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11 de Septiembre del 2023
Historias
Lectura: 15 minutos
11 de Septiembre del 2023
Manuel Novik
Yasuní: ¿Por qué el Gobierno dice que la consulta es inaplicable?
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Un 58% de la población ecuatoriana votó a favor de la conservación del crudo del ITT. Foto: Luis Argüello. PlanV

 

El Gobierno asegura que no existe el presupuesto para detener las operaciones petroleras en el ITT. Sectores ambientalistas abogan por la transición energética y aseguran que existen alternativas como la justicia y la reducción de beneficios tributarios a los grandes grupos económicos.


La semana pasada, el presidente Guillermo Lasso recibió en Carondelet a líderes waoranis y quichuas de la Amazonía. El mandatario estuvo acompañado de  los ministros de Ambiente, Educación y miembros del Gabinete como el secretario de la Administración, Sebastián Corral.

Un video filtrado de la reunión, que tuvo lugar en el Salón del Gabinete, reveló declaraciones de Lasso donde afirmó que es “inaplicable el ´Sí´en la consulta, comprendan que no es posible y que vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible. No queremos que termine la producción del bloque 43, no vamos a apurar ni apoyar ningún trámite, por ahora no”.

La reunión tenía como propósito informar sobre los proyectos sociales que tendrá Petroecuador en la región amazónica luego de la consulta.

El Gobierno dijo además que tomará más del año que dispuso la Corte Constitucional en retirarse del ITT y que se requerirá una inversión millonaria para desmontar la infraestructura. El ministro de Economía señaló que no hay una partida presupuestaria que avale la operación.

La pugna entre los ambientalistas y el Estado continúa. Consultamos a varias voces en esta polémica.

Fernando Benalcazar, ex viceministro de Minas

Ex vice ministro de Minas, Fernando Benalcazar ha trabajado desde la década de los 90´ en distintos bloques petroleros en la Amazonía. Asegura que las declaraciones del presidente Lasso se deben a un baño de realidad. “Se dieron cuenta que es casi imposible llevarlo a la práctica. Parar un pozo y que de aquí a 20 años no sea una laguna de petróleo es sinónimo de millones de dólares”.

Fernando Benalcazar es el director del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI). Foto: Luis Argüello. PlanV

Hay al menos 250 pozos que deberán ser detenidos, “matar” cada pozo cuesta entre $500 mil y $2 millones, según el ingeniero. El ex vice ministro explica que los contratistas especializados en montar infraestructura tendrán que aprender a desmontarla de manera ambientalmente responsable. “Sacar un tubo de 85 kilómetros que está enterrado, un tubo de 28 pulgadas que está impregnado con residuos de crudo, contaminantes y arenas no es lo mismo que sacar un tubo limpio. Es un proceso complejo”, agrega.

Benalcazar maneja una cifra cercana a los $250 millones en demandas y estimaciones de pérdida de empleo vinculadas a la detención del proyecto. Además, afirma que desmontar y cerrar las operaciones tomaría entre 4 y 6 años.

“He trabajado y he vivido con quichuas y waoranis, sé cuanto ellos valoran un camino abierto o una trocha. Aquí hubo una estrategia comunicacional costosa y brillante, le aseguro que las mejores empresas de comunicación y posicionamiento están atrás, muy bien pagadas por el Yasuní. El mensaje fue decir que se iba a acabar con el agua, el aire y la biodiversidad”, dice Benalcazar.

Con la intención del Gobierno de Lasso de mantener la producción de casi 60 mil barriles por día en el ITT, será el Gobierno entrante quien deba tomar una decisión. El próximo Ejecutivo podría retirar los subsidios a los combustibles, que en 2022 superaron los $4.546 millones, o aumentar el IVA para equilibrar la balanza, se argumenta desde sectores cercanos al extractivismo

“La consecuencia más segura es que nuestro héroe nacional Iza hará otro paro si nos metemos con los subsidios. Los candidatos a la presidencia están calladitos. El super empresario (Noboa) dice que el impacto son centavos”, sostiene Benalcazar.

Para el resto del Gobierno de Lasso, serían unos $480 millones que el gabinete no quiere dejar de percibir. En un bloque que proyectaba beneficios de $13.880 millones hasta 2043. Otro factor a tomar en cuenta es la inversión de $1950 millones que se hizo en el bloque, que según Benalcazar, es equivalente a lo que se invirtió para el Metro de Quito.

Alberto Acosta, ex ministro de Energía

El ex viceministro de Energía, Alberto Acosta, está en la vereda del frente. Dice que desde la sociedad civil se deben conformar instancias de veeduría in situ y un observatorio ciudadano para monitorear el cumplimiento del cierre de operaciones. “Se debe presionar para que se cree un comité de cierre de operaciones en el ITT que sea vinculante. Desde el comité se debe inventariar las instalaciones; hay plataformas, ductos, generadores de electricidad, bombas para extraer el crudo, una central de procesamiento, etc”.

Alberto Acosta fue ministro de Energía y Minas entre enero y junio de 2007.

El economista señala que se deberá anular la categoría del ITT como bloque concesionado y que no puede estar más en el catastro. También sostiene que se debe pensar en la restauración del territorio y de sus comunidades. “Es necesario transformar a la Amazonia y que deje de ser un territorio de sacrificio”, dice.

“Las provincias petroleras, que curiosamente votaron por él “No” (Orellana y Sucumbíos), son las más pobres del país. No tienen futuro real porque las disponibilidades de crudo en el Ecuador están declinando”, dice Acosta.

Acosta tiene dudas sobre los $476 millones que Petroecuador proyectó para el cierre de operaciones en el bloque. Aun así, el político presenta algunas alternativas de financiamiento para reemplazar los beneficios económicos del crudo del ITT. “Si daríamos paso al cobro de las deudas en firme que tienen con el SRI los 500 mayores deudores del país tendríamos un monto potencial de $1.984 millones. Se pueden revisar los beneficios y exoneraciones tributarias que en 2021 llegaron a $6.338 millones, la evasión tributaria supera los $7.000 millones al año”, dice Acosta, que se inclina por la justicia fiscal.

Según el ministro de Economía, Pablo Arosemena, la pérdida será de $1.200 millones, que es el equivalente al pago de salarios al año a los 60 mil policías que tiene el país a nivel nacional. También es el equivalente a los bonos que se pagan cada año a los 1.9 millones de ecuatorianos que viven de ese recurso. Jorge Loor, subgerente de Poliductos y Terminales Petroecuador señala que el sector petrolero genera 38 mil plazas de empleo, el 0,5% del total de empleo nacional.

El mono aullador es una de las especies presentes en el Yasuní. Foto: Portal soleq.travel/es

Transición energética, ¿es “inaplicable” la consulta del ITT?

Los sectores ambientalistas reclaman que el Gobierno confunde los recursos de la consulta previa, libre e informada con el mecanismo de participación ciudadana de una consulta popular.

Desde el activismo ambiental se reclama que en la audiencia previa al dictamen de la Corte no se vio a ningún ministro presentando los argumentos que se hacen públicos luego de los resultados de la consulta.

El Parque Nacional Yasuní es un área protegida del Ecuador desde 1979 y uno de los cinco grandes parques del país.El Estado obstaculizó los derechos de los peticionarios y la consulta tomó 10 años en concretarse. Ahora el Estado reclama que la pregunta es extemporánea.

Por ley el presupuesto de este año ya no se puede modificar. El presupuesto de 2023 se va a replicar en 2024 por la transición de las elecciones anticipadas. Solo en 2025 se va a poder incluir el rubro respectivo al cierre de operaciones.

Carlos Larrea, alternativas al extractivismo

El investigador y economista Carlos Larrea cree que este es el triunfo más importante en la historia del ambientalismo en el Ecuador. “Esta es la primera vez que un país petrolero decide dejar inexplotada una reserva grande para preservar la biodiversidad y las culturas indígenas”.

Larrea aboga por la transición energética, según dice, a escala mundial, dos tercios de las reservas de combustibles fósiles deben mantenerse inexplotadas para cumplir con el Acuerdo de París y evitar una catástrofe climática.

Carlos Larrea es investigador de la Universidad Andina Simón Bolívar desde 2006. Foto: Universidad Andina

“Las reservas petroleras en Ecuador se están agotando. Las exportaciones de petróleo también están decreciendo. Por el contrario, las importaciones de derivados de petróleo, como el diesel, están creciendo”, dice el investigador. Según Larrea, ambas curvas se encontrarán en 2027, por lo que al Ecuador le quedarían cuatro años para dejar de ser un país petrolero. Luego de ese periodo, todo lo que recibamos de exportaciones sería gastado en importaciones.

El ambientalista cree que la minería a gran escala tampoco es una alternativa por su impacto ambiental y asegura que las reservas de minerales metálicos en Ecuador son limitadas.

“Por su biodiversidad y patrimonio cultural, el Ecuador es uno de los países más ricos del mundo. Somos un país con 17 ecosistemas. Pero hay un ecosistema nuevo, la actividad humana, que está destruyendo todo. Ni el petróleo ni la minería generan empleo. Los únicos sectores que permiten alcanzar objetivos a largo plazo son el turismo de naturaleza y el bioconocimiento”, dice Larrea.

Roberto Aspiazu, vicepresidente Cámara de Energía del Ecuador

Para Roberto Aspiazu, vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador, la transición energética no se va a dar de la noche a la mañana, sostiene que el acuerdo de París establece que el consumo cero de hidrocarburos se debe dar hacia el 2050. “El 80% de la energía que se consume hoy en día a nivel mundial es de combustibles fósiles”, dice.

Aspiazu señala que los combustibles fósiles son multimodales, es decir sirven a distintos propósitos industriales, mientras que las energías alternativas se usan principalmente para electricidad.

Roberto Aspiazu es un dirigente empresarial, también es historiador y columnista. Foto: El Universo

El dirigente empresarial explica que, por ejemplo, los motores eléctricos demandan cobalto y litio, y la explotación de estos minerales también supone impactos al medio ambiente. “La simplicidad es atacar al petróleo, pero no se lo puede reemplazar tan fácilmente”, sostiene.

“Los grupos ambientalistas radicales venden humo. Se alega que el Estado puede cobrar las deudas tributarias (a los mayores deudores), pero esas deudas están sujetas a litigio donde normalmente hay contenciosos de largo plazo. El ecoturismo no va a ser un sucedáneo rápido para todos los que van a perder el empleo, no hay una infraestructura para soportar el volumen de turistas que se requeriría”, dice Aspiazu.

El empresario guayaquileño afirma que desmontar la infraestructura del ITT va a costar tres veces más de lo que se pensaba, “se proyecta una cifra de $1200 millones. Se tiene que retirar de la selva el equivalente a tres estadios Olímpico Atahualpa. Es una operación muy complicada”.

Aspiazu cree que la próxima Asamblea podría fiscalizar el procedimiento que condujo a la consulta. “El artículo 407 de la Constitución establece que el Ejecutivo podrá solicitar a la Asamblea autorización para explotar recursos en zonas de reserva en situaciones extraordinarias, y que en ese caso una consulta sólo podría ser solicitada por la Asamblea. Además el artículo 57.7 indica que este tipo de consultas tienen que ser territoriales”, concluye.

Fernando Muñoz, Yasunidos

Ante las declaraciones del ministro de Energía, de que la extracción de crudo en el ITT debería ser decidido por las comunidades locales y los dichos del presidente Lasso de que la consulta es inaplicable, el vocero de Yasunidos, Fernando Muñoz, señala que si no se ejecuta la consulta, hay un recurso que de demanda por incumplimiento de sentencia constitucional, que como solicitantes pueden activar.

Fernando Muñoz es sociólogo y vocero de Yasunidos. Integra El Colectivo y El Cuadrante Sur. Foto: Cuadrante Sur

Si se activa ese recurso ante la Corte Constitucional, una de las medidas de reparación podría ser la destitución de los funcionarios responsables. Una medida que ya se ha activado en otros casos en el país y que ha servido, por ejemplo, para destituir a consejeros del CPCCS.

“Hay que ver exactamente el nivel de responsabilidad. Petroecuador es la empresa que debe hacer el desmontaje. Ambiente tiene responsabilidades por el cierre y el abandono, incluso el presidente de la República por responsabilidad solidaria, ya que él podría exhortar a los ministros a tomar acciones”, dice Muñoz.

Muñoz dice que las pérdidas del ITT representan $400 millones al año y no $1200 millones como ha dicho Petroecuador. Ante el argumento del Gobierno de que no existe la partida presupuestaria para poner en práctica la consulta, Muñoz dice que el Gobierno debería tener alternativas y que por sobre todo se impone la voluntad popular. “Los jueces de la Corte demandaron esa información que ahora presenta el Gobierno, y en su momento no lo presentaron”, dice el ecologista.

“Nosotros hemos planteado algunas alternativas; desde turismo comunitario, agricultura familiar y campesina, biotecnología y biocomercio. Sabemos que no es algo que se resuelve de la noche a la mañana pero tiene que ver con la transición energética. También está la justicia fiscal, hay que reconocer que en exenciones y beneficios tributarios el Estado pierde mucho más, en 2021 el estado dejó de percibir $6000 millones en exenciones”, sostiene Muñoz.

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