La máxima autoridad de la Defensoría Pública lleva encargada desde agosto de 2018. Desde hace más de tres años, Ángel Torres se ha venido desempeñando como defensor público subrogante. Pero esta semana uno de los participantes en un concurso pasado, Ángel Jarrín, puso una acción de protección reclamando el cargo.

“Contra mí no existe ningún proceso jurídico ni en España ni en Ecuador. Son temas mediáticos que por la política se generan aspectos en los medios que no tienen ningún aspecto jurídico”. Esa es la lectura del proceso investigativo anunciado en España por presuntos sobornos en el Metro de Quito del gerente del Metro de Quito, Efraín Bastidas, quien dialogó con este medio digital. A pesar de lo que considera es una agenda “mediática”, el ingeniero, en una carta al Municipio,puso a disposición su cargo en un acto que define como uno de “transparencia”.

El  CAL se reunió este lunes sin la presidenta Guadalupe Llori, pero no logró avanzar en su intento de tramitar las denuncias contra la titular del Legislativo, quien hasta recurrió a una denuncia penal en la Fiscalía contra sus colegas. Sin embargo, el Consejo contó con cinco miembros y se fijó el quórum reglamentario. El orden del día aprobado el pasado miércoles era el de conocer las denuncias en contra de Llori y los miembros del CAL por incumplimiento de funciones.

Un tribunal  de garantías penales otorgó las medidas cautelares solicitadas por la presidenta de la Asamblea Nacional. Las medidas dictadas por el tribunal incluyen el reconocimiento de una amenaza de vulneración de derechos constitucionales, específicamente la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso.