el crudo bajo tierra. Un año más tarde se creó un fideicomiso para la administración de los recursos de la iniciativa, que debían provenir de fuentes internacionales.

Con la nueva Constitución, se aprobó el derecho de la naturaleza de existir y mantener sus ciclos vitales. Todo iba viento en popa, el Ministerio de Relaciones Exteriores empezó las labores para conseguir los fondos para la no explotación. Pero en 2013, luego de varios años infructuosos de negociaciones, se liquidó la iniciativa y se dio paso a la explotación del 1x1000 del Parque.

Ese año nació el colectivo Yasunidos y presentó una pregunta de una consulta popular a la Corte Constitucional. Para iniciar el proceso de consulta presentaron más de 750 mil firmas que recopilaron en seis meses y sirvieron como el primer requisito: registrar un 5% del padrón electoral.

En 2014 la sociedad civil entregó más de 750 mil firmas en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito. Archivo Ecuavisa

Las firmas fueron transportadas en cajas en una cadena de cutodia que pasó de los colectivos al Estado. Foto: Archivo CNE 

El CNE descartó de entrada 150 mil registros de la fase de verificación de firmas. Luego, otras 230 mil fueron rechazadas. El organismo electoral indicó que no se alcanzó el mínimo de firmas. Los ecologistas denunciaron una serie de irregularidades en el proceso; tales como verificaciones sin veeduría y el rompimiento de la cadena de custodia de los registros.

Tras una serie de apelaciones, en 2018 el CNE Transitorio reconoció que el proceso de 2014 fue fraudulento y se retomó el proceso.

El proceso volvió a pasar por el TCE y en 2022 el CNE otorgó el certificado de legitimidad democrática. La pregunta en concreto que deberá analizar la Corte Constitucional es la siguiente: “¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo suelo?”.

El debate de la rentabilidad

En la audiencia de la Corte Constitucional también se discutió respecto a los beneficios económicos que reportan el bloque 43 y la industria petrolera al país.

Siete bloques operan actualmente en la reserva del Parque Nacional Yasuní. Si bien en un inicio se permitió explotar el 1% del Yasuní, luego se disminuyó el territorio de actividad al 1x1000 del territorio. Sin embargo, un estudio de Geografía Crítica alertó que ese criterio solo consideró la perforación y no la afectación indirecta que genera la actividad en la zona.

En 2019 el Bloque 43 ITT superó los 86 mil barriles diarios de petróleo, y fue el área con mayor producción petrolera del Ecuador, superando a Auca, Shushufindi y Sacha. Foto: Ministerio de Energía y Minas.

Según Yasunidos, además de la contaminación, otra razón para detener la explotación petrolera es que el crudo del Yasuní-ITT tiene “elevada densidad y un corte de agua alto”. La alta densidad sería un impedimento para la movilización y reduce su precio, mientras que el alto porcentaje de agua aumenta los costos de extracción.

El colectivo sostiene además que los fondos recaudados por la extracción petrolera van exclusivamente a un fondo de estabilización fiscal, es decir, a las reservas monetarias internacionales.

El Ministerio de Finanzas, ha indicado que los únicos ingresos estatales vienen de los impuestos y la actividad petrolera, y que afectar cualquiera de estos rubros implicaría reducir gastos, lo que a su vez califican de improbable dada la situación del país. Por su parte Petroecuador afirmó que están trabajando para adquirir la tecnología necesaria para transportar el tipo de crudo que existe en el Yasuní.

Por parte de Yasunidos, Ramiro Ávila declaró que en el Yasuní extraer petróleo cuesta $50 por barril, mientras en otras áreas cuesta $17. Ávila también criticó que las entidades estatales hayan omitido que hubo 22 derrames entre 2018 y 2022, y 16 de ellos en el ITT. Por otro lado, el jurista sostuvo que el 59% de Orellana y 64% de Pastaza, donde está el Yasuní, son pobres, el doble de la media nacional.

La entrevista a Pedro Bermeo de Yasunidos en nuestra Mesa de Análisis, desde el minuto 28:30

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