En el inicio de sus mandatos se puede decir que Hugo Chávez fue menos radical que Rafael Correa respecto a las élites empresariales. En 1998, el discurso del mandatario venezolano presentó la fórmula de las dos manos: “la mano invisible del mercado y la mano visible del Estado”. Y en las primeras páginas de su programa decía: “Se concede carácter prioritario a la política de privatización, como una palanca del redimensionamiento del Estado y de promoción de la iniciativa privada”.

El primer día de juicio del caso Sobornos 2012-2016 no prometía ninguna sorpresa. Como en todo inicio de un juicio, la Fiscalía resume el caso y anuncia qué es lo que probará en la audiencia, lo que se conoce como alegatos de apertura. Presenta los mismos argumentos ya expuestos en las diligencia previas. La Procuraduría hace lo mismo. Y las defensas lo niegan. Son 21 acusados, entre los que se encuentran el expresidente Rafael Correa y sus funcionarios más cercanos. 

El llamado Caso Balda es un fuego cruzado. Aunque ya se dictó sentencia para los secuestradores de Fernando Balda, los ex agentes de inteligencia y clases de la Policía Nacional, Raúl Chicaiza y Diana Falcón,  y ellos están fuera de la cárcel, la historia está lejos de terminar. El 11 de julio del 2019 fue recibida en la Fiscalía General una denuncia por presunto perjurio y falso testimonio (Art.270 COIP) presentada por Fernando Balda en contra de José Serrano, asambleísta nacional, ex ministro del Interior y ex presidente de la Asamblea Nacional.

El alegato de José Raúl de la Torre Prado, ante el juez tercero de la Niñez, en 2011, es cuando menos penoso. El joven había sido demandado ante la justicia por un aumento de la pensión de alimentos de su hija. Como empleado de la Contraloría que era, solo recibía USD 1400 al mes, que no le alcanzaban, sostuvo, para pagar la pensión de alimentos a su ex esposa y, al mismo tiempo, atender los gastos del embarazo de su nueva pareja.