Los territorios cercanos a las fronteras ecuatorianas concentran 400 de los alrededor de 700 puntos de minería ilegal, según un informe de Inteligencia al que este portal tuvo acceso a inicios de 2023. En las inmediaciones de Sigsig, un cantón en la provincia de Azuay , los reportes y denuncias de minería ilegal han posicionado al poblado como un punto crítico de intervención.

Sigsig tiene cerca de 27 mil habitantes, su población se dedica en su mayoría a la agricultura, la artesanía, el comercio y el turismo. Además, es una zona que recibe remesas del extranjero. A estas actividades se ha sumado la explotación de oro en los ríos de los páramos del cantón.

Operativos infructuosos

Un recuento de las intervenciones policiales y militares, al menos durante la última década, en la zona, da cuenta de la incapacidad estatal de controlar la actividad minera. En 2013 la Policía desalojó a un grupo de 40 personas que estaban vinculadas a la actividad ilegal. Se descubrieron campamentos asentados en las orillas de los ríos y poco a poco se fue evidenciando el modus operandi de operadores ilegales.

Los operativos estatales han encontrado campamentos donde los ilegales pasan al menos 15 días. Fotos: Jefatura Política de Sig Sig

Parte de las operaciones consiste en el decomiso y en la quema de dragas y campamentos. Fotos: Jefatura Política de Sig Sig

El Gobierno provincial, junto con entidades locales y el Ejército han evidenciado los materiales con que operan los campamentos ilegales. Foto: Gobernación del Azuay

A lo largo de los años, los operativos del Ejercito, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables y la Gobernación del Azuay han encontrado camionetas que llevan combustible, mangueras, cobijas, vestimenta, residuos de combustible en el agua, trajes para bucear y maquinaria industrial minera. 

Según una denuncia presentada por la Comuna San Sebastián en la Fiscalía en 2018, los ilegales provocaban  incendios para “limpiar el paso y tener acceso a las minas e instalarse en campamentos”.

En 2019, el GAD provincial de Azuay receptó una nueva denuncia por minería ilegal. El gobierno autónomo, junto con comuneros hicieron un recorrido por las orillas del río Santa Barbara. En la visita, volvieron a encontrar al menos once puntos de explotación y campamentos con trajes de buceo, pues al parecer hay personas que practican esta dinámica en aguas represadas para remover material por donde las máquinas no logran tener acceso.

En una nueva inspección en 2021, el Gobierno Provincial del Azuay, junto al GAD de Sigsig encontraron tanques con gasolina, retroexcavadoras y víveres en nuevos campamentos.

Desde 2019, hubo al menos seis operativos ejecutados  por las Fuerzas Armadas y la Agencia de Regulación. A pesar de que se han destruido campamentos y decomisado materiales, se sigue extrayendo oro de la zona. A orillas del río Santa Barbara hay varias concesiones legales. En torno a esta misma zona estarían los operadores ilegales.

Ilegales que operarían en territorios concesionados

Según un informe de 2022 de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables, al que PlanV tuvo acceso, hay cinco concesiones auríferas artesanales, dos de pequeña minería y una de gran minería. El Ministerio de Ambiente, en otro informe, indicó que solo tres concesiones artesanales cuentan con registro ambiental.

A raíz de las actividades artesanales, los operadores ilegales logran entrar con menor control a la zona, además se cree que estarían armados. Según moradores del sector hay un incremento en la presencia de gente de otras provincias como  El Oro, ciudades mineras como Zaruma y hasta ciudadanos extranjeros.

El informe detalla que las dos concesiones de pequeña minería están a nombre de Minera Cachabi y la de gran minería a nombre de Ecuador Gold S.A.

En estos páramos de fría temperatura, los campamentos al borde de los ríos son una especie de tienda improvisada, con techos de plástico negro y levantado con columnas hechas de madera.

El modus operandi

En las publicaciones de redes sociales de operativos contra la minería ilegal de la Gobernación del Azuay, el Ejército y la Jefatura Política de Sisig, los comentarios de la población evidencian opiniones divididas. Algunos aplauden los operativos, mientras que otros los rechazan y exigen que “los dejen trabajar”.

Una dinámica que se repite en más de 700 puntos de minería ilegal en todo el país, acá también se cobrarían “impuestos” por parte de los moradores para dejar entrar maquinas a los puntos de extracción. Entre todos los puntos de acceso, puede costar $40 mil poner una máquina en el puesto.

Al inicio de la exploración ilegal, los mineros pasan de un lado a otro extrayendo el oro en gramos, hasta que encuentran “vetas” y empiezan a extraer el mineral en libras. En este punto se dice que “coronaron”. Los mineros salen cada 15 días a las comunidades aledañas a vender el mineral.

Se conoce que parte de ese oro se vende en Yantzasa, una ciudad a unas 3 horas de Sigsig. La cadena de servicios que genera la extracción ilegal empieza por los transportistas, quienes abastecen de combustible y materiales, y luego también se encargan de transportar el oro a las ciudades.

Afectaciones al agua y al suelo

El director de Gestión Ambiental de la Prefectura del Azuay, Marcelo Quishpe, alertó en 2021 que estudios de agua y suelo constataron el fenómeno de drenaje ácido de minas. “Demandamos al Ministerio de Ambiente que entregue un plan de manejo ambiental”, dijo Quishpe.

El drenaje de ácido de minas, un fenómeno tóxico que sale de las minas y fluye hacia los ríos, estaría contaminando las fuentes de agua de la zona. Por otro lado, el uso de explosivos, que también han sido parte de los decomisos, estaría contribuyendo a la erosión del suelo.

Según El Vocero Azuay, en 2020, moradores del cantón denunciaron un aspecto “verdozo” en el río Santa Barbara. Yasunidos Cuenca, Cabildo por el Agua y otras cinco organizaciones denunciaron los hechos.

En ese año, la comunidad del centro cantonal se organizó  y protagonizó una marcha contra la actividad ilegal. Civiles, indígenas y colectivos se tomaron las calles del pueblo y detuvieron el tránsito para protestar contra los mineros.

Sin embargo, la protesta de la comunidad no ha frenado la extracción, que a su vez coincide con el aumento de la delincuencia y el microtráfico. Así lo reportó Primicias, que en una entrevista al gobernador del Azuay, en enero de 2023, reveló que Sigsig es uno de los cuatro puntos conflictivos de la provincia que han influido en el aumento de los índices delictivos del Azuay. Según el gobernador hay un aumento de muertes violentas en 2023, hecho que atribuye en parte a la minería ilegal en su provincia.