Los dos últimos comicios presidenciales (2021 y 2023) no solo han demostrado en la práctica la ya trillada influencia de las redes sociales en las elecciones, sino que han cimentado el sendero para el surgimiento de una inédita lógica política.

La estrategia de los zapatos rojos de Guillermo Lasso y de los muñecos de cartón de Daniel Noboa pusieron en jaque al correísmo, que se quedó sin capacidad de reacción en la arena electoral, hasta entonces su escenario hegemónico.

Atrás quedó, al parecer, el viejo performance de las campañas tradicionales, que en las sociedades latinoamericanas se caracterizaba por la presencia física de un líder con un discurso altisonante, en una plaza repleta de simpatizantes, de adeptos a su causa, pero sobre todo a su persona.

En el caso ecuatoriano, emblemáticas consignas de los candidatos que fueron posteriormente elegidos como: “dadme un balcón y seré presidente” de José María Velasco Ibarra, “la fuerza de los pobres” de Abdalá Bucaram, el “dictócrata” (dictador para las oligarquías y demócrata para el pueblo) de Lucio Gutiérrez, o “la Patria ya es de todos” de Rafael Correa, han sido reducidas prácticamente a cenizas.

El campo semántico en el que estas frases adquirían sentido movilizando al electorado cambió de manera radical en un tiempo extraordinariamente corto.  Reemplazamos el sentido de la consigna por la puesta en escena del candidato, donde el concepto es desplazado por el símbolo y el argumento por la arenga proselitista.

Pero esta transformación de fondo que está experimentando la política trae consigo una cara poco explorada respecto de la legitimidad de las instituciones y la tolerancia de los actores políticos en juego, variables medidas por el Barómetro de las Américas 2023 publicado por LAPOP de la Universidad de Vanderbilt con base a 41.524 entrevistas realizadas en 26 países de todo el continente americano. 

Esta herramienta —similar al Latinobarómetro— da cuenta de una realidad subyacente a esta nueva lógica política: la legitimidad del sistema democrático se asienta en la confianza institucional de las Fuerzas Armadas, que de largo supera las cifras de los parlamentos, los ejecutivos, las altas cortes de justicia e incluso los mismos procesos electorales.

Como se observa en la tabla anterior, cuyos datos fueron recogidos con anterioridad a la gestión del actual presidente, Daniel Noboa, únicamente los mandatarios de El Salvador, Nayib Bukele y México, Andrés Manuel López Obrador, tienen cifras de confianza superiores a las de las Fuerzas Armadas de sus respectivos países.

Llama la atención que incluso en naciones sudamericanas que experimentaron sangrientas dictaduras militares en la década de los 70 como Chile y Argentina, sus Fuerzas Armadas tengan porcentajes de confianza institucional superiores a sus presidentes, legislativos, cortes de justicia y procesos electorales.

¿Asistimos a una nueva ola autoritaria, en la que los militares tutelan directa o soterradamente el ejercicio del poder?, o por el contrario, ¿el apoyo a las Fuerzas Armadas en los países de la región, representa un salto cualitativo en la consolidación de nuestras frágiles democracias, amenazadas hoy por el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado? 

Nueva intervención en el CPL GuayasEste jueves 7 de marzo, efectivos militares realizan una nueva intervención en el interior de los pabellones (máxima, mediana, mínima y prioritario) del Centro de Privación de Libertad Guayas. Fotos: Fuerzas Armadas Ecuador

Es en este contexto, en el que el presidente Noboa llega a sus 100 días de mandato, que le han significado más triunfos que derrotas, sobre todo luego de la declaratoria de conflicto armado interno donde las Fuerzas Armadas adquieren un papel protagónico en la lucha contra 22 organizaciones catalogadas de “terroristas”. Decisión que se tomó como respuesta a la fuga de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y al momentáneo secuestro de periodistas, camarógrafos y personal administrativo de TC Televisión.

Si bien la guerra contra el terrorismo —que es la razón de Estado que embandera Noboa con el total respaldo de los militares— le ha permitido alcanzar una popularidad de más del 80%, hasta el momento las fuerzas de seguridad no han capturado a Fito ni a Colón Pico, este último denunciado de planear un supuesto atentado contra la Fiscal General, Diana Salazar.

El gobierno tampoco ha explicado claramente cuál es el estatus legal de los más de 8.000 detenidos que no han sido acusados de terrorismo, y por el contrario —amparado en ese gran paraguas de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado—  ha justificado sus decisiones oficiales, que pasan, entre otras cosas, por el incremento del IVA del 12 al 15% aprobado por la Asamblea Nacional, y los recortes a la educación y a la salud públicas, en la última proforma presupuestaria.

En el plano de la realidad concreta, sin embargo,  las erráticas declaraciones oficiales respecto del envío de supuesta “chatarra” bélica de procedencia rusa a EEUU que nos causó un impasse con el Kremlin, así como el “nada diplomático” pedido a la cancillería mexicana para que la Policía Nacional ingrese a la embajada de ese país en Quito con el fin de capturar al ex vicepresidente, Jorge Glas, sentenciado por corrupción, siembran dudas respecto de una eficaz gestión gubernamental en ese ámbito, donde también se ha dado un manejo poco responsable de las cuotas políticas del gobierno en el servicio exterior ecuatoriano.

Al Fenómeno de El Niño que tiene a varias localidades bajo el agua y a importantes arterias viales destruidas, así como la delincuencia, los secuestros y los sicariatos que lamentablemente todavía continúan, hay que sumarle las implicaciones políticas del último caso difundido por la Fiscalía bajo el nombre de “Purga”, en el que está detenido un ex asambleísta del PSC, partido con el que el gobierno mantiene una coalición parlamentaria junto al correísmo, alianza que ha viabilizado la aprobación de sus proyectos de ley.

Cien días de un gobierno que ha ratificado su intención de continuar en el poder luego de los comicios generales de 2025 y cuya primera prueba de fuego en esa línea será el referéndum y consulta popular de abril próximo.

En un año, es muy probable que la nueva lógica política que rige las campañas se consolide en los electorados, que seguramente continuarán priorizando la forma sobre el contenido, y justificándolo todo bajo la idea de la “guerra contra el terrorismo”.