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30 de Enero del 2023
Historias
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30 de Enero del 2023
Manuel Novik
Minería: éstos son los puntos calientes en Ecuador
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La minería ilegal en Yutzupino opera junto al río Jatunyacu en la provincia del Napo. Fotos: Cámara de Minería

 

El Gobierno anunció el uso de la fuerza pública en las zonas cercanas a proyectos estratégicos, lo que podría intensificar el conflicto con el movimiento indígena. Organizaciones civiles advierten de las vulneraciones a los derechos humanos en las zonas mineras tanto legales cuanto ilegales.


El Consejo de Seguridad del Estado (Cosepe) declaró a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad nacional y anunció su respaldo a las concesiones mineras. El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, explicó que esta actividad es una cadena del tráfico de armamentos, explosivos y lavado de activos, “convirtiéndose en una estructura delincuencial”, afirmó.

La CONAIE reclama que el Gobierno ha roto los diálogos y no respetó los acuerdos mineros. La organización indígena desmiente que exista un 96% de avances, como afirmó el Gobierno. Se prevé una asamblea indígena para este 18 de febrero donde se podrían ratificar medidas de hecho a escala nacional.

Un informe de Inteligencia, al que PlanV tuvo acceso, revela cuáles son las principales zonas de conflicto a raíz de la minería ilegal, así como los principales proyectos mineros concesionados a empresas transnacionales. La investigación policial vincula a conocidas bandas locales de delincuencia organizada con la actividad minera ilegal.

Minería ilegal en al menos 700 puntos a nivel nacional

En el país hay cinco grandes proyectos estratégicos y seis proyectos de segunda generación en la Sierra y sur de la Amazonía, según el informe. Los cinco proyectos estratégicos están al sur del país y son Río Blanco, Loma Larga, San Carlos Panantza, Mirador y Fruta del Norte. Los tres primeros están paralizados por protestas anti extractivistas. Los dos últimos, actualmente en marcha, representan el 75% de las exportaciones mineras con USD 490 millones y USD 333 millones respectivamente.

Panorámica Fruta del Norte,  proyecto minero en la provincia fronteriza de Zamora Chinchipe.

El proyecto Mirfador será primera mina a gran escala de Ecuador. Foto: ECSA

La seguridad del Estado ha detectado puntos críticos de minería ilegal, enfocada en un 92% en la extracción de oro, con la presencia de grupos de crimen organizado en seis provincias: Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Azuay. Por otro lado, la actividad intervino en Imbabura, El Oro y Napo. El informe asegura que grupos de delincuencia organizada obtienen de ahí explosivos para enfrentamientos entre bandas y detonaciones en espacios públicos.

La tala ilegal de madera y la minería ilegal en Imbabura ha sido reportada por la Cámara de Minería. Foto: CME.

La actividad ilegal se da en los ríos, a cielo abierto y de forma subterránea. Los servicios de inteligencia han localizado al menos 700 puntos de minería ilegal concentrados en 129 focos a escala nacional. De ese total, cerca de 445 puntos están en las zonas fronterizas de seguridad de 20 kilómetros en el sur y norte del Ecuador.

Actualmente, los Lobos y los Tiguerones estarían al mando de la zona norte y los Choneros en el extremo sur. Las bandas se encargan del transporte, seguridad en puntos de abasto y almacenamiento, abastecimiento de explosivos y distribución del material aurífero. El informe sostiene que los grupos delictivos también cobran un 10% del material que se extrae.

Para el 2024, las proyecciones de crecimiento en el sector minero legal esperan duplicar los niveles de producción del 2022. En el 2019, año de pandemia, las exportaciones fueron de USD 326 millones, en el 2020 el sector se recuperó parcialmente y reportó exportaciones de USD 1051 millones; para el 2021 las exportaciones registraron valores por USD 2092 millones y se espera que el 2022 haya cerrado con exportaciones por sobre los USD 2800 millones. Según los expertos hay un área de 3,17 millones de hectáreas por explorar.

La Cámara de Minería ha recopilado denuncias sobre asentamientos de minería y tala ilegal. Foto: Ministerio de Gobierno

Ante la vinculación de crimen organizado con la minería ilegal y el conflicto social de las comunidades afectadas por las concesiones legales, el Estado decidió declarar la amenaza que representa la actividad ilegal y a la par anunció que empleará el uso de la fuerza pública en zonas estratégicas para respaldar a la industria.

La reacción del movimiento indígena

El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, declaró a fines de diciembre del 2022 que desde el movimiento indígena no iban a permitir la militarización de zonas que son territorio de comunidades indígenas donde nunca se ha garantizado el derecho a la consulta.

Previo a la declaratoria de emergencia nacional, el Gobierno había informado sobre la militarización de 11 sitios mineros estratégicos como parte de una estrategia de seguridad nacional. Según el portal Primicias, tres de esas concesiones sufrieron ataques en 2022 y están Bolívar y Morona Santiago, dos proyectos están paralizados por la minería ilegal en Imbabura y Azuay, cuatro proyectos esperan la construcción de minas en Azuay, Bolívar y Cotopaxi, y los dos proyectos a gran escala en Zamora Chinchipe.

El Cosepe ratificó que las fuerzas del orden tendrán la obligación del aseguramiento de todo el territorio nacional. Por su parte, la Cámara de Minería, que representa a la minería industrial del país, felicitó al Gobierno por esta declaratoria y sostuvo que los recursos en el subsuelo le pertenecen al Estado central.

El 12 de enero de 2023, en Latacunga, la CONAIE organizó una asamblea nacional con 67 organizaciones indígenas en defensa de los territorios y en contra de los desalojos mineros. En la asamblea se resaltó que, como parte de los diálogos, en su quinto punto, el Gobierno no respetó el compromiso a la modificación del Plan Nacional de Acción Minero y a no realizar actividades mineras en Áreas Protegidas, Territorios Indígenas, Zonas de Protección Hídrica, así como a respetar los procesos de consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental.

El presidente de la CONAIE, Leonidas Iza dirigió la asamblea por la resistencia ante la minería. Fotos: Conaie

La CONAIE reclamó que luego de los diálogos el Gobierno evidenció su falta de compromiso, “militarizó Warintz en Morona Santiago y continuó con el Plan de Desarrollo Minero”. La organización sostuvo que, debido a la resistencia indígena, el Gobierno no ha podido abrir el catastro minero y no ha podido otorgar nuevas concesiones para exploración.

El movimiento indígena indica que el Gobierno no solo no frenó la expansión minera, sino que firmó dos convenios de explotación minera a gran escala, uno en Las Naves en una zona de importancia hídrica en Bolívar, y otro en Warintz, Morona Santiago, en territorio del pueblo Shuar Arutam.

La CONAIE ha dispuesto las siguientes medidas; preparar las condiciones de defensa territorial “con medidas de hecho” en cada zona de conflicto sujetas a militarización y fortalecer las guardias comunitarias. Andrés Tapia, director de comunicación de la CONFENIAE, explicó cuáles serían las zonas de conflicto en 2023. “Yo centraría los focos de conflicto en torno a la minería en el sur del país”. Tapia confirmó que en la asamblea de la CONAIE de inicios del 2023 hubo la presencia de la gran mayoría de territorios en resistencia, desde el Carchi, Imbabura, Sierra centro y sur, Amazonía desde Sucumbíos hasta Zamora e incluso gente de la Costa. En la reunión se divisaron estrategias jurídicas y de incidencia política.

Comunidades y organizaciones se resiten a la minería en Intag. Foto: Conaie

Cerca del 10% del territorio nacional está concesionado a la minería

Patricio Meza, asesor de la CONAIE y miembro del Frente Antiminero Nacional, dijo a PlanV que están en contra de la minería ilegal, pero les llama la atención que nuevamente se quiera vincular al movimiento indígena y las organizaciones con el narcotráfico. “Pretenden militarizar los territorios que se encuentran en resistencia con el pretexto de la minería ilegal”.

Según Meza, por lo menos 3 millones de hectáreas están concesionadas a la minería, cerca del 10% del territorio nacional. Según la CONAIE, 550 mil de esas hectáreas están sobre territorio indígena y 1.2 millones están sobre áreas de importancia hídrica.

El ambientalista pone el foco de conflicto minero en el 2023 en los proyectos en las comunidades de Las Naves en Bolívar y Warintz en Morona Santiago, “serán los dos conflictos más graves”, anticipa. Meza afirma que ya se firmaron contratos públicos de inversión, un paso que, asegura el ambientalista, es evidencia de que en ambos proyectos ya hay intenciones de pasar a la fase de explotación.

Dirigentes sociales del Frente Antiminero y el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, convocaron a una asamblea nacional para definir acciones de lucha en contra concesiones de proyectos mineros en sus territorios. Foto: Conaie.

Meza asegura que la minería está creciendo en la Amazonía hacia el norte, “antes estaba solo en el sur”. Desde el Frente también advierten conflictos en Buenos Aires, una zona donde se pretende pasar de la minería ilegal a la operación legal. “El Estado movilizó tropas militares y policiales para defender a la minera australiana. Entraron, reprimieron, detuvieron a tres compañeros. El defensor del Pueblo solicitó documentos a la empresa y los documentos estaban falsificados. Por eso se retiraron. Ahí podemos ver como el Gobierno, sin un debido proceso, respalda a esta minería que también cae en ilegalidades”.

Meza cree que en Ecuador no existe la minería legal. “Todas las concesiones son ilegales, ninguna concesión minera ha cumplido con la legalidad. Se debería nulitar todas las concesiones, ninguna ha hecho las consultas”, afirma. “Por eso exigimos un Ecuador libre de minería. Hemos perdido soberanía”, concluye Meza.

“El Gobierno no ha leído la constitución”

PlanV se contactó con el colectivo Geografía Crítica, que genera información y cartografía sobre el conflicto de territorialidad que enfrenta al Estado ecuatoriano con las comunidades indígenas y campesinas.

Manuel Bayón, representante de la organización, afirma que en los proyectos de Mirador, Fruta del Norte y Panantza San Carlos se avizoran conflictos para este 2023. “Conflictos latentes, pero quizá no tan visibles”, dice el activista. Bayón apunta también a Fierro Urco y Azuay en la Sierra como zonas de conflicto. Por otra parte, sostiene que Buenos Aires y Tena se mantendrán en el ojo público.

El proceso de molienda en Fruta del Norte, uno de los proyectos estratégicos en el país. Foto: Cámara de Minería.

El activista señala los proyectos a gran escala de Mirador y Fruta del Norte, donde afirma que las empresas han entrado a los territorios con violencia y han incumplido con los procesos legales.

Por otro lado, Bayón afirma que militarizar los territorios es inconstitucional y apunta a los procesos de consulta y consentimiento. “No han leído la Constitución, las sentencias de la Corte han sido muy claras. En todas las constituciones liberales del mundo se sabe del principio de no allanamiento sin permiso, y lo que hace el Estado y las empresas es entrar a sus casas”.

Para ilustrar la complejidad de los conflictos que genera la extracción de recursos, Bayón toma el caso de Mirador. El investigador afirma que se ha desplazado a comunidades en condiciones “lamentables”, y es particularmente escéptico en torno a los cuidados ambientales del proyecto. “Las piscinas donde van los desechos se filtran con cianuro y se depositan en reservorios que podrían colapsar”. En la zona fronteriza de esta concesión también se han localizado puntos de minería ilegal.

Este 2023 estará marcado por el intento del Gobierno de controlar la minería ilegal. Pero también por su intención de respaldar a las empresas en zonas donde la minería ilegal ha cooptado a las comunidades locales. La CONAIE está dispuesta a defender sus propuestas, incluso con sus guardias indígenas. Una guerra minera está en marcha.

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