*NOTA DE LA REDACCIÓN. Por razones de agenda periodística, esta segunda parte del artículo Revertir el fraude del Yasuní no fue publicada. Este artículo fue enviado a Plan V antes de la consulta popular, en la cual ganó la opción SÍ para dejar el crudo en tierra y parar las operaciones petroleras en el Bloque 43 del ITT.

En la entrega anterior, vimos cómo las cifras que el Estado y los intereses petroleros presentan como las pérdidas para el país si gana el SÍ en la consulta popular, no son consistentes y están muy infladas. Algunas de las contradictorias cifras de Petroecuador —las que ha difundido a los medios— estiman que lo que se dejaría de ganar si no se explota el remanente de las reservas del Yasuní ITT sería USD 1200 millones anuales. Analistas y voceros que apoyan la explotación del bloque han utilizado esta cifra para propagar la idea de que renunciar a este petróleo significaría una hecatombe para el país. Se ha equiparado la consulta a un suicidio; se ha escrito que será “nefasto” para la economía; que la ganancia del SÍ significará el fin de la dolarización y otras predicciones igual de dramáticas. Mientras tanto, otras cifras de la propia Petroecuador —los documentos que presentó a la corte constitucional— y cálculos independientes menos entusiastas, estiman que lo que recibiría el país del petróleo extraíble del ITT estaría entre los USD 148 millones y los USD 241 millones anuales.

Pongamos las cifras del ITT en perspectiva. Carlos Larrea, en un documento presentado a la Corte Constitucional, ofrece un análisis de la participación del petróleo —de todo el petróleo que se extrae en Ecuador— en la economía, y del ITT en particular. Entre otras cosas, deja claro que las exportaciones de petróleo muestran una declinación sostenida, aún con la incorporación desde 2016 de los campos Tambococha y Tiputini: de 15 millones de barriles al mes que el Ecuador exportaba en 2015, ha pasado a exportar menos de 10 millones de barriles al mes en 2023. Los ingresos por exportación neta (es decir, las ventas de petróleo menos lo que se paga por la importación de derivados) han disminuido de mil millones de dólares al mes en 2014 a USD 39 millones al mes en 2023, veinticinco veces menos. Del mismo modo, el aporte del petróleo a las exportaciones totales a caído del 62% en 2008 al 36% en 2022. También la participación del petróleo en los ingresos fiscales se ha reducido de un importante 39% en 2011, a tan solo 19% en 2022. El documento menciona proyecciones de la declinación de la extracción petrolera que estiman que en 2035 estas serán solo el 48% de lo que se prevé extraer en 2024. En resumen, la extracción de petróleo en el país presenta desde hace algunos años una clara tendencia a la baja, y su participación en la economía es cada vez menor sin visos de que esto cambie, por lo que apuntalar nuestras expectativas económicas en este rubro es ilusorio e irresponsable. Esto, recordémoslo, corresponde a la totalidad de la actividad petrolera en el país.

Carlos Larrea, catedrático e investigador, director del Área de Ambiente y Sostenibilidad de la UASB.

Con respecto al ITT, Larrea cita estudios que muestran que los campos Tambococha y Tiputini ya han iniciado su declinación. Por su parte, las dos plataformas que se han abierto en Ishpingo han dado resultados decepcionantes, y el propio ministro de Energía, Fernando Santos, ha calificado al petróleo de las primeras plataformas de ese campo como “una brea pesadísima”, inexplotable con la tecnología y la legislación actuales. Veamos la contribución de las cifras que manejan tanto los proponentes del NO como los del SÍ. En el mejor de los casos (USD 1200 millones, asumiendo, contra evidentia, que esas sean las ganancias y que se mantendrían en el tiempo), el ITT aportaría el 3,8% del presupuesto nacional (2023). Según los cálculos más minuciosos, el aporte estaría entre el 0,5 y el 0,7% del presupuesto. En ninguno de los casos dejar ese petróleo bajo tierra tendrá consecuencias dramáticas. Inclusive el 3,8% es menor que una variación interanual ordinaria en el presupuesto (por ejemplo, entre 2018 y 2019, el presupuesto aumento 3,5%; entre 2019 y 2020, se redujo en 11,5% y entre 2022 y 2023, se redujo en 7%), o que los cambios interanuales en los ingresos petroleros producidos por las variaciones de los precios internacionales del crudo. Las objeciones alarmistas, por lo tanto, están desinformadas o son tendenciosas.

Se han sugerido varias posibles fuentes de financiamiento de este manejable desfase. Quizá la más publicitada ha sido la de enfrentar la evasión fiscal (alrededor de USD 7 mil millones anuales), cobrar los impuestos que se le adeudan al estado (USD 1984 millones, los quinientos mayores deudores), o eliminar algunas de las importantes exoneraciones fiscales (en 2021, USD 6339 millones; USD 714 millones solo a las personas naturales). También se han señalado las ganancias que podría generar una mejora en la eficiencia en la explotación de otros campos petroleros de la propia Petroecuador (USD 800 millones al año), o las del aprovechamiento del gas que se desprende de los pozos petroleros, que ahora se quema (USD 400 millones al año). Ahora que se renegocian tanto las concesiones de las empresas de telefonía celular como la del oleoducto de crudos pesados, se señala la oportunidad de mejorar las condiciones de estos contratos, una vez que las grandes inversiones iniciales ya han sido amortizadas. La opción del turismo como alternativa al extractivismo también ha sido analizada con seriedad, por ejemplo, en el compendio de estudios La osadía de lo nuevo, publicado por la fundación Rosa Luxemburgo en 2015.

Todas estas propuestas son válidas y hay que explorarlas. Yo aquí, además, quisiera llamar la atención sobre otras dos vías de financiamiento que, aparte de no haber sido exploradas lo suficiente, tienen relación directa con la utilización del petróleo, y muestran lo contradictorio e ideológico de algunas objeciones a dejar el petróleo en tierra. La primera es el restablecimiento del “impuesto verde” que fue eliminado en 2019. La segunda, que será tratada en un próximo artículo, el hacer frente con seriedad al elefante en la sala que son los subsidios a los combustibles.

Recordemos en qué consistía el llamado impuesto verde. Se estableció en 2012; tasaba a los automóviles de un cilindraje mayor a 1500 centímetros cúbicos de uso particular no productivo. Su propósito explícito era disminuir la contaminación ambiental (estudios han constatado que un vehículo utilitario, o SUV, produce en promedio 14% más emisiones que un sedán y consume 20% más combustible). Sin embargo, el propósito de fondo era contrarrestar en algo el impacto fiscal de los subsidios a los combustibles sin necesidad de mencionar este tema tabú. Además pretendía apuntalar la balanza de pagos que ya se veía afectada por el agresivo aumento de las importaciones. Tenía otras virtudes. Era un impuesto fácil de cobrar, y progresivo, es decir, dirigido a quienes más dinero tienen. En la práctica, era una forma indirecta de focalización del subsidio a los combustibles.

En el ámbito  del urbanismo y de lo que se ha dado en llamar el metabolismo social también traía repercusiones positivas. Ayudaba a frenar la tendencia en los últimos años hacia un parque de automóviles cada vez más grandes. Las importaciones de vehículos sobredimensionados (SUV, camionetas grandes y todoterrenos) pasaron de ser el 39% en la década de los noventa al 53% en los últimos diez años, a pesar de que cuestan el doble que los sedanes. Los autos grandes (y la proliferación de autos en general) vuelven a las sociedades urbanas menos eficientes. El mayor espacio que necesitan restan competitividad a las ciudades; incrementan el costo de las viviendas, de los negocios y de la infraestructura, y favorecen la expansión de las ciudades hacia las periferias, este último, un factor que compromete la viabilidad económica y energética de las ciudades ecuatorianas en el futuro mediato. Vuelven al espacio público más hostil y peligroso para otros usuarios. Un auto grande tiene mayor probabilidad de atropellar a un peatón, y en caso de atropellamiento, es de dos a tres veces más letal que un sedán, una consideración no banal en un país donde los accidentes viales son la primera causa de muerte entre niños y jóvenes.

En términos de su contribución directa al fisco, que es lo que aquí nos concierne, en sus ocho años de vigencia el impuesto verde generó USD 111 millones de dólares anuales en promedio. Esto, a pesar de que como paliativo al impacto inicial de su implementación se aplicaban descuentos de hasta el 80% de su valor. Desde 2019, año en que se lo eliminó, el impuesto iba a ser cobrado en su totalidad a los carros de más de 2500 centímetros cúbicos. A pesar de que los objetivos del impuesto eran disuasivos, no recaudatorios, se esperaba que su contribución al fisco con seguridad sobrepase los entre USD 148 millones y USD 241 millones que aportaría el ITT. Y si cumplía a la perfección su objetivo hasta volverse cero su recaudación (en el extremo imposible de que haga desaparecer a los carros grandes), las eficiencias, los ahorros y mejoras en salud pública que hubiera generado compensarían estas cifras con holgura.

El campo petrolero de Tambococha es uno de los tres que forman el Bloque 43 de explotación del Yasuni ITT.

Al impuesto verde se lo eliminó cuando su aplicación efectiva recién iba a empezar, recordémoslo, como resultado de una campaña orquestada por la industria automotriz, las cámaras patronales de las principales ciudades y un reducido pero bullicioso grupo de aficionados a los todoterreno. Se lo hizo con argumentos populistas y falaces (como que afectaba a los vehículos de trabajo, cuando estos estaban explícitamente excluidos, o que no había cumplido su función ambiental porque lo recaudado no se gastaba en temas ambientales). Sin ningún sustento técnico, en 2019 la asamblea nacional derogó el tributo. Uno de los proponentes de la derogación fue el asambleísta Fabricio Villamar, quien luego fue destituido por utilizar un carné de discapacidad fraudulento para ahorrarse USD 20 mil de impuestos en la importación de una enorme camioneta Toyota Tacuma. Varios de los asambleístas que votaron sobre el tema o sus cónyuges también fueron señalados por la misma irregularidad.

Pero el ejemplo del impuesto verde nos es útil no solo para mostrar que existen alternativas a los recursos que se dejarían de percibir del ITT (en el dudoso caso de que su explotación, incorporados todos los costos, resulte con balance positivo). También nos sirve para tasar la integridad de las objeciones que evocan la salud fiscal como argumento. ¿Qué dijeron algunos de los más vociferantes opositores a la consulta del ITT cuando se eliminó esta fuente de ingresos para el fisco, que además traía otros efectos beneficiosos consigo? Algunos, nada. Entonces no les preocupaba un posible descalabro fiscal. Otros, notorios entre ellos las cámaras patronales y los economistas ortodoxos, fueron impulsores de la campaña que llevó a la eliminación del impuesto, como ahora lo son de la campaña por el NO en la consulta del Yasuní ITT.

A pesar de que los montos son similares, las posiciones frente al impacto fiscal muestran diferencias radicales. Por ejemplo, la cámara de Comercio de Guayaquil hace poco emitió un comunicado en el que considera que la  consulta conlleva “un dilema multimillonario y de múltiples repercusiones” que “tiene el potencial de modificar el futuro económico del Ecuador”. En 2019, su presidente de entonces, Pablo Arosemena, opinaba esto del impuesto verde: “Es un impuesto dañino y ya había perdido su razón de ser”. Roberto Aspiazu, dirigente empresarial y columnista de un diario guayaquileño, que consideraba al impuesto “marketing pintado de verde” cuyo “fin último es la recaudación de dinero para financiar la enorme maquinaria de gasto público actual”, hoy piensa que la “necedad ITT/Yasuni” agravará “el desfinanciamiento endémico del sector público”, “una suerte de suicidio político-económico”.

El gurú económico Walter Spurier, a quien hay como citar con amplitud pues desde mayo casi ninguna de sus columnas semanales trata otro tema diferente al Yasuní ITT, también considera a la consulta una “necedad” y un “suicidio asistido”, que marcará “el fin de una era”, la salida de la dolarización y traerá “el colapso de la economía nacional y empobrecimiento generalizado”. Sobre el impuesto verde, opinaba lo siguiente: “El impuesto a los vehículos, más que anticontaminante, es redistributivo; más que verde ambientalista, es rosa socialista”.

Se pudiera adscribir estas actitudes opuestas ante una reducción similar de ingresos fiscales a la aversión ideológica (e interesada) que las clases empresariales ecuatorianas tienen a los impuestos, sin importar su índole o pertinencia. Sin embargo, también se puede dilucidar otro sistema de pensamiento, más coherente, más enraizado, prevalente entre nuestros empresarios y nuestras clases medias. En 2013, la cámara de Industrias de Guayaquil no tuvo problema en poner a un lado sus diferencias con el socialismo del siglo XXI, y publicó un comunicado de respaldo a la decisión presidencial de explotar el Yasuní ITT pues proveería de recursos para el desarrollo del país. Solo dos años antes, Francisco Alarcón, en su condición de presidente de dicha cámara, explicaba por qué rechazaban el impuesto verde: “El petróleo está dejando ganancias al país, entonces si no hay problemas fiscales no entendemos para qué hay necesidad de extraerle al sector privado más dinero”.

El expolio de los territorios amazónicos y  la exterminación de los pueblos no contactados, para permitirnos circular en nuestros cuatro por cuatro sin necesidad de hacernos cargo de lo que en realidad eso cuesta. Es la economía rentista y sacrificial de la que hemos hecho nuestro modus vivendi durante las últimas décadas y que podemos empezar a desmantelar el domingo, votando SÍ a dejar ese petróleo bajo tierra.
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Andrés Vallejo E. es biólogo especializado en desarrollo y ambiente y editor de la revista Ecuador Terra Incognita; ha trabajado en la Amazonía, en las regiones del Cuyabeno y del Yasuní. Escribió el libro Modernizando la naturaleza: el caso del parque nacional Yasuní.